Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77914
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.914, "Gonzalez, Mariano c/ Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Budiño .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda (v. sent. de fecha 28-XII-2021).
Contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 10-II-2022, 15:05:19 p.m.), el cual fue concedido por la Cámara interviniente mediante la resolución del día 8 de marzo de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 10-VIII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La magistrada a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a la demanda promovida por el señor Mariano Gastón González contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, declaró la nulidad de la resolución 89/17 dictada por dicho organismo ministerial por la cual se dispusiera su baja obligatoria de la institución policial (v. sent. de fecha 25-V-2021).
A consecuencia de ello dispuso la reincorporación a su puesto de trabajo y condenó a la demandada a abonarle el 50% de los haberes dejados de percibir, con más sus intereses y a computarle la antigüedad, tanto a los fines previsionales como para incrementar la bonificación respectiva.
En prieta síntesis sostuvo que la Administración, al emitir el acto que dispuso la baja obligatoria por falta de aptitudes, no dio cumplimiento con lo previsto en los arts. 64 inc. "d" de la ley 13.982 y 148 primera parte del decreto 1.050/09. Ello por la insuficiencia del dictamen previo en materia sanitaria, dado que sólo se limitó a mencionar que el demandante no se encontraba apto para desempeñar las funciones propias del subescalafón, por presentar un perfil psicológico inadecuado, omitiendo expresar si la ineptitud para desarrollar sus tareas era o no absoluta, cual era el diagnóstico psicológico del demandante, el grado de incapacidad o afectación para realizar el servicio y finalmente, clasificar el estado de incapacidad con relación a las tareas que desempeñaba (cfr. arts. 11, 12 y 13, decreto cit.).
De ahí que consideró que el ente ministerial incumplió con el procedimiento que configura un elemento esencial para predicar la legitimidad del acto impugnado.
Además, destacó que el acto prescindió de expedirse acerca de la posibilidad de ser asignado el agente González a otro destino policial o de acogerse a los beneficios previsionales, tal como surge del art. 64 inc. "d" de la ley 13.982.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín admitió el recurso articulado por la apoderada de la Fiscalía de Estado, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la demanda promovida (sent. de fecha 28-XII-2021).
Para así decidir, siguiendo los lineamientos de un precedente de esa alzada, consideró que los arts. 11, 12 y 13 del decreto reglamentario 1.050/09 no resultaban aplicables al presente.
Entendió que las normas citadas hacen referencia a los casos de baja por incapacidad física o psíquica, no extendible por analogía a un supuesto como el aquí planteado, toda vez que a raíz de la intervención de los profesionales de la salud, en sede administrativa se encontraba previamente preestablecido y tasado lo atinente a la evaluación del perfil psicológico del agente para la función policial.
Sentado ello, admitió la suficiencia del dictamen de la Dirección de Sanidad, que efectuó la evaluación del causante en gabinete psicotécnico y la posterior intervención de la Junta Departamental La Plata que determinara que el demandante no se encontraba apto para desempeñar las tareas propias para las cuales ingresó.
Precisó que la evaluación efectuada por la Junta Médica integrada por cuatro profesionales de la salud era el dictamen previo que motivó adecuadamente el acto de baja, el cual fuera emitido conforme las pautas establecidas en el Protocolo para la Evaluación Psicológica a los Postulantes a ingresar a los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad y la que concluyera, según esa normativa, que el perfil del señor González no era apto para desempeñar las tareas para las cuales ingresó.
Por otra parte, señaló que el derecho de defensa del demandante no se hallaba vulnerado en el procedimiento llevado a cabo en virtud de que pudo rebatir, tanto en sede administrativa como en la judicial, las conclusiones de la Junta Médica con posterioridad a la emisión del acto.
Consideró que ha quedado incólume el dictamen de ese organismo que declaró que el perfil psicológico de la parte actora no era adecuado para el cumplimiento de la función propia del cargo en el cual fue designado y no ofreció prueba tendiente a desvirtuar la opinión de los profesionales que intervinieron en la Junta.
Por último, en torno a que no se le habría dado otro destino policial al demandante, el Tribunal interpretó que carecía de virtualidad, en tanto se requieren exigencias diferentes para las distintas funciones de los agentes policiales.
III. El demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Denuncia vulnerados los arts. 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19 y 31 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de su par provincial; 7, 17 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; II, XVI, XXIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 1,2, 17, 21 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 7, 8 incs. "d" y "e" y 64 inc. "d" de la ley 13.982; 10, 11, 12, 13, 120, 130 y 148 del decreto reglamentario 1.050/09 (v. escrito electrónico de fecha 10-II-2022, 15:05:19 p.m.).
También alega que la sentencia es arbitraria, peticiona se decrete la nulidad de la resolución 89/17, se ordene la reincorporación al cargo que revistaba dentro del escalafón y finalmente se le abone una indemnización por los salarios retenidos.
En primer lugar, expresa que el Tribunal de Alzada al decidir del modo en que lo hizo desconoció la garantía de la estabilidad laboral del empleado público consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional y en particular en el art. 7 de la ley 13.982, que estatuye que ella se adquiere transcurridos los doce (12) meses de servicio efectivo. Señala que dicha garantía, una vez adquirida, sólo puede perderse por resolución definitiva dictada en una información sumaria sustanciada en la que se compruebe la disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el desempeño de las funciones inherentes a la jerarquía del cargo a la que pertenecía el señor González (cfr. art. 8, ley 13.982).
Sostiene que la Cámara efectuó un análisis arbitrario e incorrecto de la mencionada normativa interpretando que el ente ministerial podría decretar el cese de un empleado con tan sólo un mero dictamen médico estandarizado emitido por la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, sin ningún tipo de discriminación particular de las patologías, ello en infracción a los arts. 8 inc. "d" de la ley 13.982 y 12 del decreto reglamentario 1.050/09.
Aduce a su vez que el Tribunal de Alzada, al considerar que el dictamen de la Junta Médica ha sido emitido conforme el Protocolo para la Evaluación Psicológica a los Postulantes a ingresar a los Cuerpos policiales y Fuerzas de seguridad e importa una motivación adecuada para concretar su baja, afecta el debido proceso administrativo, sin que dicho vicio pueda ser saneado en sede judicial.
En ese orden señala, a su vez, que la Cámara interpretó erróneamente los arts. 8, 13 inc. "b", 127, 128 y 130 del decreto reglamentario 1.050/09 y refiere que varios pasos fueron obviados por la demandada y condujeron a vulnerar los derechos más elementales del agente. Así destaca que se omitió dar inicio a una actuación sumaria simple para determinar si se encontraba apto para ser policía o cambiar su situación de revista a "disponibilidad simple" (cfr. art. 13 incs. "a" y "b" de la ley 13.982) lo que le hubiera permitido impugnar el dictamen médico, pudiendo optar por solicitar el cambio de destino en la fuerza policial o, en su caso, aceptar una disminución de su capacidad laboral y peticionar el cambio de escalafón.
Manifiesta que ello importó colocarlo en una situación de indefensión total, lo cual fue avalado por el Tribunal de Alzada quien aplicó incorrectamente las normas que rigen el procedimiento aplicable al caso. Se queja, también, de que la sentencia impugnada omitió aplicar la normativa para los supuestos de pase a situación de disponibilidad simple por enfermedad o a situación de inactividad por agotamiento de las licencias médicas, vulnerando los arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial.
Asimismo, considera que el tribunal ignoró lo dispuesto en los arts. 7 a 13 del decreto 1.050/09 los cuales establecen los requisitos que debe poseer un dictamen médico y, que el ente ministerial omitió notificar el dictamen emitido lo que imposibilitó conocer la patología detectada, y realizar el descargo respectivo.
IV. El recurso prospera con el siguiente alcance.
IV.1. Con relación a la plataforma fáctica del caso corresponde señalar que mediante resolución 89/17 el entonces señor Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso la baja obligatoria de distintos agentes en los términos de los arts. 8 inc. "e" y 64 inc. "d" de la ley 13.982 y 148 del decreto reglamentario 1.050/09, entre los que se encuentra el demandante, al no poseer el perfil psicológico adecuado para desempeñar las tareas propias de la función policial para las cuales ingresaron.
En ese orden, surge del dictamen de fecha 24 de mayo de 2017, en el cual se fundó la resolución que dispuso su baja, que el señor González "NO se encuentra APTO en la actualidad para desempeñar tareas propias del Sub escalafón general para las cuales ingresó, por presentar un perfil psicológico inadecuado para el desempeño de dichas funciones" (dictamen fs. 59 vta.).
El Tribunal de Alzada sostuvo que la opinión de la Junta Médica era suficiente para motivar adecuadamente el acto que dispuso la extinción de la relación de empleo, en tanto se emitió conforme al protocolo de actuación. A su vez meritó que el demandante no había aportado prueba alguna tendiente a desvirtuar la conclusión profesional de dicho organismo sanitario, en orden a lo evaluado en relación con su perfil psicológico para ejercer la función policial.
IV.2. Considero que asiste razón al recurrente con relación a la denuncia que efectúa respecto de la incorrecta interpretación de la normativa que rige el caso.
En efecto, el art. 8 de la ley 13.982 establece que: "La estabilidad en el empleo, luego de adquirida en la forma prevista en el artículo anterior se perderá, entre otras cuestiones, [...] d) Por resolución definitiva dictada en información sumaria, sustanciada por la comprobación de disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el desempeño de las funciones inherentes a la jerarquía del causante. En este caso se procederá con las formalidades que establezca la reglamentación...".
El art. 64 de la citada ley contempla entre los casos en que pueda disponerse la baja obligatoria "...d) Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las aptitudes profesionales y personales que le impidan el normal ejercicio de la función policial que le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino policial, ni acogerse a los beneficios previsionales".
Por su parte el decreto reglamentario 1.050/09 dispone en su art. 148 que: "La baja por falta de aptitudes prevista en el artículo 64 inc. d) de la 'Ley de Personal' será dispuesta por resolución de la Autoridad de Aplicación, previo dictamen de la subsecretaría con competencia en materia sanitaria...".
Específicamente en lo relativo a las aptitudes requeridas para cada grado y subescalafón y a su reconocimiento médico, el mentado decreto estatuye en su art. 7 que: "Para ingresar a la Institución, permanecer en ella o aspirar al ascenso que en cada caso pudiera corresponder, se deberán poseer aptitudes psicofísicas adecuadas de acuerdo a la naturaleza de las tareas propias de cada uno de los sub escalafones, conforme lo determine la Autoridad de Aplicación".
Conforme a ello, la autoridad policial cuenta con prerrogativas para examinar periódicamente las aptitudes psicofísicas de sus agentes, las que deben ser materializadas con estricto apego a las formas exigidas por la normativa que rige la relación de empleo público policial.
Efectivamente, el art. 9 prevé que: "Las evaluaciones psicofísicas se llevarán a cabo por intermedio de la subsecretaría con competencia en materia sanitaria, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad de Aplicación...".
En particular el art. 10 indica que: "Para los dictámenes emitidos en las evaluaciones psicofísicas, el personal deberá aportar todos los informes con que cuenta la clínica médica, incluyéndose investigaciones de laboratorio, electrocardiogramas, radiología, informes de especialistas, y todo otro aporte de orden técnico que por las características particulares de cada caso solicitare la Autoridad de Aplicación".
El art. 11 expresa que "En los dictámenes médicos se pondrá de manifiesto si la ineptitud del personal policial es o no absoluta para las funciones del sub escalafón, grado y cargo".
Precisa el art. 12 que: "El dictamen deberá especificar las siguientes circunstancias: 1) Diagnóstico. En caso de anormalidad, establecer afección o defecto físico que la produce. 2) Etiopatogenia de la enfermedad o defecto, determinando fundadamente, si ha sido adquirida en ocasión o como consecuencia del servicio y 3) Grado de incapacidad para el servicio".
La clasificación del estado de incapacidad, en todos los casos deberá encontrarse relacionada con la naturaleza de las tareas correspondientes al subescalafón, grado y cargo en que se desempeñare el personal policial (cfr. art. 13).
Sobre esa base, se advierte que el dictamen en el cual intentó fundarse el acto de baja se limitó a mencionar que el señor González no se encontraba apto para desempeñar las funciones propias del subescalafón por presentar un perfil psicológico inadecuado para el desempeño de dicha actividad. Empero, no expresó si la ineptitud para la función era o no absoluta (cfr. art. 11, cit.), no especificó diagnóstico alguno del perfil psicológico del demandante cuya anormalidad le impida ejercer las funciones para las que fue designado, ni tampoco estableció el grado de incapacidad o afectación para realizar el servicio (cfr. art. 12, cit.) y, omitió clasificar el estado de incapacidad que debe estar relacionado con la naturaleza de las tareas que ejercía (cfr. art. 13, cit.).
Conforme quedó de manifiesto, en la normativa se establecen las especificaciones que debe tener el dictamen y el procedimiento a seguir, que no ha sido tenido en cuenta por el Tribunal de Alzada que sólo consideró que el informe médico se emitió conforme al protocolo de actuación.
Sin desconocer las prerrogativas de la autoridad policial de examinar periódicamente las aptitudes físicas y psíquicas de sus agentes, sobre todo en la particular relación de empleo de las fuerzas de seguridad, que tienen la misión de prevenir el delito y proteger a la comunidad, considero que dichas facultades fueron ejercidas sin la adecuada fundamentación, limitándose —reitero— solo a referenciar que el dictamen de la Dirección de Sanidad consideró al agente González no apto para desempeñar las tareas.
En razón de ello, el acto que dispuso la baja obligatoria del señor González al remitir a un informe que se aparta de la normativa aplicable, carece de uno de sus elementos esenciales.
Es que la motivación de los actos de la Administración, especialmente cuando se trata de potestades discrecionales, constituye un recaudo que tiende a consolidar la vigencia del principio republicano de gobierno, imponiendo a los órganos administrativos la obligación de dar cuenta de sus actos al tiempo que evita que se afecten los derechos de impugnación de los particulares alcanzados por la resolución y se impida la revisión judicial de la legitimidad y razonabilidad de tales actos (doctr. causas B. 63.473, "V., H. R.", sent. de 19-VIII-2009; B. 62.434, "Cassini", sent. de 21-X-2015; A. 72.774, "Sisto", sent. de 27-IX-2017; e.o.).
De ahí que la ausencia de una adecuada motivación que apuntale la decisión estatal, nulifica la resolución que dispuso la extinción de la relación de empleo público (arts. 15, Const. prov. y 108, dec. ley 7.647/70).
En este sentido este Tribunal tiene dicho que la deficiencia en la motivación torna irrazonable al acto administrativo y, por tanto, tal vicio conlleva su nulidad (arts. 103, 108 y concs., dec. ley 7.647/70; causas B. 55.490, "Arrambide", sent. de 21-VI-2000; B. 55.957, "Menéndez", sent. de 12-IX-2001; B. 62.308, "Clemeno", sent. de 3-XII-2003; B. 63.367, "Cavaliere", sent. de 14-VII-2010; e.o.).
Por lo expuesto considero que el acto impugnado es inválido, pues el defecto legal observado es ostensible y asiste —por tanto— razón a la recurrente en esta parcela.
También advierto que se ha afectado el derecho de defensa del demandante por cuanto, tal como surge de las constancias de la causa, no ha tenido posibilidad de intervenir en el procedimiento administrativo que a la postre concluyó con el acto que dispuso su baja por presentar un perfil psicológico inadecuado (sin determinar el grado de incapacidad que padecía para el servicio, si su ineptitud era o no absoluta para las funciones que debía ejercer e incluso sin haberse siquiera mencionado —ni en sede administrativa ni en esta instancia judicial— las razones por las cuales no se aplicó el procedimiento previsto a tal fin —art. 148 y concs., decreto 1.050/09—).
Las razones que anteceden conducen en esta parcela a hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, reconociendo la ilegitimidad del actuar administrativo.
Ello implica la reimposición de la condena de grado, con la aclaración de que la reincorporación del actor deberá hacerse en tareas acordes con su capacidad laboral (arg. doctr. causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016).
IV.3. En el análisis de esta vía extraordinaria, no debe perderse de vista el postulado procesal denominado "adhesión a la apelación" que impone, en la resolución del recurso de inaplicabilidad de ley, tener en cuenta lo alegado por la contraparte, ausente en su tramitación porque la sentencia le fue favorable (conf. doctr. causas C. 102.197, "Dukart", sent. de 8-VIII-2012; C. 108.940, "de la Torre", sent. de 16-VII-2014; C. 121.043, "Rivada", sent. de 7-II-2018; e.o.).
En orden a ello, corresponde señalar, que no hay en la apelación que fuera dirigida por la demandada contra la sentencia de primera instancia argumentos que conmuevan la decisión que aquí se adopta (conf. doctr. causas C. 109.072, "Lincuiz", sent. de 12-XII-2012 y C. 109.574, "Mugni", sent. de 12-III-2014; arts. 266, 267, 289 y concs., CPCC).
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