Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124034
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
C. 124.034 "MICUCCI STELLA MARIS C/ CIRCULO MEDICO DE TANDIL S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL. PUBLICO"
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 con sede en Tandil, del Departamento Judicial de Azul, hizo parcialmente lugar a la demanda incoada por Stella Maris Micucci contra el Círculo Médico de Tandil y, en tal virtud, decretó la nulidad de la decisión de dicha entidad por la que declaró extemporáneo el recurso de apelación intentado por la actora -para que fuera resuelto por la Asamblea- contra la resolución de la Comisión directiva que le impuso la sanción de amonestación e inhabilitación para integrar la Comisión Médica de aquélla por el término de quince años. Asimismo, rechazó la pretensión de indemnización de daños y perjuicios instada por la señora Micucci contra Guillermo Félix Guanella y Diego Roberto Alvarado, en su carácter de Presidente y Secretario, respectivamente, de la asociación también accionada (v. fallo de fecha 10-XII-2018; fs. 543/550).
A su turno, la Sala II de la Cámara de Apelación del fuero departamental, en lo que aquí interesa destacar, por una parte, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Círculo Médico a fs. 414 contra la resolución de fs. 392 y vta. -que había declarado nula la decisión que hizo lugar al pedido de negligencia de la prueba, dando por decaído el derecho de la actora a producir pruebas-. Por la otra, hizo lugar a la apelación articulada por la accionante y revocó la sentencia de la instancia de inicio en cuanto decretó la nulidad en los limitados términos en que se reseñó supra y, en consecuencia, acogió favorablemente la demanda y decretó la invalidez de la resolución de la Comisión Directiva del Círculo Médico de Tandil de fecha 24 de julio de 2015 que impuso a la actora la sanción ya descripta, así como del sumario que la precedió. Asimismo, desestimó las indemnizaciones por daño patrimonial y daño psíquico pretendidas y admitió la solicitada por daño moral, condenando a la entidad demandada a abonar por este rubro a la señora Micucci la suma de noventa mil pesos ($ 90.000), con más los intereses que fijó (v. sentencia de fecha 28-XI-2019; fs. 583/607).
Frente a ello, el Círculo Médico de Tandil -actuando por apoderado- interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. escrito de fecha 18-XII-2019; fs. 616/622), el que fue concedido (v. resol. de fecha 16-IV-2020; fs. 623).
II. Pasando a considerar la vía otorgada, es del caso recordar que la misma sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov. de Bs. As.; causas C. 120.680, "L., C. H.", resol. de 29-VI-2016; C. 122.755, "Dortona", resol. de 17-X-2018; C. 123.071, "Mogaburu", resol. de 10-IV-2019; C. 123.590, "Martínez", resol. de 13-XI-2019 y C. 123.760, "Perugini", resol. de 12-II-2020).
En tal sentido, cabe destacar que del análisis del escrito impugnativo resulta que, no obstante invocar la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, no se han expuesto ni desarrollado agravios sustentados en el contenido normativo de tales preceptos.
Así, de su lectura, se observa que si bien en el acápite relativo a la admisibilidad del recurso (punto II) se menciona la infracción de dichas normas constitucionales (v. fs. 616 vta./617), luego, al desarrollar los fundamentos de la impugnación, el recurrente insinúa la omisión de cuestiones mas sin precisión alguna (v. fs. 617 y vta.) para continuar, seguidamente, exponiendo las críticas al fallo de la Cámara y los diferentes agravios que le provoca lo allí resuelto. Se señalan aquí los vicios e infracciones legales que se consideran configurados -y también algunos endilgados al trámite de la causa-, marco en el cual se imputan, en rigor, errores de juzgamiento y en la apreciación de las constancias de la causa.
En ese contexto y sin perjuicio de las observaciones que podrían ponerse de resalto sobre la deficitaria técnica recursiva utilizada, no se aprecia en la pieza procesal en análisis que se haya formulado desarrollo argumental alguno con sustento en las referidas normas constitucionales o en su contenido normativo.
Ello así por cuanto las escuetas menciones que se formulan de las supuestas omisiones incurridas en el pronunciamiento cuestionado, en realidad no son tales sino que revelan la exposición de la disconformidad del recurrente con el acierto jurídico de lo resuelto, denunciando la configuración de absurdo y formulando apreciaciones sobre la prueba considerada, lo que resulta impropio del carril recursivo bajo estudio y determina su inadmisibilidad (causas C. 121.765, "Unzué", resol. de 22-XI-2017; C. 122.244, "Marna", resol. de 7-III-2018; C. 121.984, "Cufre", resol. de 30-V-2018; C. 123.167, "Pereira", resol. de 25-IX-2019; C. 123.590 y C. 123.760, cits.).
De tal modo, el recurso extraordinario de nulidad articulado resulta inadmisible (causas C. 121.776, "Zardain", resol. de 20-IX-2017; C. 121.922, "Cassano", resol. de 7-III-2018; C. 122.689, "González", resol. de 19-IX-2018; C. 123.071, C. 123.590 y C. 123.760, cits.).
Se impone, asimismo, reputarlo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967; causas C. 121.635, "Rodríguez Vigo", resol. de 28-VI-2017; C. 121.913, "Portela", resol. de 4-IV-2018; C. 123.071, C. 123.590 y C.123.760, cits.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar mal concedido el recurso extraordinario de nulidad incoado (art. 296, CPCC), reputándolo inoficioso a los fines regulatorios (art. 30, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/09/2020 14:32:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2020 21:56:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2020 11:14:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/09/2020 09:59:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2020 12:39:41 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia