Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74746
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.746, "Clavero, Claudio y otros contra Municipalidad de Coronel Rosales s/ Pretensión anulatoria. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por los actores y confirmó -por sus propios fundamentos- la legitimidad de la ordenanza fiscal e impositiva 3.067 para el año 2008 de la Municipalidad de Coronel Rosales (v. fs. 1.542/1.565 del sub lite ).
Contra tal pronunciamiento, los actores, mediante letrado patrocinante interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.572/1.606) y de inconstitucionalidad (v. fs. 1.606/1.616).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 1.644/1.651), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, con el voto concordante de dos de sus integrantes, rechazó el recurso de apelación interpuesto por los actores y confirmó -por sus propios fundamentos- la Ordenanza 3.067, Fiscal e Impositiva para el año 2008, de la Municipalidad de Coronel Rosales.
En tal sentido, manifestó que la conformación y el desarrollo de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que sancionó la ordenanza atacada no presentaba vicios que autorizaran razonablemente a invocar su nulidad, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 94 inc. 5, 98 y 102 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Luego afirmó, en relación con el fondo del asunto, que a tenor de las pruebas producidas en la causa no existía una desproporción irrazonable entre el valor de la Tasa por Alumbrado Público y el costo del servicio que esta tiende a retribuir, ni que, contrariamente a lo alegado, dicho tributo resultara confiscatorio, por lesionar gravemente el derecho de propiedad de los actores.
Asimismo, descartó la pertinencia del examen sobre existencia de una supuesta ausencia de prestación efectiva de los servicios retribuidos a través de la Tasa por Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación de la Vía Pública y Servicios Generales; de la Tasa por Servicios de Seguridad e Higiene y de la Tasa por Derechos de Construcción, por no haber sido oportunamente sometido tal agravio al examen del juez de grado, con lo cual -según sostuvo- dicho punto merecía ser desestimado por constituir el fruto de una reflexión tardía. En particular, explicitó que la acusación de que un sector de la localidad de Pehuen-Có no contaría con calles abiertas y, por ende, no recibiría los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, resulta desajustada a la realidad fáctica evidenciada por las pruebas obrantes en la causa, que dan cuenta de la existencia clara de una "urbanización" en tal área.
Ante el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 68 y 183 de la ordenanza 3.067, por entender que las tasas percibidas no se particularizarían en servicios "...en cabeza de cada uno de los contribuyentes", expresó que los mentados tributos encontraban suficiente y adecuado fundamento en la necesaria retribución de otras numerosas funciones comunales cuyos beneficios se proyectan sobre el universo de contribuyentes, no luciendo su quantum desproporcionado o irrazonable en relación con los servicios retribuidos en conjunto.
Por otra parte, desestimó el agravio respecto de la afectación de la garantía constitucional de igualdad, en tanto la Tasa por Alumbrado Público para la totalidad de los inmuebles edificados con medidor de energía, fijada en una suma fija bimestral, prescindiría del diverso grado de capacidad contributiva de cada propietario, por entender que del art. 11 de la Constitución local no surge, necesariamente, la suposición de una "igualdad aritmética o absoluta", igual en su quantum para cada uno de los habitantes, sino una igualdad de tratamiento frente a la igualdad de situaciones o circunstancias.
Del mismo modo, desecha la impugnación sobre la legalidad de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y por Derechos de Construcción, atento a la falta de un interés concreto en cabeza de los actores que los habilite a objetar tales gravámenes, por no resultar obligados a este pago ni verificarse, a su respecto, un supuesto de "doble imposición" con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y al Impuesto Inmobiliario.
Por último, examinó la crítica articulada respecto de la condena a cargar con la totalidad de los gastos causídicos irrogados por el trámite de las presentes actuaciones (cfr. art. 51, CCA), explicando que la reforma incorporada por la ley 14.437 entró en vigencia cuando la presente causa ya se encontraba en trámite, razón por la cual resulta aplicable de forma inmediata la imposición de las costas a la parte actora vencida (v. sent. de 21-IV-2015, obrante a fs. 1.542/1.565).
II. Contra la sentencia de la Cámara los actores interpusieron el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y el de inconstitucionalidad.
II.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denuncian que la ordenanza fue sancionanda mediando una clara violación del procedimiento establecido en el art. 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades en cuanto a la citación de la totalidad de los integrantes del listado definitivo de mayores contribuyentes, como así también aducen la errónea apreciación de la prueba rendida oportunamente.
II.2. Por otra parte, estiman que la decisión infringe los arts. 94 inc. 6, 95, 96, 102 y concordantes del mismo texto legal, así como los arts. 190, 192 inc. 4, 194, 196 y concordantes de la Constitución provincial y 22, 73, 74, 77, 79 y concordantes del Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante local, no considerando "...el pronunciamiento expreso de los ediles respecto de la aceptación de las renuncias y/o excusaciones de los mayores contribuyentes" (sic fs. 1.587 vta.).
Más allá de ello, denuncian que el fallo ha omitido apreciar, o ha ponderado erróneamente, prueba decisiva producida en el juicio (cfr. arts. 375 y 384, CPCC), invocando la doctrina del absurdo, por cuanto las conclusiones a las que arriba el fallo atacado no se sustentan en la prueba producida a lo largo del proceso (testimonial, documental, informativa y pericial contable), la cual daba cuenta de un incremento irrazonable en la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, como asimismo de la falta de equivalencia entre el quantum de la tasa y el costo del servicio de alumbrado público, afectándose de tal modo las directrices sobre equidad tributaria (v. fs. 1.600 y sigs.).
Por último, aducen la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte en cuanto al mismo tópico del absurdo en la valoración de la prueba, pero no individualiza ninguna norma específicamente vulnerada, ni cita tampoco doctrina legal ni fallo alguno que considere aplicable especialmente a la presente causa. Alega la "...violación para formar convicción al dictar sentencia", mas no desarrolla este aserto, ni lo apoya en argumento alguno (v. fs. 1.604 vta.).
III. El recurso no prospera.
Los argumentos introducidos por los recurrentes no se muestran hábiles para revocar la sentencia impugnada. En el caso, ninguno de los agravios expuestos conlleva una réplica eficaz de los fundamentos que estructuran el fallo de la Cámara.
III.1. En relación con el agravio sobre la conformación y el desarrollo de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que sancionó la ordenanza atacada, esta parcela del pronunciamiento no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia -acerca de la aplicación de los arts. 94 inc. 5, 98 y 102 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ver los puntos II.1. y II.2. del fallo atacado-, insistiendo sobre un modo de interpretación de tales normas que ha sido acabadamente tratado, mas sin abordar adecuadamente los argumentos expresados por los señores jueces de Cámara para desestimar su pretensión.
Iguales connotaciones traduce el siguiente agravio, vinculado con la pretendida desproporción irrazonable entre el valor de la Tasa por Alumbrado Público y el costo del servicio que esta tiende a retribuir, en tanto entienden que, contrariamente a lo resuelto, dicho tributo resulta confiscatorio, por lesionar gravemente el derecho de propiedad de los actores (cfr. pto. II.3., sent. de Cámara).
Tanto en uno como en otro caso, resulta aplicable la doctrina ya consolidada de esta Suprema Corte según la cual resulta insuficiente el remedio procesal que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano juzgador, sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio, reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas; ello es lo que ocurre en el caso, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
III.2. Con respecto a la alegación de que "...la sentencia resulta arbitraria" por no considerar la prueba producida en autos, en particular testimonial, documental, informativa y pericial contable, para conformar debidamente la voluntad decisoria del tribunal a quo , y así justificar su insuficiencia, basta con señalar que la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia, expidiéndose de manera expresa, en diversos pasajes, sobre la prueba rendida -o sobre su ausencia, por ejemplo, de la existencia de una supuesta doble imposición- y dando razones suficientes para rechazar la denunciada falta de prestación, respecto de los actores, del servicio de alumbrado público (v. fs. 1.558 vta. y 1.559).
III.3. De igual modo, el planteo relativo a la violación del principio de legalidad en las tasas de Inspección de Seguridad e Higiene y por Derechos de Construcción queda desplazado por el Tribunal actuante, sobre un detenido análisis de la documental adjuntada a la causa (v. fs. 1.562 vta. y 1.563).
Estos fundamentos de la Cámara no resultan, pues, conmovidos por las manifestaciones desplegadas por la recurrente, en tanto se desentiende de ellos, limitándose a exteriorizar su opinión discrepante con el resultado obtenido y a esgrimir su punto de vista subjetivo.
Cabe recordar que la apreciación de la prueba, la selección de los medios conducentes y la atribución de la jerarquía que les corresponde, son facultades propias de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar en la sentencia la valoración de todas- y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (conf. doctr. causas C. 115.588, "Mellini", sent. de 3-X-2012; A. 74.126, "Martínez", sent. de 27-III-2019; A. 75.105, "Berra", resol. de 21-VIII-2019; e.o.).
Para tener por configurado el mentado vicio, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (arts. 279 y 384, CPCC; conf. doctr. causas A. 74.290, "Andrade", sent. de 6-XI-2019; A. 74.290, "Farías", sent. de 27-V-2020; e.o.).
Las expresiones impugnantes no constituyen base idónea de agravios ni configuran el absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, puesto que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de las cuestiones de hecho y prueba (conf. doctr. causa A. 71.485, cit.; e.o.).
Es necesario demostrar que lo concluido por la Cámara fue producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 74.916, "Fernández", sent. de 29-V-2019; e.o.).
III.4. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la violación de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decisión ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de los pronunciamientos de este Tribunal debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos aquí debatidos y en el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Lo mismo ocurre entonces con la denunciada violación de la doctrina de este Tribunal, pues solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H. E. y ot.", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
En efecto: los impugnantes no desarrollan la correspondencia fáctica y jurídica existente entre las causas denunciadas (causas C. 118.885, "Del Pino", sent. de 12-VII-2017; C. 119.875, "Consorcio de Propietarios", sent. de 23-XI-2016; C. 119.045, "Escalante", sent. de 15-VII-2015; Ac. 72.461, "Caputo", sent. de 20-XI-2013; entre otras que cita) y el supuesto de autos. De tal modo, el planteo luce insuficiente, pues es claro que omiten explicar de qué manera concreta los precedentes de esta Suprema Corte, que denuncian como erróneamente aplicados o transgredidos, se relacionarían con la denunciada actuación indebida de la Cámara interviniente (art. 279, CPCC).
Por otra parte, la invocación de precedentes de otros órganos judiciales -como la efectuada por los impugnantes en el punto VI de su recurso- no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (doctr. causas A. 73.332, "Tévez", sent. de 15-VIII-2018; A. 75.736, "Pita", sent. de 13-XI-2019 y A. 76.471, "Sánchez, Carlos", sent. de 30-III-2021).
III.5. Por último, cabe concluir que, atento a lo expuesto, los agravios vinculados a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales no pasan del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
A ello agrego que tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar la infracción de normas constitucionales y tratados internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por la Corte (doctr. causas C. 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009; C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014 y A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
Coincido con el colega que abre el acuerdo en cuanto señala la manifiesta insuficiencia del recurso en tratamiento, debiendo recordarse que la falta de impugnación idónea de los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada resulta argumento bastante para ello (cfr. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827; doctr. causas A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019; A. 76.904, resol. de 16-VI-2021; e.o.).
II. En consecuencia, considero que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo tocante al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, los recurrentes plantean la irrazonable o manifiesta falta de equivalencia entre el quantum de la tasa y el costo del servicio de alumbrado público, que implicaría una "...lesión al derecho de los usuarios del servicio público e inconstitucionalidad del art. 4 bis de la Ordenanza Impositiva citada" (sic fs. 1.607). Para tal cometido, remiten los accionantes, en aval de su indicación, al dictamen del perito contador de fs. 1.348 y sostienen, además, que se ha prescindido arbitrariamente de ponderar la capacidad contributiva del obligado al pago.
Del mismo modo, argumentan que la sentencia recurrida desnaturaliza y afecta el concepto de tasa municipal al vulnerar los arts. 68 y 183 de la ordenanza fiscal vigente, configurando -en los hechos- un verdadero impuesto que afecta la "garantía de propiedad (art. 17 CN) de los contribuyentes y la doble imposición fiscal con tributos de otra jurisdicción" (sic fs. 1.611).
Plantean como agravio adicional la transgresión de las limitaciones tributarias municipales que provienen, por imperio constitucional (arts. 30, 31 y 75 inc. 2, Const. nac.), del Pacto Federal para la Producción y el Empleo, puesto que al reglamentarse la base imponible de las tasas por Inspección de Seguridad e Higiene (art. 98, ord. fiscal) y Derechos de Construcción (art. 141) se estatuye tanto la base relativa a los ingr
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