Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75584
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.584, "Rives, Agustín Mario y otros contra Municipalidad de Quilmes. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había declarado la nulidad del decreto municipal 6.292/06 y revocó el reconocimiento del daño moral concedido a los demandantes por el juez de primera instancia. Por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en relación a la reparación patrimonial por los daños endilgados a la Municipalidad de Quilmes (v. fs. 647/661).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el coactor Agustín Mario Rives interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 665/676), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente a fs. 678/679 y 686, respectivamente.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 701/703), dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 20 de agosto de 2020), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Los señores Agustín Mario Rives, Eduardo Oscar Berasain y la señora Liliana María Morsia promovieron demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Quilmes solicitando se declare la nulidad del decreto 6.292/06 dictado por el Intendente municipal el 9 de octubre de 2006, por el cual se aprobara el plano de obra a construir en el inmueble ubicado en la calle Castro Barros n° 171, de la localidad de Bernal, Partido de Quilmes.
Asimismo, solicitaron en su escrito postulatorio (v. fs. 46/62) que, en su defecto, se condene al municipio demandado al pago de los daños y perjuicios ocasionados y al resarcimiento por el daño moral sufrido derivados del acto administrativo impugnado.
II. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad del referido decreto municipal 6.292/06.
Paralelamente, condenó a la Municipalidad demandada a que en el plazo de sesenta días abone a los actores determinadas sumas de dinero (v. punto 2 del considerando III de la sentencia agregada a fs. 576/596), en concepto de indemnización por daño moral, más los intereses calculados según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo por treinta días (tasa pasiva) desde la fecha de emisión del acto administrativo hasta el efectivo pago. Impuso las costas al municipio en su calidad de vencido.
III. Ambas partes apelaron el pronunciamiento, a fs. 606/612 el apoderado de la Municipalidad de Quilmes y, a fs. 614/619, la parte actora.
En lo que a esta instancia extraordinaria interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en la sentencia agregada a fs. 647/661, revocó el pronunciamiento de primera instancia en lo que refiere al reconocimiento del daño moral y, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en relación a la reparación patrimonial pretendida como consecuencia de la nulidad del decreto que autorizó la obra, cuestión -ésta última- que llega firme y consentida a esta instancia. Impuso las costas en el orden causado (conf. arts. 51, 56, 58, 59, 77 y concs., ley 12.008, texto según leyes 13.101 y 14.437, 274 y concs., CPCC).
Preliminarmente, señaló que la presente contienda tuvo por origen un hecho generador de responsabilidad bajo la vigencia de los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil actualmente derogado (ley 340), el cual resulta aplicable toda vez que las partes no se han pronunciado acerca de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994) y que los lineamientos de aquel son plenamente compatibles con la doctrina que surge de los principios constitucionales que inspiran el ámbito en el que se desenvuelve la responsabilidad del Estado y el concepto de reparación integral previsto por el nuevo código.
III.1. Respecto de los agravios esgrimidos por la demandada con relación a la declaración de ilegitimidad del decreto de aprobación de la obra, por unanimidad, fueron desestimados en el entendimiento de que estos se limitaron a expresar una mera disconformidad con la decisión del juez que previno, sin satisfacer los recaudos exigidos por el código ritual (art. 56, inc. 3, CCA). En este sentido, el Tribunal de Alzada sostuvo que la impugnación carecía de una crítica concreta y razonada de la sentencia cuestionada, en relación a los vicios endilgados al acto administrativo anulado.
Del mismo modo, todos los magistrados que integran la Cámara del fuero coincidieron en revocar la sentencia de primera instancia en cuanto al reconocimiento del daño moral.
III.2. El voto en primer término del doctor Spacarotel reconoció la procedencia de la pretensión de la parte actora en cuanto al perjuicio patrimonial reclamado por el impacto disvalioso que produjo la obra edilicia cuyo acto de aprobación se declaró nulo, ponderado en la disminución del valor de las propiedades; sin embargo, la mayoría (v. voto del doctor de Santis y de la doctora Milanta) no admitió que los demandantes tuvieran derecho a un resarcimiento económico.
El doctor de Santis destacó que desde el inicio del proceso los actores asentaron su legitimación sustancial en su calidad de vecinos que, si bien tienen una situación de afectación actual y directa, lo es en concurrencia con un universo indeterminado de otros afectados, también vecinos de la zona de emplazamiento de la obra cuyo acto de aprobación fue cuestionado.
Indicó que, si bien la parte actora invocó un perjuicio patrimonial, el ordenamiento jurídico le proporciona la posibilidad de acumular pretensiones a partir de las distintas plataformas de legitimación que, tras superar el umbral de la declaración de invalidez en su alcance colectivo, posibilita acceder por la vía del art. 20 inc. 2 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101) y, en todo caso, a partir de aquella condición acreditar la fuente causal de resarcimiento.
Afirmó que la acción elegida y los límites de la legitimación sustancial analizada excluyen toda posibilidad de reparación patrimonial individual, dado que la situación de los actores no expone un impacto singular y exclusivo en su derecho de propiedad que pueda sentar las bases de una acción de plena jurisdicción, sino una incidencia indiferenciada y de afectación común.
Por su parte, la doctora Milanta compartió la disidencia parcial que el doctor de Santis formulara al voto del doctor Spacarotel en el punto relativo a la pretensión de los actores de obtener la reparación pecuniaria motivada en la disminución del valor de los inmuebles de los que resultan propietarios.
A los argumentos expuestos por el doctor de Santis relacionados con la exclusividad o concurrencia de los derechos que pretenden ejercer los actores, adicionó la falta de acreditación de los presupuestos necesarios para tener por configurada la responsabilidad de la comuna demandada que la obligue a indemnizar.
En este aspecto recordó que para que prospere la indemnización del perjuicio por responsabilidad del Estado es necesario que quien la pretenda acredite: la imputabilidad del acto, hecho u omisión administrativa a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones; la falta de servicio por cumplir de manera irregular o dejar de realizar los deberes y obligaciones impuestos normativamente; la existencia de un daño cierto; y la relación de causalidad directa entre el hecho, acto o abstención administrativa y el daño cuya reparación se persigue.
Expresó que, para establecer la procedencia del resarcimiento, resulta indispensable la concurrencia de los referidos requisitos, entre los que se encuentra la lesión a la propiedad y que ella sea consecuencia directa e inmediata -o correctamente acreditada como consecuencia mediata- del obrar estatal.
Señaló que no ha quedado debidamente comprobado el daño material que la obra produce en el valor de los bienes inmuebles.
Reiteró que, en el ámbito de la responsabilidad, y más aun de la responsabilidad del Estado, no puede prescindirse de considerar que los daños derivados de la nulidad de los actos administrativos requieren de un estudio particularizado de todos sus presupuestos; toda vez que la imputación de responsabilidad no deriva solo de la nulidad del acto sino de una situación más compleja que en autos no ha quedado debidamente dilucidada.
Por último, resaltó que, según los propios términos expresados en la demanda, los actores reclaman en su condición de vecinos afectados por el impacto ambiental y urbanístico que apareja la obra cuestionada y que habría modificado sustancialmente la fisonomía del vecindario; circunstancia que supone necesariamente un ámbito más extenso de afectados que los tres reclamantes que interpusieron la demanda.
Concluyó que dicha circunstancia más las insuficientes pruebas que admitan tener por acreditado el daño alegado y la obligación de la comuna de responder por él, indican que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en lo relativo a la indemnización por la disminución del valor de las propiedades no puede prosperar.
Efectuó una salvedad respecto a la adhesión parcial que formuló al segundo voto, en el entendimiento de que un colectivo como el de autos podría reclamar eventualmente la reparación de los daños padecidos, en la medida en que dichos perjuicios provengan de la afectación particular que el acto hubiere ocasionado a cada uno de los reclamantes en la esfera de sus derechos individuales, de modo tal que los detrimentos mencionados se encontraran acreditados con exclusividad para cada una de las situaciones subjetivas en que se encuentren quienes conforman el colectivo que dedujo la demanda.
IV. Mediante el recurso extraordinario de nulidad en tratamiento, el coactor Agustín Mario Rives denuncia que la sentencia impugnada carece de la mayoría de opiniones, que exige el art. 168 de la Constitución provincial para la validez de un pronunciamiento judicial.
Sostiene que en la sentencia atacada el tercer voto contiene una contradicción insalvable al adherir a la disidencia parcial que formulara el magistrado preoponiante en punto al rechazo del recurso de apelación interpuesto por los actores a fin de obtener un resarcimiento por la disminución del valor de sus inmuebles y luego enunciar argumentos en sentido opuesto.
Asegura que el doctor de Santis construye su argumentación en orden a la legitimación de los actores, la cual estima concurrente con un universo indeterminado de otros afectados, carente de exclusividad y por lo tanto de un derecho subjetivo, quedando excluida -en su parecer- una actuación de plena jurisdicción, propia de quienes poseen un derecho subjetivo, acotando su actuación al restablecimiento del orden jurídico vulnerado y a la anulación del acto administrativo.
Señala que a dicha adhesión, la doctora Milanta indica que se encuentran incumplidos o no comprobados los requisitos necesarios para hacer actuar la responsabilidad de la comuna, dado que -a su juicio- hay vacíos en la causa que impiden imputarle a la Municipalidad de Quilmes el deber de cargar con las consecuencias pretendidas por los actores, a la vez que señaló que tampoco se acredita el daño material padecido por la edificación, cuya carga pesa sobre quien lo invoca y el que debe ser cierto, real y efectivo.
Agrega la recurrente que además de lo expresado, es determinante para predicar la nulidad del fallo la salvedad efectuada por la doctora Milanta en relación a que "el colectivo de autos podría reclamar eventualmente la reparación de los daños padecidos, en la medida que ellos provengan de la afectación particular que el acto hubiere ocasionado a cada uno de los actores en la esfera de sus derechos individuales".
Recuerda un precedente en el cual este Tribunal anuló una sentencia por no respetar los recaudos previstos en el art. 168 de la Constitución provincial en el cual señaló que la norma en cuestión establece que los jueces de los tribunales colegiados deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir y que debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas. En ese caso, la adhesión del tercer interviniente contiene una serie de consideraciones que impiden el conocimiento cabal de los fundamentos coincidentes de la decisión (v. causa Q. 70.328, "Tartaglia", sent. de 11-II-2016).
V. A fs. 701/703 tomó intervención el señor Procurador General, quien propició en su dictamen que el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar en razón de su insuficiencia.
VI. Según mi criterio, el recurso deducido prospera.
Previo a incursionar en los contornos particulares del caso, cabe recordar que el recurso de nulidad sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov. y causas L. 79.789, "Olivera", sent. de 10-VIII-2005; L. 84.064, "Decile", sent. de 22-III-2006; L. 83.016, "Ardiles", sent. de 15-XI-2006; L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014; L. 119.719, "Lertora", sent. de 6-IX-2017; e.o.). En tal contexto, estimo que en el sub lite no se encuentra configurada la mayoría de opiniones, conforme lo explicaré más adelante.
Sobre ese último requisito, este Tribunal ha entendido que corresponde declarar la nulidad del fallo que carece de la mayoría de fundamentos exigida por el art. 168 de la Constitución provincial, no quedando satisfecha dicha exigencia únicamente con la mayoría de resultado (conf. causas C. 101.298, "Arriola", sent. de 9-XII-2009; C. 107.459, "C. A., J.", sent. de 4-V-2011 y A. 72.379, cit.).
Por su parte, la Corte federal ha mantenido a lo largo del tiempo una invariable postura, señalando que: "...las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos (Fallos: 308:2188, voto del juez Petracchi; 312:1500; 326:1885; 329:4078; 334:490; 338:693; CSJ 141/2010 (46-E)/CS1 'Eraso, Raúl Alfredo y otro s/ causa n° 8264', sentencia del 18 de diciembre de 2012; CSJ 69/2014 (50-D)/CS1 'Di Rocco Vanella, Daniel Federico y otro s/ causa n° 16.256', sentencia del 4 de noviembre de 2014; CSJ 4359/2014/CS1 'Petty, Luis Guillermo y otro s/ falsificación de documentos públicos', sentencia del 2 de junio de 2015; CSJ 4139/2014/RH1 'Villalba Martínez, María Gloria y otro s/ infracción ley 23.737 (art. 29)', sentencia del 9 de agosto de 2016, entre otros). De tal modo, la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada (Fallos: 312:1058; 326:1885)." (CCC 49642/2014/TO1/6/CS1, "Cañete, Carlos Eusebio y otros s/ incidente de recurso extraordinario", sent. de 7-XII-2021).
Este supuesto se presenta en el sub lite. Lo explico.
El magistrado que inicia el acuerdo endilgó responsabilidad al municipio demandado -y su deber de responder-, en base a las pruebas colectadas en las actuaciones, entre ellas la pericial obrante a fs. 465/474 y a fs. 504/510, producidas por el perito tasador y el arquitecto, respectivamente; estimó, en el caso, la existencia de un daño en el particular, cierto, real y efectivo que produjo un detrimento patrimonial y que se constituye como un daño propio de quienes reclaman la indemnización.
Por su parte el doctor de Santis, en segundo orden de votación, formuló una disidencia parcial apartándose del resultado expuesto en el considerando anterior, basándose en la falta de legitimación de los actores -en su calidad de vecinos- para reclamar una indemnización derivada del acto anulado.
Destacó que si bien los actores tienen la legitimación que les garantiza el acceso irrestricto a la justicia (arts. 15, Const. prov. y 13, ley 12.008, texto según ley 13.101), esta se limita al restablecimiento del orden jurídico, en tanto el decreto impugnado aprobó en forma irregular una obra en contravención con la normativa municipal vigente. A ello agregó que "Tampoco el caso, bajo el modo en que fuera articulado, muestra una hipótesis de derechos individuales homogéneos, pues no ofrece el universo determinable que le da forma ni da cuenta de un plano de exigibilidad individual exclusivo sobre una plataforma común" (fs. 657).
Advirtió que, si bien la parte actora acreditó una afectación actual y directa, lo es en concurrencia con un universo indeterminado de otros afectados, careciendo, en consecuencia, de la base fáctica de exclusividad y por lo tanto de derecho subjetivo alguno.
Estimó que nada impedía que los afectados concurran a la reparación del daño, aunque para ello deberían hacerlo por la vía del art. 20 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que este proceso no podría ir más allá de la declaración de nulidad del acto administrativo.
Y finalizó explicando que: "Respecto de lo demás, dejaré expuesta mi disidencia, pues ciertamente la variable de la acción elegida y los confines de la legitimación sustancial analizada excluyen toda variable de reparación patrimonial individual, si, como lo acredita el suceso, la situación de los actores no expone un impacto singular y exclusivo en su derecho de propiedad que pueda edificar las bases de sostén de una acción de plena jurisdicción, sino una incidencia indiferenciada y de afectación común que los reconoce como afectados actuales y así con un derecho suyo a restablecer sin más el orden jurídico. La petición de extinción del acto irregular limita su variable de acceso a la jurisdicción. Mas, no alcanza una reparación patrimonial singular ni aún por la vía de la acumulación de acciones (conf. doctrina causa CSJN 'Mendoza Beatriz Silvia y otros c/. Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios' M.1569 XL)." (fs. 657 vta. y 658).
Hasta aquí hay dos posturas nítidamente diferenciables; y cada una de ellas, más allá de su acierto o error, muestra coherencia intrínseca y por ello no habilitan la descalificación como segmento constitutivo necesario del acto jurisdiccional. Así mientras para el juez de primer orden están dados los presupuestos de procedencia de la reparación patrimonial, para el doctor De Santis la legitimación solo alcanza a la restitución del orden jurídico, debiendo recurrir los actores a otro proceso para lograr la faceta indemnizatoria de la acción.
Ahora bien, la doctora Milanta, a quien le corresponde el tercer orden en la votación, manifiesta con claridad y apelando a una prosa discursiva que disipa cualquier zozobra, que comparte "...la disidencia parcial expuesta en el voto del doctor De Santis, en punto al rechazo del recurso planteado por los actores a fin de obtener el reconocimiento en esta instancia judicial de una reparación motivada en la disminución del valor de los inmuebles de los que resultan propietarios, generada por la construcción de la obr
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