Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72943
En la ciudad de La Plata, a 24 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.943, "Brown, Guillermo y ot. c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó íntegramente la demanda entablada en autos (v. fs. 473/496 y 544/552).
Disconformes con dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 558/576 y 577/586), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 587/588).
Oída la señora Procuradora General (v. fs. 595/597), dictada la providencia de autos (v. fs. 598) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Mediante el recurso extraordinario de nulidad deducido, los impugnantes denuncian infracción de lo dispuesto por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Sostienen que el hecho de que el pronunciamiento atacado no haya declarado desierto en su parte dispositiva el recurso de apelación en su momento presentado, los habilita a cuestionar la falta de tratamiento de las cuestiones esenciales planteadas. Interpretan que tanto el juez de primera instancia como la Cámara interviniente abordaron temas ajenos a la litis y omitieron resolver los puntos sobre los cuales se asientan sus pretensiones, esencialmente en lo relativo a la interpretación brindada por la demandada a los arts. 12 y 54 de la ley 6.716, que -a su juicio- resulta violatoria de los arts. 14, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional; 10, 31 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial y 499, 500, 793, 1.071 y concordantes del -hoy derogado- Código Civil. Reseñan los argumentos desarrollados a lo largo de estas actuaciones y aseguran que en la sentencia en crisis no se aprecia examen alguno de dichos tópicos. Denuncian asimismo violación de la garantía del debido proceso legal, del principio de congruencia y de la defensa en juicio.
En otro orden, reprochan que -según lo exponen- el fallo no contenga una sola cita legal de fondo y que únicamente invoque un precepto de carácter procesal, el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, para concluir en la insuficiencia (parcial) de su recurso de apelación, aunque sin declararlo desierto.
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General en cuanto a que el recurso no puede prosperar.
Liminarmente señalaré que sólo resultan habilitados mediante la vía intentada aquellos agravios destinados a denunciar el quebrantamiento de las formas, solemnidades y deberes de actividad que constitucionalmente deben observar los jueces de Cámara en sus sentencias finales (conf. arts. 168 y 171, Const. prov.; 296 y sigs., CPCC), entre ellos, los referidos a la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales y a la falta de fundamentación legal (conf. causa A. 71.012, "Carrefour Argentina S.A.", sent. de 22-V-2013; e.o.).
En cambio, los agravios relacionados con la eventual violación del principio de congruencia, cuando ésta no concierne al vicio de omisión, sino a la imputación de eventuales errores in iudicando , como asimismo aquellos vinculados al presunto quebrantamiento de normas procesales o garantías consagradas en la Constitución nacional, resultan ajenos al recurso extraordinario de nulidad y sólo pueden ser canalizados por vía del de inaplicabilidad de ley (conf. causa L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; e.o.).
También se ha dicho que el remedio bajo análisis no es apto para invocar presuntas violaciones a la garantía de defensa en juicio y al debido proceso y que, si los agravios del recurso extraordinario de nulidad se dirigen a impugnar la manera en que la causa ha sido decidida, ello deviene ajeno a la vía intentada en razón de vincularse con el acierto jurídico del fallo (conf. causa A. 70.155, "Instituto Médico Constituyentes", sent. de 23-XII-2013).
Es que la omisión de cuestiones a la que se refiere el art. 168 de la Constitución de la Provincia ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia aparece desplazada por el razonamiento expuesto en la sentencia, siendo ajeno al ámbito del recurso tanto el acierto con que se haya analizado el asunto como la forma o brevedad con que fuera encarado (conf. causa A. 71.012, "Carrefour Argentina S.A.", sent. de 22-V-2013; e.o.).
Pues bien, en la especie, los recurrentes admiten que la sentencia impugnada descartó por insuficientes algunas de sus críticas (más precisamente, las vertidas en el punto II.c. de su recurso de apelación, es decir, justamente las vinculadas con la supuesta inconstitucionalidad de la interpretación y aplicación dispensadas a los arts. 12 y 54, ley 6.716; v. fs. 507/516 y 549 vta./551 vta.), pero de todos modos denuncian omisión de tratamiento de la materia de fondo que a través de aquellas había sido sometida a decisión. De lo expuesto se desprende con claridad que, en rigor, el recurso no evidencia preterición de cuestión esencial alguna, sino que se limita a atacar la forma en que los cuestionamientos articulados fueron resueltos, lo que por las razones anteriormente brindadas no puede en este marco ser admitido, sin que la circunstancia de no haberse declarado la deserción del recurso de apelación en la parte dispositiva del pronunciamiento en crisis altere lo expuesto.
Similar orden de ideas conduce a descartar la falta de fundamentación legal que los actores creen vislumbrar en la circunstancia de que la Cámara sólo habría citado una norma de carácter procesal (art. 56 inc. 3, CCA, invocado precisamente para fundar la ya referida insuficiencia), mas ninguna disposición de derecho sustancial. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que no interesa el acierto o error con que las normas hayan sido aplicadas por los jueces intervinientes, ya que el art. 171 de la Constitución provincial sanciona la ausencia de base legal en la sentencia y no su incorrecta o deficiente fundamentación (conf. causa A. 71.801, "D'Angelo", sent. de 30-III-2016; e.o.).
III. Por los motivos desarrollados, que estimo suficientes para decidir, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, considero que el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado.
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 298 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. A través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, los impugnantes denuncian absurdo en la interpretación de las pretensiones planteadas y en lo que refieren como "la indeterminada deserción del recurso".
Con relación al primer punto, sostienen que la Cámara analizó cuestiones ajenas a los términos de la litis. Concretamente, le reprochan: a) haber entendido que ellos aseguraban tener derecho a la máxima jubilación prevista en la ley 6.716 por reunir aportes superiores al doscientos por ciento de excedente sobre la cuota anual obligatoria durante varios años; b) haber interpretado que controvertían temas tales como los topes máximos y mínimos de los haberes jubilatorios reconocidos por la caja demandada o el régimen de complementos por mayor cotización previsto en el art. 54 de la ley citada y c) haberles exigido la acreditación de hechos no controvertidos, como supuestamente sería la desproporción entre las sumas pagadas en concepto de aportes previsionales y el haber máximo jubilatorio. Manifiestan además que, al confundir el reclamo y apartarse de los términos en que quedó trabada la relación procesal, la sentencia objeto de embate violó las normas del debido proceso legal, el derecho de defensa en juicio y el principio de congruencia, consagrado por el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
Puestos a fundar el absurdo endilgado al modo de resolver consistente en reputar insuficiente el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, mas sin declararlo desierto, sostienen que el fallo impugnado aplicó erróneamente lo dispuesto por el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y que es falso que no se hayan refutado los argumentos expuestos por el juez de grado. Destacan haber advertido que éste realizó una errónea interpretación de los arts. 12 y 54 de la ley 6.716, para concluir que los aportes y contribuciones allí establecidos son absolutos e ilimitados, razonamiento que -a su entender- resulta inconstitucional por afectar la propiedad privada, contrariar los principios de relatividad y razonabilidad de los derechos y convalidar el reclamo de una obligación sin causa y el abuso de derecho. Agregan que en su momento postularon los principios hermenéuticos que -desde su óptica- devienen aplicables al caso. Indican que también rebatieron el alcance asignado a distintas leyes previsionales que habían sido invocadas como fundamentos contrarios a su pretensión, cuando en rigor la favorecerían. Aseguran que fue el sentenciante quien omitió tratar las razones traídas en sustento de su posición. Concluyen que, al obrar como lo hizo, el Tribunal de Alzada incurrió en un exceso ritual manifiesto.
II. Adelanto que el recurso prospera parcialmente.
II.1. Tiene dicho esta Corte que los agravios relativos a la infracción del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser planteados por vía del absurdo (conf. causas C. 94.841, sent. de 20-VIII-2008; C. 99.766, sent. de 28-X-2009; C. 95.723, sent. de 15-IX-2010; A. 71.672, sent. de 29-VI-2016; e.o.) y si bien aquí los recurrentes han denunciado la existencia de dicho vicio, no han conseguido acreditarla.
El análisis de las actuaciones revela que tres son las pretensiones articuladas en el marco de este litigio: 1) anulación total de las resoluciones a través de las cuales la Caja de Previsión Social para Abogados rechazó la solicitud de los actores consistente en repetir los aportes previsionales correspondientes a los períodos 1997 a 2007 que superasen el doscientos por ciento de excedente sobre la cuota anual obligatoria; 2) devolución de todos los pagos realizados por dichos conceptos durante los años indicados y en el futuro, con más intereses y 3) que se ordene a la demandada, una vez cumplidas las obligaciones de pago del mínimo de aportes con más el doscientos por ciento ya indicado, expedir certificaciones anuales con efecto cancelatorio de las deudas previsionales.
El fundamento último de todo lo peticionado radica en que, para los actores, "...el pago de excedentes sobre las cuotas anuales obligatorias mínimas, tiene necesariamente como causa lícita lo que pueda computarse a mayores cotizaciones...", complemento este que, de acuerdo con lo previsto en el art. 54 de la ley 6.716, permite incrementar el haber jubilatorio básico normal sólo hasta un doscientos por ciento más. Cabe asimismo advertir que, tanto en su demanda como en el recurso de apelación, los actores invocaron en su favor los principios constitucionales de razonabilidad y no confiscatoriedad y el derecho de propiedad (v. fs. 75/77, 85 y sigs. y 507 y sigs.).
Al margen de otros argumentos desarrollados, lo cierto es que en la sentencia de primera instancia se consideró que "...no se desprende del texto de las normas aplicables, un tope en el monto de los aportes y contribuciones realizadas por afiliados y terceros..." y que "Yerran los actores [...] cuando realizan un razonamiento que vincula directamente el cumplimiento de la cuota anual obligatoria, con el tope del doscientos (200) por ciento sobre el haber jubilatorio..." (fs. 491). Asimismo, se ponderó allí que el art. 12 de la ley 6.716 no fija límites máximos expresos a los recursos contemplados (v. fs. 494), se negó "...que la percepción de los excedentes carezca de causa, dado que la misma normativa admite la percepción completa de aportes y contribuciones..." (fs. 495) y se estimó que las normas citadas no pueden reputarse violatorias del derecho de propiedad, irrazonables ni confiscatorias, en el entendimiento de que los extremos necesarios a tal fin no fueron en el sub lite acreditados (v. fs. 495 vta.).
Por su parte, al resumir las posiciones de las partes, la Cámara interviniente señaló que para los accionantes, "...todas las sumas abonadas en concepto de aportes que excedan el 200% del aporte anual mínimo, carecerían [...] de causa legítima en tanto no redundaría en beneficio alguno de los afiliados" y que, de acuerdo con la Caja demandada, "...el pago de aportes previsionales carece [...] de tope legal máximo alguno...", motivo por el cual los practicados en exceso no podrían "...ser calificados como un pago incausado" (fs. 548). Aclarado ello, más adelante el tribunal razonó: "Mal pueden postular los apelantes que para abordar la impugnación judicial impetrada resulte vedado al juzgador examinar cuestiones atinentes a la propiedad de los fondos de la Caja, a los topes máximos y mínimos de los haberes jubilatorios, a los mecanismos de devolución de aportes y al régimen de complementos por mayor cotización" (fs. 549).
A la luz de los antecedentes reseñados, las críticas de los recurrentes según las cuales los jueces de las instancias ordinarias habrían ingresado en el examen de aspectos ajenos a la controversia trabada y confundido así el reclamo formulado, se muestran incapaces de acreditar el vicio de absurdo denunciado, pues los magistrados intervinientes mantuvieron suficiente claridad sobre el asunto debatido y, en el contexto de autos, no resultaba irrazonable indagar en los distintos tópicos abordados para ilustrar la decisión alcanzada.
Vale recordar que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa (conf. causa A. 73.217, "Ñamandú", sent. de 18-IX-2016; e.o.) y que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (conf. causa A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; e.o.).
Por otra parte, tiene dicho este Tribunal que no se quebranta el principio de congruencia si media conformidad entre la sentencia y el pedimento formulado respecto de las personas, el objeto y la causa, resolviendo el a quo -en función propia de la judicatura- el encuadre jurídico del caso (conf. causas A. 69.321, "Bellia Munzón", sent. de 27-VIII-2008 y A. 70.986, "Transportadores Unidos", sent. de 28-XII-2016; e.o.).
II.2. Ahora bien, en lo que respecta a los agravios dirigidos contra la sentencia atacada en cuanto reputó insuficientes los planteos sobre las cuestiones de fondo -legales y constitucionales- formulados en el recurso de apelación (v. pto. II.3. del pronunciamiento de la Cámara interviniente, fs. 549 vta./551 vta.), estimo que asiste razón a los actores.
Esta Suprema Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y sólo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (conf. causas A. 69.344, sent. de 4-VI-2008; A. 70.136, sent. de 21-IV-2010; A. 72.368, sent. de 23-XI-2016; e.o.).
En la especie dicho vicio se configura, pues el Tribunal de Alzada, con excesivo rigor formal, se ha limitado a reproducir los fundamentos brindados por el juez de primera instancia y a asegurar dogmáticamente que ninguno de los variados argumentos en torno a la interpretación y alcance -entre otros- de los arts. 12 y 54 de la ley 6.716 y 14, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional, desarrollados por los actores en su recurso de apelación (v. fs. 507/516), alcanzan a constituir una crítica concreta y razonada del pronunciamiento atacado.
Al así proceder, la Cámara ha confundido la necesidad de hacerse cargo de la línea argumental desplegada por el magistrado de grado con la inadmisible exigencia de asumirla como verdadera y de esa manera ha aplicado, en el análisis de la suficiencia del recurso de apelación presentado, un estándar injustificablemente estricto que la ha apartado del cabal ejercicio de la misión que como tribunal ordinario de segunda instancia tiene encomendada.
Más allá del pormenorizado repaso de las razones esgrimidas en el fallo de grado y de la ponderación por momentos positiva que de ellas parece haber hecho el tribunal a quo , en rigor éste ha basado su decisión en motivos de orden procesal: la sentencia en crisis plantea que los agravios articulados en el recurso de apelación simplemente reeditaron postulaciones previas, que carecen de entidad y que incurrieron en un "defecto lógico" al no refutar conclusiones centrales de la de primera instancia (v. fs. 580). Sin embargo, sólo un rigorismo excesivo ha permitido en el caso alcanzar dicha solución.
Lógicamente, las críticas sobre el fondo de las cuestiones planteadas, vertidas contra el pronunciamiento de primera instancia, se mueven en una dirección distinta a la de este último, pero ello simplemente revela una oposición a sus premisas y conclusiones, basada en una diferente interpretación de las normas legales y constitucionales involucradas que luce fundada y que por ende no podía ser considerada técnicamente inidónea en la sede en que fue presentada, sino que merecía ser resuelta en su faz sustancial.
En cuanto a la existencia de reiteraciones en los argumentos presentados, cabe advertir que en ocasiones éstas pueden incluso llegar a ser necesarias para controvertir decisiones sucesivas también basadas en las mismas razones, por lo que no siempre evidencian una conducta procesal "huérfana de precisión y desprovista de una adecuada y prolija técnica recursiva" que soslaye las exigencias rituales establecidas en el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, como a fs. 551 vta. lo entendió aquí la Cámara. La norma recién citada exige una crítica concreta y razonada de las partes del fallo consideradas equivocadas y aclara que no basta con la mera remisión a presentaciones anteriores, pero no impide que se insista con determinadas postulaciones si ellas sirven para controvertir los fundamentos estructurales de la decisión atacada.
III. En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia atacada en cuanto reputó insuficientes los agravios vertidos a fs. 507/516 y reenviar las actuaciones a la instancia de origen para que, con la integración que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de las cuestiones legales y constitucionales allí introducidas (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se propone la resolución del caso, las costas se imponen en el orden causado (conf. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101 y 68 segundo párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.