Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74478
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A 74.478, "Transportadora de Gas del Sur S.A. c/Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires s/pretensión anulatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia en cuanto había confirmado la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante TFA) que fijaba un límite para la exención reconocida para la producción de etano, propano, butano y c3, y encuadraba la restante actividad como producción de "Gasolina Natural", estableciendo la alícuota correspondiente. Por último, confirmó la sentencia atacada en cuanto avaló el tratamiento dado por el TFA a la actividad "LPG: Gas licuado de petróleo", denegando la exención que fuera solicitada a ese respecto. Impuso las costas del proceso en un 30% a la actora recurrente y en un 70% a la demandada (arts. 51 inc. 1 y 77, CCA; 71 y 274 CPCC; v. fs. 280/291 vta.).
Contra tal pronunciamiento, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 296/309 y 316/323 respectivamente), los que fueron concedido por la Cámara interviniente a fs. 311/312 y 326/327.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 332), agregado el memorial de la demandada a fs. 329/338 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la actora a fs. 296/309?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la demandada a fs. 316/323?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia en cuanto había confirmado la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires (en adelante TFA) por la que se fijó un límite para la exención reconocida para la producción de etano, propano, butano y c3, y se encuadró la restante actividad como producción de "Gasolina Natural", estableciéndose la alícuota correspondiente, todo lo que fue dejado sin efecto, prosperando la demanda en esos puntos. Por último, confirmó la sentencia atacada en cuanto avaló el tratamiento dado por el TFA a la actividad "LGP: Gas licuado de petróleo", denegando la exención que fuera solicitada a ese respecto.
I.1. Para así decidir, señaló en primer lugar que el decisorio de la mayoría del TFA (de fecha 7-II-2007, obrante a fs. 501/520 del expte. adm. n° 2306-651.489, que corre por cuerda sin acumular), declaró exenta a la empresa Transportadora de Gas del Sur S.A. (en adelante TGS) por la actividad de Fabricación de Productos Diversos Derivados del Petróleo y el Carbón, código 35.000-22 de la Lista de Códigos de Actividades (en adelante LCA) (v. Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -NAIIB’99- con código 241190, Fabricación de Materias Químicas Orgánicas Básicas NCP) que comprende la producción de etano, propano, butano y c3 para su uso como sustancias básicas de la industria petroquímica; y estableció asimismo que la producción de Gas Licuado de Petróleo (LGP) y de Gasolina natural encuadraban -respectivamente- en el código de refinerías de petróleo 3500021 de la LCA (NAIIB’99 con códigos 23.2001 y 23.2002), actividades que debían tributar a la alícuota del 1,5% y del 0,1%, salvo que se destinen a exportación.
Indicó que la empresa impugnó dos cuestiones centrales de dicho decisorio (v. esp. fs. 61 vta.): a) la limitación de la exención por los productos de etano, propano, butano y c3 a su uso como sustancia básica de la industria petroquímica; y b) la gravabilidad de la producción de Gas Licuado de Petróleo (LPG) y de la gasolina natural; pretensiones que fueron rechazadas por el juez de primera instancia, quien estimó ajustada a derecho la resolución adoptada por el TFA, de lo que se agravió la actora.
I.2. Con relación al primer agravio incoado, advirtió el Tribunal de Alzada que el juez de grado había omitido tratar cuestiones esenciales planteadas en la demanda, resultando aplicable el art. 273 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 77, CCA), conforme lo peticionado por la apelante (v. fs. 240 vta.).
Analizó así, los planteos dirigidos a rebatir la limitación establecida por el TFA a la exención reconocida por la actividad de Fabricación de Productos Diversos Derivados del Petróleo y el Carbón, código 35.000-22 (v. NAIIB’99 con código 241190, Fabricación de Materias Químicas Orgánicas Básicas NCP), demarcada por el destino que se les otorgara.
Estimó que le asistía razón a la firma actora al considerar que reconocida la calidad de exenta de la actividad identificada como Fabricación de Materias Químicas Orgánicas Básicas (código NAIIB’99 241190, o Fabricación de Productos Diversos Derivados del Petróleo y el Carbón, en el anterior nomenclador), el posterior destino en concreto que se le asignara a los productos no podía cambiar su régimen tributario.
Señaló que en la resolución de la mayoría del TFA, confirmada por el juez de primera instancia, se consideró exenta la producción de etano, propano, butano y c3 "siempre que se destinen a ser usadas como sustancias básicas de la industria petroquímica" (v. esp. fs. 517 vta. y 518, expte. adm. n° 2306-651.489), sobre la base de un informe agregado a las actuaciones administrativas (obrante a fs. 465/466, expte. adm. cit.) que no fue interpretado adecuadamente en tanto experto interviniente había expresado que el "encuadramiento correcto de una empresa que fabrica un producto de estas características debe hacerse privilegiando el tipo de uso al que, mayoritariamente, se destina el producto fabricado por esa empresa y no el uso mayoritario que da el mercado a ese producto..." (v. fs. 466, expte. adm. cit.).
Partiendo de dicho razonamiento el Tribunal de Alzada indicó que el especialista señaló exentos determinados productos, sobre la base de la utilización que de ellos realiza mayoritariamente TGS S.A., con prescindencia de si, en cada caso, se le ha brindado el destino esperado.
Advirtió entonces que, según lo consignado en el informe, una vez que se ha determinado la naturaleza del producto según el destino que le es asignado mayoritariamente por la empresa, no resultaban necesario -o posible- establecer, en cada caso, la utilización que se le ha dado en concreto; y agregó que esa limitación no surgía de las leyes 11.490 y 11.518 que previeron, para este caso, la exención de los productos aludidos sin la necesidad de demostrar la efectiva utilización como sustancia básica de la industria petroquímica.
En consecuencia, hizo lugar al recurso de apelación incoado, en lo atinente a la limitación establecida para la exención por la producción de etano, propano, butano y c3.
I.3. En lo referente a los agravios introducidos respecto de la producción de Gas Licuado de Petróleo (LPG) y Gasolina Natural (actividades encuadradas en el decisorio impugnado como Refinería de Petróleo, con códigos 23.2001 y 23.2002, NAIIB’99 y NAIIB’99.1; y 3500021 del anterior nomenclador LCA), estimó que debía prosperar el planteo sólo respecto de la actividad relacionada con la gasolina natural.
Para ello, en forma preliminar, ponderó correctamente aplicado el Nomenclador de Actividades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (NAIIB’99), vigente al momento del dictado de la resolución denegatoria 4560/03 (obrante a fs. 372, expte. adm. cit.), sin perjuicio de la referencia efectuada por las leyes 11.490 y 11.518 -para establecer las exenciones- a la Lista de Códigos de Actividades (LCA), nomenclador con vigencia a la fecha de sanción de dichas normas.
Indicó que entender lo contrario -conforme argumenta el recurrente-, implicaría asignar ultraactividad a una reglamentación derogada (la LCA, establecida por la Disposición Normativa Serie "B" 1/85) que expresamente fue dejada sin efecto por una posterior (v. NAIIB’99, regulado por la Disposición Normativa Serie "B" 31/99), y frustrar el objetivo perseguido con la sustitución operada, que -según reconociera la propia parte apelante- es ofrecer un nuevo sistema de asignación y clasificación sectorial para las actividades económicas desarrolladas por los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (v. fs. 250 vta.).
Por lo expuesto, sostuvo que debía atenderse a la regulación vigente al momento del dictado del acto administrativo impugnado (resol. 4.560/03), esto es, el NAIIB’99.
I.3.a. Ahora bien, respecto de la "Gasolina natural", advirtió que la actividad desarrollada por la empresa, vinculada a dicho producto, si se encontraba alcanzada por las leyes 11.490 y 11.518, y que por ende la resolución del TFA no se ajustaba a derecho.
En efecto, indicó que surgía de la pericia realizada en sede administrativa (v. esp. fs. 484/488, expte. adm. n° 2306-651.489, cit.), confeccionada por dos expertos (uno de parte y otro adscripto al TFA), que la extracción de los productos etano, propano, butano y gasolina natural, debía calificarse como fabricación de sustancias químicas básicas (v. esp. fs. 484, expte. cit.) y en consecuencia (v. fs. 488 in fine y 488 vta. expte. cit.), resultaba exenta, por encuadrar -dentro del NAIIB’99- en el sub-código 241190, correspondiente a la "Fabricación de Materias Químicas Orgánicas Básicas NCP".
Frente a la prueba obrante en las actuaciones administrativas, sostuvo que no advertía fundamentos -en el decisorio del TFA- que permitieran considerar a dicha actividad excluida del código NAIIB’99 241190, en lo concerniente a la extracción del producto "Gasolina natural", cuya equivalencia en el nomenclador LCA, se encontraba también exenta.
Por lo expuesto, consideró que la sentencia que confirmó este aspecto de la resolución del TFA evidenciaba error de juzgamiento y debía ser revocada.
I.3.b. Expresó que distinta resultaba la solución respecto del Gas Licuado de Petróleo (LPG), toda vez que la pericia realizada en sede administrativa (v. fs. 484/488, expte. adm. cit.), no hacía específica referencia al producto en cuestión, a diferencia de lo sucedido con la extracción de "Gasolina natural".
De acuerdo a ello, sostuvo que adquiría relevancia otro informe agregado a las actuaciones administrativas (v. fs. 465/466, expte. adm. cit.), donde el ingeniero Omar A. Iglesias explicó la conformación del LPG y manifestó que es una mezcla de propano y butano (v. esp. fs. 466, expte. adm. cit.), que se destina al mercado de gas licuado para uso combustible, pero -a su vez- puede considerarse materia prima para la fabricación de olefinas livianas, concluyendo luego que, por el destino que le asigna mayormente la empresa actora, debía considerarse producción de Gas natural.
Agregó que la conclusión desarrollada por el experto, en sede administrativa, fue especialmente tenida en cuenta en el voto mayoritario del TFA, que explicó -sobre la base del informe técnico aludido en el párrafo que antecede- que la producción del LPG (Gas Licuado de Petróleo: butano y propano) con destino al mercado interno para ser usado como combustible debe encuadrarse en el código 23200 "Fabricación de productos de la Refinación del Petróleo", que según las notas del NAIIB’99 incluye "La producción de combustibles gaseosos mezclas tales como etano, butano y propano", tipificándose puntualmente la actividad en el código 232001 "Refinerías de Petróleo" (v. fs. 27 de las presentes actuaciones).
Por lo expuesto no advirtió razones para apartarse de la decisión adoptada, en este punto, por la mayoría del TFA, quien brindó los fundamentos de hecho y de derecho para encuadrar a la actividad de la empresa, en lo concerniente al producto "LPG: Gas licuado de petróleo", en el código 23.2001 del NAIIB’99.
Agregó asimismo que el recurrente nada dijo puntualmente sobre el LPG, sino que aludió a la falta de "Refinería" como impedimento para encuadrar la actividad como "Fabricación de productos de la refinación del petróleo", lo que entendió insuficiente para excluirla de dicho código, en atención al contenido de las "Notas explicativas del NAIIB’99", que expresamente contempla en el código 232001 a "La producción de combustibles gaseosos mezclas tales como etano, butano y propano".
Por último, indicó que le correspondía al contribuyente probar -acabadamente- que la actividad por él desarrollada se encontraba alcanzada por la exención cuyo reconocimiento solicita. Ello así, toda vez que "el sistema de exenciones impositivas importa una limitación a los principios de generalidad y de igualdad en la tributación, debiendo ser de interpretación estricta y resultar de la letra de la ley o de la indudable intención del legislador".
De lo expuesto, remarcó que el apelante no había probado que la actividad desarrollada en lo concerniente al producto "LPG" se encontrara alcanzada por el beneficio de las leyes 11.490 y 11.518 y concluyó que, en este punto, la resolución del TFA no evidenciaba vicio alguno, y la sentencia del iudex , que la convalidó, lucía ajustada a derecho.
I.4. Respecto al agravio vinculado al apartamiento de un precedente de la misma Sala del TFA (caratulado "Compañía Mega S.A.", sent. de 7-II-2007, obrante en copia a fs. 30/57), señaló que en dicha causa se consideró que los productos "LPG" y "Gasolina natural" no estaban exentos en virtud de las leyes 11.490 y 11.518, sino por su destino de exportación de acuerdo a lo establecido por el art. 147 del Código Fiscal (t.o. 1999) y concordantes de años posteriores.
Observó que la plataforma fáctica no era la misma, razón por la que el agravio no podía prosperar.
I.5. Con relación al planteo vinculado a la presunta violación del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, indicó que en dicho instrumento se dejó expresamente constancia -en su art. 4, penúltimo párrafo- que "La exención no alcanzará a todas las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como los supuestos previstos en el artículo 21 del Título III, Capítulo IV, de la Ley Nº 23.966".
En atención a ello y ponderando la naturaleza de la actividad desarrollada por la recurrente, que es esencialmente hidrocarburífera, advirtió que la Provincia gozaba de plena potestad tributaria para gravarla con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sin que el pacto de referencia tenga incidencia al respecto.
De allí que el planteo aludido no resultó de recibo.
I.6. Finalmente, señaló que le asistía razón a la recurrente en cuanto se agraviaba de la falta de competencia del TFA para determinar la alícuota aplicable, pues ello no había sido materia de controversia en sede administrativa, estando limitado a establecer si las actividades desarrolladas por la empresa se encontraban exentas del impuesto o no.
Indicó que la parte de la resolución del TFA por la que se fijaba la alícuota aplicable para la actividad de "LPG" (única respecto de la que no ha prosperado la pretensión actora según lo expuesto precedentemente), excedía el marco de su competencia y la dejó sin efecto.
Señaló que el Código Fiscal preveía expresamente un procedimiento administrativo especial, distinto del sustanciado en las actuaciones administrativas, para determinar el monto de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, que necesariamente incluye la alícuota (v. arts. 112 y 114, Cód. Fiscal, t.o. 2011 y concs. de años anteriores; ref. regulación del procedimiento de determinación de oficio).
Por ello, y habiéndose discutido en el marco de las actuaciones administrativas sustanciadas la procedencia de una exención solicitada por la actora, consideró que el establecimiento de las alícuotas aplicables, por parte del TFA -decisión confirmada por el iudex -, resultaba una materia ajena a la competencia que le asigna el Código Fiscal para dicho procedimiento y sobre esa base hizo lugar al recurso incoado.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia errónea aplicación de las leyes 11.490 y 11.518 y violación al principio de reserva de ley.
II.1. En primer lugar, expresa que se aplicaron erróneamente las leyes 11.490 y 11.518, en función de un nomenclador de actividades distinto de aquel que el legislador refirió expresamente en dichas normas lo cual, en definitiva, importó convalidar una modificación a manos del Poder Ejecutivo al alcance de las exenciones allí reguladas, lo que estima constituye una flagrante violación al principio de reserva de ley.
Sostiene que la normativa aplicable remite a la Lista de Códigos de Actividades (LCA) Disposición Normativa Serie "B" 1/85, y que debió subsumirse la actividad por él desplegada al mismo, conforme el cual resulta exenta.
Pero, que, sin embargo, el a quo adoptó el criterio opuesto, y a partir de la sanción del NAIIB (disp. norm. "B" 31/99) consideró que la actividad debía primero subsumirse en ese código para luego, mediante las correlaciones correspondientes, determinar el encuadre en el LCA, denunciando que se alteró la voluntad del legislador por vía reglamentaria.
Agrega que las leyes remiten expresamente al LCA, y que, por vía reglamentaria, la Autoridad Fiscal no puede reformular el alcance de la exención al modificar el nomenclador de actividades.
Se agravia de que el Tribunal de Alzada descartó la aplicación del LCA, asignando ultraactividad a la reglamentación derogada, que expresamente fue dejada sin efecto por la NAIIB’99.
Alega que no hay nada de paradójico en mantener la vigencia de la LCA en lo que respecta a la aplicación de las leyes en cuestión, cuando fue el legislador (único con potestad tributaria sustantiva) quien remitió expresamente a sus términos y condiciones. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referente al principio de legalidad en la materia.
Entiende que en autos se ha dado a la voluntad del Director General de Rentas la virtualidad de modificar el alcance de una exención legislativamente prevista.
Reproduce los agravios vertidos en oportunidad de impugnar lo decidido por el TFA, y concluye que sin el artilugio de recurrir elípticamente a las notas explicativas del NAIIB’99, bajo ningún punto de vista, se podría sostener que la actividad que realiza sobre la materia prima "Gas" pueda considerarse "Refinería de Petróleo". Indica que cuando el legislador quiso referirse al gas, lo hizo sin recurrir a la mención del petróleo (ej. código 5000004 de la LCA). Sostiene que la única interpretación posible es declarar exenta la actividad ya sea bajo el código 3500022 CLA, el 3500001 CLA, o el 3500020 CLA (conf. arts. 39, ley 11.490 y 1, ley 11.518).
Aduce que no existe controversia respecto de la actividad que desarrolla, y que no puede por tanto considerársela "refinería de petróleo" por la simple razón de que procesan hidrocarburos gaseosos, de donde obtiene el gas propano y el butano (y no hidrocarburos líquidos), y que resulta una planta de procesamiento de gas natural.
A continuación, relata la sucesión de normas y fundamentos por los cuales se modificó el nomenc
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