Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72909
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto. En consecuencia, la causa será devuelta al Tribunal de origen para que -con diferente integración- emita un nuevo fallo con arreglo al presente (art. 298, CPCC).
Costas de esta instancia a la recurrida, dada la existencia de contradicción (v. memorial a fs. 351/352 vta.; doctr. arts. 68 y 298, CPCC y causas Ac. 75.188, "Zicarelli", sent. de 2-VIII-2000; su aclaratoria de 27-IX-2000 y C. 121.577, "Ángel Gallardo SRL", resol. de 14-VI-2017).
En razón de lo resuelto precedentemente no se aborda el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.909, "Layus, Graciela Raquel c/ Caja de Ret. Jub. y Pens. de la Policía de la Prov. de Bs. As. s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata hizo lugar, por mayoría, al recurso de apelación interpuesto por la demandada y, consecuentemente, revocó el fallo de primera instancia que acogió en forma parcial la demanda (v. fs. 287/300).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad (v. fs. 306/312), siendo concedidos solo los dos primeros a fs. 313/314 vta.
Oída la entonces señora Procuradora General (v. fs. 322/323), dictada la providencia de autos (v. fs. 324), agregado el memorial de la parte demandada (v. fs. 348/355 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Azul hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por Graciela Raquel Layus contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, anulando la resolución 78.871 y condenando a la demandada a pagarle mensualmente la pensión solicitada, además de abonarle la suma correspondiente a los haberes previsionales debidos desde la fecha del fallecimiento de su cónyuge, hasta su efectiva cancelación, con intereses.
Este pronunciamiento fue apelado por la accionada (v. fs. 270/273).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto y rechazó la demanda.
En tal sentido consideró que, para el caso de separación de hecho sin voluntad de unirse, el legislador dispuso como regla la exclusión pensionaria del viudo o la viuda (conf. art. 47 inc. "c", ley 13.236). No obstante, notó que la ley -a fin de hacer primar las nociones de seguridad y subsistencia propias de la previsión social- dispone una serie de circunstancias en las que el cónyuge del afiliado, a pesar de hallarse el vínculo matrimonial debilitado, no pierde la vocación pensionaria. Remarcó que la excepción relevante para resolver el caso se produce cuando, frente a una separación de hecho sin voluntad de unirse al momento del deceso del afiliado, el cónyuge puede acreditar la existencia de una cuota alimentaria judicialmente reconocida.
Así, aseveró esa Alzada que al momento del fallecimiento del señor Rodolfo César Tucci, su pareja se encontraba separada de hecho sin voluntad de unirse, no estando tampoco discutida la ausencia del pago de alimentos por intermediación judicial.
Sostuvo que la exigencia legal expresa respecto del reconocimiento judicial de la cuota alimentaria no puede ser suplida por una interpretación permisiva como la ensayada por el magistrado de primera instancia, a costo de resolver al margen del ordenamiento jurídico.
Concluyó que la accionante -al momento del fallecimiento del señor Tucci- se encontraba abarcada por el supuesto de exclusión de vocación pensionaria previsto en el art. 47 inc. "c" de la ley 13.236, no alterando esa situación lo normado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial. Ello así, pues siendo el texto claro -dijo-, no correspondía acudir a principios interpretativos de rango supralegal a los fines de decidir un inexistente estado de incertidumbre en favor del derecho pensionario. Lo expuesto, en tanto no mediaba ambigüedad en la regla estatutaria, que claramente diferenciaba según la separación al momento del deceso hubiese sido -en sus palabras- "legal y sin voluntad de unirse" (inc. "b") o "de hecho y sin voluntad de unirse" (inc. "c"), elevando el umbral probatorio en el segundo supuesto donde se requería verificar la "percepción de una cuota alimentaria judicialmente reconocida" en lugar de "debidamente documentada" a los efectos de sortear el impedimento para gozar del beneficio.
En sustento de tal postura, trajo a colación jurisprudencia de este Tribunal que estimó conducente a los fines de sostener dicha afirmación.
III. Contra la sentencia de la Cámara se alzó la actora interponiendo, entre otros remedios, el recurso de nulidad extraordinario previsto en los arts. 296 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, por entender que la decisión violó el contenido del art. 168 de la Constitución provincial.
Argumenta que el a quo no se expidió respecto de la inconstitucionalidad planteada en relación al art. 47 inc. "c" de la ley 13.236, omitiendo entonces resolver una de las cuestiones esenciales sometidas a juicio.
IV. Corrida vista a la entonces señora Procuradora General, ésta dictaminó en contra de la procedencia del recurso (v. fs. 322/323).
V. El recurso extraordinario de nulidad debe prosperar.
V.1. El remedio intentado es idóneo para canalizar los agravios en los cuales se denuncia el quebrantamiento de las formas, solemnidades y deberes de actividad que constitucionalmente deben observar los jueces en sus sentencias finales (conf. arts. 168 y 171, Const. prov.; 296 y sigs., CPCC); entre ellos, los referidos a la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales (doctr. causas A. 71.012, "Carrefour Argentina", sent. de 22-V-2013; A. 73.767, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Berisso", sent. de 29-V-2017; e.o.).
Tiene resuelto este Tribunal que las cuestiones esenciales, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, son aquellas que determinan la plataforma del pleito, es decir, aquel punto que conforma el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para la solución del litigio (doctr. causas A. 69.172, "Bocos", sent. de 14-X-2009; A. 70.738, "Cruz", sent. de 14-VII-2010; A. 70.008, "Ferraro", sent. de 24-V-2011; A. 73.767, cit.; e.o.). En otras palabras, aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y que inexcusablemente deben ser abordados en la decisión final para que esta se erija como un acto jurisdiccional dotado de validez (doctr. causas L. 84.117, "Migueles", sent. de 4-V-2005; L. 102.700, "Santander", sent. de 8-VI-2011; L. 106.198, "Martínez", sent. de 10-VIII-2011; L. 110.574, "Luchesi", sent. de 12-IX-2012; L. 120.414, "Sandoval", sent. de 18-IX-2019; e.o.).
V.2. Bajo tales premisas, se comprueba en la especie la preterición de una cuestión que cabe reputar de esencial.
Como se anticipó, el tribunal a quo revocó la decisión de primera instancia que había reconocido el derecho a la pensión, teniendo por suficiente a tales efectos la prueba de alimentos recibidos de "modo innominado". Para fallar de ese modo, consideró que el art. 47 inc. "c" de la ley 13.236 era la norma que gobernaba la situación de la actora, separada de hecho del causante, sin que hubiese logrado acreditar que éste le pasaba alimentos en virtud de un reconocimiento judicial, como claramente establecía el texto a los fines de poder gozar del beneficio no obstante el debilitamiento del vínculo, sin que esa prueba pudiera ser suplida por otro medio menos riguroso del modo en que admitió el juez de grado.
V.3.a. Anticipándose a ese escenario, la ahora recurrente había sostenido en la demanda que, a todo evento, cabía declarar inconstitucional el art. 47 inc. "c" de la ley 13.236 (v. fs. 61/62). Al introducir este planteo, se preguntó acerca de qué diferencia razonable podía existir entre una cuota alimentaria judicialmente reconocida y una convenida privadamente entre las partes y cumplida voluntariamente por el alimentante, como aseveró que había acontecido en su caso (v. fs. 61 vta.).
En lo que es dirimente, estimó como algo "...arbitrario e inconstitucional una solución diferente en igualdad de situaciones, pues el reconocimiento judicial de alimentos en nada se diferencia del acuerdo de pago de los mismos al que se somete el obligado a ello. De lo contrario, se privilegiaría la situación de aquel que es obligado por la justicia respecto de quien voluntariamente reconoce la obligación y la cumple. Se conculcaría en tal caso el derecho a la igualdad personal que consagra el art. 11 de la C. Provincial " (fs. 62, el énfasis me pertenece).
V.3.b. En las condiciones reseñadas, lejos de quedar desplazado, es indudable que en el sub judice existió un concreto planteo de inconstitucionalidad basado en la alegada violación al principio de igualdad que el órgano judicial -al margen de su acierto u error- debió abordar por aplicación del mecanismo de la apelación adhesiva, el cual manda a que las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito, queden sometidas al Tribunal de Alzada en el supuesto de que en esa instancia sea revocado el pronunciamiento (doctr. causas C. 104.155, "Chiachio", sent. de 14-X-2009; C. 120.360, "Carrique", sent. de 22-XII-2015; C. 121.960, "Abati", sent. de 11-X-2017; A. 74.278, "Bunzel", sent. de 28-VIII-2019; e.o.); omisión que autoriza la declaración de nulidad requerida por la impugnante.
V.4. Confirma la solución propuesta el hecho de que, al denegarse el recurso extraordinario de inconstitucionalidad coetáneamente deducido por la actora, la Cámara haya expresado en cuanto a su presupuesto de admisibilidad que este "...no se advierte acreditado en la presente causa, en la medida en que no existe en autos decisión expresa sobre la validez constitucional del art. 47 inc. ‘c’ de la ley 13.236" (fs. 314).
VI. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y declarar la nulidad del pronunciamiento en cuanto en él se omitió abordar el planteo de inconstitucionalidad respecto del art. 47 inc. "c" de la ley 13.236 por su supuesta repugnancia con el art. 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La causa debe ser devuelta al tribunal de origen para que -con diferente integración- emita un nuevo fallo con arreglo a lo aquí observado (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Costas de esta instancia a la recurrida, dada la existencia de contradicción (v. memorial a fs. 351/352 vta.; doctr. arts. 68 y 298, CPCC y causas Ac. 75.188, "Zicarelli", sent. de 2-VIII-2000; su aclaratoria de 27-IX-2000 y C. 121.577, "Ángel Gallardo SRL", resol. de 14-VI-2017).
El señor Juez doctor Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en la que ha quedado resuelta la cuestión anterior, deviene innecesario el tratamiento de la segunda.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la entonces señora Procuradora General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad interpuesto. En consecuencia, la causa será devuelta al Tribunal de origen para que -con diferente integración- emita un nuevo fallo con arreglo al presente (art. 298, CPCC).
Costas de esta instancia a la recurrida, dada la existencia de contradicción (v. memorial a fs. 351/352 vta.; doctr. arts. 68 y 298, CPCC y causas Ac. 75.188, "Zicarelli", sent. de 2-VIII-2000; su aclaratoria de 27-IX-2000 y C. 121.577, "Ángel Gallardo SRL", resol. de 14-VI-2017).
En razón de lo resuelto precedentemente no se aborda el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2020 19:48:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:36:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2020 12:56:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 14:15:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2020 17:19:15 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia