Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78049
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.049, "Ortiz, Luis Adrián c/ Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y modificó la sentencia de primera instancia solo en lo relativo a la capitalización de intereses que ordenó computar, confirmándola en lo restante (v. sent. de fecha 5-IV-2022).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2022, 15:17:22 hs., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 13-IX-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor Luis Adrián Ortiz promovió demanda contencioso administrativa contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) solicitando la nulidad de la resolución 2.307 dictada por el Presidente de ese organismo previsional, mediante la cual se le denegó el beneficio denominado "Pensión Social Distinguida" establecido en el tercer párrafo del art. 1 de la ley 14.486, para ex soldados conscriptos y civiles que hayan participado en la Guerra del Atlántico Sur, ya sea en las acciones bélicas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones Malvinas; haber entrado dentro de las 200 millas náuticas marítimas o aéreas alrededor de las Islas durante esos mismos meses; o haber pertenecido a la tripulación del crucero A.R.A. "General Belgrano".
En la ampliación de la demanda (v. presentación electrónica de fecha 6-I-2021, 8:04:40 hs., en el sistema Augusta) el actor solicitó se declare la inconstitucionalidad del art. 1 del Anexo Único del decreto 794/13, por cuanto -a su criterio- establece una limitación temporal al reconocimiento honorífico mediante la entrega de una medalla por la participación en la Guerra de Malvinas (v. art. 1, ley 14.486 cit.).
II. La jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar a la demanda interpuesta y condenó al Instituto de Previsión Social a otorgar al actor los beneficios denominados "Reconocimiento Histórico Bonaerense" junto con la "Pensión Social Distinguida", en los términos de la ley 14.486, una medalla con las Islas Malvinas grabadas en el anverso y el nombre del distinguido en el reverso.
Paralelamente, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 del Anexo Único del decreto 794/13 y condenó al Instituto a hacer efectivo el "Reconocimiento Histórico Bonaerense" mediante la entrega de la medalla.
De oficio, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 14.486 en lo que respecta a la retroactividad del beneficio y la limitación temporal impuesta para quienes lo solicitaran durante el año 2013.
También dispuso que, a las sumas correspondientes a cada uno de los periodos devengados, se le deberán computar -desde la fecha de la mora y hasta la notificación de la demanda-, la capitalización de intereses (art. 770 inc. "b", Cód. Civ. y Com.) a los que deberán agregárseles los intereses calculados desde la fecha de mora hasta su efectivo pago; en ambos casos de acuerdo a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta días.
Impuso las costas a la demandada en su condición de vencida.
Para así resolver sostuvo que, para otorgar el beneficio, el marco legal aplicable requiere que el interesado tenga domicilio real en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2 de abril de 1982 (art. 2 inc. "a", ley 14.486) y ponderó -a esos fines- que si bien de la constancia del Registro Nacional de Electores surge que el peticionario en el mes de diciembre del año 1979 tenía su domicilio en la Provincia de Tucumán, hasta el 15 de noviembre de 1983 que realizó el cambio de domicilio a la ciudad de Wilde, partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires; del certificado expedido por la Armada Argentina, surge que el señor Ortiz prestó servicios en la Institución desde el día 1 de febrero de 1982 hasta el 9 de diciembre de 1982, fecha en que se hizo efectiva su baja como conscripto por deficiente aptitud física; detallando que, entre el 1 de febrero de 1982 y el 25 de marzo de 1982 se desempeñó en el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina (CIFIM) y; entre el 25 de marzo de 1982 y el 9 de noviembre de 1982 en el Batallón de Infantería de Marina n° 3, con asiento natural en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, con relación al planteo constitucional del actor, señaló que el límite temporal impuesto por el art. 1 del Anexo Único del decreto 794/13 para efectuar la solicitud del reconocimiento honorífico de la entrega de medalla por la participación en la Guerra de Malvinas con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, introduce una exigencia que no fue contemplada por la norma que el decreto reglamenta, alterando su espíritu y vulnerando los principios de igualdad y razonabilidad.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso de apelación (v. presentación electrónica de fecha 1-X-2021, 11:06:39 hs., en el sistema Augusta) el que fue admitido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en General San Martín solo en lo que respecta a la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial, en punto a la capitalización de los intereses devengados. Impuso las costas a la demandada en su carácter de sustancialmente vencida (art. 51, CCA).
III.1. Para así decidir -en coincidencia con la magistrada que previno- tuvo por cumplido el requisito establecido en el art. 2 inc. "a" de la ley 14.486 teniendo en cuenta que toda interpretación de la ley debe comenzar por la ley misma, y que cuando el texto es claro y expreso, debe aplicársela en el sentido que resulta de sus propios términos, agregando que es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la norma mediante un examen atento y profundo de sus términos que interpele la realidad del precepto y la voluntad de quien lo emitió, teniendo en cuenta que cualquiera que sea la índole de la norma no hay mejor método de interpretación que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquella (conf. causas B. 64.162, "Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. y otros", sent. de 9-X-2013; B. 57.993, "Cejas", sent. de 27-IX-2006; e.o.).
Señaló que, particularmente en materia previsional, debe procurarse la aplicación racional de las normas que integran la materia, evitando la adopción de soluciones injustas cuando es posible arbitrar otra de mérito opuesto (conf. causa B. 57.560, "Vila", sent. de 2-II-2000). Añadió que debe exigirse suma prudencia antes de denegar un beneficio, evitando la adopción de criterios que conduzcan a la pérdida de un derecho previsional a quien la norma ha querido proteger (conf. causa A. 72.102, "Borio", sent. de 19-X-2016).
Sostuvo que la decisión adoptada en primera instancia compatibiliza la hermenéutica integral de la ley con la finalidad tuitiva del régimen previsional y el principio consagrado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
III.2. Por su parte, rechazó los agravios expuestos por la representación fiscal en relación a la inconstitucionalidad del art. 1 del Anexo Único del decreto 794/13, en el entendimiento de que, tal como lo entendió la jueza de primera instancia, a los efectos de reconocer uno de los beneficios previstos en el art. 1 de la ley 14.486 -entrega de medalla conmemorativa- la norma reglamentaria incorporó un requisito no previsto por la norma -que la petición sea efectuada con anterioridad al 31 de diciembre de 2013-, lo cual significa una limitación temporal que restringe los derechos que la ley reconoce.
III.3. De igual modo, desestimó los agravios relacionados con la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 14.486, por considerar que la retroactividad prevista al 1 de enero de 2013 para quienes se acojan al beneficio durante el transcurso de ese mismo año resulta injustificada, irrazonable y contraria a los fines tuitivos de la normativa, que busca brindar un reconocimiento a aquellos ex soldados conscriptos y civiles que se vieron compelidos a participar de un enfrentamiento bélico en defensa de la patria.
Señaló que no es viable la aplicación de la ley 12.006 que pretende la demandada, pues más allá de que la norma que rige el beneficio objeto del pleito no remite a ella, la propia ley prevé un plazo de retroactividad para los beneficiarios que lo soliciten (art. 4, ley 14.486).
III.4. Por otro lado, admitió el agravio deducido por la Fiscalía de Estado relativo al cómputo de los intereses conforme el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial que fueron reconocidos en la sentencia de primera instancia.
Luego de trascribir el art. 770 del Código Civil y Comercial y señalar que la referida norma establece como regla la prohibición del anatocismo -entendido este como la operación mediante la cual los intereses devengados son capitalizados, constituyéndose así un monto que resultará ser la nueva base sobre la cual se computarán nuevos intereses- señaló que existen ciertas excepciones para que opere la incorporación de intereses al capital, a saber: 1) que exista una liquidación judicial aprobada; 2) una intimación judicial de pago de dicha suma; y 3) la renuncia o mora del deudor en el cumplimiento de la condena.
Advirtió que la capitalización de los intereses es de aplicación restrictiva, en tanto su ampliación podría acarrear consecuencias patrimoniales disvaliosas para el deudor.
