Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 y 68 primer párrafo. y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 79.238, "Lalanda, José Nicolás c/ ARBA-Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria - RIL", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada, confirmando de ese modo la sentencia de primera instancia que acogiera la demanda promovida.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 27-XII-2023, 11:40:05 a.m.), siendo concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 29-II-2024).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 29-IV-2024), presentado el memorial por la parte actora y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor juez a cargo del juzgado de primera instancia dictó sentencia haciendo lugar a la pretensión deducida por la parte actora, declarando la nulidad de las resoluciones internas 176/20 y 134/21 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, mediante las cuales se le había denegado el acceso al cargo reclamado, y reconociéndole el derecho a la designación conforme el acta n° 67 del día 24 de septiembre de 2019, para la cobertura interina del cargo de Subgerente de Coordinación Mercedes. Impuso las costas a la demandada vencida. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
II. La Cámara desestimó el recurso interpuesto y confirmó el pronunciamiento de grado, con fundamento en la aplicación de la resolución vigente al momento del concurso —resolución interna 164/19—, la cual habilitaba el corrimiento automático en relación con el orden de mérito, otorgando derecho al actor a acceder al cargo al haberse producido la vacante el día 17 de febrero de 2020, en los términos del art. 59 de dicha norma.
Concretamente, señaló que mediante tal decisión no se asumía ninguna competencia privativa de la autoridad administrativa, sino que se aplicaba directamente el reglamento que rigió el concurso en el que participó el actor, el cual, lejos de establecer potestades discrecionales, regulaba la cuestión de manera puntual y expresa, sin dejar margen a la Administración para el empleo de alternativas igualmente válidas. Destacó que, por el contrario, la normativa preveía una única opción legítima, que era la que debió seguir la demandada.
Asimismo, sostuvo que la afirmación efectuada por la recurrente en cuanto a que el actor nunca tuvo un derecho al cargo concursado sino una mera expectativa resultaba errónea, ya que la misma norma establecía expresamente —sin margen de duda alguna— que, al producirse la vacante, debía ofrecerse el cargo a los postulantes que siguieran en el orden de mérito hasta el quinto lugar.
Por tales razones, rechazó el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia de primera instancia.
III. Contra dicho pronunciamiento, la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual invoca violación de la ley y de la doctrina legal, así como absurdo en la decisión.
III.1. En relación con la violación de la ley, sostiene que la resolución cuestionada resulta ilegal por vulnerar el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, en cuanto consagra el principio de vigencia inmediata de las nuevas normas respecto de las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Alega que la controversia versa sobre la aplicación temporal de nuevas reglas a relaciones preexistentes, en particular a un procedimiento concursal ya iniciado y en curso de ejecución.
Afirma que el actor solo llegó a consumar —vía acto— los pasos del trámite que lo colocaron en el tercer puesto del orden de mérito para el cargo, que no hubo ningún acto que materializara corrimiento alguno del tercer al primer puesto que lo consagrara ganador del concurso y que, antes de que se produjera tal corrimiento, sin que se hubiera consumado ningún derecho adquirido mediante acto de designación, se modificó la reglamentación y se dejó sin efecto el mecanismo de corrimiento automático.
Argumenta que esta situación, aun cuando afectara la expectativa del actor de escalar hasta el primer lugar, no hizo más que incidir sobre cuestiones que todavía no estaban resueltas, como la asignación final del cargo, por lo que la decisión administrativa habría resultado válida y razonable, al mantener al actor en el tercer puesto que había obtenido, el cual —según afirma— era insuficiente para acceder a la designación.
Sostiene que la Cámara desconoció el funcionamiento de estas cuestiones, en violación del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal imperante, y que también incurrió en absurdo, tanto formal –por violación a la lógica del razonamiento–, como material –por yerro en la interpretación de los pasos pendientes del procedimiento concursal–, confundiendo como un derecho adquirido lo que no habría sido sino una simple expectativa susceptible de supresión.
III.2. Luego se agravia por la supuesta violación de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto de la inexistencia de derecho adquirido en cabeza del actor por liberación de órdenes de mérito o corrimiento automático, y alude a la supremacía de la potestad de la Administración para determinar el marco normativo dentro del cual cubrir cargos y vacantes.
Cita la doctrina de este Tribunal en la causa A. 70.444, "Decastelli", sentencia de 8-IV-2015, sosteniendo que el orden de mérito invocado por el actor sería sobrevalorado por los jueces de mérito, toda vez que quien supera etapas intermedias de un concurso no adquiere un derecho al cargo, sino solo una expectativa sujeta al resultado final del procedimiento.
Asimismo, invoca precedentes en los que esta Corte ha sostenido que el juzgamiento de los méritos de los participantes de un concurso y la fijación del orden de prioridad no es, en principio, materia susceptible de revisión judicial por pertenecer al ámbito de la discrecionalidad técnica del poder administrador (cfr. causas B. 50.802, "Grecco", sent. de 10-IX-1991 y B. 51.000, "Zatarain de Rasetta", AyS. 1990-IV-80).
Concluye que la doctrina legal sería opuesta a la aplicada por la Cámara, en tanto las nuevas normas reglamentarias se aplicarían a los trámites no consumados de concursos pendientes, por no existir derechos adquiridos sino meras expectativas respecto de las etapas no concluidas.
III.3. También invoca absurdo en la valoración de las circunstancias del caso, en tanto la generación de la vacancia del cargo no conllevaría la constitución de un derecho en cabeza del actor. Sostiene que la Cámara entendió erróneamente que el corrimiento del actor al primer puesto ya era un hecho consumado, configurando así un derecho adquirido que impediría la aplicación del nuevo marco reglamentario.
Afirma que, al no haberse perfeccionado el procedimiento ni haberse dictado acto de designación o nombramiento, el actor no pudo haber tenido más que una expectativa, por lo que las conclusiones de la Cámara incurrirían en absurdo por violación de los principios de identidad y no contradicción.
III.4. Plantea asimismo absurdo por desconocimiento de la supremacía de la potestad discrecional de la Administración. Insiste en que el actor no cuenta con derecho adquirido al cargo concursado y que la Cámara habría receptado un mecanismo forzado de corrimiento automático del orden de mérito propuesto y decidido por el juez de grado.
Sostiene que la falta de perfeccionamiento de la relación jurídica entre el actor y la Administración nunca pudo impedir el dictado de un nuevo marco normativo ni la adopción de un orden de mérito diferente y que no puede imponerse a la Administración una expectativa como si se tratara de un derecho.
Agrega que la organización del aparato administrativo, incluida la selección y promoción de sus agentes, es competencia del Poder administrador, el cual puede sujetarse a su propio criterio de eficacia, quedando libre de censura judicial —aunque no de control— lo que disponga en tal sentido. Cita precedentes en los que esta Corte ha sostenido que la facultad de la Administración de nombrar y remover empleados comprende la de otorgar ascensos y ubicarlos en las respectivas categorías del escalafón (cfr. causas B. 52.092, "Rapisarda", sent. de 17-X-1990; B. 51.595, "Manfredi de Rodríguez", sent. de 23-II-1993; B. 53.436, "Fiorenza", sent. de 12-X-1993; B. 63.766, "Villoldo", sent. de 2-IX-2009 y B. 66.417, "Ávila", sent. de 17-III-2010).
III.5. Plantea, asimismo, errónea interpretación de los reglamentos internos, en tanto la Cámara habría dado prioridad al art. 59 de la resolución interna 164/19 —que, a su entender, se encontraba derogada— sin más fundamento que su propia interpretación, inaplicando el nuevo reglamento dictado por la autoridad administrativa en su reemplazo, por el cual se habría cancelado la posibilidad de corrimiento automático.
Insiste en que, si bien existiría una expectativa legítima en tanto el actor cumplió con los presupuestos del concurso, las meras expectativas no son susceptibles de protección inmediata, por tratarse de situaciones en curso que no pueden impedir el cambio de regulación. Cita al efecto la causa B. 60.347, "Cavalieri", sentencia de 11-IV-2007.
III.6. Finalmente, se agravia por la supuesta errónea interpretación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en los precedentes "Belmúdez", "Poli" y otros, sosteniendo que la Cámara se equivoca al considerar que la Administración estaría autorestringida por el reglamento del concurso, cuando esta Corte ha reconocido que la autoridad administrativa conserva libertad decisoria, incluso para declarar desierto un concurso por falta de idoneidad de los candidatos.
IV. El recurso no prospera en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. Sabido es que las notas características de la instancia extraordinaria ante esta Suprema Corte están dadas por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas que debe seguir la pieza recursiva. Tiene dicho este Tribunal que es requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 78.947, "Bravo", sent. de 13-V-2025; A. 77.863, "Toscani", sent. de 11-VIII-2023; A. 75.506, "Di Paola", sent. de 22-IX-2021; e.o.), tal como ha ocurrido en el caso.
Aquí, la recurrente —más allá de la extensión de su presentación— se limita a disentir con la interpretación normativa adoptada en las instancias previas, sin demostrar de qué modo la aplicación de la resolución interna 164/19 vulnera el ordenamiento jurídico ni por qué resultaría errónea la conclusión de que dicha norma, vigente al momento de producirse la vacante el día 17 de febrero de 2020, debía regir la situación del actor.
En particular, no controvierte que la vacante se produjo en esa fecha, ni que entonces se encontraba vigente la resolución interna 164/19, ni que su art. 59 imponía el ofrecimiento del cargo a quienes siguieran en el orden de mérito hasta el quinto lugar, extremos que constituyen la base fáctica y normativa de la decisión impugnada.
La sentencia de la Cámara, en consonancia con la de primera instancia, reposa en la idea de que en los concursos de méritos y antecedentes resulta imperativo asegurar el respeto de las reglas previamente establecidas y su aplicación uniforme a la totalidad de los participantes, como expresión del principio de igualdad ante la ley. En ese marco, ha entendido que cuando la Administración convoca a un concurso y fija las pautas que lo deben regir, se opera una autolimitación en punto a las facultades que posee para el nombramiento de su personal, resultando tales reglas obligatorias tanto para la Administración como para quienes se presentan al procedimiento (cfr. doctr. SCBA, causa B. 62.963, "Regal", sent. de 26-VIII-2015).
Y es precisamente esta estructura argumental la que no se encuentra suficientemente desvirtuada por la recurrente, quien no demuestra por qué no correspondería otorgar ultraactividad al reglamento que rigió el concurso del actor, ni explica de qué modo la aplicación del art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación podría desplazar una norma que constituye la ley del procedimiento concursal para las partes.
IV.2. Tampoco es de recibo el agravio vinculado con la supuesta violación de la doctrina legal de esta Corte, formulado de manera genérica, sin individualizar con precisión la doctrina que se estima vulnerada ni explicar en qué consiste concretamente la infracción. La recurrente omite indicar, con la claridad que exige esta instancia extraordinaria, cuál sería la doctrina aplicable al caso y de qué modo la sentencia se habría apartado de ella.
Tiene dicho este Tribunal que el cumplimiento de los requisitos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el impugnante indique con precisión la ley o la doctrina legal que reputa violada o aplicada erróneamente, así como el modo en que se habría producido dicha infracción (doctr. causas A. 68.138, "Domínguez", sent. de 23-XI-2005; L. 83.599, "Abbatí", sent. de 8-XI-2006; L. 89.656, "Stiep", sent. de 31-X-2007; A. 68.934, "Llanos Choque", sent. de 3-XI-2008; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016 y A. 78.963, cit.), recaudos que no han sido satisfechos.
IV.3. En cuanto a la invocación de la causa A. 70.444, "Decastelli", cabe advertir que no resulta asimilable al supuesto de autos. En aquel precedente se trataba del régimen constitucional de designación de magistrados judiciales, que no contiene una previsión semejante a la del art. 59 de la resolución interna 164/19, que establece expresamente el corrimiento del orden de mérito hasta el quinto lugar en caso de vacancia. Se trata, por ende, de una cita descontextualizada y carente de aplicación concreta al caso.
Este Tribunal ha señalado que, en los supuestos de denuncia de vulneración de doctrina legal, resulta necesario individualizarla, exponer su similitud con el caso bajo análisis y demostrar de qué modo contribuye a evidenciar el yerro del fallo impugnado. La sola transcripción o mención de precedentes, sin explicar su pertinencia, pone de manifiesto la insuficiencia de la pieza recursiva (art. 279, CPCC y doctr. causa A. 74.124, "Bouzón", sent. de 13-III-2019).
En lo atinente al absurdo denunciado, cabe recordar que el vicio lógico no queda configurado ante cualquier error o interpretación discutible, sino que exige la demostración de una anomalía extrema del razonamiento judicial o de una apreciación palmariamente irrazonable de las constancias de la causa (conf. causas C. 110.897, "Otamendi", sent. de 3-XII-2014; C. 122.646, "Marti", sent. de 6-XI-2019; C. 123.274, "Juárez", sent. de 18-II-2021; entre muchas otras), extremo que no ha sido acreditado.
No basta con denunciar absurdo y exponer una interpretación alternativa de los hechos o del derecho aplicable, sino que es necesario demostrar que las conclusiones cuestionadas constituyen el producto de una valoración manifiestamente irrazonable, lo que no se verifica en el sub lite , donde la Cámara fundó su decisión en una interpretación razonada de las normas reglamentarias vigentes y de las circunstancias acreditadas del procedimiento concursal.
IV.4. A mayor abundamiento, corresponde recordar que, aun cuando ciertas decisiones administrativas tengan origen en potestades discrecionales, la Administración se encuentra vinculada a la ley y al derecho al dictar actos concretos, y tales actos quedan sujetos al control judicial de juridicidad. Dicho control no importa sustituir el criterio de la Administración, sino verificar que se haya actuado dentro de los límites impuestos por el ordenamiento y conforme a la finalidad prevista por el legislador al conferir la potestad (cfr. doctr. causas B. 63.174, "Martín", sent. de 9-X-2013 y B. 64.102, "De la Torre", sent. de 27-IX-2017).
Por ello, tampoco resulta atendible el agravio vinculado con la doctrina de la actividad discrecional de la Administración, en tanto el caso no versa sobre una elección libre entre alternativas igualmente válidas, sino sobre la aplicación de una regla reglamentaria expresa que regía el concurso y que imponía un deber jurídico concreto al producirse la vacante.
V. Por todas las razones expuestas, considero que el recurso debe ser desestimado, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 279 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Kogan y Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 y 68 primer párrafo. y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/04/2026 12:05:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2026 12:50:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/04/2026 09:32:37 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 23/04/2026 10:18:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2026 12:06:47 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 23/04/2026 16:18:03 hs. bajo el número RS-30-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia