Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74199
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto fuera materia de agravio.
Las costas se imponen a la demandada vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 8 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, de Lázzari, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.199, "Galeano, Ricardo Daniel c/ Ministerio de Justicia s/ Pretensión anulatoria y de Restabl. o Reconocim. de derechos. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión entablada por el accionante (v. fs. 205/213 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 220/227), el que fue concedido por la cámara interviniente mediante decisión de fs. 236 y vta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 242) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demandada promovida por el señor Ricardo Daniel Galeano y, en consecuencia, reconoció su derecho a percibir el subsidio previsto en el art. 1 de la ley 13.985. Ordenó, asimismo, que las sumas adeudadas debían ser liquidadas en la forma establecida en el art. 1 del decreto 861/99 a partir de la fecha del pedido efectuado en sede administrativa (28 de agosto de 2009) y hasta la fecha de entrada en vigencia del decreto 149/10 (8 de marzo de 2010) momento desde el cual comenzarían a liquidarse conforme las pautas de los arts. 3 y 4 del citado decreto 149/10. Todo ello con sus respectivos intereses.
Finalmente, impuso las costas del proceso a la demandada vencida (v. fs. 141/160 vta.).
I.2. Por su parte, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín rechazó el recurso de apelación deducido por la accionada (v. fs. 205/213 vta.).
Para así resolver, sostuvo que el agravio referido a la incompatibilidad existente entre la indemnización pretendida en autos con la reclamada por el actor ante el fuero laboral, debía desestimarse en tanto la parte no rebatía los argumentos expuestos por el juez de primera instancia.
En tal sentido, adujo que mediante la ley 13.985 se reconoció el derecho del personal policial que resultara herido e incapacitado -ya sea transitoria o permanentemente- como consecuencia de actos propios del servicio a percibir un subsidio mensual, liquidado conforme lo establecido en los decretos 861/99 y 149/10, en sus distintos períodos de aplicación.
Indicó que si bien en el art. 1 último párrafo de la ley citada se dispuso que "...Dicho subsidio tendrá carácter móvil, y no será absorbido por ascensos extraordinarios y/o aumentos salariales, y será incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa..." y que, en igual línea, el decreto 149/10 previó que "La percepción del subsidio resultará incompatible con otro de la misma naturaleza, sin que resulte excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente. El presente resulta comprensivo de idénticos beneficios sin que pueda existir la posibilidad de duplicación de peticiones por los mismos conceptos", el subsidio peticionado mediante la presente acción reviste una naturaleza diferente a la reclamada en el fuero laboral y fundamentalmente es diversa la causa tenida en cuenta para su otorgamiento.
Citó doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia referida a la interpretación del art. 116 inc. "e" apartado 3 del decreto ley 9.550/80, en donde se decidió que el beneficio especial para los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente de los agentes policiales, es acumulable a la indemnización basada en las leyes de accidentes de trabajo o en el derecho común, pues poseen distinta causa y naturaleza y responden a distintos presupuestos condicionantes, lo que impide considerar que se trata de una doble reparación por un mismo hecho, o que haya indebida acumulación de indemnizaciones.
Esgrimió que el mencionado art. 116 inc. "e" apartado 3 del decreto ley 9.550/80, tiene una redacción similar al precepto bajo análisis. Así -y en lo que interesa para resolver la cuestión-, aquel previó que "...la percepción de ésta será incompatible con cualquier otra indemnización, subsidio o beneficio similar, que se otorgue a los agentes por la misma causa considerada para su otorgamiento...".
Adujo que tanto en el decreto ley 9.550/80 como en la ley 13.985 la causa considerada para la concesión del beneficio es la circunstancia excepcional; es decir, que la incapacidad acaezca en ejercicio de la función de policía y por ese motivo, exclusivamente, no puede percibirse otra indemnización, subsidio o beneficio similar. En razón de ello, afirmó que no es tal situación la tenida en cuenta en la Ley de Riesgos del Trabajo para proceder al pago de la indemnización, ya que la misma representa el pago de la minusvalía laboral (arg. causa B. 63.730, "Vandamme", sent. de 18-IV-2011).
Expresó que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Delgado" (CSJN causa D.1119.XXXII, sent. de 16-XII-1997) resolvió que no correspondía la acumulación de ambas prestaciones, en el mentado precedente "Vandamme", el voto mayoritario de este Tribunal reafirmó el criterio que así la permite. En este punto, recordó el principio de obligatoriedad de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires cuando se trata de supuestos análogos, destacando, asimismo, que en la especie no correspondía soslayar la índole de los derechos en juego ni los principios que rigen la materia (arts. 14 bis, Const. nac.; 39 inc. 3, Const. prov.).
Finalmente, expuso argumentos relacionados con la conducta desplegada por la demandada en sede administrativa y la situación procesal de los autos "Galeano, Ricardo Daniel c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria" de objeto similar al presente en cuyo marco se trabara medida cautelar.
II. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 220/227) en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 in fine del decreto 149/10. Asimismo, alega que el a quo incurrió en un absurdo interpretativo, por restarle efectos y aplicación práctica a la incompatibilidad del beneficio pedido.
Aduce que no se encuentra controvertido que el demandante promovió una causa ante el fuero laboral en la que solicitó una indemnización por los daños y perjuicios, incluido el lucro cesante, derivados del mismo hecho que aquí reclama, esto es, el accidente de trabajo ocurrido el día 27 de agosto de 2009.
Resalta que en virtud de la incompatibilidad prevista en los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 in fine del decreto 149/10, la pretensión del demandante tendiente a su percepción no puede prosperar. En tal orden, expresa que la suma mensual contemplada para los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente ocasionada en el ejercicio de la función de policía tiene carácter resarcitorio, siendo de ese modo coincidente en su objeto y causa con la indemnización tramitada en el fuero laboral.
En su criterio, el legislador bonaerense tuvo el indudable propósito de no admitir la acumulación del beneficio previsto en el art. 1 de la ley 13.985 con otra compensación que se pudiera generar con motivo de la muerte o incapacidad permanente y total del personal policial y que, en ese contexto, la interpretación que efectuó la Cámara resulta absurda en tanto vacía de contenido aquella incompatibilidad.
Reitera, conforme lo expresara en su recurso de apelación, que el tribunal a quo se apartó injustificadamente de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa D.1119.XXXII, "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Delgado, Estela del Valle c/Provincia de Buenos Aires", sentencia de 16-XII-1997, ello en franca violación de las garantías consagradas en los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
Recuerda que en dicho precedente el Superior Tribunal resolvió que no resultaban acumulables las indemnizaciones reguladas en el entonces art. 112 del decreto ley 9.550/80 (luego art. 116, inc. "e", apdo. 3), con las contempladas en la ley 9.688. En ese sentido, entiende que aun cuando tal doctrina se refiere al decreto ley 9.550/80, corresponde hacerla extensiva al régimen del art. 1 de la ley 13.985, toda vez que este último reprodujo la prohibición de no acumular.
Por último, solicita que esta Suprema Corte revea la doctrina legal que deriva de la causa "Vandamme", en tanto -a su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 1 de la ley 13.985 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. La acumulación o no de la indemnización prevista en el régimen laboral con el beneficio en cuestión, es decir, si resulta compatible el cobro de las dos, ha sido objeto de análisis por esta Corte -con diferente integración- en las causas B. 55.247, sentencia de 2-VII-1996; Ac. 65.005, sentencia de 25-VIII-1998 y L. 70.811, sentencia de 17-XI-1999. En ellas se reconoció la procedencia de la acumulación.
Las decisiones en igual sentido en las causas B. 55.247, "Delgado", sentencia de 22-XII-1998; L. 67.483, "Cáceres", sentencia de 22-XII-1998 y L. 70.811, "Vargas" (cit.), fueron revocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con una conformación diversa a la actual) y, en consecuencia, fue el criterio seguido con posterioridad por la mayoría de este Tribunal en casos de igual tenor, en donde mi posición tenía la minoría.
Sin embargo, en la causa L. 84.498, con sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodriguez", sentencia de 10-VIII-2016 y A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018, esta Corte propicia nuevamente la solución conforme las conclusiones alcanzadas por el cuerpo en las citadas causas B. 55.247, sentencia de 2-VII-1996; Ac. 65.005, sentencia de 25-VIII-1998 y L. 70.811, sentencia de 17-XI-1999.
III.2. El pronunciamiento impugnado se dictó conforme a la aludida doctrina legal de esta Suprema Corte. Y si bien aquí el recurrente se agravia de la interpretación que el Tribunal de Alzada efectuó en orden a la nueva normativa (art. 1, ley 13.985), la resolución del caso no varía en tanto la misma contiene análogas previsiones a las de la norma analizada en aquellos precedentes.
El acatamiento que los órganos judiciales hacen de la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, esto es, procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia. Propósito que se frustraría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de este Tribunal, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser revocadas. Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales (cfr. causas A. 73.385, "S. J. C.", sent. de 24-VI-2015 y A. 74.155, "Saragusti", sent. de 17-V-2017; e.o.).
III.3. En otro orden, corresponde señalar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citados por el impugnante, no pueden considerarse idóneos a los fines de cumplir con la exigencia que manda el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto no constituyen la doctrina legal a la que se refiere el citado precepto (cfr. causas A. 70.187, "Nuñez", sent. de 15-XII-2010 y A. 70.553, "Ginnetty", sent. de 18-IV-2012).
La doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, aun la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. causas A. 69.243, sent. de 6-X-2010; A. 70.339, "Buschiazzo", sent. de 6-VIII-2014 y A. 71.751, "Lagar", sent. de 29-VI-2016; e.o.).
IV. A tenor de lo señalado, atento que no se acreditó errónea aplicación de la ley ni violación de la doctrina legal, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la demandada.
Costas de esta instancia a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Dejando a salvo la opinión que he expresado sobre la cuestión aquí debatida (causa B. 63.730, "Vandamme", sent. de 18-IV-2011; e.o.), siendo doctrina legal del Tribunal la aplicada en el fallo impugnado, por razones de economía procesal, presto mi adhesión a la propuesta del doctor Negri.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y confirmar la sentencia del Tribunal de Alzada en cuanto fuera materia de agravio.
Las costas se imponen a la demandada vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia