Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78820
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC), con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.820, "Luayza, Roberto Gustavo c/ Poder Ejecutivo s/ Pretensión anulatoria. Ril", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había rechazado la demanda promovida por el señor Roberto Gustavo Luayza contra el Poder Ejecutivo provincial (v. sent. de fecha 4-VIII-2022).
Disconforme con ese pronunciamiento, el demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-VIII-2022, 09:43:14 p.m.), el que fue concedido mediante resolución de fecha 25 de abril de 2023.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 14-VIII-2023), agregado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 31-VIII-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida por el señor Roberto Gustavo Luayza, mediante la cual solicitó la nulidad de los decretos 146/10 y su confirmatorio 551/11, a través de los cuales se dispuso su cese en el cargo de Delegado Portuario en la Delegación de Coronel Rosales (v. sent. de fecha 19-IV-2021). Había requerido su reincorporación en el puesto de trabajo y la indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
I.1. Para resolver negativamente, el juez circunscribió la cuestión litigiosa a determinar si el actor había sido indebidamente privado de su cargo para luego, en caso afirmativo, reconocer los derechos que reclamaba.
En ese entendimiento, analizó la situación de revista del demandante, toda vez que este alegaba que el puesto del cual fue privado correspondía a los cuadros permanentes de la administración.
Para eso, luego de referirse a las normas que aprobaron la estructura organizativa a propósito de la transferencia de las jurisdicciones portuarias desde la Nación a la Provincia (ley 11.206 y dec. 1.579/92), dijo que en el caso correspondía la aplicación del "Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública" (ley 10.430) pues, según el art. 1 del decreto antes citado, la entonces Dirección Provincial de Actividades Portuarias dependiente del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos era la autoridad de aplicación de la ley mencionada más arriba.
Expresó que dicho régimen estatutario, en lo pertinente, prescribe que el personal que comprende se clasificará —entre otras categorías que aquí no interesan— en personal de planta permanente "con estabilidad" y "sin estabilidad" (art. 15, ley cit.), perteneciendo a esta última situación "aquél que siendo designado por el Poder Ejecutivo puede cesar en sus funciones por disposición del mismo sin que medie ninguna de las causales establecidas para el personal con estabilidad y que se desempeña en los cargos de Director General Provincial, Director o sus equivalentes…" (art. 107, ley cit.).
I.2. Estimó que el demandante fue designado de manera precaria por el decreto 637/00 en los términos —sencillamente— del genérico art. 144 —proemio— y concordantes de la Constitución provincial, encuadrando su situación de revista —por exclusión o dada su residualidad— en lo normado en los arts. 15 inc. 1 in fine y 107 de la ley 10.430 ( i.e., planta permanente, sin estabilidad).
Sobre esa base, concluyó que la relación de empleo objeto del presente proceso impedía la posibilidad de invocar el derecho a la estabilidad (conf. art. 20, ley cit.), motivo por el cual consideró infundada la demanda y procedió a su rechazo.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de primera instancia, en todo lo que fue materia de agravios (v. sent. de 4-VIII-2022).
II.1. Reputó que la apelación deducida no se mostraba suficiente como para revocar la sentencia de grado.
Señaló que el embate no reunía las exigencias requeridas de una expresión de agravios, pues recordó que el escrito de apelación debía contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas, no bastando con la mera discrepancia subjetiva acerca de la solución adoptada (conf. arts. 56 y 77, CCA y 260, CPCC).
Especificó que el remedio solo efectuaba formulaciones genéricas, sin puntualizar, con el debido sustento fáctico y jurídico, las razones que pudiesen provocar el reexamen de la cuestión tratada y resuelta en la instancia anterior a fin de verificar la configuración del error en el juzgamiento por parte del magistrado de primera instancia.
II.2. No obstante ello y "para mayor satisfacción del recurrente", descartó que su situación se hallase amparada por la Ley de Contrato de Trabajo, tal como se insistía.
Remarcó que la naturaleza jurídica del vínculo laboral está siempre determinada por la modalidad de la designación, la cual —en el caso— resultaba de su nombramiento por parte del Poder Ejecutivo provincial en los términos del art. 144 de la Constitución provincial, sin que ello hubiese sido desconocido o cuestionado, subsumiendo su situación de revista dentro del art. 107 de la ley 10.430.
Para más, ponderó el informe de la Subsecretaría de Actividades Portuarias, documento incontrovertido que daba cuenta que las categorías gerenciales —tal como la que, en su hora, revistió el señor Luayza— se hallaban fuera del convenio colectivo, careciendo de estabilidad y/o permanencia.
III. Contra el fallo, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-VIII-2022, 09:43:14 p.m.).
III.1. Previo a la fundamentación del recurso, afirma dos cosas:
De un lado, que el Tribunal de Alzada omitió el tratamiento de cuestiones esenciales, denunciando entonces la nulidad de la sentencia impugnada en los términos de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial. Aduce que no se abordó lo concerniente a la supuesta falta de motivación de los actos administrativos impugnados.
Del otro, plantea la nulidad del sorteo para atender la recusación formulada contra los jueces del fuero contencioso administrativo.
III.2. En lo tocante al recurso extraordinario de inaplicabilidad, alega absurdo en la ponderación de la prueba que realizó el juez interviniente al momento de resolver las medidas cautelares.
Asegura que su nombramiento lo fue como personal de planta permanente (sin aclarar si "con estabilidad" o "sin estabilidad") y reivindica la aplicación de disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.
Cita numerosos sumarios de jurisprudencia de esta Suprema Corte relacionados al control judicial de la actividad administrativa y el principio de igualdad.
IV. El recurso no prospera, dada su ostensible insuficiencia (arg. art. 279 in fine , CPCC).
IV.1.a. En primer lugar, en cuanto a la falta de tratamiento de una supuesta cuestión esencial, corresponde simplemente señalar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (que es el único que se ha interpuesto) no constituye la vía idónea para canalizar ese tipo de denuncias, pues se trata de una materia propia del recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC; doctr. causas A. 72.288, "Catarelli", sent. de 1-IV-2015; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; A. 76.566, "Montes", sent. de 2-III-2023; e.o.).
IV.1.b. Por otro lado, en lo que respecta a la queja relativa a la integración de la Cámara para resolver la recusación de sus jueces, tal cuestión se encuentra firme y consentida por falta de impugnación oportuna (v. resolución de fecha 28-IX-2021).
Además, sabido es que el carril extraordinario únicamente atiende a la sentencia definitiva y no resulta idóneo para alegar eventuales omisiones o nulidades procesales anteriores a su dictado en que pudieran haber incurrido los tribunales de grado en la sustanciación de los procedimientos, pues dichas cuestiones le son extrañas (doctr. causas Ac. 86.134, sent. de 22-XI-2006; C. 98.019, sent. de 14-VI-2010; C. 117.646, sent. de 11-VI-2014; e.o.). Se trata, por ende, de un ataque impropio de este medio revisor, que deviene inabordable (conf. doctr. causas C. 118.879, "Grillo", resol. de 28-V-2014; C. 120.402, "Rodríguez", resol. de 2-III-2016; C. 121.186, "Ciolfi", resol. de 28-XII-2016; e.o.).
IV.2.a. En cuanto a los restantes agravios, cabe destacar que el Tribunal de Alzada se pronunció por la insuficiencia de la apelación deducida, concluyendo que tal déficit impedía —por imperativo legal— la revisión de lo decidido.
En efecto: el a quo —como argumento principal— sostuvo que el apelante se limitó a expresar su discrepancia respecto de lo decidido en la sentencia de grado, sin que sus manifestaciones genéricas y desentendidas de aquello se elevasen a la calidad de una verdadera expresión de agravios.
Por ende, cabía concluir —lisa y llanamente— que la pieza era estéril y que no cumplía con su finalidad procesal (arg. arts. 56 y 77, CCA y 260 y 261, CPCC).
Sin perjuicio de ello, tras subrayar que lo anterior abastecía el decisorio, abordó cuestiones relativas a la naturaleza jurídica del vínculo estatutario que ligó al actor con la Administración provincial, confirmando lo resuelto en la instancia.
IV.2.b. Esta Suprema Corte ha sostenido que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho ajena, en principio, a su conocimiento y solo susceptible de ser revisada mediante la denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 71.558, "González", sent. de 4-VIII-2016; A. 72.095, "Rodríguez", sent. de 17-V-2017; A. 74.894, "Báez", sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Y aunque se lo invoca (se habla de "absurdo jurídico"), no se lo hace para revertir ese segmento absolutamente crucial de la sentencia, sino para disputar algo subsidiario, como sería aquí la valoración de la prueba.
Siendo así, en tanto que el Tribunal de Alzada —en ejercicio de facultades propias— hizo una valoración del escrito de expresión de agravios, llegando a la conclusión de que los embates esgrimidos no reunían los requisitos del art. 260 del Código Procesal, la falta de crítica efectiva sobre este punto deja incólume tal apreciación (conf. causas C. 103.971, "López", sent. de 18-XI-2009; C. 112.608, "La Porte", resol. de 9-XII-2010; C. 111.640, "Rzepeski", sent. de 24-IV-2013; e.o.).
IV.3. La circunstancia de que, a mayor abundamiento, se hubiesen añadido consideraciones acerca del mérito del asunto a fin de corroborar el sentido de la solución desestimatoria (aunque siempre resaltando la insuficiencia o falta de perfeccionamiento de los distintos planteos), eso de ninguna forma importa una rectificación de la categórica afirmación de que el memorial de apelación no ha cumplido su función, otorgando firmeza e inmutabilidad a la resolución primigenia en tal segmento (doctr. causa A. 75.689, "Alvarado", sent. de 23-II-2021 y sus citas).
V. Por las razones expuestas, atento a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto ha sido insuficientemente fundado, corresponde su rechazo (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC), con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2025 11:18:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/11/2025 10:22:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 11:01:48 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:27:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2025 09:55:24 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 18/11/2025 10:13:08 hs. bajo el número RS-102-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia