Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75652
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.652, "Maciel, María Valeria c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Pettigiani, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda promovida por la señora María Valeria Maciel contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de invalidar las resoluciones del referido organismo que dispusieron su cesantía (v. fs. 358/364).
Disconforme con tal pronunciamiento la accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 6-VIII-2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 404/405.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 407) agregado el memorial de la parte demandada presentado electrónicamente el 25 de marzo de 2019, 11:37:24 a.m. (v. fs.408) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda contencioso administrativa mediante la cual la señora María Valeria Maciel pretendió la nulidad de las resoluciones 15.480, del Auditor General de Asuntos Internos -que decretó su cesantía- y 95 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó la mencionada en primer término.
Para así decidir, luego de reseñar las constancias y antecedentes relevantes del caso, consideró que resultaba ajena a la presente litis la sanción de suspensión de sesenta días que le fue aplicada a la actora. Entendió que la materia de debate quedó circunscripta de acuerdo a las postulaciones de las partes, a dilucidar la legitimidad de la sanción de cesantía y, en su caso, el resarcimiento pecuniario reclamado por la señora Maciel.
Asimismo, señaló que los agravios de la parte actora apelante giraron en torno a la alegada violación del principio de non bis in ídem , criticando el decisorio de grado en cuanto descartó la existencia de su conculcación en el caso.
I.1. Recordó que la referida garantía resulta plenamente aplicable en procedimientos administrativos disciplinarios, y conlleva que una idéntica conducta no pueda ser juzgada dos veces dentro de la misma esfera jurisdiccional.
Bajo esa tesitura y a la luz de la prueba rendida en autos, compartió lo pregonado por el juez de primera instancia respecto a que, en la especie, no se transgredió ese principio.
Advirtió, a partir de la compulsa de las actuaciones administrativas, la existencia de dos investigaciones sumariales tramitadas con respecto a dos presuntas conductas infraccionales objetivamente diversas, a cuyo respecto medió la respectiva investigación, imputación y el curso del pertinente iter procedimental disciplinario.
Puntualizó que se aplicó una sanción a cada conducta investigada y debidamente comprobada: la de suspensión, en un caso, -por omisión de asentar el ingreso del detenido Migone en el libro de guardia- y la de cesantía, en el otro, -por haber omitido adoptar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el fallecimiento del detenido Migone en el interior de la Comisaria de la ciudad de La Plata, Seccional Novena, donde la señora Maciel se desempeñaba como Oficial de Servicio.
Ponderó la prueba documental obrante en la causa y señaló que en el sumario administrativo en el que recayó la sanción de suspensión de la señora Maciel, la imputación comprendió únicamente el hecho vinculado con la falta de asiento, del ingreso en calidad de aprehendido del señor Oscar Migone en el libro de registro de la citada dependencia policial. Agregó que fue sancionada por la omisión de este hecho con sanción de suspensión a través de la resolución 4.580/07. Ello así, atento haberse corroborado que la actora, como oficial de servicio, no ejerció el debido control sobre los asientos en el libro de guardia de la dependencia.
Agregó que, con posterioridad en el año 2008, vistos los avances de la investigación llevada a cabo en sede penal con respecto a la agente Maciel por "omisión de evitar o denunciar torturas" y su consecuente detención (luego convertida en prisión preventiva), se dispuso instruir sumario administrativo, imputando a la actora la comisión de presunta infracción al art. 120 inc. "m" del decreto 3.326/04.
Destacó que tal proceder del organismo administrativo, en torno a la nueva instrucción sumarial, halló asidero en la manda del artículo 147 del decreto 3.326/04, reglamentario de la ley 13.201, el cual prescribe que se deberá instruir actuación sumarial al personal policial comprendido en el régimen de la ley 13.201 cuando medie imputación penal contra el personal policial.
Recordó que el referido art. 120 -por cuya transgresión fuera imputada y luego sancionada- dispone que son faltas graves, en los términos del art. 94 (dando lugar a la suspensión del empleo, cesantía o exoneración), entre otras, cometer por acción u omisión, todo acto que importe el incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por normas que rigen su actuación, en tanto verifique de éste una grave afectación a su racionalidad y legalidad.
En ese contexto y a partir de la compulsa de las constancias arrimadas a la causa, coligió que no surgía acreditada en autos la postulación efectuada por la accionante en cuanto a haber sido juzgada dos veces por un mismo hecho, pues se evidenció la existencia de imputación, investigación y sanción, en forma individual y autónoma, respecto de cada uno de los hechos, claramente diferenciables.
Señaló, con cita en precedentes de esta Suprema Corte, que la falta de demostración de los extremos aducidos en respaldo de la pretensión comporta una omisión insoslayable de la parte interesada (arts. 77 y 375, CPCC).
Al respecto, señaló que no obran ofrecidas ni incorporadas en autos, constancias probatorias a tenor de cuya compulsa surgiera que en el marco del sumario administrativo tramitado inicialmente no hubiera existido, respecto de la señora Maciel, auto de imputación e investigación consiguiente respecto del hecho de la tortura seguida de muerte, y no únicamente por el de omisión de asiento en el libro de guardia como se desprende de la documental obrante en autos.
I.2. Por otra parte, entendió que no empece a lo arriba expuesto lo resuelto finalmente en sede penal respecto de la actora, en cuanto resultó absuelta del delito imputado de omitir denunciar la tortura seguida de muerte, en tanto los elementos reunidos en la instrucción sumarial resultaron suficientes para tener por acreditado el grave incumplimiento por parte de la actora, de los deberes a su cargo.
Recordó la independencia que cabe predicar respecto del curso de ambas instancias, la administrativa disciplinaria y la penal, a mérito de la cual no reviste trascendencia -en principio- la suerte seguida por el proceso penal, para deslindar toda responsabilidad disciplinaria.
Destacó que los cargos atribuidos en sede administrativa revisten un encuadre que supera el delito tipificado en la causa penal, evaluando la conducta llevada a cabo por el agente, en el marco de las obligaciones previstas por la normativa vigente en oportunidad del acaecimiento de los hechos (ley 13.101 y dec. reg. 3.326/04).
Refirió a la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y administrativa y ponderó que de las constancias obrantes en el sumario disciplinario surgían suficientes indicios para tener por acreditado el hecho que la Administración imputó al agente, en atención a la tutela de los valores comprometidos bajo su dependencia, en el marco de la relación de empleo público conforme la apreciación de la prueba, por el sistema de las libres convicciones razonadas (art. 155, dec. 3.326/04).
Entendió que los agravios esgrimidos por la apelante no lograron rebatir lo resuelto por el juez de grado, que constituye una razonable derivación de los hechos en relación con el marco normativo aplicable al caso.
En tal sentido, señaló que los elementos probatorios ponderados en sede administrativa y sopesados en el marco del presente litigio fueron encuadrados en la norma aplicable, y no advirtió haberse demostrado desvío alguno en la valoración de los hechos y consecuente sanción, lo cual conforma el marco adecuado de la medida disciplinaria configurándose la responsabilidad administrativa de la actora.
Ponderó que dichos extremos no han sido revertidos por la señora Maciel, ni en la etapa sumarial, ni en la instancia judicial que motiva la presente, y que las resoluciones administrativas cuestionadas han sido el corolario de un proceso disciplinario administrativo, cuyo cauce hubo transitado el debido proceso adjetivo, y garantizado el pleno ejercicio de la defensa en juicio.
Concluyó así que la medida disciplinaria cuestionada no es inválida, ya que ha sido dictada en el ámbito de un sumario disciplinario y como resultado de un ordenado procedimiento en el que la administración reunió pruebas suficientes a tal fin, las que no fueron desvirtuadas por la agente en la oportunidad que tuvo de efectuar su descargo y ofrecer las que hacían a su derecho, ni en esa instancia judicial.
Por último, consideró ajustada a derecho la decisión judicial recurrida, toda vez que hubo formulado una correcta exégesis de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, que pone a las claras, a través de una ajustada hermenéutica, su recta interpretación.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto la parte actora denuncia la violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 11 y 15 de la Constitución provincial; 8 inc. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 34 inc. 4, 161 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial (v. punto IV). También acusa la absurda valoración de las circunstancias del caso, con violación de la sana crítica (art.384, CPCC).
Luego de referir a los antecedentes de la litis , expone los fundamentos del recurso (v. punto VI).
II.1. Aduce que la Cámara ha incurrido en arbitrariedad normativa y fáctica, lo que conduce a la violación del debido proceso adjetivo y del principio non bis in ídem . Ello, en tanto el Tribunal entendió "...que no surge acreditado en autos, las postulaciones efectuadas por el accionante en cuanto haber sido juzgada dos veces por el mismo hecho". También considera incongruente la interpretación efectuada por la Cámara sobre "...la existencia de imputación, investigación y sanción..." en forma individual y autónoma, respecto de cada uno de los hechos claramente diferenciales.
Se agravia argumentando que el Tribunal de Alzada, al igual que el Auditor de Asuntos Internos, receptó la teoría de la multiplicidad de hechos, en lugar de evaluar la participación de cada uno de los imputados dentro de uno solo.
Sostiene que la sanción disciplinaria de suspensión de sesenta días por el hecho de haber omitido asentar en el libro de guardia el ingreso del detenido Migone, impide renovar el debate sobre cuestiones que han sido decididas mediante resoluciones firmes. Cita opinión doctrinaria sobre el desarrollo del procedimiento administrativo.
Invoca tratados con jerarquía constitucional (arts. 8 y 25, CADH), los cuales aduce que deben ser interpretados de una manera armónica y vinculándolos, en forma complementaria, con el sistema interamericano de protección de derechos, a los fines de garantizar su ejercicio.
Sostiene que el mentado principio no sólo es aplicable en materia penal, sino también incluye a la Administración, la cual debe asegurarle al agente el debido proceso adjetivo y ello lleva como correlato que ésta no puede en forma arbitraria retrotraer el proceso a etapas precluidas.
II.2. En otro orden de cuestiones, aduce que la falta de responsabilidad penal de la señora Maciel no puede ser soslayada en sede administrativa cuando la resolución expulsiva se vio fundada en los elementos de prueba de la IPP 282.128.
Entiende que la imputación de conductas omisivas por parte de la agente debe ser desvirtuada, a los fines de evitar fallos contradictorios. Sostiene que la resolución administrativa no debió desechar el fallo primigenio en sede penal, que hace cosa juzgada formal y material de los hechos por los que fue imputada.
En apoyo de su postura cita la opinión de autores e invoca la doctrina de este Tribunal emergente de la causa B. 55.497, "M., E. M.", sentencia de 4-X-2006.
Por otra parte, arguye de manera harto confusa, que no se puede endilgar una conducta omisiva, fundada en no haber efectuado lo que el ordenamiento le imponía. Alega que tal conducta no le puede ser enrostrada al hallarse imputada prima facie de un hecho antijurídico, tipificado en el ordenamiento penal y administrativo, en razón de que goza del principio de inocencia, tutelado en el art. 18 de la Constitución nacional, circunstancia que -según entiende- la exime de su obligación de hacer, en pos del esclarecimiento del hecho.
Destaca que la falta de motivación del acto administrativo que diera lugar a la cesantía impidió conocer y saber cuáles fueron las efectivas omisiones exigibles en el cumplimiento de su deber jurídico y, por ende, las acciones que debió ejecutar para no sufrir la desproporcionada sanción disciplinaria.
Por último, señala que el fallo impugnado incurre en contradicción al indicar que "...la télesis en la que reposa el reproche de la conducta administrativa tiene una finalidad diferente en el marco de las normas citadas...".
Entiende que la contradicción se plasma en que la sanción de suspensión de empleo y la cesantía aplicada vulneraron bienes jurídicos similares en razón de que ambas sanciones fueron aplicadas bajo el amparo del art.120 inc. "m" del decreto 3.226/04.
III. El recurso no prospera, en atención a la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC)
III.1. La Cámara centró su análisis en el trámite de los sumarios administrativos y el material probatorio allí recolectado (v. fs. 363 vta.) y concluyó que no surgía acreditada en autos la postulación efectuada por la accionante en cuanto haber sido juzgada dos veces por el mismo hecho, pues se evidenció la existencia de imputación, investigación y sanción, en forma individual y autónoma, respecto de cada uno de ellos.
Los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada no resultan conmovidos por las manifestaciones de la recurrente, en tanto se limita a disentir con la valoración de los hechos y pruebas realizada por el a quo ; omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones que dan sustento a la solución en crisis (conf. art. 279, cit., causas A. 71.843, "Pellizari", sent. de 3-XII-2014; A. 71.873, "Laprovittola", sent. de 16-III-2016; A. 73.217, "Ñamandú", sent. 28-IX-2016; e.o.).
Los planteos traídos a esta instancia extraordinaria no logran evidenciar la violación de la ley denunciada, sino más bien traslucen una discrepancia subjetiva con la sentencia de Cámara.
En efecto, es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa; y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (causa A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009).
La recurrente no cuestiona idóneamente la delimitación de los hechos del caso. En particular el punto de partida que toma la Cámara, respecto a que existieron dos hechos diferentes, investigados en diversos procedimientos y que dieron lugar a dos sanciones distintas.
El tribunal tiene dicho que la presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa. Pues no basta un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte del recurrente (doctr. causa L. 104.464, "Correa", sent. de 13-XI-2012; e.o.).
En la especie, la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características. Sus alegaciones giran en torno a que la Cámara ha incurrido en un error de juzgamiento al considerar que se violó el principio non bis in ídem, afirmando que si bien la responsabilidad penal y administrativa son diferentes, la falta de responsabilidad penal no puede ser soslayada en sede administrativa cuando la resolución expulsiva se vio fundada en las actuaciones penales.
III.2. Tampoco resulta atendible la denuncia de violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 8 inc. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos; 34 inc. 4, 161 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
El art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial exige al impugnante la demostración de la manera en que el pronunciamiento atacado conculca las garantías y derechos que alega vulnerados(causa A. 70.503, "García", sent. de 10-VIII-2013; e.o.). Función que no es debidamente cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales sin demostrarse la relación que tales preceptos guardan con el caso y la forma en que el decisorio cuestionado las violenta (causa A. 71.873, "Laprovittola", sent. de 16-III-2016).
III.3. Por otra parte, en la especie, la recurrente no evidencia violación jurídica o errónea aplicación de las normas actuadas por la Cámara –art. 120 inc. "m" del decreto reglamentario 3.326/04 de la ley 13.201- que constituyó el núcleo central de la argumentación fáctica y jurídica en que se sustentó la sentencia.
La impugnante se aparta de la línea reflexiva que llevó al juez de grado a arribar a la conclusión adversa a sus intereses, limitándose a efectuar un nuevo estudio de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, técnica reiteradamente declarada inhábil por este Tribunal (causas L. 101.292, "Chevalier", sent. de 7-VI-2010 y L. 99.061, "Sacchi", sent. de 20-V-2009).
III.4. Finalmente corresponde desestimar la alegada violación a la doctrina legal, toda vez que no existe similitud entre el sub lite y el precedente citado por el actor. Así, repárese que, a diferencia de aquel caso, en la especie se han ponderado debidamente todas las constancias de la causa penal (v. específicamente relato de los hechos de fs. 395, sent. de Cámara y resol. 15.480/10, fs. 195/199, expte. adm. agregado) y se han deslindado los distintos tipos de responsabilidades que operan en cada órbita. En la causa B. 55.497, "M.E.M.", sent. de 4-X-2006, esta Corte censuró el obrar administrativo atento a que la sanción administrativa -a diferencia de lo que ocurre en los presentes actuados- prescindió de las actuaciones penales.
Al respecto tiene dicho esta Corte que para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o
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