Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75421
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.421, "Massalin Particulares S.A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó, por mayoría, la pretensión deducida por la actora y confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal que -a su turno- desestimó la apelación deducida contra el ajuste de los períodos fiscales 06 y 12 de 2004 y 01 a 10 de 2005 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Impuso las costas a la actora en su calidad de vencida (conf. arts. 166, CPCC; 1, 2, 12, 18, 49, 51, 77 y concs., ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437-; 5, ley 13.405 y 2, ley 12.074; v. fs. 279/288).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandante interpuso recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 300/305) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 306/315), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 317.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 323/326), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 327), agregado el memorial de la demandada (v. presentación electrónica de fecha 21-II-2019) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata por mayoría, rechazó la pretensión deducida por la actora y confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal que -a su turno- desestimó la apelación deducida contra el ajuste de los períodos fiscales 06 a 12 de 2004 y 01 a 10 de 2005 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
I.1.a. Para así decidir, el señor juez De Santis al emitir su voto, analizó el concepto "ventas rancho", que la autoridad tributaria provincial excluyó como operación de exportación para incluirla en la base de imposición del Impuesto a los Ingresos Brutos.
Sostuvo que la conducta de la Administración Tributaria provincial no interfiere con las definiciones del Código Aduanero (art. 513), en tanto son la derivación del ejercicio de las facultades residuales (art. 121, Const. nac.) en una materia que no recae en la determinación de los derechos de importación y exportación.
Indicó que lo normado por el art. 513 del Código Aduanero, no alcanza para definir a las "ventas rancho" como una exportación (conf. art. 186 inc. "d", Cód. Fiscal -t.o. 2011-), en tanto no supone identidad con la actividad exportadora (que solo puede ser reglada por el Estado nacional).
Manifestó que el tratamiento dado a dicha operatoria por los impuestos nacionales no condiciona el que resulta de la contribución local, limitada a lo dispuesto por el art. 186 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2011). Dijo también que la exención que edifica la jurisdicción federal, no puede extenderse hacia la potestad impositiva provincial para detraer sus competencias originarias, en la medida en que esa asimilación (exportación para consumo) no se muestra relativa a la exigencia de los derechos de exportación e importación a la que se restringe el ejercicio de la potestad delegada.
Afirmó que esta última solo recoge la actividad de exportación e importación, pero no incluye otras variables, siempre susceptibles a la legislación local mientras no promedie superposición en la exigencia de esos gravámenes nacionales.
Advirtió que en el caso no se da ese supuesto, pues la nomenclatura de la especie, como si se tratara de una exportación para consumo para eximirla de los tributos nacionales que la graven acorde con la definición del Código Aduanero (art. 513 cit.), no excluye la posibilidad de que la Provincia la considere sujeta al Impuesto a los Ingresos Brutos.
Señaló que los poderes delegados no implican la supresión de los provinciales en relación con las materias vinculadas al comercio internacional, sino solo respecto de la potestad del gobierno nacional de exigir las contribuciones generadas por esa actividad (exportación e importación).
De allí infirió que el Estado local no interfiere en las competencias federales cuando, no obstante excluir las operaciones de exportación de mercaderías del gravamen por ingresos brutos, sujeta una actividad que , aunque asimilada por el Código Aduanero para restar los impuestos nacionales sobre ella, no condiciona la variable local para estimarla comprendida en aquel. Ello así, en tanto ese apartamiento es posible respecto de una operación que participa de los componentes de la exportación por conducto de la equiparación legislativa (art. 513 cit.).
Por ello consideró fuera del alcance del art. 186 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2011) e incluidas, por tanto, en la base imponible del Impuesto a los Ingresos Brutos a las "ventas rancho", sin advertir colisión con el orden federal que las equipara a las exportaciones para consumo al solo efecto de eximirlas del impuesto nacional.
I.1.b. También consideró improcedente el reclamo relativo al ajuste de coeficiente de gastos en la aplicación del Convenio Multilateral.
Entendió que no era computable, a ese efecto, el costo por regalías que la actora acreditó en el trámite administrativo como consecuencia de los contratos de transferencia de tecnología y explotación de patentes de invención que celebró con la empresa "Phillip Morris Products S.A.".
Valoró ajustado a derecho lo sostenido por el Tribunal Fiscal de Apelación, pues participó del criterio que asimila ese costo al incurrido en la compra de materia prima, excluido del Convenio Multilateral como gasto computable (arts. 2 y 3).
En tal sentido, aclaró que las erogaciones de la demandante, por el aludido concepto y como contraprestación para quien concede la franquicia o el uso de componentes de su know how , no guardaba relación alguna con su actividad económica en la jurisdicción local ni constituía un parámetro válido para establecer su entidad.
Por ello estimó que los desembolsos por transferencia de tecnología, resultan asimilables al costo de producción, no siendo computables en el coeficiente de gastos.
I.2. A su turno, la señora jueza Milanta prestó su acuerdo a los fundamentos y la solución propuesta por el doctor De Santis y agregó que se encuentra fuera de controversia que el art. 186 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs. de años anteriores), establece que no constituye actividad gravada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos "Las exportaciones...".
Sin embargo, consideró que en materia aduanera, el "rancho" es una operación emergente de un régimen especial, definido por el art. 507 del Código Aduanero, que establece que "Constituyen rancho, provisiones de a bordo y suministros del medio de transporte: el combustible, los repuestos, los aparejos, los utensilios, los comestibles y la demás mercadería que se encontrare a bordo del mismo para su propio consumo y para el de su tripulación y pasaje". A su vez indicó que el art. 513 del mismo Código, establece que: "Cuando en un medio de transporte, nacional o extranjero, que debiere salir del territorio aduanero se cargare mercadería que tuviere libre circulación en el territorio aduanero con destino a rancho, provisiones de a bordo o suministros, se considera dicha carga como si se tratare de una exportación para consumo, exenta del pago de los tributos que la gravaren, salvo disposición en contrario del Poder Ejecutivo".
De allí advirtió que el "rancho" no es un destino de exportación, en los términos del Código Aduanero (contempladas en la Sección IV, capítulos I a V), sino que constituye un régimen especial (v. Sección VI), el que se asemeja a la exportación solo a los efectos tributarios contemplados en dicho Código, pero que no corresponde extender al Código Fiscal, cuya asimilación no se encuentra prevista.
En tal sentido, consideró que la diferencia entre "exportación" y "rancho" surge evidente a poco que se señala que, según lo prevé el art. 509 del Código Aduanero, no se puede dar a la mercadería que constituyere rancho otro destino que el de consumo a bordo; y en este orden de ideas, la legislación aduanera autoriza el consumo del rancho dentro del territorio, una vez cargada la mercadería de libre circulación, aún en el puerto de embarque y en el ámbito acuático sometido a la soberanía de la Nación Argentina. Consideró así que todo lo expuesto impide incluir las operaciones de rancho dentro de lo estatuido en el art. 186 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2011), previsto únicamente para las exportaciones.
Agregó que hacer lugar a la pretensión del actor implicaría extender la exención a supuestos no contemplados en la previsión legal, vulnerando el principio de reserva de ley, generalidad e igualdad.
En referencia a la alegada "no exportación de impuestos" (v. escrito de inicio, en especial fs. 98), indicó que de acuerdo al art. 509 del Código Aduanero no se puede dar a la mercadería que constituye rancho otro destino que el de consumo a bordo, por lo que no puede ser importada en otros países y, como consecuencia de ello, resultar gravada en destino. Esto sucede, justamente, porque el "rancho" no es una exportación.
Sobre la base de lo expuesto y los fundamentos desarrollados por el señor juez De Santis, sostuvo que correspondía rechazar el agravio tratado.
Por último, respecto del planteo vinculado a la readecuación por regalías, también adhirió a los fundamentos expuestos en el voto que la precedió.
II. Mediante el recurso de nulidad bajo análisis, la impugnante denuncia, en los términos de los arts. 161 inc. 3 apartado "b", 168 y 171 de la Constitución provincial y 296 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, falta de mayoría de opiniones en la sentencia atacada.
