Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76185
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.185, "Vallejos, Graciela Luisa c/ Municipalidad de Rojas s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Nulidad y de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia de primera instancia y -en lo que aquí interesa- admitió la pretensión anulatoria deducida por la agente Graciela Luisa Vallejos contra el decreto municipal que dispuso su cese como personal administrativo de planta permanente, durante el transcurso del período de prueba, por no encontrar acreditado el recaudo de oposición fundada exigido por el art. 7 de la ley 11.757, aplicable al caso (v. sent. de fecha 15-VIII-2019).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Municipalidad demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 29-VIII-2019, 08:26:30 hs.), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 5-IX-2019.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín desestimó la demanda deducida por la señora Graciela Luisa Vallejos contra la Municipalidad de Rojas, mediante la cual pretendía: i) la nulidad del decreto 84/16 -y su confirmatorio 173/16- por el cual el Intendente municipal dispuso su cese como personal administrativo de planta permanente, durante el período de prueba (cfr. art. 7, ley 11.757, entonces vigente); ii) su reincorporación en el cargo que ocupaba y iii) el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido (v. sent. de fecha 12-II-2019).
I.1. Liminarmente, señaló que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo municipal para disponer el cese de la actora en el marco del período de prueba, hacían alusión principalmente a la necesidad de reestructuración y organización del área donde aquella prestaba servicios, pero que también contemplaba una cuestión no menor vinculada a la ejecución del presupuesto municipal para el período 2015, motivo por el cual abordó el caso desde la óptica del art. 7 de la ley 11.757 -"período de prueba"- y del presupuesto anual municipal (art. 118, dec. ley 6.769/58).
I.1.a. En ese orden, comenzó por recordar que el art. 7 de la ley 11.757, entonces vigente, disponía la provisionalidad del nombramiento hasta tanto el agente adquiera estabilidad, derecho que se alcanzaba a los doce meses, de no mediar previamente oposición fundada y debidamente notificada por la autoridad competente.
A partir de allí, apreció que si bien la actora no había adquirido estabilidad en el empleo -por no haber culminado el período de prueba- y la Administración tenía la atribución de disponer su baja a través del mecanismo de oposición fundada previsto en la norma, el acto administrativo cuestionado no exhibía una motivación adecuada y -en consecuencia- el accionar administrativo devino ilegítimo.
I.1.b. Sin embargo, luego ponderó también que el acto de designación de la actora transgredía la ordenanza presupuestaria del año en curso, por superar el límite máximo permisible de agentes, en violación a lo dispuesto por el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al no contar con el correspondiente respaldo presupuestario, circunstancia que -apuntó- habilitaba la potestad anulatoria del nombramiento que consideró ejercida de oficio por la comuna demandada (cfr. art. 240, ley cit.).
En conclusión, juzgó legítimo el acto que revocó una designación irregular y rechazó la pretensión anulatoria deducida.
II. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en San Nicolás hizo lugar -parcialmente- al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia: i) anuló los actos administrativos impugnados; ii) consolidó la reincorporación laboral dispuesta por ese tribunal mediante medida cautelar de fecha 1-III-2017; iii) fijó una indemnización por daño material equivalente al 50% de la suma dejada de percibir y iv) rechazó el reclamo por daño moral.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones.
En primer lugar, advirtió que la causa invocada por el municipio demandado para justificar el desplazamiento de la actora en el marco del período de prueba, no reunía el recaudo de oposición fundada exigido por la normativa aplicable (cfr. art. 7, ley 11.757, conc. con el actual art. 4, ley 14.656).
Puntualmente, señaló que la motivación del acto de cese no se oponía fundadamente a la aptitud o desempeño laboral de la actora, ni tampoco expresaba la razón por la cual de todos los agentes del área sería ella el personal "excedente", sino que solamente argüía que se encontraba en el período de prueba y refería a circunstancias presupuestarias y de reestructuración que -para más- no tuvo por acreditadas en la causa.
Agregó que la sola circunstancia de la estabilidad relativa no bastaba para justificar el cese, motivo por el cual revocó el fallo de grado y admitió la pretensión anulatoria entablada.
III. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de la Municipalidad demandada deduce recurso extraordinario de nulidad, en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por considerar que el tribunal a quo omitió tratar cuestiones esenciales.
En ese sentido, alega preteridos dos planteos que estima fundamentales y determinantes para la resolución del caso, a saber: i) el argumento relativo a la potestad anulatoria ejercida por la Administración municipal al momento de disponer el cese de la actora y ii) el ingreso irregular a la planta permanente de los agentes cesanteados, pues -según sostiene- fueron designados por la Administración municipal saliente sin cumplir con los extremos legales y en contradicción a la normativa presupuestaria vigente.
IV. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no debe prosperar.
Ha manifestado esta Suprema Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que esta fue resuelta (doctr. causa C. 122.024, "Papaianni", sent. de 15-VII-2020 y sus citas).
La recurrente, en su impugnación, expresa que la sentencia de Cámara es nula por cuanto no trató el argumento referido a la potestad anulatoria ejercida por la Administración al momento de disponer el cese de la actora y el atinente al ingreso irregular de los agentes cesanteados, planteos que -según afirma- fueron introducidos desde el inicio de la litis y considerados por el juez de grado para fundar su decisión.
Sin embargo, de la lectura del fallo surge que el Tribunal de Alzada ha dado respuesta a las cuestiones que se denuncian como preteridas y que, en definitiva, convergen en la facultad discrecional de la Administración de anular sus propios actos.
En efecto, la Cámara consideró que la motivación utilizada por el municipio, dentro de sus facultades discrecionales, no reunía el recaudo de oposición fundada exigido por la normativa aplicable (cfr. art. 7, ley 11.757, entonces vigente), en tanto no evidenciaba un cuestionamiento a la aptitud o desempeño laboral de la actora, ni tampoco expresaba la razón por la cual de todos los agentes del área ella resultaba ser el personal excedente, sino que solamente argüía que se encontraba en el período de prueba y refería a circunstancias presupuestarias y de reestructuración que -para más- no tuvo por acreditadas en la causa.
De allí, puede concluirse que el tribunal a quo ha entendido que la potestad discrecional de la Administración -tanto al momento de disponer el cese como al pretender anular de oficio el acto de designación- ha sido ejercida sin el fundamento adecuado.
De tal modo, las cuestiones que se denuncian como preteridas no son tales, sino que han quedado contenidas por la forma en que se resolviera.
Como se advierte, la crítica de la comuna recurrente, en rigor, se dirige a cuestionar el sentido y acierto de la decisión, por lo tanto, la disconformidad que le produce el fallo de la Cámara solo puede ser abordada, en esta instancia, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido, vale recordar que es reiterada doctrina de este Tribunal que la denuncia de supuestos errores del juzgador excede el marco del recurso extraordinario de nulidad en tanto constituyen materia exclusiva del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causa A. 70.023, "Isacch", sent. de 2-XI-2016), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso de la impugnación.
V. En consecuencia, si mi opinión es compartida, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad articulado (arts. 296 y 298, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 298 in fine , Cód. cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria, Genoud y Carral, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como quedara expuesto al tratar la cuestión anterior, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia de primera instancia y, en lo que aquí interesa, anuló los actos administrativos que dispusieran y confirmaran su cese durante el período de prueba.
Al efecto, consideró que la causa invocada por el municipio demandado para justificar el desplazamiento de la actora en el marco del período de prueba, no reunía el recaudo de oposición fundada exigido por la normativa aplicable (cfr. art. 7, ley 11.757, conc. con el actual art. 4, ley 14.656).
En ese sentido, señaló que la motivación del acto de cese resultaba desviada de la normativa aplicable, pues no se oponía fundadamente a la aptitud o desempeño laboral de la actora, ni tampoco expresaba la razón por la cual de todos los agentes del área sería ella el personal "excedente", sino que solamente argüía que se encontraba en el período de prueba y refería a circunstancias presupuestarias y de reestructuración que -para más- no encontró acreditadas fehacientemente en la causa.
Por lo demás, recordó que habiéndose dictado en autos una medida cautelar en favor de la actora, nada había cambiado respecto de lo ponderado en esa primera intervención, en tanto no se arrimó a la causa ninguna prueba que justificara la necesidad de reestructuración ni se acreditó en qué consistiría la oposición fundada al desempeño de la agente, o el motivo por el cual ella era quien debía quedar cesante por el supuesto exceso de personal en el área.
En virtud de lo expuesto, revocó el fallo de grado y admitió la pretensión anulatoria entablada.
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de la Municipalidad demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VIII-2019, 08:26:30 hs.), en cuyo marco denuncia: i) violación y errónea aplicación de los arts. 7, 11 y 101 de la ley 11.757; 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de la ordenanza municipal 3.457/15; ii) absurdo en la valoración de la prueba y iii) violación de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, sostiene que la Cámara incurre en error al asociar el distracto con cuestiones relativas a la aptitud de la agente, pues -según indica- el motivo principal para disponer el cese de la actora radicó en el excedente de personal en el área donde prestaba servicios, el déficit presupuestario y la necesidad de reestructuración motivada por la llegada de nuevas autoridades.
Añade que las circunstancias aludidas, sumadas a la forzada designación en planta permanente de la agente, sin cumplimentarse los requisitos de ley -concurso público e idoneidad- y en contravención a la norma presupuestaria, habilitaron la revocación posterior por el órgano municipal, más aún cuando pendía el plazo del art. 7 de la ley 11.757.
En ese contexto, concluye que la medida adoptada fue bajo el estricto amparo de potestades anulatorias que tiene el administrador municipal y de los principios de oportunidad, mérito y conveniencia. Cita en su aval fallos de esta Suprema Corte.
Considera contradictorio el razonamiento de la Cámara, por cuanto primero reconoce las facultades discrecionales de la Administración, para luego remarcar la presunta desviación del parámetro del art. 7 de la ley 11.757, extremo que -según entiende- conlleva una actividad reglada.
Señala que la decisión adoptada por el Ejecutivo municipal recayó en la actora por ser ella la última ingresada en el área y, por ende, resultar el personal excedente, así como por lo arbitrario de su designación.
II.2. Luego, cuestiona que no se tenga por acreditado el excedente presupuestario y, por ende, la necesidad de reestructuración, pues entiende que ello surge de la ordenanza municipal presupuestaria para el ejercicio fiscal 2015 (ord. municipal 3.457/15) a la que hace referencia la sentencia de primera instancia. Alega que todo gasto por fuera del límite presupuestario violenta el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Cita en su aval la doctrina sentada por esta Suprema Corte en la causa B. 63.148, "Escobar", sentencia de 5-V-2010.
Asimismo, denuncia que el Tribunal de Alzada incurre en absurdo valorativo al ponderar la prueba testimonial rendida y postula que la Cámara pretende desplazar indebidamente la carga de la prueba hacia el ente municipal, vulnerando con ello la doctrina legal vigente.
II.3. Finalmente, indica que no se encuentra controvertido que la actora permanecía en la planta transitoria, ya que la pendencia del plazo del art. 7 de la ley 11.757 le impidió adquirir los derechos que en materia de estabilidad prevé el estatuto para los empleados permanentes del municipio.
En ese marco, refiere que el cumplimiento del período de prueba tiene por efecto aquilatar las condiciones del agente para el desempeño del cargo y que en caso de no acreditar la idoneidad requerida la autoridad puede disponer su cese dentro de esa competencia temporal, por lo cual -sostiene- el distracto devino plenamente ajustado a derecho.
III. Considero que el recurso debe prosperar.
III.1. Conforme surge del relato de antecedentes, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el decreto 84/16, por el cual el Intendente entrante dispuso el cese de la actora como personal administrativo de planta permanente, se ajusta a derecho.
III.2. Establecido ello, corresponde ponderar, en primer lugar, el expediente administrativo 1.185/15 ofrecido como prueba en este proceso (v. contestación de demanda) y cuya copia obra agregada en la causa A. 76.184, "Susenna, Sofía Luján c/ Municipalidad de Rojas s/ Pretensión Anulatoria", que fuera tenida a la vista por esta Suprema Corte para resolver el recurso de inaplicabilidad de ley allí interpuesto.
En efecto, de las citadas actuaciones toman relevancia: i) la nota de fecha 28-XII-2015 del Director de Recursos Humanos del municipio dirigida al Intendente a cargo de la gestión entrante, mediante la cual le manifiesta su preocupación por la superpoblación de agentes municipales ocurrida en un breve lapso (v. fs. 1); ii) el decreto 1.483/15 mediante el cual el Intendente dispuso organizar la estructura de gobierno en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades, requiriendo a cada secretaría del departamento ejecutivo un informe sobre el personal a su cargo (v. fs. 2 y vta.); iii) la respuesta de la Secretaría General de Coordinación y Hacienda comunicando que podía prescindirse de los servicios de la señora Vallejos, dado el exceso de agentes y la necesidad de reestructuración del servicio (v. fs. 12); iv) el decreto 84/16 por el cual el Intendente dispuso el cese de la actora en sus funciones (v. fs. 128 y vta.) y v) la cédula de notificación del acto de baja, de fecha 15-I-2016 (v. fs. 153 y vta.).
Por su parte, de las presentes actuaciones surgen los siguientes datos laborales de la actora: i) que ingresó a trabajar para el municipio demandado el 15-IV-2012, ocupando la planta temporaria (v. legajo a fs. 23 y sigs.); ii) que por decreto 1.331/15 de fecha 30-X-2015, el Intendente saliente la designó en la planta permanente (v. fs. 109/115); iii) que al disponerse la medida segregativa y su notificación (v. fs. 32/33 y 107/108 vta.) se encontraba cursando el período de prueba (art. 7, ley 11.757).
III.3. Ahora bien, con relación al régimen legal aplicable, estimo pertinente puntualizar que la ley 11.757 fue derogada por su similar 14.656 (B.O. de 6-I-2015) cuya vigencia había sido establecida -en un primer momento- a partir del día 6-VII-2015 (art. 120, ley 14.656). Luego, por ley 14.807 se prorrogó su entrada en vigencia por ciento ochenta días, por lo que comenzó a regir el día 12-VII-2016. Atento ello, y conforme resolviera el Tribunal de Alzada, en el presente caso corresponde la aplicación de las disposiciones de la norma actualmente derogada, por estar vigentes al momento en el que el Intendente de la Municipalidad de Rojas dictó el decreto 84/16 (del 13-I-2016), que dispuso la baja de la designación de la actora como personal de planta permanente de dicha comuna (cfr. arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.).
Sobre la vigencia y aplicación de la norma en cuestión este Superior Tribunal ha dicho que si al momento en que se dispuso la baja del agente se encontraba vigente la ley 11.757, esta es la norma aplicable (conf. causa A. 74.089, "Sert", sent. de 12-II-2021).
Sentado ello, cabe señalar que el Estatuto del Empleado municipal (ley 11.757), contemplaba dos regímenes claramente diferenciados para el personal comprendido en su ámbito de aplicación, a saber: a) de planta permanente (cap. I) -integrada por el personal que gozaba de estabilidad- y b) de planta temporaria (cap. II) -comprensivo del personal temporario, reemplazante, destajista y contratado por locación de servicios-. La citada normativa deslindaba, igualmente, los derechos que les asistía a los agentes en cada caso.
Asimismo, y en lo que aquí resulta pertinente, establecía que el ingreso a la función pública municipal se haría por la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento mediante concurso o procedimiento especial de selección (art. 4).
Por su parte, disponía que todo nombramiento era provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad; derecho que se obtenía a los doce meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente. Durante el período de prueba al agente podía exigírsele la realización de acciones de capacitación y/o formación, cuyo resultado podía condicionar su situación definitiva. Debía cumplir ademá
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