Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72295
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 72.295, "Yell Arg. S.A., Meller Comunicaciones y ot. c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión anulatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Torres, Borinsky .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata -por mayoría- confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado prescripta la deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al período fiscal 1996, desestimando la demanda instaurada en sus partes restantes (v. fs. 343/355 y 440/455).
Disconformes con dicho pronunciamiento, tanto la Fiscalía de Estado (v. fs. 459/466) como la firma Yell Argentina S.A. (v. fs. 467/484) interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que en su oportunidad fueron concedidos por la Cámara interviniente (v. fs. 486/487 y 494).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 504), glosado el memorial de la demandada (v. fs. 509/517) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
En cualquier caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la firma actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal a quo , por mayoría, confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia, a través de la cual se declaró prescripta la deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente al período fiscal 1996.
Para así decidir, entendió el Tribunal de Alzada que la novación dispuesta por el art. 48 de la ley 12.397 resultaba inaplicable, debido a los fundamentos de orden constitucional desarrollados en el pronunciamiento de grado, basados, fundamentalmente, en la doctrina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentara in re "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), seguida por este Tribunal provincial a partir de la causa Ac. 81.523, "Coop. Prov. Almaceneros Minorista de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007.
Sostuvo que la novación es un instituto de derecho común que por entonces se hallaba regulado en el Código Civil, cuerpo legal que la definía como la sustitución de una obligación que se extingue por otra distinta destinada a reemplazarla. Añadió que, conforme dicha normativa, la intención de novar no se presume, sino que requiere que la voluntad de las partes se manifieste claramente. En este sentido, advirtió que la disposición del art. 48 de la ley 12.397 constituye un acto unilateral del Estado que como tal no reúne ninguno de los caracteres que tipifican a la novación regulada por el derecho común.
Concluyó que, frente a ello, en la especie debe prevalecer la aplicación del art. 801 y siguientes del hoy derogado Código Civil, dada la reserva del Congreso nacional para regular la figura jurídica en cuestión, derivada -en su visión- del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y ajena -por ende- a las atribuciones locales no delegadas.
A mayor abundamiento, aseveró que en la causa I. 1.619, "Quintero Palacios", sentencia de 14-VII-1998, esta Corte señaló que la regulación de la novación por parte del art. 16 de la ley 11.192, norma local reputada análoga a la de autos, constituyó una invasión de la Legislatura local en una materia reservada a la Nación.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia falta de aplicación del art. 48 de la ley 12.397 y errónea aplicación de los arts. 801, 812 y concordantes del -hoy derogado- Código Civil, así como también del precedente recaído en la causa I. 1.619, "Quintero Palacios", sentencia de 14-VII-1998.
Recuerda que ya en oportunidad de contestar la demanda había argumentado sobre la existencia, en materia tributaria, de un tipo de novación diferente al del por entonces vigente Código Civil.
Sin desconocer la doctrina elaborada por la Corte Suprema desde el fallo "Filcrosa", insiste sobre la potestad del Estado provincial para regular la prescripción de las obligaciones fiscales, en el entendimiento de que la delegación hecha en la Nación para dictar la llamada legislación de fondo solo implica un régimen uniforme en materia de derecho privado, pero no en el ámbito del derecho público.
Seguidamente, transcribe y reseña conceptos ya vertidos en la contestación de demanda. Añade que en el derecho civil la novación tiene como elemento esencial la voluntad de las partes porque extingue y hace renacer una obligación cuya existencia se debe precisamente al acuerdo entre ellas, pero plantea que esto no se da en el caso de las obligaciones tributarias.
De allí extrae que el régimen de la novación contenido en el -hoy derogado- Código Civil resulta inaplicable en la especie y -por ende- que el art. 48 de la ley 12.397 no invade las competencias asignadas al Congreso a través del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional. Ilustra su posición, en el sentido de que la novación no requiere necesariamente acuerdo de voluntades, con lo dispuesto por el art. 17 de la ley 23.982.
Asimismo, señala que la ya citada causa I. 1.619 mantenía notables diferencias con la de autos, motivo por el cual critica que la Cámara se haya apoyado en ella, máxime por cuanto -apunta- la referencia a la cuestión de la novación aparecía en el voto del doctor Negri sólo a mayor abundamiento.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En sustancia, los argumentos esgrimidos por la Cámara para declarar inaplicable al caso la novación dispuesta por el art. 48 de la ley 12.397 constituyen una extensión de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), a la que el Tribunal provincial que integro se plegara a partir de la causa Ac. 81.523, "Coop. Prov. Almaceneros Minorista de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007. Frente a ello, cabe recordar que, en mi opinión, la doctrina recién referida merece ser abandonada, en virtud de los argumentos que tuve oportunidad de desarrollar al votar en la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, que por razones de brevedad he de dar por reproducidos aquí.
III.1.a. Baste simplemente puntualizar que ya antes de expedirse la Corte Suprema en el precedente previamente mencionado mantuve un criterio diferente al que hubo de adoptarse en él, por entender que la regulación de los tributos (y de la prescripción en esa órbita) es una materia propia del derecho público, resorte de los Estados provinciales, no delegada por estos a la Nación, ni incluida en la esfera de competencias previstas en la cláusula de los códigos del citado art. 75 inc. 12 (conf. causa C. 82.405, sent. de 23-XII-2002; e.o.).
Y si bien es cierto que una vez dictado y mantenido el criterio interpretativo de aquel pronunciamiento, por razones de economía procesal lo he seguido (conf. causa C. 84.976, sent. de 30-VII-2007; e.o.) en la actualidad no puede prescindirse de considerar un dato institucional de primer orden. Este consiste en la toma de posición del Congreso sobre las competencias normativas en materia de prescripción de tributos locales, puesta de manifiesto en preceptos del nuevo Código Civil y Comercial, aprobado por la ley 26.994.
Junto con otras normas respetuosas del despliegue de las potestades legislativas locales en el campo del derecho público, que el nuevo Código también consagra (v.gr. los arts. 240, 1.764 a 1.766, 1.970, Cód. Civ. y Com.) dicho cuerpo legal establece que "...las legislaciones locales podrán regular esta última [la prescripción liberatoria] en cuanto al plazo de tributos" (art. 2.532 in fine, Cód. Civ. y Com.). Paralelamente, el art. 2.560 de la codificación unificada, bajo el acápite "Plazo genérico", prescribe que "...el plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local".
Primer intérprete de sus competencias, el Congreso de la Nación ha precisado así que el ejercicio de los poderes regulatorios en cuanto al plazo de prescripción de los tributos provinciales no le concierne, constituye un asunto ajeno al derecho privado y a la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, Const. nac.), perteneciente, por tanto, a los ordenamientos locales. Más que dar cuenta de un nuevo deslinde de competencias, ha efectuado un verdadero reconocimiento acerca de los límites de sus potestades y, por contraste, del alcance de las que conciernen a las provincias.
De tal manera queda sin sostén la postura mantenida a partir del fallo "Filcrosa" y su consecuente desconocimiento de las atribuciones de las provincias para regular componentes de las obligaciones tributarias locales.
III.1.b. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio"), sents. de 26-XI-2020).
III.2. Sin perjuicio de la descalificación de los fundamentos anclados en la doctrina de "Filcrosa", los demás cuestionamientos a la novación dispuesta por el art. 48 de la ley 12.397, introducidos por la actora en el proceso, merecen ser atendidos. Veamos.
III.2.a. En la demanda interpuesta se planteó, por un lado, que no puede aplicarse a la deuda objeto de autos la novación bajo examen, porque al momento de sancionarse la ley que la consagró aquella no había sido liquidada por la autoridad tributaria, ni declarada por el contribuyente, como tampoco incluida en un plan de regularización presentado ante dicho organismo (v. fs. 112). Se añadió la ausencia en tal novación de un requisito tipificante básico, ya que ella no modifica ningún elemento sustancial de la obligación primigenia, sino que se limita a consolidar la deuda en un único monto, estableciendo asimismo la fecha desde la que corresponde aplicar los intereses respectivos (v. fs. 111 vta.).
A su vez, se afirmó que la extensión del plazo de prescripción quinquenal discutida fue lograda a través de una "maniobra" que contradice los propios fundamentos de aquel instituto, motivo por el cual resulta, además de irrazonable, violatoria de los principios constitucionales de seguridad y certeza de las relaciones jurídicas (v. fs. 113/115).
III.2.b. El art. 48 de la ley 12.397 establece "la novación de todas las obligaciones tributarias adeudadas, no prescriptas al 1º de enero del año 2000, correspondientes a los gravámenes cuya Autoridad de Aplicación sea la Dirección Provincial de Rentas". A continuación, dicha manda precisa que "la novación [...] comprenderá las deudas por impuestos liquidados por la Autoridad de Aplicación y las declaradas por el contribuyente, incluidas las reconocidas mediante regímenes de regularización".
La enumeración contenida en la última frase posee un carácter enunciativo, por lo que no parece excluir situaciones como la que aquí nos ocupa. El precepto no solo alude -según se ha visto- a "todas las obligaciones tributarias adeudadas, no prescriptas al 1º de enero del año 2000", sino que además, en su tercer párrafo, declara subsistente "la facultad de la Autoridad de Aplicación para verificar y determinar la real situación fiscal del contribuyente", indicando que "en caso de detectarse deuda por períodos anteriores al 31 de diciembre de 1999" debe seguirse, precisamente, el procedimiento de consolidación previsto para todas las obligaciones novadas en el art. 50 de la misma ley. Vale decir, también deben considerarse alcanzadas por la novación y la consolidación las deudas determinadas de oficio con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 12.397.