Señala que el doctor De Santis y la doctora Milanta propiciaron la misma solución, pero que sus fundamentos resultan conceptualmente incompatibles.
Asegura que el primero "...considera que existe la posibilidad que se considere a la 'venta rancho' como una exportación a los fines de excluirla del impuesto nacional, pero asimismo que pueden estar sujetas al impuesto de los ingresos brutos provincial sin interferir con la delegación de facultades establecida por el constituyente". Resalta que este magistrado en ningún momento afirma que las ventas con destino a aprovisionamiento de rancho no constituyan exportaciones.
Indica que, en cambio, la doctora Milanta "...niega toda asimilación entre 'exportación' y 'rancho'...", en tanto entiende que "...el 'rancho' no es un destino de exportación, en los términos del Código Aduanero [...], sino que constituye un régimen especial [...], el que se asemeja a la exportación a los efectos tributarios contemplados en dicho Código, pero que no corresponde extender al Código Fiscal, cuya asimilación no se encuentra prevista".
Concluye que, como la mayoría en lo atinente al ajuste por "ventas rancho" es -a su entender- solo aparente, la sentencia resulta nula. Recuerda que este Tribunal tiene expresado que no existe la mayoría que exige el art. 168 de la Constitución de la Provincia si, aunque en la sentencia se arribe a un idéntico resultado, lo es con fundamentos distintos o excluyentes.
III. Anticipo que el recurso no prospera.
Esta Suprema Corte tuvo oportunidad de pronunciarse en un caso de configuración análoga al de autos, en el que también se planteó la nulidad de la decisión de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con sede en La Plata, por falta de la mayoría que exige el art. 168 de la Constitución provincial (causa A. 74.114, "Massalin Particulares S.A.", sent. de 20-XI-2019), cuyos fundamentos son enteramente aplicables a la solución del presente, motivo por el cual serán reproducidos.
En efecto, allí se señaló que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución de la Provincia solo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. causa A. 72.379, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Transporte Santa María", sent. de 23-XI-2016; e.o.).
Se agregó sobre ese último requisito, que corresponde declarar la nulidad del fallo si carece de la mayoría de fundamentos exigida por el art. 168 de la Constitución provincial, no quedando satisfecha dicha exigencia únicamente con la mayoría de resultado (conf. causas C. 101.298, "Arriola", sent. de 9-XII-2009; C. 107.459, "C. A., J.", sent. de 4-V-2011 y A. 72.379, cit.).
Ahora bien, tanto en la causa citada como en autos, no se aprecia la denunciada falta de concordancia en las opiniones emitidas por el doctor De Santis y la doctora Milanta, que conforman la mayoría del pronunciamiento atacado. De hecho, esta última magistrada inicia su sufragio con las siguientes palabras: "Acuerdo con los fundamentos y la solución propuesta por el Dr. De Santis, y en virtud de ello, la demanda no puede prosperar" (v. sent. a fs. 286 vta.).
Seguidamente, agregó reflexiones que -a diferencia de lo planteado por la recurrente- resultan compatibles con lo expuesto por su colega, el doctor De Santis. No se encuentra controvertido, pues, que la mencionada magistrada sostuvo que las operaciones de "rancho" no constituyen, en los términos del Código Aduanero, un destino de exportación sino un régimen especial que es considerado por dicho cuerpo legal "como si se tratare de una exportación para consumo", pero que en el Código Fiscal esa "...asimilación no se encuentra prevista" (fs. 286 vta.).
Es con relación a este punto que la impugnante aduce la discrepancia insalvable con los fundamentos dados por el doctor De Santis, quien "en ningún momento afirma que las ventas con destino a aprovisionamiento de rancho no constituyan exportaciones" (fs. 304; el destacado figura en el original), pero nótese que, en rigor, este juez manifiesta que la controversia recae "...sobre los alcances de una asimilación contenida..." en el Código Aduanero, concepto que reitera al señalar que en la jurisdicción federal se asigna a las "ventas rancho" un "tratamiento equivalente" al de las exportaciones, por lo que "...la nomenclatura de la especie, como si se tratara de una exportación para consumo eximida de los tributos nacionales que la graven, acorde con la definición del Código Aduanero (art. 513 cit.), no excluye la posibilidad que la Provincia la considere sujeta al Impuesto a los Ingresos Brutos".
En idéntico sentido, el referido magistrado insiste con que "...el estado local no interfiere en las competencias federales cuando, no obstante excluir las operaciones de exportación de mercaderías a terceros países del gravamen por ingresos brutos, sujeta una actividad que, aunque asimilada por el Código Aduanero para restar los impuestos nacionales sobre ella, no condiciona la variable local para estimarla comprendida en aquél. Ello así, en tanto ese apartamiento es posible respecto de una operación que participa de los componentes de la exportación por conducto de la equiparación legislativa" (fs. 285 vta. y 286; el destacado me pertenece).
De la adhesión formulada por la doctora Milanta y de la concordancia que sus consideraciones adicionales mantienen con las realizadas por el doctor De Santis, según surge de la reseña recién efectuada, se desprende que existe en el caso una mayoría de opiniones que cumplimenta la exigencia establecida por el art. 168 in fine de la Constitución provincial.
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 298 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Mediante el recurso de inaplicabilidad interpuesto, la actora plantea que la mayoría de la Cámara interpretó la normativa aplicable en forma tal que arribó a una conclusión opuesta con el ordenamiento jurídico.
Por un lado, alega que, contrariamente a lo sostenido en la sentencia atacada, las denominadas "ventas rancho" constituyen exportaciones a la luz de lo previsto por el art. 9 del Código Aduanero. Señala que ello se refuerza con lo dispuesto por el art. 513 del mismo cuerpo legal. Asevera que es irrelevante a ese fin que exista o no un receptor, toda vez que, en la medida en que la mercadería se extraiga del territorio aduanero, se configura una exportación.
Sostiene que la idea de que la Provincia de Buenos Aires puede apartarse de la definición de exportación y del tratamiento de las mercaderías con destino a "rancho" contemplados en el Código Aduanero, resulta contrario a lo dispuesto por el art. 75 inc. 1 de la Constitución nacional.
Rechaza asimismo que el art. 121 de la carta fundamental habilite a las provincias a gravar una situación que la legislación nacional considera exenta, pues estima que, si aquellas tienen prohibido dictar normas referidas al comercio exterior, menos aún pueden interpretar sus conceptos de modo contrario a lo previsto en estas. Añade que -a su entender- ello viola el art. 126 de la Constitución citada, según el cual las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación.
Por otra parte, arguye que los gastos de regalías abonados a Phillip Morris Products S.A. -como consecuencia de los contratos de asistencia técnica y licencia de marca vigentes desde 2001- se relacionan en forma directa con la actividad desarrollada (principalmente, fabricación y comercialización de cigarrillos) y que, por ello, resultan computables en los términos de lo dispuesto por el art. 3 del Convenio Multilateral.
Afirma que la sentencia atacada no brinda argumentos en sustento de su posición sobre la cuestión. Agrega que la norma recién citada se refiere al "costo de la materia prima" y al "costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización", pero no a los "costos de producción".
II. El recurso no prospera.
Una de las notas características de esta instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (conf. causas A. 71.980, "M., D.", sent. de 6-IV-2016; A. 74.114, "Massalin Particulares", sent. de 20-XI-2019; A. 74.489, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 23-III-2022; e.o.).
II.1. En particular, esta Suprema Corte tiene dicho que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser autosuficiente para que de su lectura pueda advertirse el error o la transgresión en la aplicación de la ley, carga procesal que solo se cumple si se concreta una impugnación eficaz de las motivaciones del fallo y se demuestra la violación de los preceptos que lo sustentan (conf. causas A. 70.029, "Comas", sent. de 15-XII-2010; A. 69.983, "Maglione", sent. de 10-III-2011; A. 71.980, A. 74.114 y A. 74.489, cits.).
Asimismo, este Superior Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario que reitera argumentos ya expuestos previamente, omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones vertidas por la Cámara de Apelación (conf. causas A. 71.768, "Benet", sent. de 1-VII-2015;
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.