Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78865
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.865, "Parodi, Silvia Liliana c/ Municipalidad de Coronel Pringles s/ Pretensión anulatoria. Ril", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata acogió el recurso deducido por la parte actora y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda interpuesta contra la Municipalidad de Coronel Pringles (v. sent. de 13-IV-2023).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el municipio demandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-IV-2023, 11:50:38), el que fue concedido mediante resolución de 23 de mayo de 2023.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata acogió el recurso articulado por la señora Silvia Liliana Parodi y, por lo tanto, revocó la sentencia de primera instancia que había desestimado su demanda contra la Municipalidad de Coronel Pringles (v. sent. de fecha 13-IV-2023).
Consecuentemente: i) declaró la nulidad de la resolución 65/21 que dispuso el cambio de área de la demandante en otra dependencia distinta a la que prestaba servicios; ii) ordenó a la comuna a restablecerla en el lugar y función que ocupaba con antelación a su traslado; y iii) reconoció el daño moral reclamado.
I.1. Para así decidir, relató que por resolución 65, dictada el 25 de agosto de 2021, el señor Intendente de la Municipalidad de Coronel Pringles dispuso el cambio de área de la agente Parodi, del Sector Despacho al de Mesa de Entradas, ambas oficinas dependientes de la Secretaría de Gobierno y Seguridad, manteniendo el horario laboral de la prestación de los servicios y la integridad de los haberes que percibía (arts. 1 y 2, resol. 65/21).
Expuso los fundamentos del mentado acto, recitando entre los más relevantes: i) la reorganización de la Oficina de Despacho por el inicio de la pandemia de COVID-19; ii) el consecuente movimiento de personal a efectos de cubrir el espacio dejado por los agentes de licencia, entre ellos la demandante por ser persona de riesgo; iii) la vacante existente en Mesa de Entradas cuando Parodi se reincorporó, donde además ya se había desempeñado en el pasado; y iv) que con eso no se violaba la unidad familiar, ni se la afectaba patrimonial o moralmente.
Reseñó que la señora Parodi cuestionó dicha resolución aduciendo que, en realidad, ella encubría un castigo por su afiliación al Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Pringles.
Explicó que la demandante mencionó que durante la pandemia prestó servicios de manera remota, modalidad luego interrumpida por el señor Sergio Casey —a la sazón Secretario de Gobierno y Seguridad— de quién ella dependía, en el mismo momento en que el municipio decidió pagar una bonificación en concepto de teletrabajo, con la única finalidad de perjudicarla.
Expresó que la agente Parodi relató que la relación laboral con dicho funcionario era amena y cordial, a pesar de manifestarle su descontento por la falta de reconocimiento a su buen desempeño, pero varió cuando decidió unirse al gremio, recibiendo maltratos por el funcionario en forma privada y frente a terceros.
Refirió que con motivo de esa situación se inició la causa "Parodi, Silvia Liliana c/ Casey, Sergio s/ protección contra la violencia de género (ley 26.458)", de trámite ante el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Pringles, en cuyo marco se ordenaron distintas medidas de protección.
Precisó que la parte actora expuso que, tras vacunarse y haber firmado con el señor Intendente un convenio de reincorporación con fecha 9 de agosto de 2021 a tareas esenciales de forma personal, el municipio le notificó el cambio de lugar de trabajo.
I.2. A partir de esos hechos, el Tribunal de Alzada recordó sus criterios para admitir o denegar pretensiones impugnatorias deducidas contra actos de la Administración emitidos en el ejercicio del ius variandi , haciendo hincapié en los casos en los cuales censuró traslados o modificaciones de tareas por deficiencia en la motivación del acto.
Construyendo sobre eso, consideró que la resolución impugnada portaba una motivación solo aparente.
Notó que el pronunciamiento de primera instancia ignoró que la demandante había denunciado una problemática de discriminación y maltrato que enmarcó en las previsiones de la ley 26.458 y, en ese contexto, sostuvo que correspondía analizar el asunto conforme la posición que adoptara en precedentes que versaron sobre la existencia de actos discriminatorios y la problemática del mobbing .
De allí tuvo por corroborados los maltratos sufridos por la actora con motivo de su afiliación al sindicato, a partir de la declaración testimonial de los agentes Casado, García y Fiore, tanto en estos actuados como en el expediente protectorio. A su entender, surgía que, para Casey, la agente Parodi era una "traidora". Además, destacó que negaron que hubiera habido una reestructuración en las áreas pertinentes, sumado a que otros agentes (Fiore) fueron reinstalados en el mismo puesto tras la terminación del teletrabajo.
En su tarea valorativa, la Cámara ponderó el convenio suscripto por la demandante con la Municipalidad de Coronel Pringles, en el cual se precisara que ella realizaba tareas administrativas en el área de Despacho. También la causa sobre violencia, en la cual se dictaron medidas precautorias contra el funcionario.
Concluyó así que el superior de la actora, valiéndose de su posición de poder y en represalia por su agremiación, le dispensó maltratos y ordenó trasladarla de área, siendo estos los verdaderos motivos detrás del acto administrativo impugnado, que por ende devenía inválido.
I.3. Por último, indemnizó por el daño moral padecido.
II. Contra dicho pronunciamiento la Municipalidad de Coronel Pringles interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 26-IV-2023, 11:50:38), en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 8 de la ley 14.656; 107 y 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM); 22 del Convenio Colectivo de Trabajo de la Municipalidad de Coronel Pringles y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita. También alega absurdo.
II.1. Adhiriendo a la apreciación de los testimonios de los agentes Casado, García, Fiore y Haderne y a los fundamentos vertidos por el pronunciamiento de primera instancia en defensa de la validez de la resolución 65/21, aduce que la decisión de la Cámara soslayó los motivos allí consignados que justificaron el cambio de lugar de trabajo y valoró incorrectamente la prueba producida, de la cual se desprende la independencia entre el traslado ordenado y la denuncia por maltrato.
En esa línea, expresa que el mentado acto contiene todos sus elementos esenciales y es producto de un procedimiento administrativo regular, en tanto se emitió en función de las facultades conferidas por los arts. 107 y 108 inc. 10 de la LOM y en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 8 de la ley 14.656 y 22 del Convenio Colectivo de Trabajo, referidos al traslado de los agentes y que, en el caso, ello obedeció a necesidades propias del servicio.
II.2. Sostiene que lo decidido por la Cámara se desvincula de los hechos y de la prueba aportada a la causa, incurriendo en absurdo.
En ese orden, apunta que la sentencia examinó la prueba en forma parcial e ignoró que de la documental y de las declaraciones testimoniales se desprende que: i) a la actora se le abonaron todas las bonificaciones, inclusive la de teletrabajo, según surge de los recibos de sueldo de los meses de julio de 2020 y enero de 2021; ii) la falta de envío de trabajo a domicilio durante la pandemia fue una medida de carácter general, conforme surge de los testimonios de Haderne y García; iii) la agente Parodi ya se había desempeñado en Mesa de Entradas y existía una vacante; y iv) no había diferencia de tareas entre el sector Mesa de Entradas y Despacho, siendo de la misma jerarquía.
En especial, indica que de las declaraciones de las agentes Haderne y Fiore y de la documental anexada, surge que en el sector Despacho existió efectivamente una reorganización con motivo de la reubicación física de agentes impulsada por los que debieron gozar de licencia compulsivamente en ocasión de la pandemia.
No obstante esa situación, alega que la Cámara equivocadamente se focalizó en el análisis de la causa judicial sobre discriminación y maltrato. Que si bien existió, el municipio dispuso la medida por otras razones y sin afectarla en sus aspectos familiares, materiales o morales.
Sobre esa base, recalca que el traslado de la agente Parodi no implicó para ella una retrogradación de funciones ni una sanción encubierta.
Asevera que la causa "Parodi, Silvia Liliana c/ Casey, Sergio s/ protección contra la violencia de género" se refiere simplemente a una imputación personal al mencionado funcionario por dichos expresados en su recinto durante la ausencia física de la agente, sin que ello incidiera en lo que aquí se ventila.
Como fuere, hace constar que se adoptaron en sede administrativa medidas de precaución para evitar que la agente Parodi tome contacto directo con el denunciado, dictando medidas de reestructuración, entre ellas, la aceptación de la renuncia del señor Casey, pasando este a cumplir tareas de distinta índole y en otro edificio.
II.3. Por último, recuerda que el traslado de sector de los agentes importa una prerrogativa de la administración municipal, en tanto que su estabilidad no implica necesariamente inamovilidad en sus empleos, salvo puestos que no admiten el ejercicio en otro lugar, no siendo ese el caso de autos.
III. El recurso no prospera.
III.1. El municipio alega que la Cámara, al decidir como lo hizo, desconoció sus potestades relativas al movimiento de sus agentes dentro de la repartición y que, en el caso, esa medida obedeció a necesidades organizacionales debidamente justificadas en la resolución 65/21, a la vez corroboradas en los testimonios de los agentes Casado, García, Fiore y Haderne.
Frente a ello, enfatiza que la denuncia por maltrato y discriminación realizada por la parte actora es un hecho independiente y totalmente desvinculado del cambio de área para la señora Parodi.
III.2. Así las cosas, debo decir que el embate que ensaya la demandada no logra revertir la conclusión a la que se llegó en la instancia anterior.
Ello es así pues, en la especie, la invalidación de la actuación municipal involucró, esencialmente, el análisis de cuestiones enteramente fácticas de la controversia, ligadas a una desviación de finalidad.
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causa A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; e.o.).
Más específicamente, se ha dicho que indagar en cada hipótesis específica si un movimiento de personal encierra un motivo encubierto, se presenta ante esta Suprema Corte y su competencia recursiva como una cuestión de hecho, deferida a los magistrados de grado e irrevisable a menos que se den las apuntadas circunstancias (arg. doctr. causas A. 70.947, "Caorsi", sent. de 21-II-2018; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-2018; A. 73.859, "Alcaray", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
Por su parte, cabe remarcar que el absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 72.514, "Visa Argentina SA", sent. de 21-XII-2016; A. 75.652, "Maciel", sent. de 14-XII-2020; A. 75.373, "Perrone", sent. de 10-IX-2024; e.o.).
III.3. Aquí la Cámara, sin desconocer la prerrogativa de la administración municipal para disponer el traslado de un área a otra de sus agentes en el ejercicio del ius variandi , apreció que el cambio de sector ordenado por resolución 65/21 obedeció, conforme los testimonios brindados por las compañeras de trabajo de la demandante, al trato disfuncional dispensado por su superior con motivo de la afiliación al sindicato de trabajadores municipales.
Esas probanzas fueron complementadas con lo que surgía del convenio de reincorporación y lo ocurrido en el marco de la causa por violencia.
Siendo así, el a quo evaluó diversos elementos de prueba de modo conjunto y relacionándolos entre sí, para concluir que estaba suficientemente demostrado que el señor Casey, entonces Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Coronel Pringles, castigó a la agente Parodi con un traslado de área que no obedecía a las prolijas razones expresadas en el acto administrativo, siendo su motivación un pretexto, cosa que determinaba su nulidad.
III.3.a. Al respecto, cabe recordar que la selección de pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde (que admite la posibilidad de inclinarse por algunas, descartando otras), es facultad privativa de los jueces de grado y no constituye un supuesto de absurdo en sí mismo el ejercicio de la potestad de los tribunales de las instancias de mérito para seleccionar el material probatorio y dar preeminencia a unos medios respecto de otros, así como a fin de apreciar la idoneidad de los testigos (doctr. causas C. 113.694, "Del Romano", sent. de 16-IV-2014; A. 72.493, "Parodi", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
En tal contexto, la valoración de las probanzas realizada de manera conjunta o integral, relacionando distintos elementos de juicio, constituye un método de razonamiento que aleja la posibilidad de incurrir en absurdo (doctr. causa A. 73.808, "Alanis", sent. de 5-VI-2019; e.o.).
Por lo tanto, más allá de la referencia que realiza el impugnante sobre una errónea interpretación de los hechos, la alegación del absurdo requiere cabal demostración de su existencia y por eso no basta con oponer a la valoración efectuada por el juzgador en función que le corresponde, argumentaciones que se basan en el propio criterio del apelante y que no traducen más que sus meras discrepancias subjetivas, insuficientes para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a las conclusiones fáctico-jurídicas del fallo (doctr. causa A. 76.786, "Balbuena", sent. de 15-VII-2021; e.o.).
III.3.b. En la especie, el recurrente no ha logrado evidenciar un grosero error interpretativo de la prueba rendida a fin de dar con la desviación de poder. Por el contrario, persiste en su posición inicial sobre la independencia entre las razones que justificaron el traslado de la agente Parodi y el hecho denunciado como maltrato y encauzado en un proceso protectorio, cosas que el Tribunal de Alzada estimó inescindiblemente ligadas y mal soslayadas por el juez de grado.
III.4. Por último, corresponde desestimar la genérica invocación relativa a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales, pues el embate no pasa del mero enunciado.
Es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar tal infracción, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por la Corte (doctr. causas C. 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009; C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014; e.o.).
IV. Por los fundamentos expuestos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/12/2025 05:57:04 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 30/12/2025 11:21:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/12/2025 12:44:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2025 14:16:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/12/2025 14:26:29 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/12/2025 16:14:35 hs. bajo el número RS-117-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia