Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78961
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.961, "Sanhueza Pintos, Silvana Karina c/ Poder Judicial s/ pretensión anulatoria. Ril", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Maidana , Budiño .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto fuera materia de agravio (v. sent. de fecha 29-IX-2022).
Contra ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 21-X-2022, 10:53:22 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 22 de agosto de 2023.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 19-X-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la sentencia dictada en primera instancia que hiciera lugar a la pretensión promovida por la señora Silvana Karina Sanhueza Pintos y, en consecuencia: a) declaró la nulidad de la resolución 690/15 de esta Suprema Corte de Justicia; b) ordenó el dictado de un nuevo acto administrativo; c) dispuso reincorporar a la parte actora en igual situación de revista a la que se encontraba al momento en que se estableció su cese; y, d) desestimó el reclamo de pago de los salarios caídos y demás rubros solicitados (v. sent. de fecha 29-IX-2022).
I.1. En primer lugar, consideró que no se encontraba controvertido en autos que mediante resolución 2.838/14 la señora Silvana Karina Sanhueza Pintos ingresara al Poder Judicial para desempeñarse en el cargo de Auxiliar 5° (Nivel 6) en la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Martín, que hubiese tomado posesión del mismo el día 27 de octubre de 2014 y que con fecha 27 de marzo de 2015 la parte actora fue notificada de que el señor Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial de San Martín, doctor Marcelo Fabian Lapargo, aconsejara no confirmarla en su cargo.
Asimismo, que por nota de la Fiscalía General se comunicó esa opinión a la Procuración General en la que se indicó que esa manifestación tenía sustento en el desempeño de Silvana Karina Sanhueza Pintos, quien no había demostrado aptitudes para prestar servicios dentro del Ministerio Público. En dicho escrito se especificó que había presentado dificultades en la comprensión de consignas impartidas, no había reconocido sus errores (deslindado responsabilidades en sus compañeros y superiores), y evidenció incomodidades ante distintas situaciones en su labor habitual.
Por otro lado, la Cámara tuvo en cuenta que el día 1 de abril de 2015 la demandante se presentó por ante la señora Procuradora a los fines de impugnar la nota de la Fiscalía General en la que se sugirió la no confirmación en el cargo, oportunidad en la refirió que el doctor Lapargo al comunicarle personalmente su opinión, también le comentó que existían informes de los titulares de las oficinas en las que se había desempeñado cuyo contenido la presentante requirió conocer, a fin de ejercer debidamente su derecho de defensa.
I.2. Puso de relieve que esta Suprema Corte por resolución 690/15 dispuso el cese de la demandante teniendo en cuenta que, por resolución 222/15, la señora Procuradora General había expresado su opinión favorable a la presentación efectuada por el doctor Lapargo —señalada más arriba— y que dicho acto fue dictado mientras la agente se encontraba en pleno período de prueba, conforme el art. 9 del Acuerdo 2300.
Y al examinar el Tribunal de Alzada si en el caso había mediado la "oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente" que prevé la mencionada disposición legal (art. 9, Ac. 2300), no obstante recordar la postura de esta Suprema Corte acerca de los efectos de esa etapa provisional y la acreditación de la falta de idoneidad del agente, expresó que la resolución 690/15 resultaba ilegítima.
Entendió que el acto no exhibía una adecuada motivación al no contar con los informes invocados como fundamento de la decisión, incumpliendo —de ese modo— con lo estatuido por el art. 9 de la Acordada.
Señaló que, si bien en la objetada resolución se indicaba que la señora Procuradora General había expresado su opinión favorable con la presentación efectuada por el señor Fiscal General, igualmente el acto no se encontraba debidamente motivado por esa referencia ( in aliunde ), en tanto no se habían dado precisiones sobre los informes confeccionados por los titulares de las oficinas en las cuales la actora se había desempeñado.
En conclusión, la Cámara ponderó que, más allá de que en su nota el señor Fiscal General diera expresa cuenta de diversas situaciones por las cuales no resultaba aconsejable confirmar en el cargo a la demandante y que ello fuera compartido por la Procuración General, el acto no se encontraba adecuadamente fundado.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la Fiscalía de Estado denuncia la vulneración de los arts. 103 y 108 del decreto-ley 7.647/70; 9 de la Acordada 2300 y de la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de las causas que cita (v. escrito electrónico de fecha 21-X-2022, 10:53:22 hs., en el sistema Augusta).
II.1. Destaca que, si bien las instancias ordinarias mencionaron que el acto administrativo impugnado versaba sobre la revocación del nombramiento de una agente durante el período de prueba, luego al decidir ignoraron precisamente que la actora no había alcanzado estabilidad en el cargo, desconociendo la naturaleza que tiene dicho período y su finalidad.
Enfatiza que el Tribunal de Alzada focalizó su decisión en el nivel de conocimiento que pudo tener la actora de los informes referidos por el señor Fiscal General y la Procuración General para oponerse a su estabilidad, sin considerar que en el caso se trataba de la revocación de una designación provisional. Puso de relieve que la motivación del acto de cese dictado en pleno período de prueba difiere de la de otros por su distinta naturaleza, como sucede en el caso de cesantías o exoneraciones decretadas a los agentes que poseen estabilidad.
En ese orden hace mención a la postura de esta Corte sentada en la causa B. 64.841, "Gallo", sentencia de 23-VI-2021, con relación a que "...el recaudo de la motivación debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto administrativo (arts. 103 y 108, dec. ley 7.647/70). De modo que no puede desvincularse del alcance de las potestades atribuidas a la autoridad por el ordenamiento, de las características del procedimiento en el que la decisión se inserta, ni de los intereses que su dictado afecta o beneficia...".
Aduce que el Tribunal de Alzada hizo un examen en abstracto de la motivación, pese a que debió haberla valorado teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad de la propia resolución 690/15, de la que surge una suficiente fundamentación.
Destaca que la exigencia referida por la Cámara en punto a que se exhibieran a la demandante los informes referidos en la nota del señor Fiscal General, resultó ritualista, toda vez que en este supuesto se impugna una resolución que revoca una designación provisional, dictada antes del vencimiento del período de prueba.
II.2. A su vez esgrime que, el Tribunal de Alzada interpretó las circunstancias del caso, en modo contrario a lo decidido por esta Corte en la causa B. 65.342, "De Gregorio", sentencia de 6-VIII-2014.
Concluye que, en el caso bajo análisis, la Cámara exigió un estándar de motivación que no se condice con la naturaleza y la finalidad del acto administrativo cuestionado el cual, por tratarse de una revocación de una designación de carácter provisional durante el periodo de prueba, no requería de mayores precisiones que las expresadas en los fundamentos que fueran expuestos.
III. Considero que el recurso debe prosperar.
III.1. La cuestión a dilucidar consiste en determinar si la resolución 690 dictada por esta Suprema Corte con fecha 22 de abril de 2015, en la que se dispuso el cese de la señora Silvana Karina Sanhueza Pintos, en los términos del art. 9 del Acuerdo 2300, se ajusta a derecho.
III.2. En primer lugar, observo que tal como indicara la Cámara, no se encuentra controvertido que la señora Sanhueza Pintos ingresara al Poder Judicial mediante resolución 2.838/14, tomara posesión en el cargo el día 27 de octubre de 2014 (v. copias de expediente administrativo 5100-17324/16, obrante a partir de fs. 77) y que su cese fuera decretado mientras se hallaba en pleno período de prueba.
Asimismo que, con fecha 27 de marzo de 2015, el señor Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín, doctor Marcelo Lapargo, hizo saber a la Procuración General que no resultaba aconsejable confirmar en el cargo a la demandante, en virtud de diversas situaciones funcionales. Y que en dicha nota indicó expresamente que la agente Silvana Karina Sanhueza Pintos: "...por su desempeño no demuestra aptitudes para prestar servicios dentro del Ministerio Público, toda vez que presentó dificultades para la comprensión de consignas impartidas en su labor en la Mesa General de Entradas de las Fiscalías descentralizadas de Malvinas Argentinas, mostrando falta de reconocimiento de sus errores y deslindado responsabilidades en sus compañeros y superiores. Asimismo, ha evidenciado incomodidades ante situaciones que parecen estresarla o sobrepasarla en la labor habitual de una Fiscalía, agravándose cuando dicha Fiscalía se encontraba en turno" (fs. 15).
Y que, además, en esa misma presentación puso en conocimiento que en esa misma fecha se había notificado a la agente de lo comunicado a la Procuración General, en cuanto se desaconsejaba "...su confirmación en el cargo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9 de la Acordada 2300..." (fs. 16), tal como fuera también expresado por la señora Sanhueza.
III.3. Se advierte también que, el día 30 de marzo de 2015, ante la opinión favorable de la Procuración General a la presentación efectuada por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de San Martin, el señor Subprocurador ordenó remitir lo actuado a la Secretaría de Personal de la Suprema Corte para que se dispusiera el cese de Silvana Karina Sanhueza Pintos, en los términos del art. 9 del Acuerdo 2300 (v. fs. 17 de autos).
III.4. Así, el día 22 de abril de 2015, por resolución 690/15, esta Suprema Corte decretó el cese de la demandante durante el período de prueba conforme el art. 9 del Acuerdo 2300 y luego de ser notificada, el día 30 de abril de ese año, la hoy actora solicitó copias de la totalidad de sus antecedentes, las que le fueron concedidas ese mismo día.
IV. Ahora bien, con relación al régimen legal aplicable, cabe puntualizar que el art. 9 cuyo epígrafe es Designación Provisional, de la Acordada 2300 de esta Suprema Corte de Justicia, dispone: "Todo nombramiento tendrá tal carácter hasta tanto el agente tenga estabilidad. Este derecho se adquiere automáticamente a los seis meses de servicios efectivos desde la toma de posesión del cargo si no ha mediado previamente oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente".
Tiene dicho este Tribunal que durante el período de prueba se permite a la Administración examinar con minuciosidad las condiciones del agente y las circunstancias del nombramiento para determinar si merece pertenecer a su plantel permanente, o en caso negativo, poner fin a la relación jurídica por "razones de servicio" o "de confianza" ya que, al no existir estabilidad, le asiste al órgano competente la facultad de remover, consecuencia natural del derecho de nombrar (doctr. causas B. 50.032, "Gallego", sent. de 28-VIII-1990; A. 74.192, "Morales", sent. de 20-IX-2022; A. 76.185, "Vallejos", sent. de 21-X-2022 y A. 76.325, "González", sent. de 15-V-2023).
En ese sentido, en el transcurso de dicho período, la autoridad administrativa puede disponer el cese, sin que ello implique la imposición de una medida disciplinaria sino el ejercicio de la mencionada facultad que deriva de la de nombrar (doctr. causas B. 50.032, cit.; B. 54.512, "Pertusi", sent. de 11-IV-1995; B. 50.864, "Rodríguez", sent. de 29-VIII-1995 y B. 59.575, cit.).
IV.1. En el caso de autos, se encuentra debidamente acreditado que al momento del dictado de la resolución 690 de fecha 22-IV-2015, la demandante no se encontraba amparada por la garantía de la estabilidad.
Conforme surge de los términos del art. 9 del Estatuto para el personal del Poder Judicial, la señora Silvana Karina Sanhueza Pintos se hallaba en la situación de provisionalidad que la citada norma determina y es así que, ante la oposición formulada por el Ministerio Público, se decidió su apartamiento en ese contexto.
IV.2. Sobre esa base, en lo relativo a la "oposición fundada" esta Suprema Corte ha indicado que este es un mecanismo previsto en la ley para evitar que se produzca automáticamente la estabilidad por el transcurso del tiempo que insume el plazo de prueba. Mecanismo utilizado por la Administración cuando advierte que el agente incorporado resulta disfuncional a los cuadros administrativos, sea por su falta de idoneidad o por incompatibilidad con las necesidades de servicio, la cual puede ser determinada incluso con posterioridad a la designación (conf. doctr. causas B. 50.032, cit.; B. 61.660, "Fardín", sent. de 11-III-2009; B. 59.575, cit. y B. 61.903, "Picotto", sent. de 5-III-2014).
En consecuencia, encontrándose la parte actora en pleno periodo de prueba no existió ningún obstáculo para que la autoridad administrativa reconsiderara la designación provisional de la agente tal como se hizo, pues el propio art. 9 de la Acordada 2300 la habilitó a hacerlo.
IV.3. A la luz de los lineamientos indicados por dicha norma y vistas las constancias de la causa, advierto que la resolución 690/15 dictada por esta Suprema Corte evidencia la oposición fundada, requerida normativamente.
Recuerdo que la exigencia de motivación no busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos. Aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una pretensión fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifican el dictado del acto (doctr. causas B. 59.134, "Sacomani", sent. de 8-VI-2005 y B. 62.434, "Cassini", sent. de 21-X-2015), y el acto impugnado evidencia el cumplimiento de dicha exigencia.
En esas condiciones, asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que la Cámara incurrió en un desacierto al afirmar que el acto de cese no estuvo adecuadamente motivado.
IV.4. Es evidente que la resolución 690/15 se apoya en la oposición fundada formulada por la Procuración General, con sustento en las diversas circunstancias funcionales relacionadas con el desempeño de la agente cesanteada que fueran detalladas en la nota del día 27 de marzo de 2015 suscripta por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de San Martin.
En efecto, en dicho acto, se consigna: "Que mediante resolución SPPG 222/15, la señora Procuradora General ha manifestado su opinión favorable a la presentación efectuada por el Fiscal General del Departamento Judicial San Martín, doctor Marcelo Fabián Lapargo, para que se disponga el cese —en los términos del artículo 9 del Acuerdo 2300— de Silvana Karina Sanhueza Pintos, actual Auxiliar 3° de la referida dependencia, quién ingresó como Auxiliar 5° por resolución de esta Corte 2838/14 y tomó posesión de su cargo el día 27 de octubre de 2014...".
Y de las constancias administrativas surge esa opinión favorable de la Procuración General como también la nota expresamente invocada en la impugnada resolución que acredita las causas que motivaron la decisión de decretar el cese, cumpliendo de ese modo con la directriz impuesta por el art. 9 de la Acordada 2300.
IV.5. A todo evento, se advierte que, más allá de los reparos que se pudieran señalar en torno a la viabilidad de la impugnación que administrativamente pretendió interponer la parte actora contra la nota del señor Fiscal General (presentada en la Procuración el día 1 de abril de 2015), tanto de dicha impugnación como de lo actuado en autos surge que la demandante alegó desconocer el contenido de los informes de las oficinas en las que había prestado tareas. Respecto de esto último, entiendo que la señora Sanhueza Pintos pasó por alto que dicha información —precisamente— se encontraba contenida en la nota por ella cuestionada, la cual fue suscripta por el propio titular de la estructura que integran esas oficinas (art. 67, ley 14.442). El señor Fiscal General, a quien se le asignó el cargo, fue quien individualizó las distintas situaciones relacionadas con el desempeño de la exagente y que llevaron a conformar la convicción —elevada a la Procuración— de desaconsejar su confirmación en el cargo.
Tales situaciones indicadas, sin embargo, en modo alguno la parte actora ha intentado refutar de manera idónea (v. desistimiento de prueba a fs. 161).
IV.6. Por otra parte, agrego que, luego de ser notificada de la resolución 690/15, la señora Silvana Karina Sanhueza Pintos requirió al Presidente de esta Suprema Corte copias de la totalidad de sus antecedentes, las que con fecha 30 de abril de 2015 le fueron entregadas, lo que tampoco evidencia que se haya impedido a la demandante ejercer su derecho de defensa.
IV.7. Por lo expuesto, entiendo que el cese decidido se encuentra debidamente motivado lo cual surge de la nota de fecha 27 de marzo de 2015 suscripta por el señor Fiscal General del Departamento Judicial de San Martín, doctor Marcelo Lapargo, compartida por la Procuración General (resolución 222/15) en la que se detalla que la demandante no demostró aptitudes para prestar servicios dentro del Ministerio Público.
Consideraciones que como quedó demostrado fueron puestas en conocimiento de la parte actora, sin que hayan sido debidamente controvertidas por ella.
En ese sentido, recuerdo que, dado el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa, las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbiendo a la actora la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo, no sólo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, CPCC), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (doctr. causas "Alderete", sent. de 15-III-2002; B. 57.232, "Cosuco", sent. de 23-IV-2003; B. 56.502, "Fittipaldi", sent. de 13-VIII-2003; B. 60.905, "Diez", sent. de 22-XII-2004; B. 60.346, "Schell", sent. de 3-XI-2004; B. 58.276, "I., J. L.", sent. de 30-V-2007; B. 62.716, "Palacios", sent. de 3-VII-2013; e.o.).
V. Por todo lo hasta aquí expuesto, entiendo que asiste razón a la recurrente, dado que no tiene sustento la conclusión de la Cámara en cuanto a que el acto de cese careció de motivación suficiente, pues esta Corte al disponer la baja de la parte actora en sus funciones lo ha hecho acatando el principio de juridicidad, dando razones suficientes que justificaron su p
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