Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78783
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.783, "Macchi, Federico Juan contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Ril", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda deducida por el señor Federico Juan Macchi contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 20-X-2022).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Caja dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 9-XI-2022, 11:54:41), el que fue concedido mediante resolución de fecha 18 de abril de 2023.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 1-VIII-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido por la Caja demandada y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la demanda interpuesta por el señor Federico Juan Macchi. Consecuentemente, anuló la resolución dictada por el Directorio de aquella en la sesión del día 25 de octubre de 2017, mediante la cual la citada entidad rechazó la solicitud de reajuste del haber previsional del actor (v. sent. de 20-X-2022).
Por ende, ratificó que el haber de sustitución debió en el caso estimarse conforme las disposiciones contenidas en los arts. 54 de la ley 11.761 y 7 del decreto ley nacional 9.316/46, siendo inaplicable lo preceptuado en el art. 62 de dicha ley (prorrateo según distintos regímenes previsionales), considerando para ello todos los servicios prestados y la totalidad de las remuneraciones percibidas y devengadas únicamente bajo el régimen de la misma Caja del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Para las retroactividades adeudadas, confirmó el uso como base de cálculo del sueldo actual del cargo o categoría tenido en cuenta para el otorgamiento del beneficio, con más la aplicación de una tasa del 6% anual, desde el día 12 de abril de 2011 y hasta la fecha de la sentencia; y de allí en más la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación.
I.1. Para así decidir, señaló que el señor Macchi cuestionó la modalidad de cálculo del haber efectuada por la demandada, al estimarlo sobre un total de treinta años de aportes requeridos, aunque prorrateado de la siguiente manera: un 55,83% bajo el régimen de la Caja del Banco Provincia (ley 11.761) y un 44,17% bajo el régimen del sistema previsional nacional (ley 24.241, con la ANSeS como Caja otorgante).
Recordó que el actor pretendía la aplicación exclusiva del art. 54 de la ley 11.761, para que —sin discriminación de lo anterior— se fije su haber en el equivalente al 82% móvil del promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones percibidas en los últimos diez años.
I.1.a. Luego de transcribir los arts. 54 y 62 de la ley 11.761 —vigente a la fecha de otorgamiento de la jubilación del señor Macchi— y del art. 7 del decreto ley 9.316/46 de reciprocidad en la materia (al que, recordó, en su hora adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante la ley 5.157), sostuvo que para la determinación del haber debía interpretarse el alcance y sentido del convenio al que alude esa última norma (conf. art. 20), lo que corroboraba que la totalidad de los servicios debían considerarse como prestados y devengados enteramente bajo un único régimen (en la especie, el de la Caja del Banco Provincia).
Tras repasar algunas causas de esta Suprema Corte (B. 49.138, "Vega Ocampo" y B. 49.332, "Alanis", sents. de 24-II-1987), en las cuales se sostuvo que si el sistema de reciprocidad tiene por objetivo posibilitar que los trabajadores computen la totalidad de los servicios prestados, ello no es simplemente a fin de obtener un beneficio jubilatorio, sino también de obtener un haber proporcional a lo percibido y aportado en actividad, juzgó que el demandante tenía derecho al reajuste pretendido.
Sostuvo que, en el caso, conforme los términos del convenio que rige la relación en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria, debían reconocerse los servicios nacionales tanto para el cómputo de los años necesarios para acceder al beneficio —tal como lo hizo la Caja demandada—, como para el cálculo del haber previsional, considerando para esto último los años y servicios aportados en la órbita nacional como si hubieran sido prestados en el régimen local, independientemente de sus distintas proporciones o valores. Cosa que la demandada se rehusó a hacer.
De ese modo, entendió que la pretensión de la Caja del Banco de aplicar una metodología para la determinación del haber discriminando los servicios y aportes en el orden local de los provenientes de otra jurisdicción, resultaba inconciliable con la exigencia de tener que considerarlos por la Caja otorgante como prestados y devengados bajo su propio sistema (conf. art. 7, dec. ley 9.316/46 y ley 5.157).
I.1.b. Asimismo, entendió que la estimación del haber inicial —practicada del modo en que se lo hizo— vulneró el art. 16 de la Constitución nacional.
Afirmó, en tal sentido, que la reciprocidad impone igualdad en el tratamiento de la totalidad de los servicios reconocidos por cualquiera de los regímenes de afiliación que integran el convenio.
Para más, dijo que el criterio hermenéutico propiciado por la entidad previsional resultaba contradictorio con los principios de proporcionalidad, movilidad jubilatoria y primacía de la realidad que se desprenden del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
I.2. En cuanto al agravio relativo al monto de la condena y la forma de estimarla, el Tribunal de Alzada advirtió que todo ello fue resuelto por el magistrado de conformidad con la doctrina sentada por esta Corte.
Como fuere, remarcó que si lo resuelto en ese aspecto le generaba "confusión", debió pedir aclaratoria.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 9-XI-2022, 11:54:41).
II.1. Se queja de que la Cámara inaplicó el art. 62 de la ley 11.761, que regula el cálculo prorrateado del haber jubilatorio para servicios prestados ante distintos regímenes, sin previa declaración de inconstitucionalidad.
Asimismo, dice que malinterpretó el art. 7 del decreto ley 9.316/46.
Argumenta que el sistema de reciprocidad busca garantizar el acceso a la jubilación, mas no igualar los aportes de regímenes con diferentes porcentajes (19-21% en el Banco vs. 11% en el sistema nacional). Como están las cosas, alerta acerca del haber desproporcionado que recibirá el actor, ya que aportó menos al sistema nacional, lo que constituirá un enriquecimiento sin causa.
II.2. También cuestiona que la sentencia haya aplicado el principio in dubio pro operario de manera "insensata y fanática", ignorando otros principios rectores del derecho previsional, como la proporcionalidad, integridad y sustitutividad del haber jubilatorio.
II.3. Ligado a eso, denuncia inconsistencia con lo resuelto en fallos más recientes de esta Suprema Corte (causa I. 75.111, "Macchi"), de donde extrae que el régimen del Banco Provincia exige estricta proporción entre aportes y haberes, lo que se habría obviado en este caso.
Aprovecha para recordar que el principio de proporcionalidad, pilar del derecho previsional, exige que el haber jubilatorio refleje los aportes realizados en actividad. Pero que la sentencia, al ignorar las diferencias entre los porcentajes (Banco Provincia vs. ANSeS), quiebra este principio, poniendo en riesgo la sostenibilidad de una Caja deficitaria cuya subsistencia depende de aportes solidarios significativos.
III. El recurso no prospera, en razón de su insuficiencia (art. 279 in fine , CPCC).
III.1. Como quedó expuesto, la Cámara consideró que la determinación del haber inicial del demandante debía efectuarse conforme el sistema del decreto ley 9.316/46 y del convenio de reciprocidad resultante (al cual —dijo— estaba adherida la Caja del Banco Provincia), que estatuye que los servicios provenientes de otra jurisdicción deben ser considerados como prestados y devengados bajo su propio régimen (art. 7).
Por ende, juzgó que la estimación del haber inicial practicada según lo previsto en el art. 62 de la ley 11.761 (prorrateo), violaba esos compromisos interjurisdiccionales y provocaba una injusta reducción en el haber de reemplazo, vulnerando preceptos supralegales como los arts. 16 de la Constitución nacional y 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
III.2.a. Contra eso, la recurrente acude a esta instancia extraordinaria con la misma postura defensiva que viene manteniendo desde el comienzo del juicio, denunciando la inobservancia del art. 62 de su antiguo régimen estatutario y los inconvenientes que traería aparejado equiparar a alguien que, en su hora, contribuyó a un régimen que exigía aportes inferiores a los que históricamente ha requerido el sistema de la Caja del Banco Provincia.
Ceñida a eso, deja sin controvertir frontalmente los fundamentos brindados en las dos instancias anteriores para acoger la demanda, por los cuales —con abundante cita jurisprudencial, tanto de esta Suprema Corte como de la Corte federal— se concluyó que el régimen de reciprocidad compuesto por el decreto ley nacional 9.316/46 (arts. 6 y 7) y la adhesión provincial otrora efectuada por la ley 5.157, en términos expresos, comandaban la unificación de régimen con absoluta independencia de la cantidad o calidad de los aportes efectuados a otros sistemas distintos, siendo ese convenio —de grada superior al derecho puramente local— el que debía gobernar en la especie, desplazando cualquier norma o acto que pretendiese disponer en contrario.
III.2.b. Siendo así, resulta insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y fundadamente desestimados en la instancia anterior, no añadiendo nada nuevo (conf. causas L. 102.577, "Lanzavecchia", sent. de 8-IX-2010 y A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012). Lo mismo aquel que no se hace cargo de la línea argumental de la decisión impugnada y se dedica a criticarla con su propia interpretación, dejando incólumes afirmaciones que, más allá de su acierto o error, le dan sustento bastante (doctr. causa A. 74.300, "Hernández", sent. de 14-II-2024).
Es que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016 y A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
III.2.c. Por tales razones, cabe desestimar el principal planteo traído por la recurrente (art. 279 in fine , CPCC).
III.3. Tampoco es útil aquello que se dice en punto a la estrictez del principio de proporcionalidad (en este escenario, aludiendo a aquella que supuestamente debería mediar entre aportes efectuados y quantum del beneficio previsional), con extrema dependencia de lo resuelto en el precedente I. 75.111, "Macchi", resolución de 17-IV-2019.
Aunque esto no ha sido formalmente canalizado como una denuncia de violación de doctrina legal, es dable destacar que en ese precedente mediaron supuestos sensiblemente distintos a los que se exhiben en el sub lite , donde aquella relación fue analizada desde una óptica muy diferente, en circunstancias inclusive opuestas a las que aquí se manifiestan teniendo en cuenta quién es la parte que avanza el argumento.
Como fuere, la mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquellos con el supuesto concreto de autos, ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio, individualizando las normas legales que resultarían infringidas (conf. causa A. 77.480, "Guzmán", sent. de 31-III-2025).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2025 11:18:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/11/2025 10:22:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 11:01:45 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:27:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:55:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/11/2025 10:13:06 hs. bajo el número RS-101-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia