Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78299
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.299, "Spirito, Juan Remo contra Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Ril", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Maidana, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia (v. sent. de fecha 23-VI-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 12-VII-2022, 12:32:37 p.m., en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 18 de agosto de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 28-XII-2022), agregada la memoria presentada por la demandada (v. presentación electrónica de fecha 15-II-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que desestimara la pretensión anulatoria promovida contra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires a fin de obtener la nulidad de las resoluciones 2.758/16 y 797/17, del 15 de noviembre de 2016 y 10 de mayo de 2017, que impusiera y ratificara, respectivamente, la sanción de cesantía en el cargo de Delegado de la Dirección de Arquitectura del Departamento Judicial de San Isidro. Ello, por haberlo encontrado responsable del faltante de treinta y cinco (35) equipos de aire acondicionado del depósito del subsuelo del edificio sito en la calle Tres de febrero n° 77 de la mencionada localidad (v. sent. de fecha 23-VI-2022).
Para así decidir, en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, efectúo las siguientes consideraciones:
I.1. Precisó que no se hallaba controvertido —tal como se desprende del acto sancionatorio— que, entre los meses de julio de 2011 y noviembre de 2012, desaparecieron del depósito, sin haber mediado fuerza ni violencia, treinta y cinco (35) equipos de aire acondicionado nuevos confiados a custodia del Delegado Juan Remo Spirito.
I.2. Sentado ello se abocó al análisis de los agravios esgrimidos en el recurso de apelación interpuesto por el actor (v. escrito en soporte electrónico de fecha 14-XI-2021, 7:47:41 p.m., en el sistema Augusta).
I.2.a. En primer orden rechazó la omisión achacada al pronunciamiento de primera instancia respecto al planteo de la inconstitucionalidad del art. 97 del Acuerdo 3354 de esta Corte.
Entendió que, si bien asistía razón al apelante en cuanto a que la señora jueza de primera instancia no se había expedido sobre ese punto, sostuvo que el agravio formulado no prosperaba, por cuanto dicha norma se hallaba en sintonía con la doctrina legal de este Tribunal sobre la independencia entre los ámbitos de la responsabilidad disciplinaria administrativa y la responsabilidad penal.
En efecto, señaló que el señor Spirito había sido sobreseído del delito de malversación culposa de caudales públicos, en cambio la cesantía se le impuso por haber incurrido en un actuar negligente consistente en la falta de cuidado de bienes asignados a su guarda, circunstancia que provocó un importante perjuicio material al Poder Judicial (cfr. arts. 66 incs. "a" y "d", Ac. 2300 y 12 inc. "b", Ac. 3354).
Conforme a lo expuesto juzgó que el acto emitido por esta Corte en ejercicio de su función administrativa disciplinaria no estuvo motivado en un delito del que resultó sobreseído en sede penal, sino en el hecho de haber sido el demandante responsable administrativamente de un hecho que perjudicó materialmente al Poder Judicial.
I.2.b. Luego desestimó el reproche referido a la falta de motivación que el demandante endilgara al acto sancionatorio.
Para ello reparó que la resolución que decretó la cesantía se sustentó en un frondoso sumario iniciado a partir de la denuncia realizada por el señor Spirito, en el cual se desarrolló una correcta investigación en torno a la desaparición de equipos de aire acondicionado que el demandante tenía bajo su custodia, en cuyo procedimiento se oyeron los planteos defensivos en relación con la falta administrativa imputada, se valoró la prueba e intervinieron los órganos consultivos previstos legalmente, tales como la Procuración General y la Dirección de Servicios Legales de este Tribunal.
En ese contexto, la Cámara destacó que se cesanteó al actor al encuadrar su conducta en el art. 12 inc. "b" del Acuerdo 3354, tras haber sopesado la inexistencia de antecedentes disciplinarios y el buen concepto funcional, con motivo de haberse constatado una falta de especial gravedad que provocó un perjuicio material, que tornaba inaceptable su permanencia en el Poder Judicial.
En base a dichos elementos refirió que este Tribunal tuvo configurado un actuar negligente del señor Spirito como Delegado de la Dirección de Arquitectura, Obras y Servicios en virtud de la inobservancia al deber de cuidado de los bienes objeto de su custodia, el que no debía limitarse a procurarles un ámbito físico adecuado, sino también a realizar un control periódico de los bienes que se encontraban bajo su cuidado.
A su vez señaló que al actor se le endilgó haber realizado tardíamente la denuncia ante el fuero correspondiente, lo cual pudo afectar la investigación.
I.2.c. A ello, el Tribunal de Alzada consideró que esta Corte adicionó otros incumplimientos, los que contravenían el art. 66 incs. "a" y "d" del Acuerdo 2300 y las funciones propias de la referida Dirección de Arquitectura, Obras y Servicios, atinentes al sector mobiliario y equipamiento, que emergen de los incs. "c" y "f" del Anexo II del Acuerdo 3536.
Puntualizó que de la denuncia formulada por el demandante en el sumario se desprendía que: a) no había anoticiado a la señora jueza a cargo de la superintendencia del edificio utilizado como depósito de la llegada de los equipos ni del lugar elegido para su guarda ni tampoco al personal policial de custodia; b) había manifestado que al haberse dispuesto el traslado de todo el personal de mantenimiento al edificio central, pudo haberse facilitado la desaparición de los equipos y; c) reconoció no haber intervenido en forma personal en las entregas ni contabilizado el stock de los bienes.
Además detalló los elementos de prueba colectados que demuestran los incumplimientos endilgados al demandante tales como la declaración prestada en los términos del art. 108 del Acuerdo 3354; los testimonios de los tres oficiales de Policía que custodiaban el edificio donde se encontraban los equipos, señores Melgar, Musante y Lascano; del empleado de la Alcaldía del Servicio Penitenciario que prestaba funciones en aquel ámbito, señor Retamozo; y las declaraciones de los agentes que se desempeñaban en la Dirección a cargo del señor Spirito, Oficial Mayor encargado de Mantenimiento señor Capellupo, Oficiales Segundos César Nieto y Héctor Cortes y, por otra parte, la del señor juez de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de San Isidro, Luis Cayetano Cayuela.
Finalmente ponderó la prueba pericial contable que daba cuenta de la informalidad en la gestión de los bienes en custodia y de su importante valor.
Culminado el análisis de esos medios probatorios descartó la falta de motivación del acto que impuso la cesantía al demostrarse que el señor Spirito —quizás por exceso de confianza propia y/o en sus subordinados— incurrió en diversas negligencias en el ejercicio de su función, tales como no haber realizado una adecuada evaluación de las garantías de seguridad que brindaba el espacio utilizado para el depósito de los equipos de aire acondicionado confiados a su custodia; no haber informado a las autoridades encargadas de la superintendencia edilicia sobre la utilización de ese ámbito para dicha finalidad, a efectos de comprometerlas a que extremaran las medidas de vigilancia en el área; ni tampoco haber desplegado un suficiente control personal, formal y periódico del stock de dichos bienes ni de su destino, todo lo que ha facilitado la desaparición de varios de esos elementos.
También desechó que no se abordó otra línea de investigación para dar con los verdaderos responsables de la sustracción indebida, pues este Tribunal resaltó que la demora del actor en comunicar los faltantes y en realizar la denuncia provocó la frustración de la posibilidad de poder arribar a la verdad material.
Asimismo, señaló que lo expuesto en el párrafo anterior no había sido rebatido por el señor Spirito como tampoco lo fue la ponderación que se ha efectuado con relación al buen concepto funcional y ausencia de antecedentes negativos en su carrera, por cuanto los testimonios aportados no alcanzan a desvirtuar la responsabilidad puntual que le fuera enrostrada por el hecho imputado.
Paralelamente, y con relación a la posibilidad de absolverlo o morigerar la sanción conforme lo prevé el art. 5 inc. "e" del Acuerdo 3354, el Tribunal interviniente consideró que de modo alguno la autoridad sancionatoria se encontró frente a una situación de duda, sino que recabó suficiente prueba a fin de tener por demostrada la responsabilidad administrativa del demandante.
I.2.d. Por otra parte, consideró que este Tribunal no incurrió en exceso de punición toda vez que sostuvo que, en ejercicio de facultades disciplinarias, aplicó una sanción menor a la que le hubiere correspondido en virtud de la gravedad de la falta constatada, cuando debió atento a ello exonerarlo conforme lo previsto en el art. 12 inc. "b" de la citada normativa.
I.2.e. Por último, en base a las consideraciones efectuadas concluyó que el reclamo indemnizatorio reeditado en el recurso de apelación devenía teórico o inoficioso, impropio de la función judicial.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el demandante denunció vulneración de lo normado por los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 19, 28, 33 y 75 de la Constitución nacional; 1, 10, 11, 12 inc. 3, 15, 31, 103 inc. 12, 161 inc. 3 apdo. "a", 168 y 171 de su par provincial; 58 del Código Contencioso Administrativo y 163 inc. 5, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 12-VII-2022, 12:32:37 p.m., en el sistema Augusta).
También adujo violación de la doctrina legal de este Tribunal emergente de las diversas causas que cita.
Por último, denunció absurdo.
II.1. En primer lugar, expresó que las instancias ordinarias no se pronunciaron acerca de la inconstitucionalidad del art. 97 del Acuerdo 3354.
Argumenta que ese planteo se formuló con base en que la administración puede decretar una sanción expulsiva con una causa penal pendiente; empero, si el juez del crimen o correccional declara la inexistencia del hecho o la imposibilidad de que el imputado lo hubiese cometido, en sede administrativa no se aplica lo juzgado en sede penal.
Entiende que esa situación importa un trato desigual desde el punto de vista legal y constitucional, violatorio del art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, del principio de igualdad receptado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial; del derecho de protección a la reputación previsto en el art. 10 de la mentada carta provincial y de la prejudicialidad consagrada en el art. 1.775 del Código Civil y Comercial.
Precisa que el Tribunal de Alzada al convalidar la sanción soslaya fundamentar el apartamiento de lo juzgado en sede penal (sobreseimiento total) el que se fundó en que desde la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios, así como de la Secretaría de Planificación y el señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no le habían proporcionado al arquitecto Juan Remo Spirito los medios necesarios y suficientes para el cumplimiento de la función que le habían delegado y que él había asumido, si bien se acreditó que el actor "no logró impedir el resultado, no menos cierto es que no vulneró las reglas de competencia asumidas, desde que se comportó de modo adecuado al rol desempeñado con los medios existentes".
A su vez esgrime que la Cámara al expresar que le hubiere correspondido imponer una sanción mayor al demandante (exoneración) en virtud de la gravedad de la falta constatada, desconoce la diferencia entre inocencia y dolo y, que, además, para la configuración de la falta imputada la normativa exige dos condiciones: la afectación del prestigio del Poder Judicial y el perjuicio material.
De allí pone de relieve que la sentencia impugnada ha tipificado erróneamente la conducta del agente debiendo contar el acto sancionatorio con la debida fundamentación de las circunstancias de la causa (arts. 5 incs. "b" y "d", Ac. 3354 y 103 y 108 inc. "a", decreto ley 7.647/70).
Por último, expresa que al resolver como lo hizo, el Tribunal de Alzada vulneró la doctrina legal de este Superior Tribunal provincial que se desprende de la causa Ac. 84.571, "Gambino", sentencia de 7-VII-2004, en torno al alcance de los efectos de la cosa juzgada judicial.
II.2. Por otro lado, denuncia que, al convalidar la sentencia de primera instancia, la Cámara transgrede el principio de razonabilidad consagrado en los arts. 28 y 33 de la Constitución nacional, toda vez que no ponderó la trayectoria signada por la eficiencia y honestidad del actor, tal como se acredita con las declaraciones testimoniales producidas en el sumario, en la causa penal, en el presente proceso judicial y en el legajo personal, denunciando un exceso en la punición.
En este punto, hace hincapié en los testimonios de los camaristas, doctores Tarsia, Olazar, García Maañón, Stepaniuc y Blanco y de las señoras juezas doctoras Dubra y Capalbo, como así también el del señor Aguilera quien trabajara en el sector mantenimiento de la Dirección de Arquitectura de San Isidro. Indica que este último testimonio, da cuenta de que el sitio escogido por el equipo que dirigía el demandante para depositar los elementos era, no solo el único, sino el más adecuado ya que contaba con vigilancia las 24 horas del día, cuyo acceso estaba restringido al público y solo transitaba por allí personal autorizado, señalando, asimismo, que nadie ajeno al personal de mantenimiento sabía lo que se guardaba en dicho espacio.
En otro orden, aduce también que, al sancionarlo, no se contempló la posibilidad de aplicar el art. 5 inc. "e" del Acuerdo 3354 que establece que en caso de duda acerca de la culpabilidad de la persona investigada, el órgano con competencia resolutoria deberá absolverla, o bien, alega, no optar por la sanción expulsiva.
Asimismo, enfatiza que la sentencia impugnada se apartó de la ponderación de la prueba realizada por el señor juez de garantías, que decidiera que el demandante había actuado con la debida diligencia y acorde a los medios con los que contaba en cuanto al deber de cuidado de los equipos.
Destaca que se le ha imputado una "omisión del contralor sobre el patrimonio del Poder Judicial que le fuera asignado", que no fue acreditado en autos, tal como concluyera la sentencia penal, al considerar que: a) el Arquitecto Spirito dependía funcionalmente del titular de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios de esta Corte, quien a su vez, responde al titular de la Secretaría de Planificación y este, a su vez, del Presidente de este Tribunal; b) el demandante era Delegado del Director General de Arquitectura, Obras y Servicios, siendo la mentada Secretaría, Dirección y el Presidente de esta Corte delegantes, con competencia para supervisar a los delegados y dotarlos de los medios suficientes y adecuados para que puedan cumplir eficazmente con sus funciones (cfr. Ac. 3536, Anexo I); c) los delegantes conocían el lugar donde se depositaron los equipos y no formularon objeción alguna; y, d) la inexistencia de normas sobre control de stock y reglamentaciones respecto de formularios que deben utilizarse en la estiba de los efectos.
Concluye en este punto que, conforme la prueba aportada, su comportamiento no fue negligente en tanto cumplió con sus funciones con los escasísimos medios puestos a su disposición, habiendo comunicado a sus superiores el lugar donde emplazaría los equipos de aire acondicionado, no habiendo recibido por parte de estos ninguna indicación que hubiera incumplido.
II.3. A su vez alega que el pronunciamiento impugnado omite considerar que debió utilizarse otra línea de investigación que pudo conducir a aprehender a los verdaderos responsables del desapoderamiento de los equipos.
Aduce que no se contrató un seguro ni para el transporte ni para la guarda.
Sostiene que la sanción aplicada constituye un exceso de punición, toda vez que no se han acreditado los requisitos objetivos y subjetivos para la configuración de la falta grave por haber afectado el prestigio del Poder Judicial que se le imputa, desconociendo su conducta intachable.
En ese orden indica que se vulnera la doctrina legal de esta Corte que emana de la causa B. 59.009,"Aló", sentencia de 3-XII-2003, que señala que la autoridad administrativa para determinar la gravedad de la sanción a aplicar, puede considerar como circunstancias agravantes: la jerarquía y la antigüedad, la reiteración, la reincidencia y los antecedentes desfavorables, elementos que no fueron tenidos en cuenta al momento de sancionarlo.
Además, enfatiza que la sentencia impugnada debió declarar la ilegitimidad del acto sancionatorio por carecer de las razones suficientes que fundan la sanción expulsiva y descartase una correctiva tal como se desprende de las causas B. 48.987, "Linares", sentencia de 14-XII-1984; B. 49.193, "Fabiano", sentencia de 20-X-1992 y B. 50.218, "Pereyra", sentencia de 28-II-1995.
Por último, peticiona la anulación de la sanción impuesta ante la inexistencia de antecedentes desfavorables a su persona, la intrascendencia pública del hecho y la defectuosa apreciación de las circunstancias fácticas, lo cual conduce a dejar sin efecto el decisorio impugnado.
III. El recurso no prospera atento a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
Respecto a los agravios planteados en esta instancia debo advertir que la recurrente no cumple adecuadamente con su fundamentación, toda vez que reproduce, ante esta instancia, similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, los que fueron tratados y desestimados por la Cámara interviniente.
Sobre tal modo de proceder esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (doctr. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013; A. 74.692, "Lobosco", sent. de 25-IX-2015 y A. 72.031, "Jesús", sent. de 15-X-2016; e.o).
III.1. Así pues, con relación al reproche referido a la inconstitucionalidad del art. 97 del Acuerdo 3354 de esta Suprema Corte de Justicia, observo que el Tribunal de Alzada se expidió sobre ese planteo de la demandante.
En efecto, el decisorio de la Cámara para sostener la constitucionalidad del referido precepto legal se basó en el criterio elaborado por este Tribunal sobre la independencia entre el pronunciamiento emitido en sede administrativa y el judicial, en razón de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados por uno y otro fuero y de la especial finalidad de la función de contralor administrativo.
Bajo tales lineamientos, distingu
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