Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78519
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.519, "Cabrer, Adriana Inés y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Pretensión Anulatoria. Ril", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso deducido por la Municipalidad de General Pueyrredon y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia favorable a la pretensión actoral (v. sent. de fecha 15-IX-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el municipio demandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-IX-2022, 09:32:45), el que fue concedido mediante resolución de fecha 8 de noviembre de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 21-III-2023), agregada la memoria presentada por la Fiscalía de Estado y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la demanda deducida por Silvia Inés Berasategui, Fabián Alejandro Buffa, Adriana Inés Cabrer, Elena Susana Casaroli, Federico Eduardo Chirizola, Marcela Alejandra Del Rio, Susana Rosa Fuselli, Alicia Mónica Marquez, Clara María Izasa, Liliana Esther Marcos, María Adriana Minetto, Juan Enrique Montangero, Claudia Leonor Montecchia, María Del Rosario Moreira, Verónica Aida Mortara, Marcela Alejandra Núñez, Nacha Pedrini, Diana Natividad Pérez, Susana Graciela Pruneda Garnier, Viridiana Pulvirenti, Sara Inés Roura y Mónica Rosa Zalazar contra la Municipalidad de General Pueyrredon (v. sent. de fecha 10-III-2022).
Consecuentemente, anuló el decreto municipal 73/06 y reconoció el derecho de los y las demandantes a percibir la asignación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.053 por la cual se creó.
Desestimó, para eso, la defensa de prescripción opuesta por el Estado nacional y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), que habían sido incorporados al proceso como terceros bajo circunstancias que ya se verán.
Condenó así a la Municipalidad demandada a practicar la liquidación correspondiente, dentro de los ciento veinte días. A la vez, condenó al Estado nacional y a la Provincia de Buenos Aires a que, practicada y firme aquella cuantificación, ejerciten y articulen sus respectivas competencias a fin de que se acrediten las sumas debidas, también dentro de los ciento veinte días. Plazo que, expirado, daría derecho a los litigantes a exigir el cobro compulsivo contra cualquiera de los mencionados.
Disconformes, todos los demandados apelaron.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata acogió los recursos deducidos por el Estado nacional y la Provincia, revocando el fallo de grado en la medida en que los condenaba al pago (aunque en cuanto a la segunda, dejando firme su deber de ejercer sus competencias institucionales en el marco de la ley 25.053, a fin de asegurar la transferencia de los fondos).
Por su parte, el recurso interpuesto por la comuna fue desestimado.
II.1. Para así decidir, en primer término, efectúo un relato de los pasos procesales previos al dictado de la sentencia de primera instancia.
Recordó que por resolución de fecha 20 de febrero de 2014 declaró la nulidad de todo lo actuado en la instancia de origen -desde la providencia que fijó la audiencia del art. 41 del Código Contencioso Administrativo- y ordenó remitir las actuaciones a un magistrado hábil, a fin de que cite -en los términos de los arts. 89, 94, 96 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial- al Estado nacional y a la autoridad descentralizada provincial competente, a los fines de deslindar las responsabilidades que les pudieran corresponder.
II.2. A continuación, refirió que la ley nacional 25.053 (B.O. de 15-XII-1998) instituyó el FONID, como patrimonio destinado al mejoramiento de la retribución de los docentes, entre ellos los pertenecientes a establecimientos escolares dependientes de los municipios, previéndose el pago de una asignación especial de carácter remunerativo a liquidarse mensualmente a los agentes que cumplieran efectivamente función docente (arts. 10, 12 inc. "a" y 13, ley cit.).
Explicó que su financiamiento, en una primera etapa, se nutrió de la recaudación proveniente de un impuesto nacional de emergencia aplicado sobre ciertos automotores, motos, aeronaves y embarcaciones. Y luego, a partir del 1 de enero de 2000, de las rentas generales y del producido de los planes de facilidades de pago establecidos por la AFIP (actualmente ARCA) para recaudar lo adeudado en dicho concepto.
Expresó que el protocolo para el envío de los fondos contempló una instancia informativa, en la que las respectivas jurisdicciones (de quienes dependían los docentes beneficiados) debían remitirle al entonces Ministerio de Cultura y Educación de la Nación el listado de los maestros que se encontraban en condiciones de percibir el FONID y, sobre la base de dicho relevamiento, la Nación transfería los recursos a las autoridades locales, quienes liquidaban y abonaban la bonificación a cada docente (conf. arts. 16, 17 y concs., ley 25.053).
II.3. Recalcó que no se hallaba controvertido que los demandantes reunían los requisitos para recibir el pago del FONID, por lo que la cuestión a desentrañar consistía en determinar las responsabilidades del Estado nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de General Pueyrredon, a causa de la mora u omisión en incluirlo.
II.3.a. En ese contexto, siguiendo lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Avanzatti", sentencia de 29-VIII-2017 y "Bruno", sentencia de 18-VII-2020, juzgó en primer lugar que el Estado nacional no era responsable de lo requerido, en razón de no integrar la relación jurídica sustancial.
II.3.b. Por similares razones, revocó la condena dirigida contra la DGCyE, quedando únicamente firme -contra la Provincia, por ser algo expresamente consentido por la representación fiscal- la obligación de tener que ejercer las competencias establecidas en la ley 25.053 a los efectos de posibilitar la percepción por parte de los demandantes del concepto reclamado.
II.3.c. Contrariamente, sostuvo que la Municipalidad de General Pueyrredon era indefectiblemente la legitimada pasiva sobre quien debía recaer la condena, en la medida en que revestía el carácter de empleadora directa del grupo de reclamantes. Y que, por ende, la comuna se hallaba obligada -con independencia de la proveniencia de los fondos afectados a tal fin- al pago de todos aquellos conceptos que integran la remuneración de sus docentes, en condiciones justas y equitativas a fin de preservar la igualdad de trato (conf. arts. 6 incs. "e" y "f", ley 14.656 y 81 y concs., ordenanza 20.760).
Corroboró esta última conclusión por el hecho de que, además, en autos se perseguía la nulidad del decreto 73/06 dictado por el Intendente municipal, mediante el cual rechazara el reconocimiento del derecho a percibir la asignación establecida por la ley 25.053.
III. Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad de General Pueyrredon interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30-IX-2022, 09:32:45), en el que denuncia que la Cámara aplicó erróneamente la ley 25.053, sus modificatorias y normas reglamentarias. También alega absurdo por contradecirse con previas intervenciones y habla de una irrazonable interpretación de los fallos de los que se sirvió.
III.1. Ante todo, dice que el a quo omitió considerar que el marco normativo que implementó el FONID previó un procedimiento complejo, el cual contempla la acción conjunta y coordinada de la Nación, las provincias y sus municipios a fin de instrumentar la distribución, liquidación y pago del incentivo docente. Y que según ese régimen, las responsabilidades recaían en aquellas otras dos esferas, pero no sobre ella, o solo en grado menor.
III.2. Bajo la rúbrica del absurdo, plantea dos cosas:
III.2.a. Primero, que el Tribunal de Alzada se contradijo, pues fue tajante a la hora de anular todo lo actuado en primera instancia por no haberse instrumentado la intervención procesal de la Provincia y de la Nación. Pero que, sin embargo, en la sentencia que viene atacada olvidó todo aquello que había compelido a hacer, al punto de declarar que no eran legitimadas pasivas.
III.2.b. Segundo, que como eso último se apontocó en dos fallos dictados por la Corte federal ("Avanzatti" y "Bruno"), denuncia que se tergiversaron sus hechos, los cuales difieren ostensiblemente del caso de autos ( i.e., porque versaban sobre aportes previsionales, o el alcance remunerativo o no del incentivo docente).
III.3. Asegura, finalmente, que en autos la discusión no está ceñida a establecer el obligado al pago concreto del FONID, sino además, determinar quién debe financiarlo. Así las cosas, estima procedente la intervención procesal del Estado nacional, pues se estaría ante un litisconsorcio pasivo necesario.
En todo esto, afirma que se han vulnerado los arts. 5, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En lo que hace a la supuesta infracción normativa, la recurrente estima violada -o erróneamente aplicada- la ley 25.053, creadora del FONID (pto. IV.2., recurso extraordinario).
Sin embargo, lo hace de un modo tan genérico y carente de desarrollo concreto que es imposible extraer algún argumento útil de allí, lo que impone su desestimación, sin más (art. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
IV.2. Aunque agrego que la Cámara, en su confirmación parcial del fallo de grado, identificó como hechos incontrovertidos que se está ante dependientes directos del municipio a los que se les debió abonar el incentivo docente pero que, por alguna razón administrativa, no se lo hizo. Que con ello se los trató de forma desigual frente a los demás docentes y que, en definitiva, el principal objeto de autos era -precisamente- la anulación de un acto administrativo municipal.
Frente a ello, lo único que subyace en esta parcela de la pieza impugnativa es la intención de la demandada de desligarse a toda costa de la condena y que la esta recaiga sobre la Provincia o el Estado nacional.
Pero con eso deja sin explicar o contestar muchas cosas sostenidas por los jueces anteriores, cuando no da tácitamente a entender que -al admitirse que se trata de un "procedimiento complejo" que comprende a las tres esferas de gobierno- alguna responsabilidad en definitiva le cabía al municipio.
Siendo así, al margen de su acierto o error, la sentencia se sostiene.
IV.3. Sentado eso, en la queja se quiere exponer una aparente contradicción por parte de la Cámara, que en la primera intervención que le cupo consideró menester la participación procesal de aquellas otras dos entidades, mientras que al revisar la sentencia de mérito ahora atacada concluyó en su falta de legitimación pasiva.
Se dice que eso es configurativo de absurdo.
IV.3.a. Al respecto, debo decir que a pesar del empleo de algunas expresiones o actitudes que bien pudieron prometer o sugerir un resultado como el esperado por la apelante, la circunstancia de que la Cámara hubiese vuelto sobre la intervención de la Provincia o de la Nación no puede ser tildada de descarriada.
Esto es así, básicamente, porque semejante cambio de parecer estuvo -mal o bien- suficientemente justificado en pronunciamientos posteriores de la Corte Suprema que, a criterio del Tribunal de Alzada, no podían soslayarse.
IV.3.b. Como fuere, sustanciada la citación como tercero -donde puede mediar, como acá, oposición-, es esperable la resolución ya definitiva acerca del mérito de la intervención procesal de alguien que no fue originalmente convocado al juicio (conf. arts. 11, CCA y 92, 94 a 96 in fine y concs., CPCC).
Por ende, el hecho de que el llamado para integrar la litis sea ordenado y más tarde descartado (tras garantizar el derecho de defensa y escuchar los argumentos resistivos, sea al cabo de la incidencia específica o como descubrimiento tardío de la falta de legitimación pasiva), en principio no encierra una contradicción descalificable, al extremo de tornar lo actuado en un acto jurisdiccional inválido (conf. doctr. causa A. 78.173, "Rivero", sent. de 31-III-2025).
Destaco que el voto concurrente del juez Riccitelli repara específicamente en esto mismo que digo.
IV.3.c. Aclarado lo anterior, reitero que la Cámara justificó su postura acerca de la falta de legitimación provincial y nacional en dos fallos dictados -luego de su primigenia intervención- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Avanzatti", en 2017 y "Bruno", en 2020. En ellos, o bien se descartó la intervención del Estado nacional, o se avaló la prosecución de juicios que concernían sumas del FONID, exclusivamente, contra la autoridad local empleadora de los docentes en cuestión.
La recurrente afirma que fue absurda esa aplicación jurisprudencial, puesto que los hechos que sustentaron tales determinaciones varían de los que se presentan en el sub examine , porque esos casos involucraban la faceta previsional o remunerativa del incentivo docente, mientras que aquí se trata del pago del rubro proprio sensu .
Tenemos dicho que la ponderación de los hechos litigiosos y su relación analógica con los de un precedente usualmente importa una cuestión factual ajena, como regla, a la casación, salvo cabal demostración de absurdo (doctr. causas A. 76.284, "Maldonado", sent. de 10-VI-2022; A. 75.394, "Agroservicios Pampeanos S.A.", sent. de 25-VIII-2022 y mi voto en A. 78.431, "Sosa", sent. de 6-VIII-2024).
Como es sabido, dicho vicio consiste en un error palmario, grave y manifiesto que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar cuestiones de índole fáctica, que lleva a conclusiones contradictorias o incongruentes (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 69.036, "Sandoval", sent. de 15-VII-2009; A. 70.717, "P., C. I.", sent. de 14-VI-2010; e.o.).
IV.3.d. Bajo tales premisas, no puede catalogarse de absurda la inteligencia asignada por la Cámara a dichos fallos a fin de concluir que es la Municipalidad de General Pueyrredon la autoridad que debe, en el caso inmediato, abonarles a los actores el incentivo docente que -por la razón que fuere- no les liquidó en sus haberes cuando eso era menester. Y esto dejando a salvo -desde ya- eventuales compensaciones entre las distintas jurisdicciones.
Máxime cuando la propia ley 25.053 prescribe, en su art. 16, que las transferencias de fondos se hacen a partir de las planillas que presentan las autoridades educativas locales al ministerio nacional, siendo las liquidaciones propiamente dichas y pagos a cargo -nuevamente- de ellas mismas (art. 17).
IV.4. Finalmente, se advierte que ha quedado firme la condena sobre la Provincia de Buenos Aires -fijada en su hora por el juez de grado- para ejercer sus competencias institucionales en el marco de dicha ley (v. pto. II.2.3., sentencia de Cámara). Lo cual permite inferir que quedó obligada a ponerse a disposición para que la recurrente reciba las transferencias del FONID correspondientes.
V. Por los fundamentos expuestos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó por la negativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto del colega que inicia el acuerdo en cuanto señala la insuficiente técnica que el recurso reporta (conf. art. 279, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Kohan por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2025 14:03:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2025 09:55:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 13:40:52 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 01/12/2025 15:17:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 15:29:17 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/12/2025 15:32:44 hs. bajo el número RS-106-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia