Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76184
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.184, "Susenna, Sofía Lujan contra Municipalidad de Rojas. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Nulidad y de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia de primera instancia y -en lo que aquí interesa- admitió la pretensión anulatoria deducida por la agente Sofía Lujan Susenna contra el decreto municipal que dispuso su cese como profesional asistente de planta permanente, durante el transcurso del período de prueba, por no encontrar acreditado el recaudo de oposición fundada exigido por el art. 6 de la ley 10.430, aplicable al caso (v. sent. de 3-IX-2019).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Municipalidad demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 17-IX-2019, 10:41:10 hs.), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 24 de septiembre de 2019.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín desestimó la demanda deducida por la señora Sofía Lujan Susenna contra la Municipalidad de Rojas, mediante la cual pretendía: i) la nulidad del decreto 86/16 -y su confirmatorio 190/16- por el cual el Intendente municipal dispuso su cese como profesional asistente de planta permanente, durante el período de prueba (cfr. art. 7, ley 11.757, entonces vigente); ii) su reincorporación en el cargo que ocupaba y iii) el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo haber sufrido (v. sent. de 1-II-2019).
I.1. Liminarmente, señaló que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo municipal para disponer el cese de la actora en el marco del período de prueba, hacían alusión principalmente a la necesidad de reestructuración y organización del área donde aquella prestaba servicios, pero que también contemplaba una cuestión no menor vinculada a la ejecución del presupuesto municipal para el período 2015, motivo por el cual abordó el caso desde la óptica del art. 7 de la ley 11.757 -"período de prueba"- y del presupuesto anual municipal (art. 118, dec. ley 6.769/58).
I.1.a. En ese orden, comenzó por recordar que el art. 7 de la ley 11.757, entonces vigente, disponía la provisionalidad del nombramiento hasta tanto el agente adquiera estabilidad, derecho que se alcanzaba a los doce meses de no mediar previamente oposición fundada y debidamente notificada por la autoridad competente.
A partir de allí, apreció que si bien la actora no había adquirido estabilidad en el empleo -por no haber culminado el período de prueba- y la Administración tenía la atribución de disponer su baja a través del mecanismo de oposición fundada previsto en la norma, el acto administrativo cuestionado no exhibía una motivación adecuada y -en consecuencia- el accionar administrativo devino ilegítimo.
I.1.b. Sin embargo, luego ponderó también que el acto de designación de la actora transgredía la ordenanza presupuestaria del año en curso, por superar el límite máximo permisible de agentes, en violación a lo dispuesto por el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al no contar con el correspondiente respaldo presupuestario, circunstancia que -apuntó- habilitaba la potestad anulatoria del nombramiento que consideró ejercida de oficio por la comuna demandada (cfr. art. 240, ley cit.).
En conclusión, juzgó legítimo el acto que revocó una designación irregular y rechazó la pretensión anulatoria deducida.
II. A su turno, la Cámara del fuero con asiento en San Nicolás hizo lugar -parcialmente- al recurso de apelación interpuesto por la actora y, en consecuencia: i) anuló los actos administrativos impugnados; ii) consolidó la reincorporación laboral dispuesta por ese tribunal mediante medida cautelar de fecha 15 de marzo de 2017; iii) fijó una indemnización por daño material equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la suma dejada de percibir y iv) rechazó el reclamo por daño moral.
Para así decidir -y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa- el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones.
II.1. En primer lugar, y a los fines de determinar el régimen legal aplicable, ponderó que la actora se desempeñaba como médica nutricionista del Hospital municipal "Saturnino E. Unzué", cuyo personal quedara incorporado al régimen provincial de la ley 10.471 mediante ordenanza municipal 434/87. Asimismo, en virtud del art. 33 de la aludida ley provincial, estimó que la situación de la actora debía ser valorada a la luz de la norma del período de prueba que contempla la ley 10.430, por lo cual -indicó- no era de aplicación la literalidad del art. 7 de la ley 11.757.
En ese sentido, puntualizó que en el régimen aplicable el período de prueba era de seis meses (cfr. art. 6, ley 10.430) y que durante su transcurso el órgano competente podía disponer el cese por razones de oportunidad, mérito o conveniencia (cfr. art. 6, dec. regl. de la ley 10.430), circunstancias que -manifestó- no fueron invocadas en la especie.
II.2. Luego, indicó que la causa alegada por el municipio demandado para justificar el desplazamiento de la actora en el marco del período de prueba, no reunía el recaudo de oposición fundada exigido por la normativa aplicable, pues no advirtió cuestionamiento alguno a la aptitud de la agente (cfr. art. 6, ley 10.430).
Puntualmente, refirió que los fundamentos del decreto de cese incluían "exceso de personal", "espacio insuficiente", "necesidad de reestructurar el sector" y cuestiones presupuestarias, pero no surgía una motivación vinculada con la previsión normativa aludida.
Adunó que la Administración municipal, mediante el acto de cese, también estaba anulando de oficio el decreto de nombramiento, con base en un exceso en la planta permanente, circunstancia que estimó no resultaba evidente, ya que involucraba a una multiplicidad de agentes y no se individualizaban las razones por las cuales la decisión de cese recaía en la actora y no en algún otro de similar encuadre, ni tampoco el criterio utilizado para cesar a unos, todos o algunos sobre otros.
En virtud de lo expuesto, revocó el fallo de grado y admitió la pretensión anulatoria entablada.
III. Frente a lo así resuelto, el letrado apoderado de la Municipalidad demandada deduce recurso extraordinario de nulidad, en cuyo marco denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por considerar que el tribunal a quo omitió tratar cuestiones esenciales.
En ese sentido, alega preteridos dos planteos que estima fundamentales y determinantes para la resolución del caso, a saber: i) el argumento relativo a la potestad anulatoria ejercida por la Administración municipal al momento de disponer el cese de la actora y ii) el ingreso irregular a la planta permanente de los agentes cesanteados, pues -según sostiene- fueron designados por la Administración municipal saliente sin cumplir con los extremos legales y en contradicción a la normativa presupuestaria vigente.
IV. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no debe prosperar.
Ha manifestado esta Suprema Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquella en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que esta fue resuelta (doctr. causa C. 122.024, "Papaianni", sent. de 15-VII-2020 y sus citas).
La recurrente, en su impugnación, expresa que la sentencia de Cámara es nula por cuanto no trató el argumento referido a la potestad anulatoria ejercida por la Administración al momento de disponer el cese de la actora y el atinente al ingreso irregular de los agentes cesanteados, planteos que -según afirma- fueron introducidos desde el inicio de la litis y considerados por el juez de grado para fundar su decisión.
Sin embargo, de la lectura del fallo, surge que el Tribunal de Alzada ha dado respuesta a las cuestiones que se denuncian como preteridas y que, en definitiva, convergen en la facultad de la Administración de anular sus propios actos.
En efecto, la Cámara consideró que la motivación utilizada por el municipio demandado, no reunía el recaudo de oposición fundada exigido por la normativa aplicable (cfr. art. 6, ley 10.430), en tanto no evidenciaba un cuestionamiento a la aptitud de la actora, ni tampoco expresaba la razón por la cual de todos los agentes del área ella resultaba ser el personal excedente, máxime cuando -según indicó- mediante el decreto de cese la Administración también estaba anulando de oficio el acto de designación.
De allí, puede concluirse que el tribunal a quo ha entendido que la potestad de la Administración -tanto al momento de disponer el cese como al pretender anular de oficio el acto de nombramiento- ha sido ejercida sin el fundamento adecuado.
De tal modo, las cuestiones que se denuncian como preteridas no son tales, sino que han quedado contenidas por la forma en que se resolviera.
Como se advierte, la crítica de la comuna recurrente, en rigor, se dirige a cuestionar el sentido y acierto de la decisión, por lo tanto, la disconformidad que le produce el fallo de la Cámara solo puede ser abordada, en esta instancia, a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En tal sentido, vale recordar que es reiterada doctrina de este Tribunal que la denuncia de supuestos errores del juzgador excede el marco del recurso extraordinario de nulidad en tanto constituyen materia exclusiva del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causa A. 70.023, "Isacch", sent. de 2-XI-2016), lo que acontece en la especie y sella el resultado adverso de la impugnación.
V. En consecuencia, si mi opinión es compartida, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad articulado (arts. 296 y 298, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 298 in fine , Código cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria, Genoud y Maidana, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como quedara expuesto al tratar la cuestión anterior, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocó la sentencia de primera instancia y, en lo que aquí interesa, anuló los actos administrativos que dispusieran y confirmaran su cese durante el período de prueba.
Al efecto, luego de establecer el marco jurídico aplicable, consideró que la causa invocada por el municipio demandado para justificar el desplazamiento de la actora en el marco del período de prueba, no reunía el recaudo de oposición fundada exigido por la normativa aplicable, pues no advirtió cuestionamiento alguno a la aptitud de la agente (cfr. art. 6, ley 10.430), ni que se invocasen razones de oportunidad, mérito o conveniencia que así lo aconsejasen (cfr. art. 6, dec. regl. de la ley 10.430).
En ese sentido, refirió que los fundamentos del decreto de cese incluían "exceso de personal", "espacio insuficiente", "necesidad de reestructurar el sector" y cuestiones presupuestarias, pero no surgía una motivación vinculada con la previsión normativa aludida.
Adunó que la Administración municipal mediante el acto de cese, también estaba anulando de oficio el decreto de nombramiento, con base en un exceso en la planta permanente que no resultaba evidente, sobre todo porque involucraba a una multiplicidad de agentes y no se individualizaban las razones por las cuales la decisión de cese recaía en la actora y no en algún otro de similar encuadre, ni el criterio utilizado para cesar a unos, todos o algunos por sobre otros.
Por lo demás, recordó que habiéndose dictado en autos una medida cautelar en favor de la actora, nada había cambiado respecto de lo ponderado en esa primera intervención, en tanto no se arrimó a la causa ninguna prueba que justificara la necesidad de reestructuración ni se acreditó en qué se basaría la oposición fundada al desempeño de la agente, o el motivo por el cual ella era quien debía quedar cesante por el supuesto exceso de personal en el área.
En virtud de lo expuesto, revocó el fallo de grado y admitió la pretensión anulatoria entablada.
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de la Municipalidad demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-IX-2019, 10:41:10 hs.), en cuyo marco denuncia: i) errónea aplicación de los arts. 7, 11 y 101 de la ley 11.757; 5, 17, 21, 22, 23 y 24 de la ley 10.471; 4, 5, 6, 31, 32, 33, 34, 35 y 107 de la ley 10.430; 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de la ordenanza municipal presupuestaria 3.457/15 y ii) violación de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, sostiene que la Cámara incurre en error al asociar el distracto con cuestiones relativas a la aptitud de la agente, pues -según indica- el motivo principal para disponer el cese de la actora radicó en el excedente de personal en el área donde prestaba servicios, el déficit presupuestario y la necesidad de reestructuración motivada por la llegada de nuevas autoridades.
Añade que las circunstancias aludidas, sumadas a la forzada designación en planta permanente de la agente, sin cumplimentarse los requisitos de ley -concurso público e idoneidad- y en contravención a la norma presupuestaria, habilitaron la revocación posterior por el órgano municipal, más aún cuando pendía el plazo del art. 7 de la ley 11.757 (o en su caso, el art. 6 de la ley 10.430).
En ese contexto, concluye que la medida adoptada fue bajo el estricto amparo de potestades anulatorias que tiene el administrador municipal y de los principios de oportunidad, mérito y conveniencia. Cita en su aval fallos de esta Suprema Corte.
II.2. Luego, cuestiona que no se tenga por acreditado el excedente presupuestario y, por ende, la necesidad de reestructuración, pues entiende que ello surge de la ordenanza municipal presupuestaria para el ejercicio fiscal 2015 (ord. municipal 3.457/15) a la que hace referencia la sentencia de primera instancia. Alega que todo gasto por fuera del límite presupuestario violenta el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Cita en su aval la doctrina sentada por esta Suprema Corte en la causa B. 63.148, "Escobar", sentencia de 5-V-2010.
Señala que la decisión adoptada por el Ejecutivo municipal recayó en la actora por ser ella la última ingresada en el área y, por ende, resultar el personal excedente, así como por lo arbitrario de su designación.
Asimismo, postula que la Cámara pretende desplazar indebidamente la carga de la prueba hacia el ente municipal, vulnerando con ello la doctrina legal vigente.
II.3. Por otro lado, advierte sobre la errónea aplicación de la ley 11.757, no obstante lo cual indica que no se encuentra controvertido que la actora permanecía en la planta transitoria, ya que la pendencia del plazo del art. 7 de la ley citada le impidió adquirir los derechos que en materia de estabilidad prevé el estatuto para los empleados permanentes del municipio.
En ese marco, refiere que el cumplimiento del período de prueba tiene por efecto aquilatar las condiciones del agente para el desempeño del cargo y que en caso de no acreditar la idoneidad requerida la autoridad puede disponer su cese dentro de esa competencia temporal, por lo cual -sostiene- el distracto devino plenamente ajustado a derecho.
II.4. A todo evento, y ante el supuesto de que no se comparta el encuadre normativo aplicado por la Cámara, destaca que las leyes 11.757 y 10.430 (esta última actuada en virtud del art. 33 de la ley 10.471) establecen regímenes análogos en lo que respecta a la adquisición de estabilidad, aclarando que el período previsto en la segunda es más breve a efectos de adquirir la estabilidad, sin perjuicio de ello, resalta que en autos no se hallaba cumplido.
Finalmente, indica que las normas aplicadas por la Cámara resultan más complejas y exigentes en relación al ingreso de personal, estableciendo un sistema de concursos abiertos y cerrados que no fueron cumplimentados en el nombramiento de la actora, por lo cual concluye que el encuadre legal efectuado por el Tribunal de Alzada ratifica la legitimidad de la desvinculación.
III. Considero que el recurso debe prosperar.
III.1. Conforme surge del relato de antecedentes, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si el decreto 86/16, por el cual el Intendente entrante dispuso el cese de la actora como profesional asistente de planta permanente, se ajusta a derecho.
III.2. Establecido ello, corresponde ponderar, en primer lugar, el expediente administrativo 1.185/15 cuyas copias obran agregadas en autos.
En efecto, de las citadas actuaciones toman relevancia: i) la nota de fecha 28 de diciembre de 2015 del Director de Recursos Humanos del municipio dirigida al Intendente a cargo de la gestión entrante, mediante la cual le manifiesta su preocupación por la superpoblación de agentes municipales ocurrida en un breve lapso (v. fs. 1); ii) el decreto 1.483/15 mediante el cual el Intendente dispuso organizar la estructura de gobierno en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades, requiriendo a cada secretaría del departamento ejecutivo un informe sobre el personal a su cargo (v. fs. 2 y vta.); iii) la respuesta de la Secretaría de Salud con el listado del personal del área (v. fs. 29); iv) el informe de la Dirección de Asesoría Letrada comunicando que podía disponerse la baja de la señora Susenna (v. fs. 97); v) el decreto 86/16 por el cual el Intendente dispuso el cese de la actora en sus funciones (v. fs. 130 y vta.) y vi) la cédula de notificación del acto de baja, de fecha 13 de enero de 2016 (v. fs. 161 y vta.).
Por su parte, de las presentes actuaciones surgen los siguientes datos laborales de la actora: i) que ingresó a trabajar para el municipio demandado el 1 de julio de 2010, como nutricionista en la planta temporaria del municipio (v. demanda fs. 18 vta. in fine ); ii) que por decreto 1.067/15 de fecha 2-IX-2015, el Intendente saliente la designó en la planta permanente del Hospital municipal "Saturnino E. Unzué" (v. fs. 95) y iii) que al disponerse la medida segregativa y su notificación con fechas 13 y 18 de enero de 2016 respectivamente (v. fs. 13/15 vta. y 96/97 vta.), se encontraba cursando el período de prueba (cfr. art. 6, ley 10.430).
III.3. Ahora bien, con relación al régimen legal aplicable, cabe destacar que tal como lo puntualizara la Cámara, al momento de disponerse el cese, la actora se desempeñaba como médica nutricionista del Hospital municipal "Saturnino E. Unzué", cuyo personal fue incorporado al régimen de la ley 10.471 mediante ordenanza municipal 4
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.