Estimó que -en el caso- la aplicación de los intereses en cuestión resultó -por lo menos- prematura, toda vez que no se presentan en autos ninguno de los presupuestos exigidos por la norma para su procedencia. En este sentido advirtió que no luce en autos liquidación alguna, por lo que mal puede existir la consecuente intimación y la renuencia del demandado a su pago.
IV. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2022, 15:17:22 hs., en el sistema Augusta) la Fiscalía de Estado denuncia la errónea aplicación del art. 2 inc. "a" de la ley 14.486 y la violación de la doctrina legal emanada de esta Suprema Corte respecto a la interpretación restrictiva de los beneficios previsionales de excepción (causas B. 48.934, "Sciutto", sent. de 13-IV-1983; B. 49.438, "Kenar", sent. de 10-II-1987 y B. 53.529, "Soler", sent. de 27-IV-1993).
Se agravia asimismo de la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 14.486, toda vez que a su criterio desconoce el régimen que regula el instituto de la prescripción (arts. 6, ley 12.006; 62 dec. ley 9.650/80 y 5, 121 y 123, Const. nac.).
Alega que la Cámara interviniente violó la doctrina sentada por esta Suprema Corte emergente de la causa A. 71.798, "Kiles, Raúl Ernesto contra Instituto de Previsión Social s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos", sentencia de 19-II-2015, que reconoce la supremacía de la normativa local en el plazo de prescripción en materia previsional.
Agrega que el fallo en crisis confirmó la declaración de inconstitucionalidad del art. 1 del decreto reglamentario 794/13, sin demostrar irrazonabilidad alguna o mengua en los derechos que la ley pretende reconocer.
IV.1. Señala que mediante la ley 14.486 la Provincia de Buenos Aires tuvo en miras compensar a los jóvenes bonaerenses que participaron en el conflicto bélico por los padecimientos físicos y psicológicos sufridos en la guerra.
Expresa que ello surge de los arts. 1 y 2 de la ley citada, mediante la cual se procuró brindar un reconocimiento a los soldados conscriptos combatientes que participaron en el conflicto en representación de la Provincia.
Añade que el vínculo que sustenta esa representación es el haber tenido domicilio en la Provincia de Buenos Aires con anterioridad al momento del conflicto y con arraigo en el territorio.
Considera erróneo e irrazonable tener por acreditado el requisito legal con el certificado de la fuerza armada en la que prestó servicios, toda vez que ello llevaría a la incongruencia de considerar que cualquier persona que hubiese participado del conflicto y que por cualquier motivo hubiese sido trasladada a la Provincia de Buenos Aires durante el periodo que se desarrolló la guerra podría acceder al beneficio.
IV.2. Con relación a la violación de la doctrina legal de la Suprema Corte sobre la interpretación restrictiva que debe regir a los beneficios previsionales de excepción (v. punto VI.2., recurso en tratamiento) aduce que la ley 14.486 es creadora de un beneficio asistencial de excepción, que otorga un privilegio económico a un grupo determinado de personas, siempre que cumplan con los requisitos de procedencia previstos normativamente.
IV.3. Dice que la Cámara confirmó la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 14.486 sin que esta haya sido cuestionada por las partes, y sin demostrar de qué manera vulnera derechos y garantías constitucionales.
Indica que la retroactividad prevista por el art. 4 de la ley 14.486 al 1 de enero de 2013 es para quienes soliciten el beneficio durante el transcurso de ese mismo año; mas, para quienes lo soliciten con posterioridad al plazo estipulado deberán aplicarse las reglas establecidas en la legislación general en materia de prescripción, es decir que deben compatibilizarse las previsiones normativas de la ley 12.006 y del decreto ley 9.650/80.
IV.4. Por último, señala que el Tribunal de Alzada declaró la inconstitucionalidad del art. 1 del decreto 794/13, sin demostrar la manera en la cual la referida norma resultaba cercenadora de los derechos que la ley reglamentada pretendió reconocer.
Expresa que la limitación temporal establecida en la normativa cuestionada por el actor, no es irrazonable y tiene su fundamento en el hecho de que la entrega de las medallas se haría efectiva en un acto protocolar a cargo de funcionarios del Ejecutivo municipal de cada localidad, al conmemorarse el "30 Aniversario" del conflicto bélico, por lo que resulta razonable el establecimiento de un plazo, a efectos de poder llevar a cabo la ceremonia en cuestión.
Manifiesta que tal reconocimiento implicó la erogación de gastos que tuvieron su específica asignación presupuestaria en el año señalado, siendo justamente en dicho acto donde se entregarían las medallas reconocidas en la ley.
Asimismo, recuerda que la división de poderes en un sistema republicano de gobierno impide la intromisión por parte del Poder Judicial, en una cuestión que le corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo como es la de evaluar la oportunidad de efectuar una celebración de estas características, así como la de otorgar premios o distinciones.
Afirma que la declaración de inconstitucionalidad es infundada, máxime teniendo en cuenta que se trata de un acto de suma gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico.
V. El recurso extraordinario no prospera (art. 279, CPCC).
V.1. En primer lugar, debo señalar que el Tribunal de Alzada revocó la sentencia de primera instancia solo en lo que respecta a la aplicación del art. 770 del Código Civil y Comercial, a fin de capitalizar los intereses devengados, parcela que deviene firme y consentida por no haber sido cuestionada por las partes.
V.2. Con relación a los agravios planteados en esta instancia debo advertir que la recurrente no cumple adecuadamente con su fundamentación, toda vez que reproduce, ante esta instancia, similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, los que fueron tratados y desestimados por la Cámara interviniente.
Sobre tal modo de proceder esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente (art. 279 inc. 2, CPCC) el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a repetir objeciones expuestas en la expresión de agravios y correctamente desechadas por el Tribunal de Alzada, dejando sin réplica fundamentos esenciales del fallo atacado (conf. causas A. 72.157, "Ulman", sent. de 6-XI-2013; A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014 y A. 74.833, "Boscarol", sent. de 12-V-2021).
En efecto, el Tribunal de Alzada, para confirmar lo resuelto por la jueza de primera instancia, describió pormenorizadamente las reglas hermenéuticas que estimó aplicables al caso, considerando especialmente la protección constitucional que tienen los derechos en juego (arts. 36 inc. 10 y 39 inc. 3, Const. prov.), y tuvo en cuenta el análisis efectuado por la jueza que previno con relación a las constancias obrantes en la causa para tener por acreditado el requisito del domicilio en la Provincia de Buenos Aires, para acceder al beneficio (art. 2 inc. "a", ley 14.486).
En este aspecto, la recurrente no ha logrado realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en el fallo que demuestren la errónea aplicación del art. 2 inc. "a" de la ley 14.486, ni ha denunciado y menos aún acreditado el vicio del absurdo.
De la pieza recursiva surge que su argumentación en este aspecto no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación del referido art. 2 inc. "a" de la ley 14.486, sin conseguir demostrar que haya existido violación de la ley (doctr. causas A. 70.224, "Arce", sent. de 6-IV-2011; A. 72.391, "Vitale", sent. de 19-X-2016; A. 71.803, "Villanustre", sent. de 8-II-2017; e.o.), circunstancia que sella la suerte adversa del recurso.
Por otra parte, la Cámara sostuvo que no fueron cuestionados ante esa alzada -y por lo tanto se encuentran firmes- los fundamentos de la jueza de primera instancia relativos a la razonabilidad de exigirle al actor efectuar la actualización de su domicilio en el Registro Nacional Electoral en el año 1982; así como la no percepción de subsidio alguno por parte de la Provincia de Tucumán, circunstancias que denotan una clara falta de arraigo en territorio tucumano.
V.3. Igual suerte adversa corre el agravio de la denunciada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Los precedentes invocados (v. punto VI.2., recurso en tratamiento) no resultan aplicables al caso. En esta parcela cabe puntualizar que no basta con la mera individualización del precedente y la trascripción de un sumario para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa.
Al respecto este Tribunal tiene dicho que solo será suficiente un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualice concretamente la doctrina que se dice violada y se señalen los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (cfr. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.250, sent. de 26-X-2016; A. 73.228, sent. de 19-X-2016; A. 73.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288,
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