Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75637
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado y revocar la resolución de fs. 554/555. En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación deducido en soporte electrónico con fecha 30 de marzo de 2017, agregado a fs. 512/517 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.637, "Falloca, Verónica / Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata resolvió tener por no deducido el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de primera instancia (v. fs. 554/555).
Contra el citado pronunciamiento interlocutorio la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13 de julio de 2018, 9:48:39 a.m.), el que fuera concedido por la Cámara interviniente a fs. 557/558 vta.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata resolvió tener por no deducido el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado contra la sentencia de primera instancia (v. fs. 554/555).
Para así decidir, consideró que el poder acompañado por el doctor Juan Manuel Gallo era insuficiente a los fines de intervenir en esta causa, con motivo de que el mandato conferido por el señor Fiscal de Estado a favor de dicho letrado se refiere a procesos que no se corresponden con el sub lite .
Sostuvo que en virtud de ello no se ha dado cumplimiento con los requisitos establecidos por los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial a los fines de acreditar la personería invocada.
Precisó que dichos preceptos se limitan a exigir la exhibición del poder sin prever sanción y que por ello ante una presentación defectuosa los jueces se encuentran obligados acudir a los deberes estatuidos en el art. 34 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial, a la potestad contenida en la última parte del art. 157, al argumento emergente del art. 345 inc. 2 en conjunción con el inc. 4 de este último artículo del ritual y a la doctrina de esta Corte sentada en la causa C. 120.441, "Pardo", resolución de 2-III-2016. En consecuencia, entendió que correspondía intimar al presentante a subsanar la omisión en que incurriera y, al no hacerlo, el Tribunal de Alzada tuvo por no deducido el recurso de apelación.
II. Contra dicho pronunciamiento el señor Fiscal de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13de julio de 2018, 9:48:39 a.m.).
Aduce que la sentencia impugnada viola los arts. 155 de la Constitución provincial y 3 y 5 del decreto ley 7.543/69 -que autorizan al Fiscal de Estado a sustituir la representación provincial que ejerce en favor de los abogados del organismo- al desconocer el poder general que concediera dicho funcionario a un letrado perteneciente al cuerpo de abogados estatales.
También expresa que el auto atacado vulnera los arts. 46 y 47 del Código Procesal Civil y Comercial al haber sido aplicados en forma dogmática y descontextualizada, sin atender los términos del referido instrumento público y haciendo prevalecer las normas del mandato privado por sobre las normas de representación estatal.
A su vez sostiene que el Tribunal de Alzada violó los arts. 155 de la Constitución provincial y 46 del decreto ley 7.543/69 al soslayar la representación institucional correspondiente al señor Fiscal de Estado Adjunto que en este caso rubricó electrónicamente el recurso de apelación deducido de ese modo por el doctor Gallo.
Enfatiza que dichos preceptos permiten que el Fiscal de Estado sea reemplazado en el ejercicio de su función por el Fiscal de Estado Adjunto asimilando en su función a aquel funcionario de rango constitucional.
Asimismo alega que la Cámara efectúa una interpretación absurda de los términos del poder general, al entender que se trataba de un apoderamiento especial, sin considerar que fuera extendido por el Fiscal de Estado a favor de un letrado del plantel profesional del organismo que lo habilitaba para actuar en toda clase de juicios.
Aduce que tal instrumento ha sido otorgado a fin de sustituir la representación procesal autorizada por los arts. 3 y 5 del decreto ley 7.543/69 y finalmente, sostiene que más allá de ese mandato, se debió tener por deducido el recurso de apelación al ser rubricado por el doctor Spacapan, Fiscal de Estado Adjunto (cfr. presentación electrónica del 30 de marzo de 2017) al estar investido de una jerarquía asimilada a la del señor Fiscal de Estado, que le permite actuar en su reemplazo, en igualdad de condiciones, no resultando necesario el otorgamiento de otro mandato que el que emana de la misma representación institucional del organismo.
III. El recurso debe prosperar.
Tal como ha resuelto recientemente este Tribunal en una causa análoga (doctr. causa A. 75.453, "Bravo", sent. de 14-VIII-2019) la representación judicial de la Provincia de Buenos Aires y de sus entidades autárquicas está a cargo del Fiscal de Estado, conforme al art. 155 de la Constitución provincial que estatuye que: "Habrá un fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquéllos en que se controviertan intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones...".
Del mismo modo el art. 1 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (dec. ley 7.543/69) determina esa competencia funcional, y en virtud de que la facultad de representación tiene rango constitucional, no se requiere que el Poder Ejecutivo le confiera mandato expreso para intervenir.
El Fiscal de Estado puede actuar por sí o por abogados debidamente habilitados como parte de la dependencia y que sigan sus instrucciones (cfr. arts. 3 y 5, dec. ley cit.).
A su vez, la referida ley orgánica prescribe que en caso de vacancia, ausencia circunstancial, licencia o recusación del Fiscal de Estado, será reemplazado por el Fiscal de Estado Adjunto y el mencionado funcionario desempeñará -sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente- las funciones de sustitución que el Fiscal de Estado le encomiende (cfr. art. 46, dec. ley cit. -texto según ley 8.650/76-).
En el caso, compulsada la presentación electrónica de fecha 30 de marzo de 2017, que fuera agregada a fs. 512/517 vta., relativa a la interposición del recurso de apelación por el doctor Juan Manuel Gallo en su condición de letrado apoderado de la Fiscalía de Estado contra la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia, se advierte que tal pieza procesal ha sido rubricada digitalmente además del profesional que se presentara, por el doctor Guillermo Claudio Spacapan, en su condición de Fiscal de Estado Adjunto.
Aprecio -conforme la reseña normativa efectuada- una absurda valoración de las constancias agregadas por el decisorio del Tribunal de Alzada, en la medida en que soslayó que la presentación electrónica referida al recurso de apelación había sido firmada por el reemplazante legal del señor Fiscal de Estado, quien se halla facultado para intervenir en actuaciones judiciales (cfr. art. 46, dec. ley 7.543/69) de acuerdo a la competencia asignada por la Constitución provincial al señor Fiscal de Estado (art. 155). Lo dicho, más allá de los términos y condiciones en que fuera confeccionada la sustitución procesal a favor del doctor Juan Manuel Gallo.
Bajo tales lineamientos, la crítica de la recurrente es eficaz, toda vez que aporta una explicación que visualiza la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera respecto al examen del escrito en soporte electrónico de fecha 30 de marzo de 2017, con entidad suficiente para configurar un vicio descalificante, verificándose infracción al art. 46 del decreto ley 7.543/69 (texto según dec. ley 8.650/76).
En definitiva, la Cámara se ha apartado al resolver como lo hizo de las constancias de la causa, al tener por no deducido el recurso de apelación por la demandada.
IV. A mérito de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado y revocar la resolución de fs. 554/555. En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación presentado en soporte electrónico con fecha 30 de marzo de 2017, agregado a fs. 512/517 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la Fiscalía de Estado y revocar la resolución de fs. 554/555. En consecuencia, deberán volver los autos a la instancia anterior, a fin de dar tratamiento al recurso de apelación deducido en soporte electrónico con fecha 30 de marzo de 2017, agregado a fs. 512/517 vta. (art. 289 inc. 1, CPCC).
Atento a las particularidades del caso, las costas de esta instancia se imponen por su orden (arts. 60 inc. 1, CCA y 68 segundo párrafo, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia