Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74040
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Negri, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.040, "Fitipaldi, Diego Jorge contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso de Queja por denegación de Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín desestimó el pedido de exención del requisito de pago previo formulado por el actor con sustento en lo normado por el art. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo, y lo intimó a que, en el término de diez días, dé cumplimiento a ese recaudo bajo apercibimiento de rechazar por inadmisible la pretensión (conf. art. 19 inc. 2, CCA) -ver fs. 88/91-.
Disconforme con dicho pronunciamiento, el accionante interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad (v. fs. 94/106 vta.), los que fueron denegados por la Cámara interviniente a fs. 109/110, lo que motivó la articulación de la queja a fs. 141/150.
Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se desestimó la queja en relación al recurso extraordinario de inconstitucionalidad y se declaró mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley, concediéndoselo conforme los arts. 278 y 292 del Código Procesal Civil y Comercial; 60 del Código Contencioso Administrativo y Acordada 1790, llamándose a autos para resolver (v. fs. 323/324).
Agregado el memorial de la demandada a fs. 158/162, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín desestimó el pedido de exención del requisito de pago previo formulado por el actor con sustento en lo normado por el art. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo, y lo intimó a que, en el término de diez días, dé cumplimiento a ese recaudo bajo apercibimiento de rechazar por inadmisible la pretensión (conf. art. 19 inc. 2, CCA).
I.1. Para así decidir, señaló que la presentación de fs. 85/86 vta. (por la que se ofreció prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de afrontar el pago previo), importaba una reedición de la solicitud de eximición efectuada a fs. 34/36, de la que ya se había corrido el pertinente traslado de ley, y la que había sido evacuada por la Fiscalía de Estado.
En esas condiciones, consideró precluida toda posibilidad de efectuar replanteos posteriores por encontrarse sellada la incidencia relativa al recaudo de pago previo; e indicó que resolvería el pedido de eximición del mismo en los términos y con el alcance de la presentación de fs. 34/36, ello es conforme lo previsto en el art. 19 inc. 3, que establece que el pago previo no será exigible cuando: "a) Su imposición configurase un supuesto de denegación de justicia".
I.2. En primer término indicó que el accionante no había demostrado -más allá de expresiones genéricas- el grado de perturbación que le ocasionaría, en su concreta situación económica, hacer frente a los importes reclamados por el organismo recaudador por el concepto en cuestión (cfr. CSJN L.686.XLI Originario "Lago Espejo Resort S.A. c/Neuquén Provincia y otro (Estado Nacional) s/acción meramente declarativa -incidente sobre medida cautelar-", I. de 21-III-2006, conf. esa Cámara causa n° 1190 "Yebra", de 8-VII-2008).
Consideró que no se había acreditado ni probado un perjuicio de al menos difícil reparación ulterior, que justifique apartarse de los principios restrictivos imperantes en materia de cobros fiscales, principios que se basan, en lo sustancial, en la afectación al interés público que supone la perturbación de la pronta percepción de la renta pública, a través de medidas como la aquí solicitada.
En ese sentido, agregó que lo cierto era que ni siquiera se había probado que el pago previo fuere de desproporcionada magnitud en relación con su concreta capacidad económica, impidiendo real y efectivamente el ejercicio de su derecho (cfr. doctr. Fallos: 247:181; 287:473; 250:208; 285:302; 322:332).
Bajo tales parámetros, sostuvo que no se configuraba el supuesto de excepción previsto en el inc. 3 del art. 19 del Código Contencioso Administrativo, en tanto no se había acreditado que la imposición del pago previo configurase un supuesto de denegación de justicia (cfr. art. 19 apdo. 3 inc. "a", ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
I.3. Por último, destacó que, si bien el actor promovió un incidente de beneficio de litigar sin gastos, no había acompañado las copias pertinentes para proceder a su formación -ver punto VI de fs. 40-.
No obstante, reseñó que la promoción de tal incidente no lo eximiría del cumplimiento del pago previo, en tanto la acreditación de las sumas que se cuestionan en concepto de obligaciones tributarias no revisten el carácter de "impuestos y sellados de actuación" a los fines de la exención provisional del beneficio de litigar sin gastos, conforme el contenido del art. 83 del Código Procesal Civil y Comercial y el criterio de esta Corte en la causa B. 65.256, "Red Hotelera Ibero Americana S.A.", sentencia de 7-IX-2005.
I.4. En consecuencia, desestimó el pedido efectuado por el actor a fs. 34/36 y lo intimó para que dentro del término de diez días dé cumplimiento al pago previo, bajo apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión (art. 19 inc. 2, CCA).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el actor denuncia errónea aplicación de los arts. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo; 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 de la Constitución nacional. Alega que la norma del solve et repete ha sido derogada por las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, resultando inconstitucional su exigencia. Acusa falta de sustanciación de la prueba y ponderación de las constancias de la causa.
II.1. En primer término, denuncia la inconstitucionalidad del requisito de pago previo o su inaplicabilidad a la luz del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Considera vulnerado también el art. 18 de la Constitución nacional, que garantiza la defensa en juicio y el debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente.
Señala que, conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se impone a los órganos del Estado otorgar primacía a los tratados internacionales frente a eventuales conflictos con una norma interna que resulte contraria. Con ello alega que corresponde la inmediata aplicación del aludido art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la derogación de toda norma o interpretación restrictiva del acceso a la justicia, específicamente del requisito del solve et repete .
Indica que, en tanto las personas no son súbditos, deviene inadmisible dicho condicionamiento desprovisto de la posibilidad de que un tribunal de justicia evalúe su procedencia.
En consecuencia, postula que la exigencia de pago previo, al excluir la posibilidad del contralor judicial efectivo, y erigirse como un presupuesto necesario para habilitar la instancia judicial, resulta inconstitucional.
Manifiesta que la garantía de tutela judicial efectiva exige una mayor intensidad y efectividad de las técnicas de control judicial sobre las acciones de la Administración, debiendo eliminarse los obstáculos a la habilitación de la instancia, e incluso, otorgarse un plus de protección judicial, intensificando el control del accionar administrativo y protegiendo al particular de posibles desviaciones en el ejercicio de prerrogativas exorbitantes, debiendo declararse su inconstitucionalidad.
II.2. Alega que la sentencia recurrida no sólo desconoce la ley aplicable al caso, sino que no advierte ni evalúa el elevadísimo monto que es objeto del reclamo, el que evidencia sin necesidad de mayor análisis, que debió eximírselo del pago previo por configurar un supuesto de denegación de justicia conforme lo normado por el apartado "a" inc. 3 del art. 19 del Código Contencioso Administrativo.
Señala que la Cámara insistió con que no se había acreditado ni probado que el recaudo previo fuera de desproporcionada magnitud en relación a su capacidad económica, cuando en rigor de verdad, la cuantía de la deuda discutida demuestra a las claras su desproporción, siendo ello una prueba suficiente no tenida en cuenta.
Agrega que desconoció el pedido de remisión del apremio en su contra, en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes, del que surge que se reclama un monto que, actualizado, supera los siete millones de pesos.
II.3. Se refiere asimismo a la falta de sustanciación de la prueba ofrecida a fs. 85/86 vta. a efectos que se lo exima del pago previo.
Alega que, sin perjuicio del disparatado monto, la Cámara debió avanzar con la producción de los medios de prueba ofrecidos al requerir el beneficio de pobreza y también aportados en el escrito de fs. 85/86 vta.
Afirma que se omitió la producción de medios probatorios conducentes, negándosele la posibilidad de acreditar que le era imposible de pagar el monto reclamado para recurrir ante la justicia, siendo por tanto arbitraria la sentencia impugnada, que se encuentra absolutamente disociada de la realidad y fue dictada en abstracto, debiendo por tanto descalificársela como acto jurisdiccional válido.
Denuncia con ello que el Tribunal de Alzada dejó de aplicar en forma totalmente infundada los arts. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo y 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, al negarse a producir la prueba ofrecida, previo a resolver la cuestión.
II.4. Acusa que la Cámara tampoco otorgó supremacía a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la Nación ratificó mediante ley 23.054, al aplicar lisa y llanamente el solve et repete que ha sido derogado por dicho convenio, que integra, junto con la Constitución y las leyes del Congreso, nuestro orden jurídico interno.
Sostiene que se ha soslayado que los compromisos internacionales contraídos alcanzan jerarquía constitucional, siendo oponibles a la legislación local que los alteren o desnaturalicen.
II.5. Por último, resalta que no debe perderse de vista que en autos se pretende cuestionar, por inconstitucional, la deuda que por la vía del art. 21 y concordantes del Código Fiscal, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) le reclama en calidad de responsable solidario de las obligaciones de Casa Cándido Menica S.A. (contribuyente).
Manifiesta que esta Corte, ya ha declarado la inconstitucionalidad de esa norma en la causa C. 110.369, "Fisco c. Raso, Francisco", remitiendo a los fundamentos de dicha causa.
III. El recurso prospera.
III.1. Lleva razón el recurrente cuando denuncia que la decisión impugnada viola su derecho de defensa en juicio y la garantía de tutela judicial efectiva (art. 15., Const. prov.). Veamos.
Conforme surge de las constancias de autos, el Tribunal de Alzada, previo a pronunciarse respecto del pedido de eximición del recaudo de admisibilidad, corrió traslado a la Fiscalía de Estado, la que contestó a fs. 67/72 vta. oponiéndose. Seguidamente el señor Fitipaldi, a fs. 85/86 vta., ofreció prueba testimonial, informativa y pericial contable, tendiente a demostrar su falta de capacidad económica para afrontar el pago previo, denunciando que de ser reclamado se configuraría un supuesto de denegación de justicia.
El Tribunal de Alzada, en oportunidad de pronunciarse, señaló que: "...frente al requerimiento de la actora esta Cámara ordenó correr el pertinente traslado de ley, el que fue evacuado por la contraparte, razón por la cual precluyó toda posibilidad de efectuar replanteos posteriores al respecto, encontrándose de tal manera sellada la incidencia realizada, relativa a la eximición del recaudo de pago previo; por ello, la presentación de fs. 85/86 y vta. no será tomada en consideración por tratarse de meras argumentaciones relacionadas a un planteo anterior" (fs. 89 vta., cons. 2).
Así, el a quo descartó los medios probatorios ofrecidos por el actor con sustento en un impedimento procesal aparente y denegó la solicitud de eximición. Adujo que no se había acreditado la configuración de un supuesto de denegación de justicia en los términos del art. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo y agregó, para más, que el beneficio de litigar sin gastos -que fuera requerido por el actor a fs. 37/38 vta.- aun otorgado no resultaría suficiente para tal eximición (v. fs. 90 y vta.).
Semejante discurrir no se ajusta a derecho.
En la especie debió haberse ordenado la producción de las medidas de prueba propuestas, por ser conducentes para determinar la capacidad económica del accionante y establecer el impacto de la aplicación del requisito de pago previo (conf. art. 19 inc. 3 "a", ley 12.008, t.o. según ley 13.101).
Es que a quien se encuentra sujeto al cumplimiento de esa prerrogativa procesal le asiste el derecho de acreditar, merced a una ponderación circunstanciada, la imposibilidad de afrontar dicho pago, y así poder acceder a la jurisdicción y a la tutela efectiva consagrados en el art. 15 de la Constitución provincial (mi voto en la causa A. 73.920, "Kurban" , sent. de 13-III-2019). Precisamente la observancia en el caso de tales garantías imponía practicar las referidas diligencias probatorias, sobre todo si la situación del actor era examinada a la luz del principio in dubio pro actione (CSJN Fallos: 311:689; 312:1017; 312:1306; e.o.; esta Suprema Corte, causas B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003; B. 59.591, "B.E.D.A.", sent. de 8-X-2008).
Dado que, en definitiva, la Cámara de Apelación desconoció los derechos constitucionales antes señalados corresponde revocar la sentencia impugnada (conf. art. 289 inc. 1, CPCC).
IV. Sentado lo que antecede, parece adecuado exponer unos fundamentos complementarios.
IV.1. La causa se inició mediante la pretensión interpuesta contra la disposición determinativa y sancionatoria n° 633, de fecha 24-IV-2008, dictada por la Dirección de Fiscalización -ARBA- y su confirmatoria, resolución 1.833, de fecha 17-XII-2013, emanada de la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires, por las que se le imputó al actor responsabilidad solidaria e ilimitada por la obligación fiscal de la contribuyente Casa Cándido Menica S.A. (arts. 18, 21 y 55, Cód. Fiscal, t.o. 2004; v. fs. 6/12, demanda y 48/55 vta., ampliación, de esta causa).
Surge de fs. 48/55 vta. la contestación de la vista conferida al actor, quien amplió demanda (conf. art. 32, CCA), manifestando que estaban dadas las condiciones para que se declarase la inaplicabilidad del art. 19 inc. 1 -ya citado- por configurarse el supuesto de denegación de justicia normado por el inc. 3 apartado "a" del mismo artículo (v. fs. 49 y vta.). Sostuvo, en la referida pieza, la inconstitucionalidad de los arts. 21 y 24 del Código Fiscal, por contradecir el régimen de solidaridad consagrado en la ley de sociedades comerciales.
También, como ya se expresó, puso de manifiesto una situación económica no apta para afrontar la obligación tributaria, solicitando beneficio de litigar sin gastos y ofreciendo diversas pruebas para acreditarlo. Manifestó, asimismo, que esa imposibilidad económica guardaba una directa correspondencia con el monto de la obligación tributaria objeto de autos, que ascendía en sumas históricas a $1.190.028,10 (conf. sent. Tribunal Fiscal de Apelación, v. fs. 1.617/1.625, exp. adm. 2306-0106119/2006), y a $5.952.804,30, liquidada al 31 de mayo de 2014 (conf. título ejecutivo n° 614.981, v. fs. 1.722/1.723, expte. cit.).
IV.2. En general que el pago previo del crédito tributario determinado constituye un requisito procesal que no implica de suyo la vulneración de los derechos de igualdad y defensa en juicio (Fallos: 155:96; 261:101; 278:188; 307:1753; entre muchos y causas de esta Suprema Corte B. 64.768, "Aguas Argentinas", resol. de 27-IX-2006 y B. 65.727, "Kel Ediciones", resol. de 29-IX-2010).
Con todo, parece incontrovertible que esa directriz merece ser sopesada en cada situación litigiosa. Una inteligencia funcional de su alcance, acorde con la inesquivable salvaguarda del derecho a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva (arts. 8 inc. 1, CADH; 18, Const. nac. y 15, Const. prov.) debe abrir el cauce a la consideración de un conjunto de razonables excepciones.
Precisamente las circunstancias de la causa (a saber: el actor en su carácter de deudor solidario cuestiona esa extensión de la obligación tributaria, considerando inaplicable la regla pertinente del Código Fiscal, y a la par ofreció medidas de prueba de su imposibilidad de cumplimiento del recaudo previo; art. 163 inc. 6 segundo párr., CPCC), evidencian con mayor verosimilitud que la exigencia del solve et repete tenía aristas que podían comprometer el acceso a la jurisdicción (v. mi voto en la causa A. 71.493, "Gallo Llorente", sent. de 9-V-2018). Acaso mayor estrictez en el requerimiento probatorio hubiese podido tener cabida respecto del contribuyente principal (arg. causa B. 64.768, "Aguas Argentinas", resol. de 27-IX-2007). Pero en relación con el demandante los elementos de juicio del expediente hacían necesario, al menos, contar con aquel material justificativo para ingresar al análisis de la cuestión en los términos del art. 19 inc. 3 apartado "a" del Código Contencioso Administrativo.
IV.3. De otro lado, la pretensión material entablada en autos expone un asunto constitucional de primer orden. Se controvierten las normas del Código Fiscal que establecen la responsabilidad solidaria e ilimitada de los representantes de sociedades por las deudas de estas últimas. Para el actor esas reglas diseñan una responsabilidad objetiva fundada en el mero desempeño de un cargo directivo de la entidad que es la contribuyente del Fisco, que desconoce el producto de las competencias del Congreso de la Nación, consagrado en normas de derecho común, con contenido diverso y sancionadas con arreglo al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
La cuestión ha sido planteada en otros casos ante el Tribunal. En la causa "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Raso, Francisco" (C. 110.369, sent. de 2-VII-2014) llegó a la instancia extraordinaria el cuestionamiento de la autoridad provincial a una sentencia de Cámara en la que se declaró la inconstitucionalidad del art. 21 del Código Fiscal. Cierto es que en esa causa la mayoría del Tribunal desestimó el recurso por deficiencias técnicas (arg. art. 279, CPCC). Sin embargo, al día del dictado de la presente sentencia son numerosos los expedientes radicados ante esta Suprema Corte en los que se debate la compatibilidad constitucional del sistema de solidaridad tributaria local. Siendo ello así parece prudente orientar la valoración de este tipo de planteos hacia la esfera aplicativa del inc. 3 del art. 19 del Código Contencioso Administrativo.
Al margen de lo que corresponda decidir sobre el planteo constitucional aludido, cuya procedencia en la especie no fue considerada en sede administrativa dadas las limitaciones que resultan del art. 12 del Código Fiscal, se advierte que el condicionamiento al acceso a la jurisdicción de la persona humana aquí demandante (art. 1 apdo. 2, CADH) remite a la examen de
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