Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77379
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.379, "Castillo, Rubén c/ Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Pretensión anulatoria, de restablecimiento o reconocimiento de derechos e indemnizatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto fuera materia de agravios (v. sent. de fecha 6-VIII-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 24-VIII-2021), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante decisorio de fecha 15 de setiembre de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 16-V-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había decidido: a) desestimar la excepción de prescripción opuesta por la Fiscalía de Estado; b) hacer lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor Rubén Castillo y decretar la nulidad de la resolución 021/13 (dictada por el entonces Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en el expediente 21.100-612.292/12 -que reconstruyera el expediente 21.100-278.448/05-), que había denegado el ascenso extraordinario peticionado por el actor; c) ordenar la remisión de dichas actuaciones al órgano ministerial para que emita un nuevo acto administrativo y d) rechazar la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos y posponer el tratamiento de la pretensión indemnizatoria (v. sent. de 6-VIII-2021).
I.1. Respecto a la prescripción planteada, aclaró que, en el caso, resultaba de aplicación el Código Civil (ley 340) vigente al momento de los hechos involucrados y que, de acuerdo a la postura mayoritaria de esta Corte (doctr. causas B. 55.609, "Vargas", sent. de 19-XII-2001; B. 63.242, "Ferrari", sent. de 11-VI-2014; e.o.), la petición de ascenso extraordinario del actor por acto de servicio se hallaba sujeta a la prescripción decenal establecida en el art. 4.023 del Código Civil, cuyo plazo debía computarse desde la fecha de la resolución ministerial que determinó imputables al servicio las lesiones de carácter grave padecidas por el actor, que derivaran en su retiro obligatorio.
Estimó que el día 15 de febrero de 2005 debía iniciarse el cómputo de la prescripción, pues a partir de allí el actor estuvo en condiciones de exigir el ascenso meritorio extraordinario.
Advirtió que, aun sin tener en cuenta el reclamo efectuado por el actor en el año 2005 -con sustento en la doctrina sentada por la Suprema Corte provincial en los autos B. 61.436, "Calix S.A.", sentencia de 11-IX-2013-, el requerimiento por él realizado en sede administrativa en el mes de octubre del año 2012, había resultado idóneo para interrumpir el plazo de prescripción durante todo el tiempo que tramitaron las actuaciones administrativas.
Por lo tanto, consideró que la acción no se encontraba prescripta, ni al momento en que el actor peticionara su ascenso en el ámbito administrativo, ni al promoverse la demanda en sede judicial con fecha 6 de febrero de 2014.
I.2. Con referencia al planteo de la demandada, vinculado con la improcedencia de la promoción jerárquica luego de producido el retiro, expresó que siendo que al tratarse de un ascenso "extraordinario" y no uno "ordinario" no le eran exigibles los requisitos previstos para estos últimos. Recordó que este tipo de ascensos cuenta con una normativa específica -resoluciones 1.914/04 y la posterior 1.768/05- que asigna competencia para evaluar las presentaciones de efectivos en situación de retiro o baja a la Comisión de Evaluación de Actos Meritorios, la que a su vez debe remitir copia de sus conclusiones y antecedentes a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos para la elaboración de los proyectos de resolución que, luego, serán elevados a consideración del señor Ministro de Seguridad.
Ante tal contexto desestimó la aplicación al caso del art. 90 del decreto ley 9.550/80 invocado por la demandada.
Entendió inaplicable la doctrina de esta Corte plasmada en las causas B. 54.235, "Ordoñez", sentencia de 13-V-1997, B. 49.157, "Morcillo", sentencia de 9-V-1987 y B. 62.350, "De Luca", sentencia de 2-VI-2004, al puntualizar que, en el primer precedente el demandante retirado reclamaba la modificación del cargo sobre el cual se le había otorgado el beneficio ante las sucesivas modificaciones al Estatuto del Personal Policial; y que, en las dos últimas, se pretendía una equiparación de cargos en virtud de la transformación orgánica funcional del organismo y la creación de un cargo jerárquico superior, sin que se extinguiera el oportunamente desempeñado.
Aclaró que en estas actuaciones las circunstancias son diferentes, al pretenderse la nulidad de una resolución ministerial que denegó un ascenso extraordinario por acto destacado de servicio, promoción que debió ser tratada por la mencionada Comisión de Evaluación, aún con posterioridad a su pase a retiro obligatorio. Y agregó que, conforme la documental aportada en autos, ese requerimiento -incluso- se había efectuado en situación de servicio activo.
I.3. Con relación a la alegada falta de requisitos para un ascenso extraordinario, esbozando que el actor no habría sido evaluado por la comisión pertinente por su propia inacción, la Cámara consideró que el Ministerio de Seguridad estaba obligado a resolver la petición del señor Castillo y adoptar las medidas oportunas para evitar retrasos, con sustento en los principios del debido proceso adjetivo e instrucción de oficio, ambos inherentes al procedimiento y, además, agregó que los plazos administrativos son obligatorios para las autoridades públicas (cfr. arts. 48, 50 y 71, decreto ley 7.647/70).
I.4. Por último, en lo atinente al cumplimiento de los requisitos para acceder al ascenso y, en particular, al hecho de que -según indica la demandada- el actor no había esbozado ni demostrado el "exceso notorio en las funciones habituales del agente" el Tribunal de Alzada estimó que el tratamiento de dicha cuestión resultaba prematuro, en atención a que el magistrado de grado ordenó el reenvío de las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo acto.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que, reiterando los mismos agravios expuestos en el recurso de apelación, denuncia la violación de los arts. 4.027 del Código Civil, entonces vigente; 42 y 57 de la ley 13.982; 75 y 90 del decreto ley 9.550/80 y de la doctrina legal que cita. También alega absurdo (v. escrito electrónico de fecha 24-VIII-2021, 20:15:11 hs.).
II.1. En punto a la prescripción aduce que la Cámara al analizarla ha realizado una inadecuada valoración de los hechos y pruebas, soslayando cuestiones fundamentales.
Expresa que el reclamo de ascenso formulado por el actor en sede administrativa del día 5 de julio de 2005, por el hecho ocurrido el día 10 de julio de 2003, fue abandonado por su propia inactividad o desinterés, habiendo solo una constancia del archivo y posterior destrucción de dichas actuaciones y que, solamente ante la nueva petición efectuada en el año 2012, se reconstruyó el expediente y que el señor Ministro de Seguridad resolvió conforme las constancias existentes.
Entiende que de ese modo se extinguió el trámite de la solicitud de ascenso, no importando aquella actuación del año 2005 como interruptiva del plazo de prescripción.
Critica que la Cámara no haya valorado que el pedido del actor resultaba algo excepcional y no ordinario, por lo que debió activar su trámite mediante la interposición de un pronto despacho o de un amparo por mora. Precisa que esta Corte en el caso B. 60.011, "Yeruta", sentencia de 13-VIII-2003, ante ese tipo de pedidos consideró que la Administración estaba dispensada del impulso de oficio y hasta podía declarar la caducidad del trámite.
Manifiesta también que el Tribunal de Alzada soslayó que la remisión de las actuaciones al archivo debió ser asimilada a la declaración de caducidad del procedimiento oficiosa prevista en el art. 127 del decreto ley 7.647/70, tal como esta Corte lo admitió en la causa "Calix S.A.", indicando además que un nuevo pedido posterior a esa perención, como podría ser en autos el efectuado en el año 2012, no era suficiente para interrumpir el curso de la prescripción.
II.2. Luego se agravia del encuadre normativo realizado por la Cámara para decidir el planteo de prescripción que formulara.
En ese orden postula que al tratarse la cuestión de una obligación periódica como es la salarial en el empleo público, el fallo debió resolver con sujeción al plazo quinquenal que dispone el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, entonces vigente.
En el caso señala que desde el momento del hecho (año 2003), hasta el reclamo por el cual el actor solicitara las diferencias de haberes por el ascenso pretendido (año 2012), ha transcurrido holgadamente aquel término, como así también el de dos daños que contempla el actual art. 2.562 inc. "c" del Código Civil y Comercial.
Plantea un cambio de la doctrina mayoritaria de esta Corte imperante respecto al plazo de prescripción decenal, por haber cambiado la composición de los integrantes de esta Corte y haber aportado nuevas reflexiones. Entiende que ante la falta de una regulación específica sobre el término de extinción en el ámbito local, la remisión debió efectuarse a la norma específica del Código Civil que consigna un plazo de cinco años para extinguir las obligaciones periódicas, como son las salariales de empleo, tal como es el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II.3. Por su parte, y ya entrando en el fondo de la pretensión de ascenso extraordinario, señala que la Cámara al resolver positivamente ha vulnerado los arts. 57 de la ley 13.982 y 90 del decreto ley 9.550/80 y la doctrina de esta Corte que se desprende de las causas "Ordoñez", "Morcillo" y "De Luca", de las cuales se deriva que no es posible ascender a un agente que se encuentra en situación de pasividad.
Expresa que incluso en estos últimos precedentes, se señaló que no correspondía percibir como jubilado haberes correspondientes a los de un cargo no desempeñado y por el cual tampoco se efectuaron los respectivos aportes previsionales.
Aduce que no obstante tales lineamientos la Cámara no reparó en que el actor fue pasado a retiro por incapacidad en el año 2008, hecho que entiende impide que la Comisión Meritoria de Actos de Servicio intervenga en este caso, como así también que para el caso en que se acogiera la demanda, el ascenso sólo podría ocurrir desde el dictado de la sentencia, al revestir la evaluación ordenada naturaleza constitutiva del derecho aquí pretendido.
II.4. Por último entiende que, aun soslayando que no es posible acceder a un cargo superior luego del pase a retiro, tampoco en el caso se han acreditado los requisitos para acceder a un ascenso extraordinario, en particular, la existencia de actos destacados de servicio o que la actuación en concreto haya excedido notoriamente el marco de las obligaciones y deberes ordinarios del agente, circunstancias que obstaculizan la actuación de la Comisión de Evaluación de Actos Meritorios.
En ese contexto sostiene que de accederse a lo pretendido, se estaría desconociendo las facultades privativas de la autoridad administrativa en materia de ascensos, las que conforme doctrina de este Tribunal que cita, solo son revisables judicialmente en supuestos de irrazonabilidad, arbitrariedad o lesión de derechos constitucionales.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, la recurrente disiente con la ponderación de los hechos y cuestiona la norma del Código Civil (ley 340) a la cual la Cámara remitiera para decidir su planteo de prescripción.
III.1.a. Corresponde entonces abordar el reproche dirigido al encuadre normativo efectuado por el Tribunal de Alzada en orden a ese instituto.
Se desprende del relato de antecedentes que la Cámara interviniente resolvió acorde con la doctrina mayoritaria sentada por este Superior Tribunal provincial que estableció, durante la vigencia del derogado Código Civil (ley 340), que el plazo de prescripción para las acciones por las que se reclaman diferencias salariales devengadas en el marco de una relación de empleo público debe regirse por el art. 4.023 en cuanto fija la prescripción decenal para toda clase de acciones prescriptibles que no estén sujetas a un plazo diverso (doctr. causas B. 59.792, "Rothsche", sent. de 13-IV-2005; B. 63.373, "Saez", sent. de 14-IX-2020; B. 67.581, Gatti, sent. de 31-V-2021; e.o.).
Dicha doctrina, que comparto, es plenamente aplicable al caso teniendo en consideración que los hechos involucrados se sucedieron bajo la vigencia del anterior Código Civil -ley 340- y, por lo tanto, son esas disposiciones que deben regir en la especie (cfr. arts. 7 y 2.537, Cód. Civ. y Com. -ley 26.994-; doctr. causas C. 107.516, "Canio", sent. de 11-VII-2012; A. 73.936, "Ruggeri", sent. de 18-IV-2018; e.o.).
Lo expuesto basta para considerar que resultan insuficientes los argumentos con los que la Fiscalía de Estado intenta controvertir lo decidido por el Tribunal de Alzada, dado que solo con su criterio disidente manifiesta que resulta aplicable una solución normativa que difiere de la sostenida por el fallo impugnado.
Ahora bien, la recurrente plantea la necesidad de modificar la doctrina legal antes citada a fin de adaptarla a la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Indica que hay dos razones que justificarían su revisión: 1) la modificación de la composición de esta Corte y 2) el aporte de nuevas reflexiones susceptibles de reconsideración.
Con relación al primer motivo que invoca la impugnante se advierte que ha sido simplemente esbozado sin aportar argumentos que justifiquen que aquella razón tenga consecuencias en la revisión que pretende.
Sin perjuicio de tal deficiencia, el solo cambio de composición de los integrantes de esta Corte no importa la pérdida de la vigencia de lo decidido en supuestos similares que se suceden, ni habilita a suponer una modificación en la doctrina, ello hasta tanto no se produzca un cambio en el criterio jurisprudencial que amerite evaluar su incidencia en la cuestión sometida a juzgamiento.
Por otro lado, respecto a lo que el quejoso denomina nuevos argumentos relevantes, se aprecia que ellos no resultan distintos a los ya invocados en la instancia anterior referidos a que el reclamo versa sobre una obligación periódica, como es la de pagar una diferencia salarial de empleo, y por ello que corresponde un plazo de prescripción diferente al general, por lo que así alegado no resulta idóneo para modificar lo decidido por la Cámara conforme el criterio sustentado por esta Corte en materia de prescripción.
En suma, no advierto motivos que justifiquen la pérdida de vigencia de la doctrina legal que por mayoría esta Suprema Corte ha establecido sobre el tópico bajo examen.
III.1.b. Alternativamente, la aplicación del art. 4.023 del anterior Código Civil se justifica, igualmente, por el hecho de que el pedido de ascenso al cargo de Mayor por acto meritorio en el servicio involucra un aspecto no pecuniario ligado con la carrera policial y el concepto de "superioridad jerárquica" expresamente regulado en los arts. 36 y 37 de la ley 13.982, cuestión que ha de enmarcarse residualmente en los largos términos de la prescripción decenal.
III.1.c. Ahora bien, la recurrente también cuestiona la valoración de los hechos que realizó la Cámara para desestimar el planteo de prescripción.
Si bien se esfuerza por demostrar el absurdo que denuncia, no logra evidenciar el mentado vicio, el cual supone un notorio desvío de las reglas del pensar, de la lógica o del sentido común, o una grosera desinterpretación del material probatorio aportado que deviene en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (doctr. causas A. 72.243, "Fittipaldi", sent. de 29-VI-2016; A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020 y A. 76.328, "Oricchio", sent. de 21-V-2021).
En efecto, la recurrente propone que se analicen los hechos según su propio criterio, discurriendo por rumbos paralelos, desentendiéndose por completo de la ponderación de las actuaciones que efectuara la Cámara.
En tal sentido, el Tribunal de Alzada, a los fines de analizar la prescripción planteada por la Fiscalía de Estado, descartó la solicitud del año 2005 con independencia de lo expresado por esta Corte en la causa B. 61.436, "Calix S.A.", y conforme la prueba aportada determinó que la petición de ascenso por mérito extraordinario de fecha 15 de octubre de 2012, constituyó el acto idóneo para interrumpir la prescripción decenal que adoptó para el caso, otorgando eficacia a esa solicitud con base en los argumentos brindados por el doctor Soria en la causa "Strassner y Pilz O.I.A.S.A.", en la que asimiló la presentación administrativa a la demanda judicial a los fines de interrumpir el plazo prescriptivo.
Lo así ponderado no ha sido rebatido por la quejosa, persistiendo en su posición desplegada del mismo modo que lo hizo al apelar en cuanto a los efectos que atribuyera a la conducta del demandante, a las actuaciones iniciadas en el año 2005 y al reclamo formulado en el año 2012.
Para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas a la recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y la normas, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable, pues resulta indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser -compárese la causa A. 70.082, "Longarini", sentencia de 20-III-2017; entre otras-.
Las objeciones formuladas solo exteriorizan un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio, circunstancia que resulta suficiente para su rechazo.
Por consiguiente, lo argumentado por la Fiscalía de Estado no logra evidenciar una apreciación absurda, pues de la lectura del fallo se desprende un razonamiento lógico y coherente, aunque contrario a los intereses de quien recurre (art. 384, CPCC).
III.2. Tampoco prospera el planteo relativo a la improcedencia del ascenso luego de haberse ordenado el retiro del actor en el año 2008.
En este punto, la Cámara determinó que en el procedimiento llevado a cabo para decidir si el hecho en que participó el actor da lugar al reconocimiento del ascenso extraordinario pretendido, era necesaria la intervención
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