Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77894
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC), con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.894, "Doré, Juan Roberto contra Ministerio de Seguridad-Policía de la Pcia. Pretensión Anulatoria. RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a la Provincia de Buenos Aires a reconocerle al señor Juan Roberto Doré los años de antigüedad que dejaron de computársele a los fines de la bonificación respectiva, mientras estuvo ilegítimamente cesanteado, pagándole asimismo las diferencias salariales correspondientes desde que se produjo su reincorporación.
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 29-VI-2021, 11:03:38), el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, por ende, confirmó la sentencia de primera instancia que, en lo que aquí concierte, condenó a la Provincia de Buenos Aires a reconocerle al actor los años que había perdido a los fines de la bonificación por antigüedad mientras estuvo indebidamente separado de su cargo, debiendo abonarle las diferencias salariales producidas desde su efectiva reincorporación a la Policía bonaerense.
Para adoptar esa decisión, el a quo —en lo que ahora interesa— reconoció que lo resuelto en el fallo de primera instancia era una lógica consecuencia de la fulminación del acto segregativo decretada por este Tribunal en el marco de la causa B. 57.811, "Doré, Juan Roberto c/ Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso administrativa", sentencia de 7-VIII-2013.
Con mayoría de fundamentos concordantes, consideró que se trataba de "...un criterio de resolución que guarda armonía con los efectos hacia atrás ( ex tunc ) que son inherentes a toda declaración de nulidad, cuando ella recae sobre un acto irregular, insanable...".
Por ello, ratificó el pronunciamiento de grado que permitió sumar los años de antigüedad perdidos durante el periodo transcurrido entre el cese y la reincorporación, corrigiendo retroactivamente los haberes a partir de esta última fecha.
Destacó que correspondía "...la restitución del estado de cosas, tal y como si el acto administrativo no se hubiera dictado, reponiéndolas sin solución de continuidad", de modo tal que no eran de recibo las quejas del Fisco dado que era —justamente— la fuerza de la cosa juzgada del primer proceso aquello que, en esta etapa, abastecía el decisorio que reconoció las diferencias salariales.
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VI-2021).
Expresa que la sentencia atacada viola el instituto de la cosa juzgada, la doctrina legal de esta Corte emergente de varias causas que cita, y aplica erróneamente los arts. 1.047, 1.052 y concordantes del Código Civil; 390 y concordantes del Código Civil y Comercial; 103, 104, 108, 113 y 114 del decreto ley 7.647/70. Asimismo, alega absurdo.
II.1. Dice que la decisión de la Cámara transgredió la ley, la doctrina legal e incurrió en absurdo al tergiversar el "alcance literal" del pronunciamiento firme emitido por esta Corte.
En ese sentido, reprocha que el fallo del Tribunal de Alzada, al reconocerle al actor la antigüedad perdida durante el tiempo en que estuvo ilegítimamente separado del puesto policial, violó la cosa juzgada emanada de la causa B. 58.811, "Doré", ya citada. Lo expresado, en tanto que allí —recalca— la mayoría aplicó el principio general según el cual no corresponde resarcimiento en especie por labores no cumplidas. Entiende que lo que se hizo acá fue un reconocimiento retroactivo de un rubro accesorio al salario, que resulta repugnante del criterio contrario plasmado por este cuerpo en aquella primera intervención que le cupo.
II.2. Afirma que ello configura absurdo. Esto mismo, puesto que la Cámara —al pretender interpretar una condena firme— la extendió de forma indebida, creando una suerte de "ficción" para reconocer una antigüedad laboral inexistente, que lo que hace es reflejar años sin desempeño posible de funciones dada la vigencia de la cesantía.
Manifiesta que, en definitiva, el actor ya recibió una indemnización por la baja ilegítima, por lo que a partir de allí quedó precluido y pasado en autoridad de cosa juzgada todo nuevo pedido económico vinculado al tema. Y que lo resuelto en este juicio, al ignorar esas cosas, ha generado un enriquecimiento sin causa en favor del señor Doré.
II.3. Complementando lo anterior, denuncia que la sentencia impugnada vulnera la doctrina legal de este Tribunal emergente de las causas "Villanueva", sentencia de 8-II-1983; B. 48.569, "Miner", sentencia de 28-XII-1982; B. 52.783, "Maslovich", sentencia de 16-XII-1997; entre otras, y la postura afín adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ellas se habría aplicado el principio general que aquí se reivindica ( i.e., que no corresponde la restitución de sueldos por labores no cumplidas).
Además, señala que de acuerdo con la jurisprudencia de otra causa (B. 62.793, "Maza Vergara", sent. de 29-X-2014), el reclamo por salarios caídos ha de leerse como un pedido implícito de resarcimiento por daño material causado por el cese ilegítimo. De allí que, atento el carácter indemnizatorio que revestía dicho reconocimiento en la primera causa "Doré", era improcedente la posterior reclamación de los años perdidos a los fines de incrementar el adicional por antigüedad, en tanto que este se calcula sobre la base de cada año de servicio efectivamente prestado. Refiere que ese razonamiento se condice con lo resuelto por esta Corte en una cuestión similar a la aquí analizada (causa B. 56.758, "Neustadt", sent. de 5-IV-2000).
II.4. Por último, denuncia errónea aplicación de los arts. 1.047, 1.052 y concordantes del Código Civil; 390 y concordantes del Código Civil y Comercial; 103, 104, 108, 113, 114 y concordantes del decreto ley 7.646/70.
Esgrime que la Cámara invoca en sustento de lo decidido las disposiciones citadas sobre los efectos de las nulidades, pero soslayando la posición mayoritaria emergente del pronunciamiento firme de este Tribunal en lo tocante al efecto de la anulación. La cual, a su entender, lo fue simplemente "hacia adelante", ya que se afirmó que —como principio general— no procede el pago de remuneraciones por funciones no desempeñadas durante el período que media entre la separación del agente público ilegítimamente dado de baja y su reincorporación, sino una indemnización material sustitutiva.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Se admite que esta Corte, en el marco de la causa B. 57.811, hizo lugar a la demanda contencioso administrativa, anulando el acto de cesantía y condenando a la Provincia a abonarle al actor una indemnización material sustitutiva por los salarios caídos durante el tiempo durante el cual estuvo ilegítimamente apartado del cargo policial.
Si bien, como apunta el recurrente, no se trató del reconocimiento per se de esos últimos dada la falta de desempeño efectivo de tareas, no menos cierto es que el quantum del resarcimiento estuvo informado por aquel parámetro útil. De hecho, se fijó la indemnización estimada en "el ochenta por ciento (80%) de los salarios dejados de percibir" (sent. de 7-VIII-2013).
Como fuere, también es verdad que, luego de dictada la mentada sentencia, el señor Doré peticionó ante esta sede que se le reconozca —e incremente acordemente— el rubro antigüedad por el período durante el cual estuvo injustamente excluido de la fuerza de seguridad. Sin embargo, esto fue desestimado por no haber sido objeto de petición expresa en la postulación. De lo contrario, se hubiese incurrido en incongruencia (v. resol. de 26-VIII-2015).
III.1.b. Ahora bien, eso último no impedía que el actor persiguiese ex novo y por ante el fuero contencioso administrativo el reconocimiento de aquello que aquí no pudo obtener en función de las apuntadas dificultades procesales. Salvo lo atingente a la prescripción —defensa que en autos no mereció acogimiento y se terminó por desistir de ella ante esta sede— no se le presentaban mayores obstáculos para intentar semejante cosa (conf. art. 20, CCA). Y eso fue lo que hizo, pidiendo que se le reconozcan los años de antigüedad perdidos y se reajusten acordemente los haberes en atención a ese rubro bonificativo, a partir de la reincorporación judicialmente ordenada.
III.1.c. Por lo demás, si en su hora se dijo que lo solicitado trataba de algo que excedía del contenido de aquella primera litis dados los términos en los que había sido trabada, mal podría sostenerse seriamente que lo actuado en este nuevo proceso haya violado la cosa juzgada emanada de la causa B. 57.811.
De modo tal que esta línea de agravios —básicamente la principal— no es de recibo (art. 279 in fine , CPCC).
III.1.d. Aclarado lo que antecede, este Tribunal —cuando el planteo fue expresamente contenido en la demanda— admitió aquello mismo que el reclamante se vio aquí forzado a perseguir en un segundo juicio y que el Fisco cuestiona.
En tal sentido, se reconoció que "...ante el cese ilegítimo de un empleado que goza de estabilidad, la privación del cómputo de los años de servicio constituye -quizás- el perjuicio material más evidente que la indemnización resarcitoria puede reparar". Dejándose a salvo que "Si bien el importe de condena en autos no implica en modo alguno el pago liso y llano de los haberes dejados de percibir ni tampoco considerar vigente la situación estatutaria como si la agente segregada hubiese ejercido el cargo del que fue ilegítimamente separada, la negativa al cómputo de la antigüedad impediría la indemnidad debida a quien ha visto lesionado su derecho a la estabilidad por medio de un acto de cese declarado ilegítimo" (doctr. causa B. 64.879, "Cisneros", sent. de 29-VII-2017).
Lo expresado responde al hecho de que, en situaciones como la presentada, la falta de prestación de servicios, en última instancia, no resulta imputable al agente. Factor que —tal como he recordado varias veces— halla actualmente recepción legislativa en el art. 73 inc. 1 apartado "c" de la ley 12.008, claro está que en el marco del proceso especial al que allí se alude (v. mi voto en causa B. 60.042, "Peralta", sent. de 12-II-2021; e.o.).
Incluso más recientemente, se ha afirmado que la omisión del plus por antigüedad —cuando es objeto de especial petición— es capaz de producir efectos distorsivos en la reparación debida (causa B. 58.340, "Salina", resol. de 31-VII-2023).
III.1.e. Frente a todo lo dicho, que brinda acabada respuesta a los restantes argumentos de la queja, no advierto error de juzgamiento en la sentencia que nos llega a revisión, en tanto muestra apego a la jurisprudencia elaborada sobre el tópico. Mucho menos ella es absurda, en el sentido técnico del vicio lógico (art. 279 in fine , CPCC).
III.2. Ante ese escenario, queda al desnudo la ineficacia de la parcela impugnativa en la que se denuncia violación de la doctrina legal de este Tribunal. Es que al desconocerse lo mencionado supra, se impone concluir que en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso bajo juzgamiento (doctr. causas A. 74.550, "Carbia", resol. de 3-V-2017; A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 77.766, "De Giorgio de Brusca", sent. de 30-XI-2023; e.o.).
Además de que la invocación de precedentes de otros tribunales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley porque, precisamente, no constituyen la "doctrina legal" a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. Y esto es así, aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación (doctr. causa A. 75.509, "Cablevisión SA", sent. de 16-XII-2020 y sus citas).
IV. Por las razones expuestas, suficientes a mi criterio para disponer del asunto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas en esta instancia se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC), con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/03/2025 12:31:47 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2025 12:55:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2025 13:47:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:16:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2025 14:51:50 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 31/03/2025 14:54:58 hs. bajo el número RS-10-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia