Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73521
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se declara respecto de los accionantes la inaplicabilidad del art. 98 de la ley 11.757 y se anula el acto del Honorable Tribunal de Cuentas en cuanto a la imputación sobre erogaciones por la incorporación de la bonificación en los sueldos de los agentes transitorios (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas en ambas instancias se distribuyen por su orden en atención a los vencimientos parciales y mutuos (arts. 51 inc. 1 segundo párrafo y 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, CCA; 68 segundo párrafo, 71 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.521, "Bolinaga, Daniel N. y Ots. c/Tribunal de Cuentas s/Pretensión anulatoria".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, rechazó la demanda promovida por los Señores Daniel Néstor Bolinaga, María de los Ángeles Peralta, Silvia Beatriz Farías de Boo, Luis Isidro Bethular, Ana María Luchessi, Pascual Ricardo Di Rado, Mónica Beatriz Sayal, José Javier Neira, Andrea Isabel Ruiz y Walter Adrián Miguel, por tanto confirmó la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 19 de abril de 2011, en el expediente n° 4.010.0/09, correspondiente a la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Arrecifes. Impuso las costas a la vencida (art. 51 apdo. 1, CCA, según ley 14.437; fs. 191/199).
Contra tal pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 205/214 vta.), concedido por la Cámara actuante a fs. 215/216.
Agregado el memorial de la demandada a fs. 238/247, con los autos para resolver de fs. 225 y, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Los actores -con patrocinio letrado- promovieron ante la Cámara, pretensión anulatoria contra el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución dictada por ese organismo, de fecha 19 de abril de 2011, en el expediente n° 4.010.0/09, correspondiente a la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Arrecifes, para el ejercicio correspondiente al año 2009.
Mediante esa decisión administrativa del Honorable Tribunal de Cuentas, en lo que aquí interesa, el citado organismo de control les impuso a los hoy actores, en forma solidaria, cargos por la diferencia entre horas de trabajo establecidas para la categoría correspondiente y las efectivamente trabajadas, sin presentar constancias de sistema de fichajes correspondientes a esa Municipalidad; y por el pago de bonificaciones no remunerativas al personal temporario.
II. El Tribunal de Alzada consideró que el núcleo del debate residía en determinar si los cargos impuestos en forma solidaria a los accionantes resultaban legítimos, atento las razones invocadas por estos últimos para justificar su proceder (vinculadas a la organización administrativa y situación económico financiera del Municipio en ese entonces).
Destacó que es reprochable el accionar de los funcionarios municipales, en torno a los egresos correspondientes a remuneraciones abonadas a personal del servicio de odontología del hospital, ya que el Municipio no pudo aportar elementos probatorios (como registros de ingresos y egresos, planillas de atención en salas periféricas, períodos y horarios de atención, entre otras herramientas probatorias) que posee o debiera poseer, para demostrar las horas efectivamente cumplidas por el personal cuestionado. Y consideró además que los mismos debieron dar sustento al propio Municipio para liquidar y luego abonar, todo ello sin dejar de señalar que durante el proceso tanto el Municipio como los funcionarios, han reconocido los hechos que dieron base a la acusación y se limitaron a discrepar con el ente revisor en el criterio de evaluación, insuficiente para demostrar la ilegitimidad o errónea aplicación de la ley.
Seguidamente, señaló que tampoco alcanzan las razones aportadas por los actores para su defensa sobre el pago de bonificaciones no remunerativas al personal temporario en función, no solo de que el hecho consumado no fue negado por el Municipio, sino que estaba legislado concretamente en el art. 98 de la ley 11.757 (vigente en aquel momento), cuando especificaba las retribuciones para el personal temporario: "1. sueldo o jornal; 2. por tareas extraordinarias; 3. retribución anual complementaria".
Entendió que no obsta su decisión el argumento justificativo esgrimido por la actora, en cuanto a la situación de emergencia económica, ni el aporte parcial de la documentación que avalaba el gasto efectuado y que fue reconocido por el organismo de control, pero no resultó suficiente ante la carencia de pruebas que pudieran sostener los egresos identificados con las Órdenes de Pago n° 8.420, 10.730 y 10.747, no justificando la Municipalidad la falta de firma del Intendente.
Señaló que no se está solamente ante un debate sobre la justificación de la decisión, sino también ante la ausencia de prueba documental respaldatoria en debida forma, destacó que habiendo los actores reconocido el incumplimiento incurrido en relación a las obligaciones a su cargo, sin aportar elementos de convicción que justificaran legítimamente su accionar, los fundamentos defensivos se tornaron insuficientes para desacreditar la resolución tomada por el Organismo constitucional de contralor.
III. Contra dicho pronunciamiento los accionantes interpusieron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Denunciaron la violación de los arts. 11, 39 inc. 1 y 31 de la Constitución provincial; 14 bis y 17 de la Constitución nacional. Asimismo, plantearon violación de doctrina legal emanada de este Tribunal y de la Corte federal, así como la violación del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a la valoración de la prueba.
Sostuvieron el error en la apreciación de la prueba al punto del absurdo con base en el tratamiento, por parte del Tribunal de Alzada, de la cuestión referente a la valoración llevada a cabo respecto a los testigos, por considerar que el decisorio en crisis aparece derivado de una mera opinión del juzgador carente de fundamentación en orden a la regla de la sana crítica y apreciación de conciencia.
En cuanto a la doctrina legal entendieron que ha sido violada aquella que sostiene el principio de igual remuneración por igual tarea y la interpretación de las normas en función de la justicia social. En el caso, la bonificación al personal temporario se enmarcó en una situación de emergencia transitoria que impedía un incremento generalizado de salarios y, en tal sentido, no correspondía hacer distinciones con el personal de planta permanente, en función del juego de los principios señalados.
Finalmente sostuvieron que un reciente fallo de este Tribunal ha declarado la inconstitucionalidad del art. 98 de la ley 11.757 y su tratamiento se impone ahora, en orden a la doctrina legal que establece que no cabe prescindir del análisis de los fallos que sean ulteriores a la fecha de deducción de un recurso extraordinario.
IV. En mi criterio el recurso debe prosperar parcialmente, con el alcance que surge de la presente (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Los agravios de los accionantes se sustentaron, básicamente, en cuestionamientos concernientes a la denuncia de violación de los arts. 11, 39 inc. 1 y 31 de la Constitución provincial; 14 bis y 17 de la Constitución nacional. Asimismo, plantearon el quebrantamiento de doctrina legal emanada de este Tribunal, así como absurdo en cuanto a la valoración de la prueba.
IV.2. La imputación para la desaprobación de las cuentas del ejercicio vinculadas con las liquidaciones de sueldos del hospital municipal, se sustenta en: 1) erogaciones por las horas trabajadas sin respaldo en el sistema de fichaje aplicado por el hospital (pues según afirman los recurrentes se habrían realizado en centros de salud, CAPS, externos al hospital) y 2) erogaciones por la incorporación en los sueldos de los agentes transitorios de una bonificación dispuesta por decreto del Intendente y tendiente a paliar la situación económica desfavorable. El reproche respecto a este último punto es que el art. 98 de la ley 11.757 (vigente en el momento del estudio del ejercicio) impedía el pago de bonificaciones a agentes transitorios.
IV.3. En cuanto a la imputación sobre erogaciones por las horas trabajadas sin respaldo en el sistema de fichaje aplicado por el hospital, de la reseña efectuada en el apartado III, se sigue que los recurrentes, frente a los fundamentos del a quo , se limitaron a ofrecer su particular punto de vista diverso a la línea argumental desplegada por la Cámara, sin controvertir adecuadamente los fundamentos en los que cimentó su decisión.
Es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del Tribunal (conf. causas A. 71.261, sent. de 3-XII-2014; A. 73.304, sent. de 1-IV-2015; A. 71.595, sent. de 28-X-2015; Q. 70.376, sent. de 17-VIII-2016; A. 73.169, sent. de 17-V-2017 y A. 72.799, sent. de 7-VI-2017; e.o.).
A ello se añade, de modo concordante, que resulta insuficiente -para lograr una refutación adecuada de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (conf. causas A. 71.852, sent. de 20-V-2015; A. 71.561, sent. de 7-IX-2016; A. 72.375, sent. de 12-VII-2017; e.o.).
IV.4. De otro lado, se desprende un cuestionamiento a la valoración de los hechos y de la prueba efectuada por la Cámara -especialmente, en punto a las declaraciones testimoniales- por considerar que el decisorio carece de fundamentación en orden a la regla de la sana crítica.
El agravio así expresado tampoco constituye una impugnación apropiada pues, por vía de principio, los jueces de grado son soberanos en la fijación de los hechos litigiosos y en la valoración de la prueba, por lo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 71.318, sent. de 28-VIII-2013; A. 71.594, sent. de 9-IX-2015; A. 72.799, sent. de 7-VI-2016 y A. 73.179, sent. de 12-VII-2017).
A su vez, dicho concepto, tal como ha sido elaborado por esta Suprema Corte, hace mención a la existencia en el resolutorio atacado de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida (conf. causas C. 104.663, sent. de 2-III-2011; C. 116.437, sent. de 18-XII-2013; C. 109.310, sent. de 15-IV-2015; A. 70.888, sent. de 19-X-2016; A. 74.237, sent. de 28-XII-2016; C. 120.646 y A. 73.179, sents. de 12-VII-2017; e.o.).
En la especie, la objeción de los recurrentes en el sentido antes indicado carece de idoneidad impugnatoria, en tanto no logra poner de manifiesto que la decisión de la Cámara en cuanto a la apreciación de la prueba de testigos resulte descalificable en los términos del vicio antedicho.
IV.5. En punto a la segunda cuestión debatida -imputación por las erogaciones relativas a una bonificación dispuesta por decreto del Intendente por la situación económica desfavorable- los agravios son de recibo.
El reproche del Honorable Tribunal de Cuentas se asienta sobre la limitación que en esta materia establecía el art. 98 de la ley 11.757 y los accionantes alegan que el fallo de la Cámara soslayó la aplicación de las pautas emergentes de diversos pronunciamientos de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
IV.5.a. Inicialmente cabe destacar que, sin perjuicio de la derogación de la ley 11.757 por la ley 14.656, ya la ley 14.406 (B.O. de 12-XII-2012) había dispuesto la modificación del art. 98 incorporando a dicha norma el siguiente texto: "[...] 1.- RETRIBUCIONES: [...] d) Las bonificaciones de carácter permanente o transitorio que instituya el Departamento Ejecutivo [...]". Con todo, tal como puso de relieve la Cámara, el acto del Honorable Tribunal de Cuentas fue dictado el 19 de abril de 2011, con anterioridad a la modificación legislativa.
De su lado el recurrente afirma que, debido a la declaración de inconstitucionalidad declarada por este Tribunal en relación al mentado art. 98 de la ley 11.757, no puede constituir un obstáculo a la legalidad de la bonificación concedida a los trabajadores temporarios.
IV.5.b. Así planteada la cuestión en esta instancia extraordinaria, en la que se introduce un planteo de inconstitucionalidad respecto de una norma ya descalificada por esta Suprema Corte en la causa "Municipalidad de San Isidro" (I. 2.021, sent. de 27-VIII-2014; v. mi voto en L. 113.361, "T., J. H.", sent. de 25-II-2015; e.o.) cabe recordar que la autonomía municipal reconocida constitucionalmente veda restringir el margen de maniobra normativo local en aquellos puntos que podrían adquirir distinta fisonomía conforme a las opciones políticas o a los modelos de gestión pública que pudiere definir cada gobierno municipal. En otros términos: la normativa provincial, fuera de aquellos items relevantes, no puede llegar a un nivel de detalle y rigidez tal que impida al municipio la administración de sus recursos humanos con arreglo al diseño que estime más propicio para la atención eficaz de los intereses locales; si lo hiciere, lesionará la autonomía (básicamente, en su alcance político y administrativo) que busca asegurar el art. 123 de la Constitución nacional (v. mi voto en la causa B. 61.880, "Mango", sent. de 30-XI-2011).
Con base en tales postulados, en la causa I. 2.021 se declaró la inconstitucionalidad de un conjunto de artículos de la ley 11.757 (entre ellos el art. 98), que sustraían a los gobiernos comunales, en favor de la Provincia, un importante margen de reglamentación en lo atingente al empleo público municipal.
Sostuve allí que la ley 11.757 ha sido dictada y mantenida en ausencia de una definición jurídica compatible con el art. 123 de la Constitución nacional y dejando sin efecto a las normas municipales que regían en la materia (art. 106, ley cit.). Hubiese sido más consistente con los fines constitucionales propiciar la mayor amplitud posible de autogobierno local. Sin embargo, sucedió lo contrario. La inflexibilidad de la ley 11.757 (hoy derogada), agravó el estado de cosas previo a la vigencia de la cláusula autonómica de la Constitución nacional, según el estándar trazado en la Ley Orgánica Municipal, lo cual revela una solución injustificable (arg. arts. 1, 5 y 31 Const. nac.; 1 y 3, Const. prov.).
Aduje además que lejos de proporcionar contenidos mínimos o fijar patrones básicos de actuación común para las municipalidades y atribuir al resto de sus preceptos un carácter supletorio, subsidiario o de mera adhesión, la ley 11.757 agotaba la mayor parte de los detalles regulatorios, excluyendo cualquier alternativa discernible en un campo tan determinante para la satisfacción de los asuntos e intereses locales.
La cláusula del art. 123 de la Constitución nacional dista de reflejar una advocación retórica o meramente programática. Reviste valor jurídico positivo, es operativa y vinculante para las autoridades provinciales (arts. 1, 5, 31, 123, 128 y concs., Const. nac.; 1, 3 primer párrafo y concs., Const. prov.). La definición estructural del modelo local (la determinación del alcance y contenido de las autonomías municipales) es una materia privativa de cada provincia, pues así lo establece el propio art. 123. Es ello tan evidente como que ese mismo enunciado constitucional impone a los Estados provinciales el deber de asegurar dichas autonomías, lo cual obviamente supone consagrarlas en sus respectivos ordenamientos positivos.
IV.5.c. De lo expuesto se deriva necesariamente la declaración de inconstitucionalidad del art. 98 de la ley 11.757 (hoy derogada pero que regía al momento en que se efectuó el reproche presupuestario).
Siendo que los cargos pecuniarios impuestos a los funcionarios municipales por el acto administrativo aquí impugnado se basaron en el mentado precepto, corresponde también declarar su ilegitimidad (conf. art. 103, dec. ley 7.647).
V. Por tales razones, juzgo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto debe prosperar parcialmente, declarándose respecto de los accionantes la inaplicabilidad del art. 98 de la ley 11.757 y anulándose el acto del Honorable Tribunal de Cuentas en cuanto a la imputación sobre erogaciones por la incorporación de la bonificación en los sueldos de los agentes transitorios (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas en ambas instancias se distribuyen por su orden en atención a los vencimientos parciales y mutuos (arts. 51 inc. 1 segundo párrafo y 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, CCA; 68 segundo párrafo, 71 y 289 in fine , CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Al igual que el colega que inicia el acuerdo, considero que el agravio vinculado con lo decidido por el a quo en orden a las sumas abonadas por horas de trabajo que no fueron justificadas con el debido respaldo en el sistema de fichaje ha de ser desestimado, en tanto los recurrentes no logran demostrar en esta instancia extraordinaria las infracciones normativas que le atribuyen al pronunciamiento de grado, ni el absurdo que denuncian (conf. art. 279, CPCC).
Asimismo, y por los fundamentos que brindara al emitir opinión en la causa I. 2.021, "Municipalidad de San Isidro", sentencia de 27-VIII-2014 -a los que me remito por razones de brevedad- coincido en que el cuestionamiento a lo resuelto respecto a la imputación referida a las bonificaciones percibidas por el personal temporario resulta procedente y, por ende, corresponde revocar dicho tramo de la sentencia impugnada.
Con el alcance indicado, doy mi voto también por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, se declara respecto de los accionantes la inaplicabilidad del art. 98 de la ley 11.757 y se anula el acto del Honorable Tribunal de Cuentas en cuanto a la imputación sobre erogaciones por la incorporación de la bonificación en los sueldos de los agentes transitorios (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas en ambas instancias se distribuyen por su orden en atención a los vencimientos parciales y mutuos (arts. 51 inc. 1 segundo párrafo y 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, CCA; 68 segundo párrafo, 71 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia