Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77893
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.893, "A., N. D. c/ Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Budiño, Carral .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que admitiera la demanda promovida por el señor N. D. A. contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 24-XI-2021).
Contra ese pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 13-XII-2021, 11:40:30 a.m., en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución del día 21 de febrero de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 1-VI-2022), agregado el memorial de la parte demandada (v. presentación electrónica de fecha 21-VI-2022, 12:27:13 p.m., en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor juez de primera instancia en lo contencioso administrativo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro admitió la demanda deducida por el señor N. D. A. y declaró la nulidad de la resolución 1.359/17 mediante la cual el Ministerio de Seguridad dispuso su baja obligatoria de la fuerza policial.
Asimismo, ordenó su reincorporación en el cargo que revistaba dentro del escalafón, con expresa prohibición de portar armas y difirió el tratamiento de la pretensión indemnizatoria hasta tanto la autoridad administrativa dicte un nuevo acto (v. sent. de fecha 18-XII-2020).
Para así decidir ponderó que el dictamen efectuado por la Dirección de Sanidad —División Junta Departamental La Plata— no cumplió con la totalidad de las especificaciones dispuestas por el art. 12 del decreto reglamentario 1.050/09 y que el procedimiento no se adecuó a las previsiones del art. 8 inc. "d" de la ley 13.982, que expresamente dispone que "la estabilidad en el empleo luego de adquirida se perderá [...] por resolución definitiva dictada en información sumaria, sustanciada por la comprobación de disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el desempeño de las funciones inherentes a la jerárquica del causante", aun teniendo presente que en el caso no se trata de una baja por incapacidad física o psíquica.
Consideró que las circunstancias antes detalladas vulneraron el derecho de defensa del actor, toda vez que a pesar de la estandarización que posee la evaluación en el marco de la regularización de la situación de revista de los agentes, la decisión de dar de baja a un efectivo policial requería necesariamente la debida sustanciación del informe de la Junta de Reconocimientos Médicos, para que a partir de la vista que se le confiera al afectado, este pueda ejercer de manera oportuna y adecuada su derecho de defensa (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Ante tal incumplimiento entendió que se vulneró el debido proceso en sede administrativa, cuya invalidez consecuente no puede ser saneada en el proceso judicial.
Advirtió que no puede pasarse por alto, a los fines de la resolución integral de la litis, la pericia psicológica propuesta por el demandante, cuyas conclusiones —especialmente la inconveniencia respecto de la portación de armas— no pueden ser desatendidas por el juzgador.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín, revocó lo decidido por el señor juez de primera instancia y rechazó la demanda (v. sent. de fecha 24-XI-2021).
Para así decidir, destacó que cuando el art. 8 inc. "d" de la ley 13.982 prevé la pérdida de la estabilidad laboral en el marco estatutario policial, la referencia a "... sustanciada por la comprobación de disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el desempeño de las funciones inherentes a la jerarquía del causante" indica en el contexto gramatical de la norma que "...información sumaria, sustanciada por" debe interpretarse en el sentido de "información sumaria, tramitada por...", la verificación de las aptitudes fiscas o mentales.
De ese modo, consideró que la normativa aplicable no prescribe un traslado del dictamen de la Junta Médica como trámite esencial previo al dictado del acto administrativo.
Por su lado, admitió el agravio deducido por la Fiscalía de Estado relativo a las diferencias habidas entre el procedimiento aplicable al supuesto de autos de aquellos de índole disciplinaria.
Señaló que este tipo de procedimiento no requiere de una evaluación de la conducta del agente ni se efectúa una valoración subjetiva, sino que consiste en una comprobación objetiva de su aptitud psicofísica.
Aclaró que ello de modo alguno implica que el agente carezca de la posibilidad de rebatir o refutar las conclusiones que la Junta Médica efectuare de su perfil, pero no de manera previa al acto sino con posterioridad a su dictado, ya sea en sede administrativa o judicial.
Del mismo modo receptó el agravio de la demandada con relación a la suficiencia del dictamen de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos.
Advirtió sobre la inaplicabilidad del art. 12 del decreto 1.050/09 al caso de autos, toda vez que este hace referencia a supuestos de baja por incapacidad física o psíquica.
Consideró que, en este caso, el análisis de los profesionales de la salud intervinientes en sede administrativa, a diferencia de lo que ocurre en los casos de incapacidad, se encuentra preestablecido y tasado en orden a la adecuación del perfil del agente a la función policial.
En ese sentido, refirió a las precisas pautas del Protocolo de actuación para la Evaluación Psicológica a los postulantes de ingresar a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, a cuyos criterios generales y específicos los profesionales que evalúan el ingreso y permanencia del personal policial deben limitarse.
Refirió, también, con relación a la motivación del acto de baja, que lo allí expresado, en cuanto se sustenta en el dictamen producido en los términos aludidos y vinculado estrechamente al Protocolo de actuación satisface el requisito de la motivación integrativa.
Concluyó, atento a la inobservancia de vicios en el acto impugnado, que el derecho de defensa del actor no había sido vulnerado.
Respecto a la prueba que aportaron los dictámenes de la Junta Médica (original y ampliatorio efectuado en el marco de la prueba informativa) y el informe pericial producido en el juicio, sostuvo que se encuentra suficientemente demostrado que el demandante no se halla apto para la función policial, así como tampoco para realizar tareas administrativas de cierta complejidad.
Desde esta perspectiva, señaló que conforme la valoración de la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica (arts. 77 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101— y 384, CPCC), el informe ampliatorio de la Junta Médica en respuesta a las pruebas agregadas y las conclusiones del experto vertidas en el examen pericial, cuyos resultados —además— no fueron controvertidos por el demandante, demuestran de manera indubitable que este no es apto para la función policial y que tampoco se hallaría en condiciones de prestar tareas administrativas complejas.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el demandante denuncia que el pronunciamiento de la Cámara vulnera los arts. 14 bis, 15, 16, 17, 19 y 31 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de su par provincial; 7, 17 y 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; II, XVI y XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 17, 21 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 7, 8 incs. "d" y "e" y 64 inc. "d" de la ley 13.982 y 10, 11, 12, 13, 120, 130 y 148 del decreto reglamentario 1.050/90 (v. escrito electrónico de fecha 10-II-2022, 15:05:19 p.m.).
También alega que la sentencia es arbitraria.
En primer lugar, expresa que el Tribunal de Alzada al decidir del modo en que lo hizo desconoce la garantía de la estabilidad laboral del empleado público consagrada en el art. 14 bis de la Constitución nacional y en particular en el art. 7 de la ley 13.982, que estatuye que aquella se adquiere transcurridos los doce (12) meses de servicio efectivo y que durante el tiempo que el personal desempeñe su cargo sin estabilidad tendrá todas las obligaciones y los derechos previstos en dicha ley y su reglamentación.
Asimismo, señala que dicha garantía una vez adquirida sólo puede perderse por resolución definitiva dictada en información sumaria, sustanciada por la comprobación de disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el desempeño de las funciones inherentes a la jerarquía del causante (cfr. art. 8, ley 13.982).
Considera que es arbitraria e incorrecta la nueva interpretación que efectúa la Cámara actuante, con relación al contexto gramatical por el cual "información sumaria, sustanciada por" debe entenderse "información sumaria, tramitada por", para verificar las aptitudes físicas o mentales de los agentes, que —a su criterio— implica que la normativa no prescribe un traslado del dictamen de la Junta Médica como requisito esencial previo al dictado del acto administrativo.
Sostiene que el razonamiento del Tribunal de Alzada inclusive interpreta que el ente ministerial podría decretar la extinción de una relación de empleo público con tan sólo un mero dictamen médico estandarizado emitido por la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, sin ningún tipo de discriminación particular de las patologías, ello en infracción a los arts. 8 inc. "d" de la ley 13.982 y 12 del decreto 1.050/09.
Aduce a su vez que, el tribunal al considerar que el dictamen producido por el citado organismo respeta el Protocolo para la Evaluación Psicológica de los Postulantes de ingreso a los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad y sirve de motivación adecuada para el acto que dispuso la baja, vulnera el debido proceso administrativo, sin que pueda ser saneado en sede judicial.
Señala, a su vez, que lo decidido importó interpretar erróneamente los arts. 8, 13 inc. "b", 127, 128 y 130 del decreto reglamentario 1.050/09.
Refiere que la demandada para disponer su baja debió dar inicio a una actuación sumaria simple para determinar si se encontraba apto para ser policía y no lo hizo; debió cambiar la situación de revista, pasando de "servicio activo" (cfr. art. 13 inc. "a", ley 13.982) a "disponibilidad simple" (cfr. art. 13 inc. "b" de la citada ley) y ello hubiera permitido impugnar el dictamen médico, pudiendo optar por solicitar el pase al servicio activo o, en su caso, aceptar una disminución de su capacidad laboral y solicitar el cambio de escalafón.
Manifiesta que tal situación importó colocarlo en una situación de indefensión y, a la vez, el pronunciamiento impugnado omitió aplicar la normativa para los supuestos de pase a situación de disponibilidad simple por enfermedad o a situación de inactividad por agotamiento de las licencias médicas, vulnerando de ese modo los arts. 14 bis y 18 de la Constitución nacional y 15 de su par provincial.
Asimismo, considera que el Tribunal de Alzada ignoró lo dispuesto en los arts. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del decreto 1.050/09 que establecen los requisitos que debe poseer un dictamen médico y que la omisión de notificarlo le imposibilitó conocer la patología detectada y realizar el descargo respectivo.
Finalmente, tras citar un precedente emitido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con sede en La Plata en un caso en el que se analizaba la validez de una resolución ministerial en que se dispusiera la baja de un agente, entiende que corresponde decretar la nulidad del acto de cese, reincorporar al actor al cargo que revistaba dentro del escalafón, con prohibición de portación de armas, como así también el pago de una indemnización por los salarios retenidos hasta el presente.
IV. El recurso no puede prosperar atento a la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Tal como se ha reseñado, el Tribunal de Alzada —al resolver como lo hizo— no encontró configurado vicio alguno en el acto impugnado, pues consideró que la baja del agente de las fuerzas de seguridad se encontraba suficientemente motivada con el dictamen de la Junta Médica, en tanto se emitió conforme al Protocolo de actuación.
A dicho argumento adicionó, que se encontraba acreditado que el actor no era apto para la función policial, como así tampoco para realizar tareas administrativas de cierta complejidad.
En ese orden, la Cámara interviniente ponderó la prueba producida en autos, a saber: i) el informe ampliatorio de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos en respuesta al oficio librado en el marco de las pruebas producidas en esta sede judicial (v. fs. 189) y ii) las conclusiones vertidas en el examen pericial producido en autos (v. fs. 208/213); cuya apreciación fue efectuada a la luz de las reglas de la sana crítica (arts. 77, CCA y 384, CPCC).
Al respecto, y a diferencia de otras causas en las que he tomado conocimiento relacionadas con bajas de efectivos policiales en el marco de la aplicación del Protocolo de Evaluación Psicológica Policial, advierto que en este caso el Tribunal de Alzada ha efectuado una detallada ponderación de la prueba pericia psicológica producida en este proceso, que fuera propuesta por la propia actora (v. pto. VII.c. de la demanda), la cual no ha merecido impugnación o pedido de explicación alguna de su parte, y tampoco ha sido cuestionada por ante esta instancia extraordinaria.
En efecto, la valoración de la prueba nos sitúa en el campo de la apreciación de los hechos y del material probatorio lo que constituyen cuestiones propias de los jueces de mérito y, por regla, exentas del control casatorio, salvo que se invoque y demuestre el vicio de absurdo.
De acuerdo con lo sostenido por esta Suprema Corte, el vicio mencionado se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado de tal modo que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa (doctr. causa A. 75.058, "Zapata", sent. de 28-XII-2021).
En el caso la recurrente no se hace cargo de desvirtuar las conclusiones del informe pericial producido a fs. 208/213 mediante la alegación y acreditación del vicio del absurdo, el cual ha sido especialmente ponderado por la Cámara interviniente para fundar esa parcela del fallo.
Lo expuesto sella la suerte adversa a la impugnación, ello más allá del acierto u error en la interpretación que efectúa la Cámara de la normativa involucrada en el caso.
Además, este Tribunal ha manifestado reiteradamente que no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca.
En definitiva: al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la interpretación de los hechos probados, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etcétera, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; en cambio, le resulta indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (doctr. causas C. 119.623, "Guevara", sent. de 25-IV-2018; A. 74.932, "Martin", sent. de 17-X-2018; A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
En tales condiciones, el absurdo no ha sido acreditado, pues aquí el impugnante se limita a denunciar que la Cámara incurrió en arbitrariedad esgrimiendo su propia versión de los hechos y omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis (cfr. art. 279, CPCC; doctr. causas A. 71.843, "Pellizari", sent. de 3-XII-2014; A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
En suma, la recurrente restó entidad a la valoración de la prueba en la que se apoyó el decisorio, exteriorizando su discrepante opinión en orden a lo concluido por los sentenciantes, por lo que tal modalidad impugnativa es inhábil para conmover el fundamento del pronunciamiento atacado.
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 —texto según ley 13.101—; 68 primer párr. y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los antecedentes de la controversia que interesan al recurso en tratamiento han sido expuestos por la doctora Kogan.
II. El mismo prospera, con el alcance que se señalará.
II.1. La crítica del impugnante, sustentada en un cúmulo de violaciones de índole normativa, se resume en la vulneración del derecho de defensa derivado de lo que —entiende— fue la modalidad de tramitación del procedimiento interno policial para la determinación de las incapacidades físicas y psíquicas que derivó en su baja (conf. arts. 8 inc. "d", 64 inc. "d" y concs., ley 13.982; 10 y sigs., dec. 1.050/09 y 14 y concs., Protocolo para la Evaluación Psicológica a los Postulantes de ingresar a los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad).
Dice que allí no se siguió la formalidad de un sumario administrativo. Pero, por sobre todo, que se prescindió de la sustanciación del dictamen de la Junta Médica, cosa que —de haber ocurrido— le habría permitido producir oportunamente prueba tendiente a demostrar su continuada capacidad para el empleo, bien que llegado el caso en un puesto de menores exigencias (v.gr., en el agrupamiento administrativo).
En su lugar, afirma que quedó directamente anoticiado de su exclusión de los cuerpos policiales a través de una breve resolución ministerial que listaba una serie de legajos y que remitía a una opinión médica que concluía que esos agentes no contaban con el perfil psicológico adecuado para seguir ejerciendo la función a la que habían ingresado.
II.2. El fallo de grado hizo lugar parcialmente a la demanda.
Para eso, leyó el marco normativo involucrado como efectivamente exigiendo una sustanciación del dictamen médico previo al dictado del acto administrativo final, circunstancia que se veía reforzada por gravitación de la garantía de defensa y tutela administrativa efectiva (art. 15, Const. prov.).
Al no cumplirse con eso, concluyó que lo actuado fue inválido.
Sin embargo, como el dictamen pericial producido en sede judicial a instancias del agente fue concluyente en punto a la inconveniencia de que portase armas de fuego, ordenó directamente que se lo reubique, pero en funciones que no implicasen cargar con esa responsabilidad.
II.3. La Cámara de Apelación, al revocar el fallo de grado, entendió que el actor no llevaba la razón.
Para eso consideró que el procedimiento no contemplaba la posibilidad de sustanciar el dictamen ( i.e., que cuando el art. 8 inc. "d" de la ley 13.982 empleaba el término "sustanciada por", significaba en realidad "tramitada por"); que la normativa de la que se valía el demandante ni siquiera era la aplicable a su situ
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.