Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72494
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.494, "Yell Argentina S.A. c/ Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria , Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había desestimado la pretensión anulatoria promovida (v. fs. 246/259 y 291/304).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la firma actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 308/322 y 327/328).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 332), glosado el memorial de la demandada (v. fs. 337/345) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal a quo , por mayoría de fundamentos concordantes, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión anulatoria oportunamente promovida contra la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 21 de septiembre de 2006.
En lo que aquí interesa, esta última había venido a confirmar, a su vez, la resolución de cierre del procedimiento determinativo y sumarial 1.001/03, emanada de la ex Dirección Provincial de Rentas, en cuanto: a) determinara la obligación fiscal de la firma de autos frente al impuesto sobre los ingresos brutos, con relación al período 1997 (meses de octubre, noviembre y diciembre) y b) atento lo normado por los arts. 17, 20 y 54 del Código Fiscal (t.o. 1999), estableciera la responsabilidad solidaria e ilimitada del señor Javier Nadal Nariño.
Los fundamentos esgrimidos por el Tribunal de Alzada para decidir en el sentido que ha sido indicado pueden sintetizarse como sigue.
I.1.a. Por un lado, consideró que, en general, los planteos de la actora relativos al inicio del cómputo de la prescripción debían ser resueltos con aplicación de lo dispuesto por el art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), norma cuya validez constitucional entendió que la actora no había puesto en tela de juicio.
Señaló que ella sí había propuesto una determinada interpretación del precepto recién mencionado que conducía a un resultado diferente del postulado por la demandada, pero insistió con que su supuesta inconstitucionalidad, a la luz de la doctrina emanada del precedente "Filcrosa", no había sido adecuadamente planteada, más allá de la genérica alegación sobre el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, por cuanto ni siquiera se habían esgrimido las normas específicas de derecho común que podían llegar a considerarse vulneradas, salvo en lo relativo al plazo quinquenal de prescripción, cuestión esta que -recalcó- no ofrecía controversia.
Añadió que el aspecto antes referido no podía ser abordado de oficio porque en la especie no se reunían ciertas pautas jurisprudenciales establecidas a ese efecto, en tanto no se contaba con precedentes de los máximos tribunales que hubiesen declarado la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.
I.1.b. A su vez, sostuvo que el impuesto sobre los ingresos brutos debe ser determinado por el contribuyente a través de sus declaraciones juradas anuales, motivo por el cual entendió que, de acuerdo con lo establecido por el ya citado art. 133 del Código Fiscal, el término de prescripción correspondiente comienza a correr desde el día 1 de enero siguiente al año en que se produce el vencimiento de los plazos generales para la presentación de la declaración jurada y el ingreso del gravamen.
De allí extrajo que la deuda determinada con relación al período fiscal 1997 no se hallaba prescripta, pues estimó que el plazo quinquenal aplicable empezaba a contarse desde el día 1 de enero de 1999, de suerte tal que no había fenecido al día 19 de diciembre de 2003, momento en que se dictó la pertinente resolución determinativa.
I.2. En otro orden, descartó las críticas de la actora relacionadas con la exención consagrada por el art. 166 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 1999).
Explicó que, al volver sobre la definición de la palabra "libro" brindada por la Real Academia Española, la apelante se desentendía del doble orden de consideraciones necesarias para encuadrar en la manda en cuestión, vinculadas tanto con el supuesto de hecho aprehendido como con la razón que justificaba y daba sentido a la exención.
Destacó que, antes que "libros", las guías telefónicas producidas por las actoras formaban parte de un "servicio", en soporte papel, orientado a brindar a los usuarios el listado de números y abonados.
Afirmó que la noción recogida por la preceptiva tributaria se veía evidentemente dirigida al fomento de una actividad determinada, en la que no podía considerarse incluida una edición reglada y pautada a través del contrato suscripto con la concesionaria del servicio de telefonía.
Agregó que el caso planteado difería del resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 326:3168.
Predicó, además, que en la especie impera el principio de interpretación estricta de las exenciones, dando por reproducidas, amén de las ya expuestas, las consideraciones vertidas en sentido coincidente por el Tribunal Fiscal de Apelación y por la señora jueza de primera instancia.
I.3. A su turno, calificó como razonable y adecuado el criterio empleado por la autoridad administrativa al aplicar la alícuota correspondiente a la actividad de publicidad, toda vez que, en el contrato que la une con la concesionaria del servicio telefónico, la parte actora asumió la obligación de entregar las guías telefónicas sin recibir contraprestación, aunque con la posibilidad de comercializar en ellas espacios publicitarios.
Por dicha razón reputó ajustada a derecho la decisión alcanzada por el señor juez de grado sobre la base del deslinde que practicó, resaltando que la firma apelante no había incorporado ningún argumento de réplica eficaz contra aquella, que en este aspecto coincidía con el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación.
En particular, negó que se hubiera violado el principio de reserva de ley o incurrido en ilegalidad alguna.
I.4. A continuación, rebatió los planteos vertidos a propósito de los intereses, mencionando ante todo que -a su entender- lo argüido ante la Cámara no coincidía con el desarrollo de la demanda y que no se había demostrado que la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación fuese contradictoria con el art. 16 de la ley 13.406, como tampoco que se presentase en autos la situación prevista en dicha norma.
Recordó luego jurisprudencia que reconoce que las leyes tributarias pueden contemplar medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales y -por ello- considera válida la fijación de tasas de interés más elevadas, sin que su pago pueda ser exonerado en ausencia de normas que así lo establezcan, a menos que se acredite confiscatoriedad.
Estimó que de las constancias aportadas a este caso no surgía con claridad que los intereses pretendidos pudieran reputarse confiscatorios, pues a ese fin se hacía indispensable comprobar debidamente el exceso a través de la prueba pertinente.
Observó que los guarismos comparados en el recurso entonces analizado no habían sido corroborados por otros elementos de juicio y que no se había demostrado el impacto en el giro económico de la firma actora.
Añadió que el supuesto carácter abusivo de la tasa no surgía de la ley fiscal ni de su reglamentación, sino que debía demostrarse el perjuicio sufrido por su aplicación, lo que entendió que no había sido conseguido.
Puntualizó además que la demandada había evaluado la alegada inexistencia de causal subjetiva exculpante, concluyendo que no se había acreditado una razón seria y justificada de la falta de pago en que se incurriera.
Junto con el agravio a través del cual se denunciara desmesura de los intereses pretendidos, descartó también el exceso reglamentario alegado, advirtiendo que la fijación de los valores respectivos por parte de la autoridad administrativa debe mantenerse dentro de los confines o parámetros establecidos por el legislador.
I.5. Por último, rechazó la queja enderezada contra la responsabilidad solidaria establecida en cabeza del señor Javier Nadal Ariño.
Sostuvo, en tal sentido, que el principio de responsabilidad solidaria e ilimitada de los directivos de una entidad societaria, consagrado en los arts. 18, 19 y 21 del Código Fiscal (t.o. 2004), resulta también plasmado, para los casos de violación de la ley, el estatuto o el reglamento y cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave, en los arts. 59 y 274 de la ley 19.550.
En base a lo expuesto, concluyó que, sin perjuicio de ciertos matices, no mediaba entre ambas preceptivas una incompatibilidad notoria e inconciliable que ameritase la descalificación constitucional solicitada por la apelante, máxime por cuanto éste tampoco había desvirtuado las restantes consideraciones expresadas sobre el punto por la señora jueza de grado.
II. A través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, la firma actora plantea, sustancialmente, los siguientes agravios.
II.1. En primer término, aclara que en su oportunidad había sostenido que la interpretación que se diera al art. 133 del Código Fiscal debía ser acorde no solo con la letra del Código Fiscal, sino también con la resultante del -hoy derogado- Código Civil y con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Puntualiza que, según aquella norma local, la prescripción comienza a correr a partir del día 1 de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales, excepto para las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de declaraciones juradas del período fiscal anual.
Interpreta que el impuesto sobre los ingresos brutos encuadra dentro de la primera parte de dicho enunciado, toda vez que -a su entender- se liquida y abona en forma mensual (y no anual).
En apoyo de sus dichos, cita lo dispuesto por los arts. 168 y 169 del Código Fiscal (t.o. 1999), éste en cuanto disponía que junto con el último pago mensual o bimestral el contribuyente debía presentar una declaración jurada "...que resuma la totalidad de las operaciones del período", de donde deriva que tal presentación -de carácter anual- servía únicamente a efectos informativos.
Concluye, así, que el argumento de la Cámara interviniente relativo a la anualidad del impuesto discutido resulta improcedente y ajeno al texto legal.
Razona que, de ser cierto lo que aquella sostiene, el Fisco provincial debería reclamar los intereses resarcitorios desde el vencimiento del plazo establecido para la presentación de la declaración jurada anual y no -como lo hizo en el presente caso- desde el fijado para cada ingreso mensual.
Subraya, a su vez, que la posición que cuestiona conduce a reconocer un plazo de prescripción superior al quinquenal que se dispone en el art. 4.027 inc. 3 del -hoy derogado- Código Civil, lo que -pregona- le causa agravio constitucional, por oponerse a la regla del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, así como también a cierta jurisprudencia que no identifica.
Manifiesta que, a pesar de lo sostenido por el fallo recurrido sobre los supuestos defectos formales cometidos, ya en el escrito de inicio había dejado planteada esta última cuestión.
Añade que la postura del tribunal, en cuanto se opuso a abordar la cuestión constitucional de oficio, se contradice con la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la causa "Mill de Pereyra".
En virtud de todas las razones apuntadas, solicita que se declare prescripta la deuda correspondiente a los períodos 10 y 11 de 1997.
II.2. Desde otroángulo, cuestiona que la Cámara haya negado la procedencia de la exención consagrada por el art. 166 inc. "d" del Código Fiscal.
Interpreta que aquella no se ha opuesto a considerar que las guías telefónicas sean libros, sino que ha entendido que ni siquiera en tal caso el beneficio en cuestión debería ser reconocido, debido a que -supuestamente- la norma citada persigue una distinta finalidad.
Sostiene, por ello, que la decisión criticada viola el principio de reserva de ley garantizado por los arts. 4, 17, 19 y 33 de la Constitución nacional.
Destaca que pese a brindar importancia a la finalidad perseguida por el legislador, el pronunciamiento no se funda en la discusión parlamentaria ni en ninguna otra fuente que permita precisarla. De allí deriva que su base es una afirmación dogmática que da pie a una sentencia arbitraria.
Aprecia que el precepto discutido debe ser interpretado de conformidad con el sentido usual de los términos empleados por el legislador y que ello obliga a recurrir al diccionario de la Real Academia Española, a la luz del cual -asegura- las guías telefónicas deben ser consideradas libros.
Critica que el Tribunal de Alzada haya considerado que no resultaba aplicable a este caso lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Cámara del libro", toda vez que -señala- allí se dejó sentado que, de cara al reconocimiento de una exención, no podían introducirse limitaciones en el concepto de "libro" que no surgieran del propio texto legal. Asimismo, invoca en su favor lo decidido por el Máximo Tribunal federal in re "ATCO I".
También reprocha que, para evaluar la exención, se hayan invocado de manera simultánea el principio de interpretación "restrictiva" y un criterio pretendidamente "estricto", lo que estima contradictorio.
Asimismo, afirma que las guías telefónicas "...tienen un indudable contenido cultural", por tratarse de un compendio de datos sobre diversos aspectos de la sociedad.
II.3. Con respecto a la alícuota establecida, observa que en la especie se recurrió a la de los servicios de intermediación, es decir, la actividad que desarrollan las agencias de publicidad, cuando -en cambio- ella loca espacios publicitarios propios, no ajenos.
Afirma que su postura encuentra apoyo "...en la actual normativa provincial", ya que "...el Código Fiscal distingue a los 'servicios de publicidad, excepto por actividades de intermediación', [...] que están gravados a la alícuota general del 3,5% [...] de los servicios de publicidad, por sus actividades de intermediación [...] a la que se aplica la alícuota incrementada (8%)".
Seguidamente, advierte que las guías telefónicas no se encuentran destinadas a publicidad, sino a prestar un servicio a los abonados del servicio telefónico, lo que entiende corroborado por el pliego de bases y condiciones para la privatización de la ex Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), aprobado por el decreto 62/90.
En subsidio de lo expuesto en puntos anteriores, solicita que se tenga presente el argumento recién reseñado, aseverando que ella no presta ningún servicio de publicidad, en los términos de lo establecido por el Código Fiscal, sino que desarrolla la actividad de edición y distribución de guías telefónicas.
II.4. En cuanto a los intereses reclamados, denuncia que la Cámara se limitó a descartar el argumento relativo a su confiscatoriedad, sin abordar los restantes que habían sido esgrimidos.
Sostiene que dichos accesorios violan el límite fijado por el art. 16 de la ley 13.405, "...por cuanto la Resolución Ministerial (ME) 126/2006 establece como 'fecha de corte' para la aplicación del límite del art. 16 de la ley 13.405 el 31 de mayo de 2006, siendo que la norma es clara al establecer que a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley regirá el nuevo régimen de cálculo de los intereses resarcitorios y hasta dicha fecha se aplicará el límite dispuesto por el art. 16 de la Ley 13.405".
Aduce que la resolución indicada resulta violatoria del principio de legalidad en tanto "...establece en su art. 2 una forma de cálculo absolutamente contraria a lo dispuesto en la mencionada Ley 13.405", pues "...se autoriza a la Dirección de Rentas a calcular los intereses resarcitorios con el límite de cinco veces al 31 de mayo de 2006 y sobre dicho importe y a partir del 1 de junio de 2006 se capitaliza el importe existente a dicha fecha y sobre el mismo se aplica el 1,5% establecido en el art. 1.3 de la mencionada Resolución".
Puntualiza que la procedencia de este agravio no está sujeta a la demostración del perjuicio ocasionado por las normas que impugna ni a la de su confiscatoriedad.
A su vez, plantea que el art. 86 del Código Fiscal consagra la figura del anatocismo en su máxima expresión, contrariando así la prohibición contenida en el art. 623 del -hoy derogado- Código Civil, que estima aplicable al caso en virtud de argumentos análogos a los brindados por el Máximo Tribunal nacional en el caso "Filcrosa", es decir, por hallarse en discusión -a su entender- una norma dictada por el Congreso de la Nación en ejercicio de las facultades atribuidas por el art. 75 inc. 12 de la Constitución.
Manifiesta que las excepciones a la prohibición referida en el párrafo anterior son de interpretación restrictiva y que la aplicación de dicho instituto por parte del Fisco viola la buena fe y las buenas costumbres.
Afirma también que la delegación a favor del Poder Ejecutivo contenida en el primer párrafo del art. 86 del Código Fiscal, que permite al Ministerio de Economía incrementar la tasa de interés aplicada hasta en un cien por ciento (100%) de la que en ciertas operaciones percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires, vulnera el principio de reserva de ley que debe regir en materia tributaria. Lo mismo predica con respecto a la disposición normativa serie "A" n° 35/2005, dictada por la Dirección Provincial de Rentas.
En abono de su pretensión, invoca los arts. 17 de la Constitución nacional y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
II.5. Sobre la responsabilidad solidaria de los directores de sociedades, arguye que, al regularla, el legislador provincial invadió potestades que el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso, estableciendo pautas que difieren de las recogidas por la ley 19.550.
Se basa, para ello, en el estándar constitucional fijado por la Corte nacional "...en los numerosos fallos en donde se resolvió la inconstitucionalidad de los plazos de prescripción fijados por las legislaturas provinciales o municipales".
En especial, cuestiona que el art. 21 del Código Fiscal permita que un mero funcionario de la Administración provincial (y no un juez) intime al contribuyente y los responsables en un mismo acto, sin necesidad de demostrar dolo, abuso ni culpa grave.
II.6. Finalmente, sostiene que la sentencia atacada contiene afirmaciones meramente dogmáticas y carentes de fundamentación, por lo que la tilda de arbitraria, solicitando que se la revoque en cuanto es materia de agravio.
III. Por los fundamentos que a continuación expondré, entiendo que el recurso debe prosperar.
III.1. En lo que respecta a la validez constitucional de la solución consagrada por la segunda parte del primer párrafo del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), la Cámara ha considerado que la actora no introdujo, mediante una formulación precisa y concreta, un cuestionamiento idóneo, a la luz de la doctrina emanada del precedente "Filcrosa" de la Corte nacional.
Por su parte, la recurrente plantea que la interpretación dada al precepto recién citado conduce a reconocer un plazo de prescripción superior al quinquenal dispuesto en el art. 4.027 inc. 3 del -hoy derogado- Código Civil, lo que estima contrario al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y a
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