Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76040
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.040, "Rossi, Oscar José Atilio c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Nulidad e Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, desestimó la demanda deducida por el señor Oscar José Atilio Rossi contra la Municipalidad de General Pueyrredón. Las costas de ambas instancias fueron impuestas en el orden causado (v. fs. 468/480 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (cfr. presentación electrónica y en papel de fecha 10 de mayo de 2019, v. fs. 483/492 vta.), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 494/495.
Mediante resolución de fecha 19-VIII-2020 esta Suprema Corte desestimó el recurso extraordinario de nulidad y llamó autos para resolver el de inaplicabilidad de ley (v. fs. 500/502).
Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Oscar José Atilio Rossi contra la Municipalidad de General Pueyrredón y, en consecuencia: i) anuló el decreto municipal 528/17, en cuanto dispuso reintegrar al actor a su cargo de Jefe de Compras del Ente Municipal de Servicios Urbanos y dar por finalizado el pago de la diferencia salarial resultante del cumplimiento de las funciones de Director General de Contrataciones [Jefe de Compras] de la Administración Central y ii) ordenó restablecer al actor en las funciones que desempeñaba con anterioridad al acto impugnado (v. fs. 452/458).
Para así decidir, efectuó las siguientes consideraciones.
En primer lugar, señaló que el punto neural de debate radicaba en determinar la operatividad del art. 200 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), que regula el procedimiento de remoción del Jefe de Compras y que fuera soslayado por la comuna accionada al dar por finalizadas las funciones cumplidas por el actor en dicho cargo, argumentando para ello el carácter provisional de la encomienda.
En ese cometido, ponderó: i) que las funciones encargadas al actor mediante decreto 1.490/04, se encontraban supeditadas a la situación de quien fuera separado preventivamente del cargo de Jefe de Compras de la Administración Central (señor Luppi); ii) que luego de la remoción del agente Luppi por ordenanza 18.491 (de fecha 8-V-2008) el actor continuó ejerciendo tales funciones hasta el dictado del acto impugnado (1-III-2017) y iii) que su desempeño se prolongó desde el año 2004 hasta el año 2017, encontrándose -además- registrado ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia (HTC) como Director General de Contrataciones por los ejercicios 2009 a 2016.
Las circunstancias apuntadas -en la intelección del juez- ponían sombras sobre el carácter provisional de las funciones ejercidas por el actor, ello así pese a que no encontraba acreditada la existencia de un acto expreso de la Administración designando al demandante en dicho cargo.
Luego, postuló que el trámite especial de remoción previsto en la LOM, era una garantía para que los funcionarios puedan desarrollar su actividad con independencia. Citó al efecto fallos de esta Suprema Corte y de esa Cámara, como también un dictamen del HTC, el cual sostenía que si el interinato se prolongó por un plazo considerable debía seguirse el procedimiento establecido en la LOM para su remoción.
Asimismo, destacó la existencia de un precedente administrativo en el que se aplicó el art. 200 de la LOM para remover a un funcionario nombrado provisoriamente en la función de Jefe de Compras (agente Danilo Pereyra) y sostuvo que la comuna demandada debió explicar cuáles fueron los motivos por los que se apartó de dicho precedente.
La citada carencia motivacional, sumada a la falta de ponderación de las particularidades del caso, patentizaron -en la opinión del sentenciante- el vicio de la actuación estatal impugnada.
En virtud de lo expuesto, declaró la nulidad del acto administrativo cuestionado y ordenó restablecer al actor en el ejercicio de las funciones que desempeñaba como Director General de Contrataciones (Jefe de Compras) de la Administración Central.
II. A su turno, la Cámara interviniente hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el municipio demandado y revocó la sentencia de primera instancia rechazando en todos sus términos la demanda interpuesta (v. fs. 468/480 vta.).
II.1. Liminarmente, señaló que la cuestión a dirimir se circunscribía a determinar la legitimidad del decreto municipal 528/17, por el cual la Administración -en el marco de un proceso de reestructuración orgánico funcional y sin transitar el procedimiento de remoción previsto en el art. 200 de la LOM- dispuso finalizar las funciones del actor como Jefe de Compras de la Administración Central. Adunó -al igual que el juez de primera instancia- que la esencia del debate giraba en torno a la operatividad del citado artículo, en tanto la comuna demandada argumentaba que por el carácter provisional de las funciones encomendadas no correspondía transitar dicho procedimiento.
II.2. Seguidamente, analizó el decreto 1.490/04 y concluyó que no hubo delegación de función al señor Rossi -con los contornos jurídicos que dicho instituto del derecho administrativo posee- en tanto tal norma le encomendó desempeñar provisoriamente funciones en una dependencia distinta a aquella en la que estaba designado, relevándosele de continuar prestando las tareas que hasta ese momento cumplía en el cargo de Jefe de Compras del EMVISURyGA.
Agregó que ese carácter provisional lo demostraba la encomienda en otro agente (señor Pereyra) de las funciones que cumplía el actor como Jefe de Compras del EMVISURyGA, primero por treinta días y luego prorrogado hasta que Rossi finalizara sus funciones como Jefe de Compras de la Administración Central (cfr. decs. 1.556/04 y 1.727/04).
II.3. Luego, refirió que si bien ante la verificación de circunstancias objetivas, no sería censurable la práctica administrativa de encomiendas provisorias para el desempeño de los llamados "cargos de ley", la trascendencia institucional de tales funciones sería soslayada si -por el mero transcurso del tiempo y desaparecidas las causales que la justificaron- fuera convalidada por vía de la protección establecida en el art. 200 de la LOM y ante la ausencia de todo acto de designación efectiva.
Bajo ese marco, señaló que la situación objetiva que justificó la asignación provisoria de funciones al actor, se consumó con la sanción de la ordenanza 18.491 para la remoción del entonces Jefe de Compras titular de la Administración Central, circunstancia que -indicó- no importó la mutación de la esencia de su designación a otra de carácter definitivo ya que ello solo podría haber ocurrido con un acto expreso que así lo dispusiera, lo cual no encontró acaecido en la especie.
II.4. A continuación, examinó las especiales garantías tendientes a tutelar al funcionario de ley cuando sus funciones le son asignadas en forma provisional y consideró que, mientras se mantengan las circunstancias objetivas que justificaron el acceso al cargo en tal condición, el agente no podrá ser removido sino por medio del mecanismo especial que exige la voluntad coordinada de los departamentos Ejecutivo y Deliberativo (cfr. art. 200, LOM.). En cambio, si desaparecen dichos motivos, la encomienda deja de poseer anclaje fáctico y renace la necesidad de que el Departamento Ejecutivo municipal practique la designación del funcionario de ley.
En la especie, ponderó que al haber fenecido las circunstancias objetivas que justificaron el nombramiento provisional de Rossi, sin que la comuna hubiera ejercido la prerrogativa de nombrar al actor con carácter definitivo, nada impedía al Ejecutivo municipal proceder a su remoción sin acudir al procedimiento del art. 200 de la LOM, porque esa específica garantía ya no lo amparaba.
II.5. Por su parte, remarcó la diferencia existente entre la situación del actor y la del agente Danilo Pereyra -precedente administrativo invocado por el juez de grado- quien fuera removido del cargo de Jefe de Compras del EMVISURyGA mediante el mecanismo previsto en el art. 200 de la LOM. Al respecto señaló que -a contrario de lo acontecido con el actor- las razones objetivas que justificaron la provisoria designación del agente Pereyra estaban aún vigentes al tiempo que la autoridad municipal dispusiera removerlo del cargo, por lo cual desestimó la aplicación de dicho precedente al caso.
II.6. Como corolario, concluyó que desaparecidas las condiciones objetivas que justificaron la asignación provisional de funciones en cabeza del agente Rossi y no existiendo acto administrativo expreso que trocara en definitiva esa provisoria encomienda, nada limitaba a la Administración la posibilidad de proceder a removerlo del cargo (ya que carecía de estabilidad y había perdido la garantía del art. 200 de la LOM) en el marco de un proceso de reestructuración orgánico funcional.
En consecuencia, acogió el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredón, revocó el fallo de grado y rechazó en todos sus términos la demanda impetrada por Oscar José Atilio Rossi.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (cfr. presentación electrónica y en papel de fecha 10 de mayo de 2019, v. fs. 483/492 vta.), en cuyo marco denuncia: a) violación y errónea aplicación del art. 200 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; b) absurdo en la valoración de la prueba y c) violación de la doctrina legal que cita.
III.1. En primer lugar, sostiene que la Cámara aplica erróneamente el art. 200 de la LOM cuando entiende que existe la posibilidad de efectuar designaciones interinas, transitorias o provisorias de funcionarios de ley, que luego pueden ser removidos en cualquier momento, sin seguir el procedimiento especial de remoción previsto en el citado artículo, ya que -según alega- nada de ello surge del texto de la norma.
Aduna que esa interpretación tampoco surge de la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en los precedentes "Fasolo", "Perez" y "Barili", en los que se aplicó el procedimiento especial de remoción.
III.2. Finalmente, alega que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo valorativo al omitir ponderar que la causal de reorganización o reestructuración invocada por la Municipalidad para proceder a su remoción sin acudir al procedimiento del art. 200 de la LOM, nunca existió ni fue acreditada en el marco del proceso, manteniéndose así el déficit motivacional del acto administrativo impugnado.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1. La facultad revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (doctr. causa A. 74.603, "Bingos Platenses S.A.", sent. de 19-VIII-2020).
Por lo tanto, ni la postulación de una interpretación divergente a la efectuada por la Cámara sobre la normativa aplicable, ni la disquisición meramente discordante del impugnante en cuanto a la apreciación del material probatorio de la litis o la genérica alegación de violación de la doctrina legal, alcanzan para abastecer la suficiencia técnica del embate que -así formulado- deja incólume el pronunciamiento del Tribunal de Alzada por falta de cuestionamiento idóneo (doctr. causa A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020).
IV.2. Tal déficit exhibe la pieza recursiva, pues al denunciar la errónea aplicación del art. 200 de la LOM, formula consideraciones vinculadas al alcance que debió darse a dicha norma, al postular que su texto no prevé la posibilidad de efectuar designaciones interinas, transitorias o provisorias de funcionarios de ley; ni la posibilidad de remover a dichos funcionarios sin seguir el procedimiento especial de remoción previsto en el citado artículo.
Mas, en ese derrotero, soslaya abordar adecuadamente las razones esgrimidas por el Tribunal de Alzada para confirmar la legalidad del decreto municipal 528/17.
En efecto, para decidir el rechazo de la pretensión anulatoria, la Cámara ponderó: i) la relevancia institucional de los llamados cargos de ley, que justifican el especial régimen de designación y remoción; ii) la esencia provisional de la asignación de funciones -Jefe de Compras de la Administración Central- con la que se invistió al actor (cfr. dec. 1.490/04); iii) la consumación de las circunstancias objetivas que justificaron su designación con tal carácter, ello ante la remoción del entonces titular del cargo (señor Luppi); iv) que la continuidad del actor en el ejercicio de la función, luego de removido el agente Luppi, no implicaba mutar la naturaleza provisional de su designación y v) la ausencia de un acto expreso que dispusiera la adquisición definitiva del cargo en cabeza del señor Rossi.
Asimismo, desestimó la aplicación al caso del precedente administrativo del agente Danilo Pereyra -invocado por el juez de grado- en razón de diferir su plataforma fáctica con la del actor.
Estos fundamentos, que convalidaron el actuar administrativo al disponer la remoción del actor en sus funciones provisorias de Jefe de Compras de la Administración Central, sin transitar el mecanismo previsto en el art. 200 de la LOM, no resultan conmovidos por las manifestaciones desplegadas por el impugnante, en tanto una atenta lectura de la aludida crítica permite advertir que se desentiende de ellos, limitándose a exteriorizar su opinión discrepante con el resultado obtenido y esgrimir su punto de vista subjetivo, manifestando así su parecer acerca del alcance que debió darse a la citada norma.
Es indudable que los argumentos traídos a esta instancia extraordinaria, se apartan de la línea reflexiva que llevó a los juzgadores a arribar a las conclusiones adversas a sus intereses, luciendo como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado.
En tal sentido, tiene dicho esta Suprema Corte que, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, debe demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley que denuncia. Función que no es debidamente cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales si en esa operación se sustrae, como sucede en la especie, la réplica adecuada de las motivaciones esenciales que el pronunciamiento impugnado contiene (doctr. causa A. 74.433, "Clair", sent. de 8-V-2019).
Esta circunstancia resulta suficiente para el rechazo de la queja pues, como tiene dicho este Tribunal, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (doctr. causa A. 74.603, ya cit.).
Tal déficit argumental no puede ser suplido por este Tribunal.
IV.3. Tampoco se evidencia el absurdo denunciado, instituto creado por doctrina de este Tribunal, que supone un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común, o una grosera desinterpretación del material probatorio aportado que deviene en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (doctr. causa A. 75.684, cit.).
Ello por cuanto, de una parte, el impugnante no controvierte la plataforma sobre la que se apontocó el Tribunal de Alzada -esto es, el carácter provisional de las funciones asignadas al actor en el cargo de Jefe de Compras de la Administración Central, la consumación de los motivos que justificaron su designación en tal carácter y la ausencia de un acto expreso que trocara en definitiva esa provisoria encomienda- para concluir que nada limitaba a la Administración la posibilidad de proceder a removerlo del cargo en el marco de un "proceso de reestructuración orgánico funcional", sin transitar el procedimiento del art. 200 de la LOM.
Por otra parte, tampoco se advierte que la Cámara haya incurrido en absurdo al omitir ponderar, tal como alega el recurrente, que la reorganización o reestructuración invocada por la Municipalidad para proceder a su remoción nunca existió ni fue acreditada en el marco del proceso. Ello así, en tanto de los elementos probatorios incorporados en autos, surge el decreto municipal por el cual se dispuso, con fecha 30 de noviembre de 2015, modificar la estructura orgánica funcional de la Dirección General de Contrataciones de la Administración Central donde cumplía funciones provisorias el actor (cfr. dec. municipal 3.264/15, obrante a fs. 11/22 de la causa n° 5326/17, ofrecida como prueba), que por lo demás no ha merecido cuestionamiento alguno.
Como se observa, los argumentos vertidos en el recurso deducido lejos se hallan de demostrar el razonamiento erróneo que, en grado de absurdo, permita reeditar los temas apuntados (arts. 279 y 384, CPCC). En consecuencia, siendo evidente que en la especie no se verifica la causal alegada, queda sellada la suerte adversa del embate.
IV.4. La misma suerte debe correr el agravio referido a la violación de la doctrina legal que el recurrente intenta fundar con la trascripción de sumarios jurisprudenciales provenientes de fallos de este Tribunal, que entiende vulnerados por la sentencia en crisis.
Cabe señalar que, conforme tiene dicho esta Suprema Corte, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el caso del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse y demostrarse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (doctr. causa A. 75.622, "Torres", sent. de 27-VIII-2020), carga que no aparece cumplida en la pieza bajo examen.
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la parte actora (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan , votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.