Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74368
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.368, "Gallardo, Gamaliel c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión anulatoria".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación del actor y revocó la sentencia de primera instancia, en consecuencia, anuló la resolución 6.316/08 y su confirmatoria 1.621/10, ordenando la reincorporación del agente Gallardo y el pago de los salarios caídos, más intereses (v. fs. 153/160).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 163/171), el que fue concedido a fs. 173/174.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 179) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Gamaliel Gallardo promovió demanda contra el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones 6.316/08 y 1.621/10 por las que se dispuso su exoneración de la fuerza de seguridad por aplicación de los arts. 114 inc. "a", 118 inc. "h" y 120 inc. "m" del decreto reglamentario 3.326/04, y se rechazó el recurso de apelación, respectivamente.
Solicitó, como consecuencia de la pretendida nulidad, la restitución en el cargo que venía desempeñando con el reconocimiento de la jerarquía que supuestamente le hubiese correspondido de no haber mediado el sumario sancionatorio, junto con el pago de los salarios dejados de percibir desde la baja hasta la reincorporación definitiva (v. fs. 10/24 vta.).
II. La jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria e impuso las costas en el orden causado –conforme art. 51 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, texto según ley 14.437- (v. fs. 115/125 vta.).
Consideró que las valoraciones de todos los elementos de juicio reunidos en la investigación sumarial dieron fundamento suficiente para aplicar la sanción de exoneración al accionante.
Destacó, asimismo, que los fundamentos del acto fueron contundentes al afirmar que se encontraba acreditado que horas antes de llevarse a cabo el allanamiento -en el marco de una causa penal relacionada con la comercialización de estupefacientes- el señor Gallardo habría dado aviso a quienes iban a ser allanados frustrando de tal forma el operativo policial. Afirmó que no había constancias ni elementos de juicio en las actuaciones que desvirtúen los hechos así descriptos.
Sostuvo que la resolución sancionatoria fue el resultado de un ordenado procedimiento desarrollado con apego a lo previsto en el régimen de aplicación vigente al momento del hecho (dec. 3.326/04, reglamentario de la ley 13.201) por el cual no se investigó una conducta delictiva ni se sancionó al agente por haber cometido un delito, sino que obedeció a la necesidad de establecer si aquel había incurrido en una falta a los deberes propios de la función que cumplía, la cual debidamente comprobada, dio ocasión a que se le aplicara una sanción de naturaleza exclusivamente disciplinaria.
Asimismo, recordó doctrina de esta Corte en la que se estableció que los supuestos de las sanciones disciplinarias aplicadas en el ámbito administrativo eran independientes de lo resuelto en sede penal pues, los bienes jurídicos en juego son diferentes y la finalidad de las responsabilidades consecuentes (conf. doctr. causas B. 57.063, "Mármol", sent. de 5-IV-2000; B. 58.167, "Guerino", sent. de 13-IX-2000; B. 56.072, "Torres", sent. de 7-II-2001; B. 58.013, "Rojas", sent. de 16-IX-2003 y B. 61.309, "González", sent. de 23-XII-2013; e.o.).
En dicho enfoque señaló que los elementos de convicción que bastan para aplicar una sanción administrativa difieren del grado de prueba requerido en el fuero penal para tener por configurado un delito. Puntualizó en que aun cuando los actos juzgados en dicha sede puedan considerarse improbados o atípicos, ello de ninguna manera obliga en el ámbito administrativo (conf. causa B. 52.026, "Corvalán", sent. de 10-I-1998).
Concluyó, que el actor no había logrado acreditar la ilegitimidad de la sanción que le fue aplicada por lo que rechazó la pretensión (arts. 374 y 384, CPCC.).
III. Apelado el fallo por el accionante, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso, revocó el pronunciamiento de primera instancia, anuló las resoluciones impugnadas y ordenó la reincorporación del actor junto con el pago del 100% de los salarios caídos desde que se dispuso su exoneración hasta la restitución en el puesto de trabajo (v. fs. 153/160).
Para así decidir, en lo que al recurso interesa, sostuvo que en el caso no existió una plataforma fáctica que permitiera tener por acreditado la existencia del hecho como tal, en tanto no pudo probarse efectivamente la presencia del actor en las circunstancias indicadas por la autoridad. En consecuencia, la sanción disciplinaria careció del elemento causa de forma tal que fuere legítima la exoneración.
Entendió que el criterio de apreciación de la prueba propuesto por el juez de primera instancia no respondía a las reglas de la sana crítica (conf. art. 384, CPCC).
Afirmó también que la imputación al actor no tuvo como base un complejo probatorio válido que acreditase la conducta adecuada a las figuras disciplinarias aplicadas en la resolución 6.316/08, esto es, que la frustración del operativo llevado a cabo se debiera al aviso previo a los delincuentes revelando así una vinculación indecorosa del agente para con ellos. Concluyó en que el acto sancionatorio era nulo puesto que la falta disciplinaria se habría fundado solo en conjeturas y especulaciones que escapaban de los hechos objetivos de conocimiento sobre los que si debió versar la prueba testimonial.
Por otra parte, sostuvo que el juez de primera instancia yerra al fundamentar su decisión en el criterio de independencia entre el proceso penal y el procedimiento sancionatorio.
Entendió que dicha justificación carece de valor sino puede dejarse de lado la circunstancia de que los hechos no fueron probados, tal como considera ocurrió en este caso.
Afirmó que no se puede sostener la desvinculación del agente ante la ausencia de suceso fáctico.
Sentado ello, dejó establecido que el alcance de la condena consistía en la reincorporación del actor a su situación de revista al momento del cese, como así también, el pago de los salarios caídos desde este último suceso hasta la efectiva restitución en el cargo, ello, con más el interés calculado a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta días, computado desde que cada suma fuera devengada y hasta su efectivo pago (conf. art. 768 y concs., ley 26.994).
IV. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrinal legal, obrante a fs. 163/171, la Fiscalía de Estado denuncia que la sentencia: a) Infringe las normas relativas a la valoración de la prueba en el régimen disciplinario establecidas en el art. 155 de la ley 13.201 y el decreto reglamentario 3.326/04 como así también la doctrina legal de esta Corte en las causas B. 51.671, "Giménez", sentencia de 12-X-1993 y B. 52.026, "Corvalán", sentencia de 10-I-1998; b) Incurre en absurdo en cuanto a la valoración de los hechos y pruebas del caso e infracción a los arts. 163 inc. 5, 348 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; c) Vulnera las normas y la doctrina legal relativa al porcentaje del pago de los salarios caídos vertida en la doctrina de las causas B. 61.941, "Varela", sentencia de 13-XI-2012; B. 57.197, "Sanchez", sentencia de 28-III-2012; entre otras y en los fallos de la Corte federal (conf. Fallos: 312:1832; 313:62; e.o.).
En primer lugar, se agravia de lo resuelto por la Cámara en cuanto desconoce que el régimen disciplinario de la policía bonaerense establece un sistema de apreciación probatoria especialmente amplio a favor de la autoridad jerárquica encargada de la disciplina, esto es, el sistema de libres convicciones razonadas (art. 155, ley 13.201 y su dec. reglamentario 3.326/04) el cual autoriza a generar una convicción con base en las pruebas que se estimen idóneas.
Alega que el umbral de impugnación que el régimen mencionado impone, a quien pretende enfrentarse a dicha conclusión, no se abastece con una simple disconformidad u opinión contraria a la valoración realizada por la Administración, sino que exige una carga agravada de demostración que no habría sido cumplida en el caso.
En dicha línea argumental la recurrente acusa la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte en materia probatoria en virtud de la particular naturaleza del servicio prestado por el agente, siendo suficiente que la conducta desplegada sea susceptible objetivamente de justificar la desconfianza de su institución ya que el sentido de la previsión legal tiende a evitar el descrédito de dicha función. Refiere a las causas B. 51.671, "Giménez", sentencia de 12-X-1993 y B. 52.026, "Corvalan", sentencia de 10-I-1998.
Por otra parte, denuncia absurdo en la valoración de los hechos y pruebas obrantes en cuanto la decisión impugnada vulneró lo dispuesto en los arts. 163 inc. 5, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial. Sostiene que la Cámara prescinde de un correcto análisis de las constancias documentadas de la causa, privando de todo valor probatorio a la prueba testimonial, omitiendo así el juego de presunciones con base en los indicios existentes.
Insiste en que el Tribunal desatiende la gravedad de los hechos vinculados a una investigación llevada a cabo en el marco de una causa penal por narcotráfico en la cual se dispuso un allanamiento, el que no habría logrado cumplimentarse con resultados eficaces a raíz de la obstaculización que provocó un grupo de policías, entre los que se encontraba el actor, los cuales fueron también exonerados de la fuerza policial.
Asimismo, aduce que, si bien los testimonios valorados remiten a dichos de terceros, tal circunstancia no debió invocarse en forma dogmática como un argumento descalificante, pues las reglas de la sana crítica no vedan la posibilidad de que puedan tomarse como presunciones que construyan un razonamiento lógico final (conf. arts. 384 y 456, CPCC). Cita el fallo C. 98.310, "Fernandez", sentencia de 14-IV-2010.
Agrega, que en modo alguno es exigible -para tener por acreditado la concurrencia de un hecho susceptible de constituir una falta administrativa- que los testigos debieran ser únicamente presenciales, pues en el caso la circunstancia apuntada se tornaría prácticamente imposible, siendo suficiente la coincidencia respecto a su descripción y la circunstancia de que éste vivía a pocas cuadras de donde se realizó el allanamiento que resultó infructuoso.
Finalmente, en cuanto a la condena al pago del 100% de los salarios caídos, señala que ésta desconoce la doctrina de este Tribunal en el punto, la cual no admite el reconocimiento automático de salarios. Ello pues, si bien se ha reconocido la posibilidad de otorgar una indemnización en concepto de reparación por los daños materiales causados por una exoneración ilegitima, ello no ha de coincidir necesariamente, con la totalidad de las remuneraciones dejadas de percibir, sino que libra el quantum a la demostración que efectuare la actora y la prueba en contrario que produzca la demandada. Cita las causas B. 91.941, "Varela", sentencia de 13-XI-2012 y B. 57.197, "Sánchez", sentencia de 28-III-12.
Sostiene que en dicha inteligencia este Tribunal ha reconocido diversas indemnizaciones que alcanzan entre el 25% -cita la causa B. 60.019, "Salvatori", sentencia de 30-VI-2004; B. 56.550, "Gamboa", sentencia de 15-III-2006 y B. 56.810, "Gardes", sentencia de 13-XII-2006, entre otras- y el 35% -refiriendo también a las causas B. 61.941, "Varela", y B. 57.197, "Sánchez", y no el 100% como impusiera la Cámara.
V. El recurso prospera.
V.1. La Cámara consideró que el juez de primera instancia ha errado al convalidar una sanción sin que hubiese elementos probatorios válidos y eficaces, sino simples conjeturas.
Sostuvo, asimismo, que la prueba de cargo del hecho que fuera imputado el agente debió ponderarse de conformidad a lo resuelto en la causa penal, la que culminara con un archivo, pues el criterio de la independencia entre ambos ámbitos no puede llegar al punto de tener por acreditado un hecho que no tuvo justificación en el ámbito judicial.
Insiste en que no existe el sustento fáctico que dé espacio para reproche y habilite la sanción exonerativa en cuestión, considerándola nula por falta de causa.
Por tales motivos, decidió revocar el pronunciamiento de primera instancia, admitió la demanda, ordenó la reincorporación del agente y el pago de una indemnización.
V.2. Estimo que asiste razón a la Fiscalía de Estado cuando plantea que el razonamiento sobre el cual fundamenta la Cámara su decisión, importó la vulneración de las normas que sobre la valoración de las pruebas rigen en el ámbito disciplinario policial, llegando al extremo de desconocer las prerrogativas existentes en la materia e invirtiendo la carga probatoria que debió respetarse al respecto.
Cabe señalar que la ponderación de los elementos probatorios llevada a cabo en el procedimiento sumarial se hizo conforme el sistema de libres convicciones razonadas (conf. art. 155, dec. 3.326/04 reglamentario de la ley 13.201) y que la actora -a contrario de lo sostenido por la Cámara- no ha logrado demostrar que ésta ha sido arbitraria.
Al respecto he de recordar que este sistema de apreciación descarta por un lado el empleo del régimen de la prueba tasada y supone la carga del impugnante de acreditar, en punto a aquella valoración, la falta de razonabilidad del examen efectuado por el órgano administrativo (conf. causas B. 57.829, sent. de 9-V-2001; B. 58.013, sent. de 16-IX-2003; B. 58.240, sent. de 12-III-2008; B. 58.669, sent. de 30-V-2012; B. 66.616, sent. de 4-XI-2015; e.o.). Extremo, que no ha sido cumplimentado por el accionante.
Ello, pues advierto que los argumentos expuestos por el actor -en sus escritos postulatorios- y lo afirmado por la Cámara, entorno a la valoración de la prueba, se dirigieron a cuestionar la idoneidad y suficiencia de la prueba per se, sin lograr desvirtuar adecuadamente el esquema de persuasión racional que llevó a la Administración -y al juez de primera instancia- a concluir, con un grado de certeza eficaz, que las conductas observadas al agente configuraron las faltas disciplinarias descriptas en los arts. 114 inc. "a", 118 inc. "h" y 120 inc. "m" de la ley 13.201 y decreto reglamentario 3.326/04.
En concreto, el fundamento utilizado por la Cámara para dar sustento a la revocatoria y la consecuente anulación del acto sancionatorio, no demuestra el vicio de arbitrariedad e irrazonabilidad conforme exige el art. 155 de la ley 13.201, a los fines de invalidar la exoneración.
Considero entonces que el pronunciamiento, en lo que ha sido materia de agravio, evidencia un déficit en la motivación que configura absurdo por no constituir una derivación razonada del derecho vigente con particular aplicación a las circunstancias del caso. De allí que, en la especie, se encuentre acreditado el vicio lógico que autoriza a la revisión del fallo del Tribunal de Alzada por parte de esta Suprema Corte (conf. art. 384, CPCC).
Tiene dicho el Tribunal que el absurdo se configura con el desvío palmario y notorio de las leyes de la lógica o el razonamiento viciado, de modo tal que lleve a conclusiones contradictorias o incongruentes con las constancias de la causa (conf. doctr. causas A. 72.155, "Leguizamón", sent. de 19-X-2016; A. 72.433, "Bujacich", sent. de 14-VI-2017; e.o.).
V.2.a. Por otra parte, en cuanto a lo dicho por la Cámara en relación a que lo resuelto en el fuero penal incide excepcionalmente en sede administrativa ante la comprobación de inexistencia del hecho, me permito recordar que de conformidad a las normas aplicables al caso (art. 155, ley 13.201 y su dec. reglamentario 3.326/04) y a la reiterada doctrina de este Tribunal, el pronunciamiento de la Administración es independiente del judicial en caso de absolución o sobreseimiento, en razón de los diferentes bienes jurídicos amparados por uno y otro fuero y de las distintas finalidades de las responsabilidades disciplinaria y penal (conf. mi voto en las causas B. 55.497, sent. de 4-X-2006; B. 57.508, sent. de 27-II-2008 y B. 62.459, "Sehara", sent. de 31-X-2016; e.o.).
Como esta Corte ha señalado, los elementos de convicción que bastan para imponer una sanción disciplinaria, dentro de la potestad propia del poder administrador, difieren respecto del grado de prueba indispensable para condenar en sede penal por un delito (doctr. causas B. 52.026, "Corvalan", sent. de 10-III-1998; B. 57.763, sent. de 9-IV-2008; A. 71.806, sent. de 7-IX-2016; A. 74.054, sent. 21-XI-2018; e.o.).
Por lo tanto, aunque el acto juzgado en la jurisdicción penal pudiera suponerse improbados o atípicos, ello de ningún modo obliga a pareja solución en el ámbito administrativo. Ello puesto que, lo que en dicha sede se juzga es la responsabilidad del agente en el cumplimiento de sus deberes como funcionario público (doctr. causas B. 48.985, "Morales", sent. de 11-III-1985; B. 57.508 y B. 62.459, antes referidas, e.o.).
V.2.b. Asimismo, considero necesario agregar que en supuestos como el presente, si tenemos en cuenta que la disciplina es la concreción del orden de justicia propio de la organización policial, en tanto se preserva la prevalencia de ésta y de su fin, respecto de los que la componen y sus intereses individuales; el concepto de poder disciplinario se encuentra entonces íntimamente relacionado con la esencia de la organización administrativa, implicando a su vez la fuerza suficiente para sancionar toda inconducta que, al afectar a la misma organización -policial en este caso-, comprometa la consecución del fin que el ordenamiento jurídico le impone a ésta. En ejercicio de este poder disciplinario, toda vez que un agente incurra en una inconducta nociva para su propia organización, la Administración Pública adoptará contra él una medida sancionadora, tendiente a llamarlo al orden, a reprimir esa falta, e incluso, a separarlo de la misma, como aquí acontece (v. mi voto en la causa B. 57.459, "D., H. I.", sent. de 28-V-2008).
En este caso, conforme surge de la motivación de la resolución 6.316/08 (v. fs. 505 vta. y 506), la autoridad de aplicación concluyó que el agente Gallardo había obrado en forma manifiestamente contraria al mantenimiento de una conducta ética de la función policial y, al mismo tiempo, había lesionado el prestigio de la institución, teniendo en cuenta que conductas como las analizadas, al ser producidas por un funcionario policial tienen derivación negativa, en lo que la comunidad proyecta como imagen institucional, lesionando asimismo la dignidad propia e indispensable para el ejercicio de la función pública.
En virtud de todo lo expuesto considero que debe revocarse la sentencia de Cámara y confirmarse íntegramente el pronunciamiento de primera instancia.
VI. Por las razones expuestas corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, revocar la sentencia de la Cámara y confirmar el pronunciamiento de primer
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