Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Q 76214
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar bien denegados los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60 CCA y Acordada 1790).
Q.76.214 “AKAPOL S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO DE QUEJA POR DENEGACION DE REC. EXTR. (NULIDAD E INAPL. DE LEY)—“
Los señores jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora jueza doctora Kogan y el señor juez doctor Torres dijeron:
I. Conforme surge de las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°1 del Departamento Judicial Mercedes hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por la firma Akapol S.A. contra la Municipalidad de Moreno, anuló el Decreto n° 3278/2014 dictado por el Intendente del citado municipio y, en consecuencia, ordenó a dicha parte a practicar liquidación y reintegrarle a la actora la suma depositada a los efectos de la habilitación de la instancia, con más intereses (v. sent. del 15-IV-2019).
A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en San Martín acogió parcialmente el recurso articulado por la parte demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia de grado en cuanto al declarar la nulidad del acto impugnado no retrotrajo el procedimiento administrativo y ordenó la devolución de la suma depositada a los efectos de la habilitación de instancia. Así, dispuso la nulidad del procedimiento de determinación de oficio correspondiente al período del 2008 al 2012 de los derechos de publicidad y propaganda, y del Decreto n° 3278/14, retrotrayendo las actuaciones administrativas al momento en que se debía correr la vista inicial -con los elementos que sustentan la liquidación- y confirmó el resto de la sentencia en cuanto fue materia de agravios (v. sent. del 3-IX-2019).
Frente a lo así resuelto, el apoderado de la parte actora dedujo recursos de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 20-IX-2019), los que denegados (v. resol. del 15-X-2019), motivaron la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación del 24-X-2019).
II. a. Respecto del primero de los medios de impugnación mencionados, cabe recordar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 ap. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doct. A. 71.185, "Barbero", resol de 27-IV-2011; A. 72.375, "Maza", resol. de 8-V-2013; A. 72.919, "Muzzio", resol. de 23-IV-2014; Q. 76.046, "Mujica", resol. de 15-IV-2020).
En el medio revisor en abordaje la impugnante expresa que la Alzada omitió expedirse sobre la nulidad de las actas del relevamiento, verificación y constatación de publicidad y propaganda, de donde surgiría la existencia de la actividad publicitaria que dio origen a la pretensión fiscal. Alega que pasó por alto la jurisprudencia de esta Suprema Corte y de otros tribunales provinciales sin justificar su apartamiento. Agrega que resolvió no devolver la suma de dinero abonada en concepto de pago previo, como condición de admisibilidad de la instancia en los términos del art. 19 del Código Contencioso Administrativo, sin explicar ni fundar su postura, ni analizar los argumentos esgrimidos, violando así el derecho de igualdad entre las partes y los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
El embate no puede prosperar, pues si bien se denuncia omisión de cuestión esencial, en realidad los agravios traídos están orientados a rebatir el acierto de lo resuelto. En tal sentido cabe recordar que los planteos relativos a la apreciación de la prueba, su deficiente examen o eventual ausencia de tratamiento, así como los dirigidos a controvertir el acierto de la decisión o la existencia de absurdo, resultan temas ajenos al medio revisor intentado y propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (conf. doct. A. 71.423 "Arruabarrena", resol. de 14-IX-2011; A. 72.014 "Martínez", resol. de 19-IX-2012; A. 72.375 "Mazza", resol. de 08-V-2013; A. 72.919 "Muzzio", resol. de 23-IV-2014 y Q. 76.046, cit.).
b. Por otra parte, en relación al recurso de inaplicabilidad de ley, debe destacarse que, en atención a los agravios desplegados en el embate extraordinario en análisis, el valor del litigio a los fines de lo establecido en el referido art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial está representado, para el recurrente, por el monto del tributo cuestionado -$98.505,34- (doctr. causas C. 105.253, "Rodriguez", resol. de 7-VII-2010; C. 112.500, "Vazquez", resol. de 8-IX-2010; A. 75.137, "Leiva", resol. de 5-XII-2018), suma que no supera el mínimo fijado en la citada norma (confr. Ac. 3947/2019).
Sentado ello, corresponde señalar en primer lugar que en la queja prevista en el art. 292 del CPCC deben cuestionarse los fundamentos que diera la cámara al denegar la concesión del recurso extraordinario deducido, para que la impugnación tenga la suficiencia necesaria para ser considerada por este Tribunal (art. 2 inc. "c" de la Acordada 1790; doctr. causas Q. 73.804 "Calla", resol. de 2-IX-2015; Q. 74.376 "Souto", resol. de 21-XII-2016; Q. 74.658 "Solleiro", resol. de 12-IV-2017; Q. 75.075, "Fisco c/ Hernandez", resol. de 11-IV-2018).
En estas actuaciones, para denegar el recurso de inaplicabilidad de ley el tribunal de alzada concluyó que el valor del litigio estaba determinado y era inferior al mínimo legal requerido -citando las normas que así lo precisan, las fojas de donde surge tal importe y precedentes jurisprudenciales que le dan sustento-, sin que del escrito recursivo surja alegación alguna tendiente a enervar esas consideraciones. Seguidamente, advirtió que la evaluación en torno a la existencia de una cuestión federal tendiente a soslayar dichos recaudos formales a efectos de acceder a la instancia del Superior Tribunal de la causa a la luz de lo resuelto en el precedente "Di Mascio", sent. del 1-XII-1998, CSJN, resultaba un resorte exclusivo de la Suprema Corte provincial.
De tal modo, en el caso, la actora no cumple adecuadamente con el art. 2 inc. "c" de la Acordada 1790, desde que en su presentación ante esta sede se limita a manifestar que no debe sujetarse su impugnación al monto del litigio, consignando la cita de normas y garantías constitucionales e invocando los precedentes "Strada" y "Di Mascio" de la Corte Suprema nacional, sin explicar ni desarrollar los argumentos que permitirían, a la luz de los citados precedentes, prescindir de la falta de cumplimiento de los recaudos de admisibilidad impuestos por la legislación local (doctr. causas Q. 73.804, "Calla", resol. de 02-IX-2015; Q. 74.376, "Souto", resol. de 21-XII-2016; Q. 75.616, "Cedola", resol. de 24-IV-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar bien denegados los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley y desestimar la queja traída (arts. 278 y 292, CPCC; 60 CCA y Acordada 1790).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:52:08 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 20/07/2020 12:12:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 20/07/2020 13:59:45 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:06:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:58:02 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia