Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78880
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.880, "Muruve Prim, Federico Emmanuel c/ Municipalidad de Chivilcoy s/ Pretensión Anulatoria. RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Chivilcoy y rechazó el deducido por la parte actora (v. sent. de fecha 18-V-2023).
Disconforme con ese pronunciamiento, el demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 30-V-2023, 17:40:02 p.m. en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 29-VI-2023.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 25-VIII-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes admitió la demanda promovida por el señor Federico Emmanuel Muruve Prim contra la Municipalidad de Chivilcoy y la condenó a que convierta al agente de carácter transitorio a definitivo, debiendo tener al trabajador por ingresado a la planta permanente y en igual categoría a la que revistaba al momento de la baja, a partir de la fecha en que inició su prestación de servicios bajo la vigencia de la ley 14.656, esto es desde el 2 de enero de 2017.
Paralelamente, condenó a la comuna a abonar al actor en concepto de daño material una suma equivalente al 50% de los salarios dejados de percibir por el agente, desde que se produjo el vencimiento del último acto de designación y hasta la fecha de su efectiva reincorporación, tomando como base de cálculo el sueldo neto actual de la categoría en la que revistaba al tiempo de la baja, a cuyo monto deberá agregarse el correspondiente a los intereses, que serán calculados a la tasa del 6% anual (arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.) hasta el dictado de la sentencia y de allí en más, resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa.
Por último, le reconoció al actor el daño moral por la suma de doscientos mil pesos ($200.000) más los intereses e impuso las costas a la demandada vencida (v. sent. de 4-VII-2022).
II. A su turno, en lo que a esta vía extraordinaria interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el municipio demandado y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto admitió la demanda promovida y dispuso la conversión de la designación del agente de transitoria a definitiva y le otorgó la indemnización por daño moral. Empero, condenó a la Municipalidad demandada a abonar al demandante una suma de dinero a calcularse conforme los parámetros legales y con el alcance temporal que en el decisorio se determina (v. sent. de fecha 18-V-2023).
II.1. Para así decidir, en primer orden, sostuvo que no correspondía la reincorporación del demandante a su puesto de trabajo, en tanto en el caso se acreditó que el señor Muruve Prim fue designado como personal temporario por la Municipalidad demandada.
Para concluir de ese modo, inicialmente, hizo mención de los distintos decretos que constaban en el legajo del agente mediante los que se lo designara como personal temporario para desempeñar sus tareas en la Secretaría de Seguridad, a partir del año 2011 y por un periodo de ocho años, siendo el último desde el 2-I-2018 hasta el 31-XII-2018.
Destacó que al momento de su ingreso al municipio se encontraba vigente la ley 11.757, la que luego fue reemplazada por la ley 14.656, publicada en el Boletín Oficial el 14 de junio de 2014, normativa que comenzaría a regir a los ciento ochenta días de su publicación.
Señaló que el art. 70 de la ley 14.656, en lo tocante a la conversión del trabajo transitorio en definitivo que pretende el demandante, no es aplicable en el caso, toda vez que la vigencia de la Sección en la que se encuentra dicho precepto fue prorrogada por ciento ochenta días por el art. 69 de la ley 14.807, publicada en el Boletín Oficial el 25 de enero de 2016.
Explicó que la referida Sección estableció el régimen aplicable ante la ausencia de ordenanza o convenio colectivo de trabajo destinado a reglamentar el régimen de empleo municipal, destacando que en el caso de la Municipalidad de Chivilcoy se sancionó la ordenanza 8.631 "Estatuto para el Personal de la Municipalidad de Chivilcoy", que si bien no fue denunciada por la comuna, surge de la página web http//Chivilcoy.gov.ar/boletinoficial/catgory/ordenanza/, publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2016; este régimen es el que el Tribunal de Alzada consideró aplicable en la especie.
II.2. A partir de ese análisis, en virtud del principio iura novit curia , entendió que el art. 70 de la ley 14.656 quedó desplazado por la ordenanza 8.631, que fuera sancionada dentro del término de ciento ochenta días de dispuesta la prórroga mediante la ley 14.807 y los ciento ochenta días establecidos por el art. 65 de la ley 14.656, cuya existencia no fuera denunciada por el municipio demandado.
Tras la mención de la doctrina de esta Corte sobre el postulado anteriormente citado y la referencia textual de los arts. 1, 2, 4, 65, 70 y 111 de la ley 14.656, vigente al momento de la última designación del agente, señaló que la Municipalidad de Chivilcoy en ese contexto dictó la ordenanza 8.631, cuyos arts. 1, 3, 4, 8, 13, 15, 16, 86, 88, 93 y 94 referidos al ingreso y derechos de los agentes de la planta permanente y transitoria trascribe textualmente.
II.3. Sentado ello, luego ponderó que ni en la primera designación del demandante como agente de planta temporaria ni tampoco en los posteriores nombramientos, bajo la vigencia de la ley 14.656 y la ordenanza respectiva, se había dado cumplimiento con los requisitos necesarios para el ingreso de la parte actora a planta permanente.
En el caso entendió que el demandante no adquirió estabilidad en el cargo en el cual fuera designado en virtud de que su designación lo fue en calidad de temporario, recordando para ello que esta Corte, por mayoría, sostuvo que el personal de planta temporaria participa de un status de excepción, no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o razonablemente implícito, en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y desempeño en la relación de empleo (causas B. 61.553, "Díaz", sent. de 10-VIII-2005; B. 63.643, "Cieri", sent. de 27-VII-2008; B. 62.513, "Gundín", sent. de 22-X-2008; B. 56.954, "Zorrilla", sent. de 1-VI-2011; e.o.).
Asimismo para arribar a esa conclusión tuvo en cuenta lo dicho por este Tribunal en cuanto a que, para determinar la naturaleza del vínculo entre la administración y el agente, debe estarse a la modalidad de la designación, sin que la existencia de sucesivas renovaciones del contrato o la antigüedad en el nombramiento con carácter de contratado habiliten a tener por modificada la situación de revista y, a su vez, que la condición jurídica del agente de planta temporaria no puede consolidar una relación de empleo estable ni aspirar a ejercer un derecho a ella por transformación de la preexistente situación escalafonaria.
II.4. Finalmente, sin perjuicio de la improcedencia del reingreso en el cargo municipal que ocupaba el señor Muruve Prim, condenó a la Municipalidad de Chivilcoy al pago de una suma indemnizatoria por la irrazonable modalidad contractual adoptada.
III. Contra el mentado pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 30-V-2023, 17:40:02 p.m. en el sistema Augusta), en el que denuncia que la sentencia impugnada vulnera los arts. 1, 5, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 1, 10, 15, 25, 31, 168 y 171 de su par provincial y 65, 70 y concordantes de la ley 14.656.
III.1. En primer lugar, afirma que la Cámara vulneró el principio de congruencia, por cuanto invocando el postulado iuria novit curia fundó su decisión en la ordenanza 8.631/16, normativa que ha sido extraída del sitio web de la comuna y no ha sido denunciada por el municipio en la oportunidad de contestar la demanda.
Aduce que el Tribunal de Alzada debió fallar de acuerdo a las pretensiones, pruebas y cuestiones incorporadas por las partes al proceso, no pudiendo los jueces suplir lo omitido en primera instancia luego de haber adquirido firmeza.
III.2. También alega que la sentencia en crisis incurre en arbitrariedad al analizar de modo parcial la ley 14.656, por cuanto los requisitos que exige el marco legal para el ingreso de un agente a la planta permanente no fueron ponderados por el Tribunal de Alzada con la misma rigidez que los previstos para el ingreso a la planta temporaria, cuya normativa establece una penalidad para el caso de incumplimiento.
III.3. Por último, reitera que la Cámara juzga el asunto con sustento en la ordenanza 8.631/16, la que no integró la materia en debate.
En ese orden expresa que dicha normativa se limita a transcribir los lineamientos de la ley 14.656. y no contiene requisito alguno para efectuar una designación temporaria, por lo que considera que la ordenanza 8.631/16 es inaplicable, conforme lo previsto en art. 65 de la ley citada.
Finalmente hace constar que las tareas desempeñadas por el recurrente eran propias del personal permanente, por lo que resulta procedente el apercibimiento que establece el art. 70 de la ley 14.656 en cuanto a que cualquier infracción a lo establecido en materia de planta temporaria convertirá al trabajo transitorio en definitivo y se lo considerará ingresado a la planta permanente a partir de la fecha en que inicio su prestación de servicio.
IV. El recurso no prospera, en atención a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
IV.1. En primer lugar, y respecto a la denuncia de violación al principio de congruencia, al incorporar la ordenanza 8.631/16 para fundar la decisión en crisis, esta Suprema Corte tiene dicho que la aplicación e interpretación de las normas legales pertinentes queda reservada a los jueces en virtud del principio iuria novit curia , con abstracción de las alegaciones de las partes y ello no afecta al principio de congruencia y defensa en juicio, pues a los jueces les corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas con independencia del derecho que hubieren invocado las partes, en tanto no alteren los hechos (doctr. causas A. 75.410, "Ramos", resol. de 12-VI-2019; L. 111.863, "Coronel", sent. de 24-IV-2013; L. 88.775, "E. E. E.", sent. de 23-III-2010; e.o.), motivo por el cual debe descartarse el agravio entablado en ese sentido.
IV.2. No corre mejor suerte la denuncia de arbitrariedad formulada.
La recurrente manifiesta que la Cámara se limitó a ponderar si la designación del demandante había sido acorde con las previsiones de la ley 14.656 en cuanto se refieren al ingreso a la planta permanente, soslayando que no había convenio colectivo ni ordenanza al respecto, y prescindiendo de las formalidades contractuales previstas en el art. 70 inc. 2 de la ley 14.656 para el personal de la planta temporaria.
En lo concerniente a la arbitrariedad denunciada, tiene dicho este Tribunal que la invalidación de una sentencia sobre tales bases es de carácter excepcional y que su articulación no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (cfr. doctr. causas A. 76.527, "Vizzotti", sent. de 24-XI-2022 y A. 76.566, "Montes", sent. de 2-III-2023).
En el caso, la denuncia de arbitrariedad de la sentencia carece de entidad suficiente para lograr la revisión pretendida bajo esta causal.
En efecto, sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva.
Tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.269, "Zamparolo", sent. de 10-VIII-2016; A. 70.865, "De Francesco", sent. de 3-V-2017; A. 74.506, "Cornes", sent. de 18-X-2017; A. 75.506, "Di Paola", sent. de 22-IX-2021; e.o.), tal como ha ocurrido en el caso.
La insuficiencia impugnatoria deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020; A. 78.993, "Valbuena", resol. de 19-VIII-2024; e.o.).
En el caso el argumento principal de la Cámara interviniente se sustentó en la doctrina legal de esta Corte emergente de las diversas causas que cita en torno a que el acto de designación del demandante como personal temporario, es el que imprime el régimen aplicable a la relación de empleo público, que en la especie quedó comprendido bajo los lineamientos de la ordenanza 8.631/16.
Tal fundamento no ha sido rebatido adecuadamente por el recurrente para la procedencia del remedio intentado, toda vez que en la pieza recursiva solo se limita a esbozar genéricamente que la Cámara incurrió en arbitrariedad e insiste en la aplicación del art. 70 de la ley 14.656 como así también en la omisión voluntaria de la demandada respecto de la sanción de la ordenanza 8.631/16.
Los argumentos esgrimidos no van más allá de meros disentimientos personales con la solución que el Tribunal de Alzada le ha dado a la contienda y, como tales, en modo alguno logran demostrar que la sentencia, en este aspecto, no constituya una derivación del derecho vigente (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V. Por las razones expuestas, atento a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto ha sido insuficientemente fundado, corresponde su rechazo (arts. 279 y 289, CPCC). Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.010; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Torres, en cuanto propicia —en razón de su insuficiencia— la solución desestimatoria del remedio intentado (arg. art. 279, CPCC).
II.1. Solo destaco que el recurrente —para que prospere y se imponga la solución prevista en el art. 70 inc. 2, cuarto párrafo, de la ley 14.656 (esto es, la incorporación automática a la planta permanente del agente temporario ilegítimamente caracterizado como tal)— pretende que se prescinda de las disposiciones de la ordenanza 8.631/16 de la Municipalidad de Chivilcoy, que en la lógica de los sentenciantes desplazó el contenido supletorio de la Sección III de dicha ley —donde se inserta aquella norma—, sin contemplar una regulación semejante.
En ese sentido, lejos de controvertir la valoración efectuada por la Cámara acerca de la sustancia o incluso la efectiva entrada en vigencia de la ordenanza de empleo público municipal —a la luz de la prórroga dispuesta por el art. 69 de la ley 14.807—, el apelante insiste en que la normativa comunal jamás pudo ser aplicada por el a quo debido a que su invocación no integró la litis.
II.2. Si bien esta Suprema Corte ha sostenido, algunas veces, que el principio conforme al cual los jueces deben conocer el derecho no se extiende a la totalidad de las reglamentaciones locales y/o sectoriales —cuya existencia y contenido, al igual que el derecho extranjero, deben ser acreditados por resultar imposible su conocimiento pleno (conf. causas B. 69.722, "Porretti", sent. de 15-X-2008 y B. 67.078, "Galli", sent. de 24-VI-2015)—, dicha concepción requiere ser matizada en la especie.
Eso es así, principalmente, a partir de las reformas introducidas por la ley 14.491 a la Ley Orgánica de las Municipalidades (B.O de 27-II-2013), en lo referente a la publicación y difusión en línea de la normativa comunal (doctr. causa I. 69.624, "Stampi Sanguineti SA", sent. de 8-V-2019; conf. art. 108 inc. 18, LOM; v. tb. https://sibom.slyt.gba.gob.ar/ ).
III. En consecuencia, resulta acertado lo sostenido por el ponente en cuanto afirma que en el caso no se violó la congruencia, habiendo quedado la actuación amparada por el principio iura novit curia , en tanto el Tribunal de Alzada pudo conocer —para eventualmente aplicar— la ordenanza 8.631/16 a los hechos litigiosos.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA —texto según ley 13.101—; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/03/2026 11:09:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 14:38:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/03/2026 11:39:34 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 17/03/2026 14:18:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/03/2026 18:04:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/03/2026 18:13:59 hs. bajo el número RS-12-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia