Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78590
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 in fine y 289, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.590, "Ferrero, María Gabriela c/ Municipalidad de General San Martín s/ pretensión anulatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso deducido por la Municipalidad demandada y rechazó el interpuesto por la parte actora. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que había admitido parcialmente la demanda promovida por la señora María Gabriela Ferrero (v. sent. de fecha 22-XI-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-XII-2022, 11:05:10 a.m.).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 14-III-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín admitió parcialmente la pretensión anulatoria deducida por la señora María Gabriela Ferrero contra el decreto 334/16, a través del cual el Intendente municipal de ese partido desestimó su solicitud tendiente a que se le reconozca la antigüedad desde su ingreso al municipio, a los fines de la correcta categorización de su cargo en el marco de lo dispuesto por la ordenanza 5.971/95, que regula la carrera profesional de la salud en la comuna.
En consecuencia, ordenó a la demandada a que le contabilice a la actora la antigüedad como personal de la carrera de salud desde la fecha en que -en los hechos- había comenzado a realizar actividades ligadas con la medicina pedagógica (1 de octubre de 1997), a cuyo fin debería dictar el correspondiente acto administrativo en el cual se readecue su designación con carácter interino, pero desde la fecha indicada y en el grado del escalafón que le correspondería en los cuadros sanitarios en razón de esa mayor antigüedad computable (conf. arts. 5, 62 y 63, ord. 5971/95).
Aclaró que la designación tendría ese carácter hasta tanto se efectúen las selecciones por concurso, para el cual debía garantizarse la participación de la señora Ferrero.
Finalmente, rechazó por falta de prueba la indemnización de daños y perjuicios.
II.1. Apelada la sentencia de primera instancia por ambas partes (v. presentaciones electrónicas de fechas 31-I-2022, 11:00:05 a.m. y 1-II-2022, 11:03:26 a.m., por la parte demandada y por la parte actora, respectivamente), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso interpuesto por la Municipalidad y rechazó el deducido por la actora (v. sent. de fecha 22-XI-2022).
En consecuencia, revocó el pronunciamiento de grado al considerar que la autoridad administrativa, en realidad, había obrado conforme a derecho al no reconocerle a la señora Ferrero algo que no estaba en condiciones de obtener, toda vez que no había ingresado al sistema de salud municipal a través de un concurso (art. 10, ord. 5971/95) -sino por vía de una designación interina (v. dec. 2420/12)- y, por consiguiente, no tenía derecho a computar mayores años de antigüedad de la forma en que se proponía.
II.2. Para decidir de ese modo, el Tribunal de Alzada realizó una detallada recopilación de la normativa que regula la carrera profesional sanitaria en el ámbito del municipio de General San Martín, cuya claridad conceptual estimó dirimente para resolver la controversia en sentido negativo a las pretensiones de la reclamante.
De allí extrajo que el requisito de acceso por concurso era crucial para poder beneficiarse del régimen sectorial, extremo que no se comprobaba en cabeza de la señora Ferrero -nombrada interinamente-, bien que achacándole a la comuna no haber instado oportunamente los procedimientos de selección tal como era su obligación hacerlo (conf. arts. 10, 38 y 43, ord. 5971/95). Sin embargo, advirtió que no había sido objeto de reclamo -ni en sede administrativa, como tampoco en autos- que se compela a la Municipalidad a organizarlo, buscándose en su lugar obviarlo y resolver en función de una situación ya consolidada.
Reparó en que el art. 5 de la ordenanza 5.971/95 (de semejante redacción al de la anterior ordenanza 4.154/91) preveía que "... Los ascensos obedecerán al criterio de antigüedad. Los profesionales serán promovidos automáticamente de su actual situación de revista a la categoría que le corresponda, por años de antigüedad al ingreso a la carrera médica, prestados exclusivamente en esta Municipalidad , excluidos los años de servicios en otros organismos nacionales, provinciales o municipales de acuerdo a la siguiente escala...". De seguido, citó el art. 10 (o art. 9, según versión) en cuanto establece la regla de acceso, en términos de que el "...ingreso a la carrera se hará siempre en el nivel inferior del escalafón, como profesional con el grado de asistente...", para aclarar inmediatamente que "... el ingreso a la carrera se hará mediante concurso abierto de méritos y antecedentes " (v. pto. 5 de la sentencia, el destacado figura en el original).
Recalcó que tales exigencias no podían suplirse con los fundamentos esgrimidos por el magistrado de primera instancia para acoger la demanda, relacionados con el derecho a la carrera administrativa, el principio de la primacía de la realidad laboral o inclusive el trato en apariencia favorable dado a otros profesionales de la medicina en situación supuestamente similar a la de la actora ( i.e., designados interinamente pero con reconocimiento de antigüedad anterior a la carrera hospitalaria, permitiéndoles ascender de categoría).
Sobre esto último y frente a la denuncia de un trato discriminatorio y arbitrario, juzgó que si bien la Administración tenía el deber de respetar sus propios criterios fijados en casos análogos siempre que mediaren determinadas circunstancias, esa obligación cedía ante precedentes administrativos ilegítimos, los cuales no poseían carácter vinculante, dada la permanente gravitación del principio de legalidad.
Concluyó entonces en la validez del decreto 334/16 y, por consiguiente, desestimó la pretensión indemnizatoria accesoria.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-XII-2022, 11:05:10 a.m.).
La exposición de los agravios no está bien diagramada, pero de la lectura integral de la pieza pueden extraerse las siguientes críticas autónomas contra el fallo:
III.1. Señala que tanto en el marco del Estatuto del Empleado Municipal de la anterior ley 11.757, como en la actualmente vigente ley 14.656, se contemplan dos regímenes para el personal municipal, a saber: a) de planta permanente -integrada por el personal que goza de estabilidad- y b) de planta temporaria -comprensivo del personal temporario, reemplazante, destajista y contratado por locación de servicios-.
Refiere que la citada normativa dispone que todo nombramiento es provisional hasta tanto el agente adquiera estabilidad; derecho que se obtiene a los doce meses de no mediar, previamente, oposición fundada y debidamente notificada por autoridad competente.
De lo expuesto dice que su designación en el cargo lo fue en la planta permanente, y que si bien tuvo calidad de interina (categoría que -asegura- no estuvo ni está regulada en el estatuto municipal) adquirió esa estabilidad. Por lo que no habría nada que reprocharle a su designación e ingreso en la carrera de salud pública, siendo justo computar a los fines de esta última y la jerarquía correspondiente la totalidad de sus servicios en el municipio (alrededor de treinta y dos años); esto es, mucho más allá inclusive que aquello reconocido por el juez de grado, que remontó el cómputo a su primer ejercicio de funciones ligadas con la medicina en los cuadros oficiales.
Concluye diciendo que es reprochable la sentencia por cuanto impone un concurso para un cargo que viene ejerciendo desde hace años, cuyo interinato obedece a un incumplimiento por parte de las autoridades municipales. Esto mismo, toda vez que la ordenanza 5.971/95 específicamente requiere el llamamiento del procedimiento de selección dentro de los seis (6) meses de producirse la designación interina (art. 43).
III.2. Con cita jurisprudencial -pero sin elevarla a una denuncia de violación de doctrina legal-, aduce que la sentencia impugnada transgrede el art. 14 bis de la Constitución nacional, siendo que se ha atentado contra la estabilidad y la carrera administrativa, además de no haberse actuado el principio pro operario . Refiere también al derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.).
III.3. Por último, denuncia violada la igualdad (art. 16, Const. nac.), dado que existirían otros profesionales del sector de salud municipal a quienes se les habría reconocido la antigüedad anterior al ingreso a la carrera, a pesar de que no accedieron por concurso. Afirma que este extremo no fue debidamente analizado por el a quo, que entendió inaplicable la doctrina del precedente administrativo vinculante.
III.4. Finalmente, se queja de que se haya desestimado la reparación indemnizatoria.
IV. El recurso no prospera, dada su insuficiencia (art. 279 in fine , CPCC).
IV.1. Es conveniente aclarar que la actora computa años de antigüedad. No es que haya sido enteramente privada de los mismos debido a su interinato. Además de lo que surge del expediente, se admite recibir el suplemento para tres escalafones ("escalafón año 1996 [22 años], escalafón carrera hospitalaria [5 años] y escalafón año 2018 [4 años y 2 meses al 1/1/2022]"; v. pto. IV, párr. 9°, recurso extraordinario).
Como se adelantó, lo que se le ha denegado -administrativa y ahora judicialmente- es poder aprovechar los años de antigüedad que arrastraba desde su ingreso a la Municipalidad a la hora de acceder a la carrera profesional de salud. Esto, eventualmente, le hubiese servido para elevarla automáticamente a una jerarquía hospitalaria superior (conf. art. 5 -tabla anexa-, ord. 5971/95) y gozar de mayor remuneración (arts. 62 y 63, cit.).
IV.2. A criterio de la Cámara, el régimen normativo es claro en cuanto a que esa posibilidad -ciertamente contemplada- no podía extenderse a su situación, sino solamente a quienes hubiesen sido promovidos regularmente por concurso. Y sobre esto último, sin ignorar el permanente incumplimiento de la autoridad competente de convocarlo y efectuando las exhortaciones pertinentes, destacó que en la demanda no se lo reclamaba, sino que directamente a esta altura se lo reputaba injusto o inviable.
En el fallo, aquella afirmación cardinal encuentra anclaje en lo establecido en los arts. 5, 10, 38, 43 y concordantes de la ordenanza 5.971/95. Sin embargo, estos dispositivos no son denunciados como infringidos, descuido que mina severamente la efectividad del embate. Lo anterior, dado que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que omite la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, limitándose a afirmar lo opuesto a lo decidido, pero sin exponer y explicar la violación jurídica o errónea aplicación de las normas específicamente actuadas por la Cámara (doctr. causas A. 72.638, "Barán", sent. de 20-IX-2017; A. 74.744, "Vizcaíno", sent. de 26-XII-2019; A. 75.652, "Maciel", sent. de 14-XII-2020; A. 76.000, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
Así las cosas, en vez de acometer contra el principal sustento del pronunciamiento, la actora trae tangencialmente a colación los arts. 7 de la ley 11.757 y 4 de la ley 14.656, de los cuales extrae una dudosa premisa con el fin de sortear la falta de acceso por concurso, además de confundir el instituto del período de prueba para la adquisición de estabilidad en la planta permanente con la figura del interinato.
No es la primera vez que estas normas reguladoras del empleo público municipal son mal interpretadas por los recurrentes (conf. causa A. 75.578, "Berardozzi", sent. de 5-VIII-2022), aunque lo concreto aquí es que ellas no van a lo medular de lo efectivamente resuelto, desentendiéndose del núcleo de la decisión y argumentando en paralelo. Esto, como tantas otras veces se ha recalcado, trata de una estrategia fútil en sede extraordinaria (conf. causas A. 74.419, "Gómez", sent. de 8-VI-2020; A. 76.003, "Buceta Díaz", sent. de 14-II-2022; A. 78.142, "Rosato", sent. de 11-VIII-2023; e.o.).
IV.3. Con esas dificultades, desde ya que no mejora el pedido de revisión la invocación genérica de garantías reconocidas a nivel constitucional, tales como la primacía de la realidad laboral, el derecho a la carrera, el principio pro operario o la incolumidad de la propiedad privada (conf. arts. 14 bis y 17, Const. nac.; 39 inc. 3 y 103 inc. 12 y concs., Const. prov.).
Como es sabido, la denuncia de vulneración de principios o garantías fundamentales, que no sería sino eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, es ineficaz si esto último no es previamente demostrado (doctr. causas A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 77.483, "Torrisi", resol. de 25-IV-2022; A. 77.855, "Coop. De Trabajo Obralco Ltda.", resol. de 24-XI-2022).
IV.4. Distinta es la queja de que, en la especie, se les habrían contabilizado períodos de antigüedad previos a otros agentes municipales, generando una desigualdad de trato y el apartamiento injustificado del precedente administrativo (conf. art. 16, Const. nac.). Si bien esta alegación dista de ser inconducente, aun así resulta inefectiva a los fines de desarticular la sentencia de la Cámara en esta parcela.
Presentándose acá como una cuestión predominantemente fáctica, la ponderación de la exacta situación de revista de otros agentes municipales -o alternativamente, del apartamiento de determinados antecedentes en los cuales se habría permitido el cómputo de una antigüedad anterior al ingreso a la carrera hospitalaria- solo es revisable en casación a través de la denuncia y acreditación de absurdo (conf. causa A. 75.394, "Agroservicios Pampeanos S.A.", sent. de 25-VIII-2022 y sus citas). Pero en ningún lugar de la pieza en tratamiento la recurrente monta una crítica en ese sentido, lo cual ineludiblemente sella la suerte adversa de su petición.
Como fuere, no se me escapa que el Tribunal de Alzada, al pronunciarse sobre esta particular alegación y tras efectuar su propia interpretación del marco jurídico aplicable (la ordenanza 5.971/95), concluyó que independientemente de si existían otros profesionales médicos a los cuales la Municipalidad les había reconocido la antigüedad que traían de antes (en la sentencia de grado se apunta contra los agentes Eyherabide y Venaglia), no era posible exigirle a la demandada la aplicación de un precedente que -a su modo de ver las cosas- era a todas luces contrario a derecho.
Por ende, dado que la interpretación del ordenamiento sectorial llega sin crítica efectiva, la conclusión a la que el a quo arribó inmediatamente no solo que no admite censura en el plano lógico, sino que en abstracto incluso se muestra observante de reiterada jurisprudencia que desliga a la Administración del deber de ajustar la conducta a sus actos administrativos similares, cuando estos fuesen ilegítimos o estuviesen viciados de error (doctr. causas B. 48.924, "Tomasini", sent. de 27-VII-1987; B. 54.872, "Sarno", sent. de 16-II-2000; B. 54.980, "Vampa", sent. de 5-IV-2000; B. 57.571, "Cerizola", sent. de 14-III-2001; v. más cerca en tiempo, causa B. 58.244, "Nazar Anchorena", sent. de 27-II-2008).
Siendo así, el pronunciamiento atacado se sostiene, pues tal es la consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto- aquel se asienta (doctr. causas A. 70.135, "Bernardo", sent. de 6-IV-2011; A. 74.943, "Attanasio", sent. de 29-VIII-2018; A. 74.401, "Fariña", sent. de 10-IV-2019; A. 75.414, "Mancuso", sent. de 8-VI-2020; e.o.).
IV.5. Lo dicho hasta acá es a mi criterio suficiente para disponer del recurso en sentido negativo.
V. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 in fine y 289, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 in fine y 289, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:03:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 08:48:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:17:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/02/2024 11:50:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 12:24:07 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 12:32:33 hs. bajo el número RS-4-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia