Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75869
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de nulidad, y rechazar el de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.869 “SAN MIGUEL LUCIANO MANUEL C/ MUNICIPALIDAD DE JUNIN S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD E INAPL. DE LEY—“
La Plata, 13 de mayo de 2020.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan, y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres dijeron:
I. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Junín -mediante el pronunciamiento de fecha 04-IX-2018- hizo lugar a la pretensión deducida por el señor Luciano Manuel San Miguel contra la Municipalidad de Junín y el tercero coadyuvante Gerardo Corro, disponiendo la nulidad del Decreto municipal n° 239/2015 y de la Ordenanza municipal n° 6675/2015 -dictados en el marco de la Licitación Pública n° 13/2014- mediante los cuales ésta adjudicó en concesión para la refacción, ampliación y explotación comercial, un bar ubicado en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Roque Sáenz Peña de Junín (v. fs. 168 vta./169 vta.).
Por su parte, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en San Nicolás rechazó las impugnaciones de la demandada y del tercero coadyuvante, y confirmó la sentencia de origen (v. fs. 167/180 vta.).
Frente a lo así resuelto, la Municipalidad demandada dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-III-2019, 08:34:29 a. m.), los que fueron concedidos por la Cámara (v. fs. 223/224).
II.1. Pasando a analizar la primer vía extraordinaria mencionada, es del caso recordar que la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. pcial.; doctr. causas A. 73.613, "Roldan", resol. de 20-V-2015; A. 73.762, "Benitez", resol. de 12-VIII-2015; A. 74.408, "Aladro", resol. de 15-XI-2016; A. 74.956, "Di Francisco", resol. de 8-XI-2017; A. 75.107, "Arrieta", resol. de 6-XI-2019).
En tal sentido, cabe destacar que del análisis del escrito impugnativo resulta que en su fundamentación no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Así, de su lectura se observa que si bien se menciona de modo genérico la omisión de cuestiones esenciales, bajo tal denuncia los agravios expuestos se vinculan, en rigor de verdad, con supuestos errores de juzgamiento, cuestionando lo decidido y la valoración realizada por el Tribunal de Alzada respecto del acto de adjudicación y apreciación de las ofertas, planteos estos que no son propios del carril recursivo en consideración (conf. doctr. A. 72.551, "Di Santo", resol. de 22-V-2013; A. 73.418, "Leto", resol. de 29-IV-2015; A. 74.225, "Unilever", resol. de 29-VI-2016; A. 74.956, Di Francisco, resol. de 8-XI-2017; A. 75.456, "Mutual De Ayuda Entre Ferrov. Act. Y Jub. De La Fraternidad Pergamino", resol. de 13-III-2019).
II.2.a. Respecto a la segunda vía extraordinaria mencionada, el remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
II.2.b. El accionante esgrime que en el fallo atacado se han vulnerado las garantías constitucionales de propiedad, defensa en juicio y orden jerárquico normativo, las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades -Decreto Ley 6769/58- y en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 13/2014 del municipio accionado, y la doctrina legal de esta Corte.
Sustenta su denuncia en la configuración de un supuesto de apreciación absurda de los elementos fácticos (prueba y contenido de los escritos). Asimismo, cuestiona que no se haya considerado intrascendente el vicio procedimental puesto en evidencia en el fallo de origen, y sostiene que la actuación municipal se ajustó a derecho por lo que, mal pudo concluirse en la violación a los principios de igualdad y concurrencia.
III.2.c. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018 y A.75.081, "Tricinello", resol. de 21-VIII-2019, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que se impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018 y A. 75.081, "Tricinello", resol. de 21-VIII-2019 cits., entre otras).
Así, en el caso, los argumentos esbozados por el recurrente en cuanto a la intrascendencia del vicio procedimental y la ausencia de transgresión a los principios de igualdad y concurrencia, así como a la correcta evaluación de las ofertas presentadas sin apartarse de la normativa contenida en el art. 15 y concordantes del Pliego de Bases y Condiciones, con sustento en los dictámenes de la Comisión de Preadjudicación, legal y contable, no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la normativa que debía aplicarse en el caso y el encuadre legal de la acción intentada, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el órgano juzgador para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Sobre esta parcela, la Cámara interviniente, ante el agravio de ambos impugnantes -municipio y tercero coadyuvante- y luego de reseñar detalladamente el íter procedimental en sede administrativa, concluyó que la mutación de los actos realizados en aquella sede rompieron el principio de igualdad de armas en el procedimiento, permitiendo sólo a uno de los oferentes "ampliar o explicar" su propuesta en detrimento de las otras ofertas que carecieron de idéntica nueva chance. Sin que tampoco la comuna -por otra parte- haya manifestado o alegado vicios que ameritaran retrotraer el trámite procedimental anulando los actos ya dictados.
Tales argumentos fundantes, permanecen incólumes.
Por otra parte, el recurrente alega que el fallo cuestionado no respeta los hechos y por ende mal puede aplicarse el derecho en forma idónea cuando, como en el caso, existe una apreciación absurda de los elementos fácticos (prueba y contenido de los escritos), limitándose luego a reiterar su cuestionamiento a que no se considere intrascendente el vicio procedimental declarado por la Cámara.
Al respecto cabe señalar que, como ha sostenido esta Corte, el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Inversamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, requiriéndose la demostración de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado (doctr. causas C. 104.616, "Pronar", sent. de 27-VI-2012; A. 71.980, "Lanusse", sent. de 28-XII-2016; A. 72.490, "Cocconi", sent. de 14-VI-2017; A. 75.397, "Arias", resol. de 6-XI-2019, e.o.).
En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo, vicio que como quedó evidenciado, el recurrente no ha logrado demostrar (conf. art. 279, CPCC; Ac. 94.618, "Zarria", sent. de 11-IV-2007; A. 71.274, "Claros", sent. de 7-IX-2016; A. 75.729, "Fuentes", resol. de 25-IX-2019).
Tampoco se advierte que resulte idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de doctrina legal de esta Corte, en tanto en los precedentes invocados mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que, no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (doctr. causas A. 73.190, "Galván", sent. de 31-VIII-2016; A. 73.074, "Marino", resol. de 4-X-2017; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018; A. 75.835, "Ochoa", resol. de 25-IX-2019).
Finalmente, no puede mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, en especial el derecho de propiedad y el de defensa en juicio, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017; A. 75.600, "Jara", resol. de 13-XI-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de nulidad, y rechazar el de inaplicabilidad de ley atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (art. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo. Ge-Ko-Pe-To
Reg. Nº 127
Fin de la sentencia