III.2.c. El hecho de que la disposición examinada comprenda -entre otros- esos débitos, no significa que la solución legal adoptada se encuentre suficientemente justificada en tales casos.
Según lo establecido por el segundo párrafo del art. 48 de la ley 12.397, la novación implicaba "la consolidación de la deuda en un único monto, liquidado al 31 de diciembre de 1999 de conformidad al procedimiento previsto en el artículo 50" de la ley ya citada. De este último precepto se desprendía, a su vez, que "el procedimiento de cálculo" al que debían someterse las obligaciones no incluidas en regímenes de regularización, tales como las de autos, consistía simplemente en adicionar, a la deuda original correspondiente, "los intereses previstos en el artículo 75 del Código Fiscal -Ley 10.397 (t.o. 1999)-, desde su respectivo vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 1999 inclusive".
El monto adeudado no se veía en tales casos sustancialmente modificado a raíz de esta particular figura, pues sobre el capital original se calculaban, hasta la fecha de corte elegida, los mismos intereses que entonces contemplaba de manera general el propio Código Fiscal.
Por la vía seguida se lograba que la deuda se expresara en un único importe, lo que serviría para sanear la base de datos del Fisco provincial. Así lo señaló el Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación del proyecto de ley, expresando que liberaría a la administración fiscal "de mantener operativos considerables volúmenes de deudas discriminadas por períodos fiscales, los que serán reemplazados por un único monto, esto es el consolidado a través de un procedimiento de cálculo previsto al efecto".
Ahora bien, resulta claro que esta novación que consagra la ley tributaria lleva consigo, además, la extensión de los plazos de prescripción aplicables; ello en tanto no fue acompañada de otras disposiciones que atemperaran ese efecto.
III.2.d. En el caso, la finalidad de contribuir con la simplificación de la base de datos de la administración tributaria no parece haber sido determinante. Ni siquiera existen constancias de que se haya dictado la resolución prevista en el art. 50 de la ley 12.397, a través de la cual la deuda no prescripta al 1 de enero de 2000 debía ser consolidada en un único monto.
Es cierto que tampoco la actora ha cuestionado la falta de aplicación de dicho procedimiento, ni su deficiente estructuración normativa (v. mi voto en la causa A. 70.094, "Fisco c/ Carlomagno", sent. de 1-IV-2015) sino que se ha limitado a impugnar otros aspectos de la novación legal bajo debate. Pero ello no obsta a que la omisión señalada sea tenida en cuenta al momento de evaluar los efectos derivados del dispositivo normativo cuestionado.
III.2.e. Corresponde entonces volver sobre los efectos "reflejos" producidos sobre la prescripción. Al respecto, los jueces de las instancias anteriores entendieron que la deuda tributaria originalmente devengada durante el período 1996 se hallaba ya extinguida cuando se dictó y notificó la resolución determinativa pertinente (lo cual sucedió en el mes de diciembre de 2003) toda vez que el término quinquenal aplicable había fenecido, según el criterio que sobre el dies a quo se siguiera, el 1 de enero de 2002 o el 1 de enero de 2003 (v. fs. 351 y 450).
Si, en cambio, pretendiera hacerse valer lo normado por el art. 48 de la ley 12.397, el nuevo lapso se computaría desde el 1 de enero de 2000 hasta el 1 de enero de 2005 (o el 1-IX-2004, de conformidad con el art. 9 de la ley 13.244), de manera que, en los hechos, la novación allí prevista culmina extendiendo el plazo inicial en alrededor de dos o hasta tres años.
III.2.f. Estas circunstancias demuestran la falta de razonabilidad que caracteriza a la regulación puesta en entredicho.
Sobre el punto, este Tribunal ha sostenido que el requisito de razonabilidad, límite al que se halla sometido para su validez constitucional todo ejercicio de la potestad pública, reclama la existencia de circunstancias justificantes, fin público, adecuación a él del medio utilizado para su obtención y ausencia de iniquidad manifiesta (doctr. causas I. 1.164, "Rojas", sent. de 7-VII-1983; I. 1.128, "Mondino", sent. de 28-XII-1982, "D.J.B.A.", t. 125, pág. 153; I. 2.175, "Torregrosa Lastra", sent. de 15-XII-2010; e.o.).
En lo específicamente referido a la prescripción de las obligaciones tributarias, he tenido oportunidad de diferenciar entre la atribución de la competencia regulatoria y el contenido de las normas dictadas en ejercicio de dicha facultad, que debe ser valorado en términos de razonabilidad o proporcionalidad, de acuerdo con los lineamientos que se desprenden del art. 28 de la Constitución nacional. En dicha ocasión he puntualizado que entre los factores objetivos que es menester tener presente para llevar a cabo ese test de razonabilidad se encuentran la índole peculiar de las deudas en juego, la forma o modo como se encadenan los deberes de los contribuyentes, los fines de interés público a los que tiende toda la normativa en este campo y el grado de similitud o desemejanza qu
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