Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78351
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.351, "Carrillo, María Teresa c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y confirmó la sentencia dictada por el juez de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por la señora María Teresa Carrillo contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de fecha 10-III-2022).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 1-IV-2022, 11:39:17 a.m., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 24-XI-2022 en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de esta ciudad hizo lugar a la demanda promovida por la parte actora y, en consecuencia, anuló la resolución 85.281 dictada por el Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en el expediente administrativo n° 2.138-211948/11.
Asimismo condenó a la entidad demandada a otorgar el beneficio de pensión a favor de la señora María Teresa Carrillo y a abonarle, en el plazo de sesenta (60) días, las mensualidades devengadas utilizando como base de cálculo el haber actual de la prestación pensionaria, con más la aplicación de la tasa del 6% anual, desde el 19 de mayo de 2011 -fecha en la cual se efectuó el reclamo administrativo- hasta el momento que adquiera firmeza la sentencia y, de allí en más, la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta (30) días vigentes en los distintos períodos de aplicación (doctr. causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016). Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51 inc. 1, CCA).
Para así decidir, explicó que la resolución cuestionada presenta un vicio en la causa, toda vez que la autoridad administrativa valoró de manera incorrecta los antecedentes de hecho y de derecho que justificaron el dictado del acto administrativo impugnado.
Destacó que el legislador previó un derecho a favor del viudo o viuda no divorciado o divorciada por su culpa (art. 47 inc. "a", ley 13.236), hecho objetivo que se encuentra acreditado en autos con la sentencia de divorcio vincular por presentación conjunta en los términos del art. 215 del hoy derogado Código Civil, es decir con prescindencia de la "culpa".
Sostuvo que cualquier decisión que se adopte en materia previsional no puede soslayar los principios consagrados en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, entre los que se encuentran el de irrenunciabilidad, justicia social, e interpretación a favor del trabajador.
Precisó que el derecho adquirido por la actora, no puede verse alterado por la falta de reserva de derechos en el juicio de divorcio, sobre todo tomando en consideración la finalidad tuitiva de todo régimen previsional y los principios de progresividad e " in dubio pro justitia socialis ".
Sobre la base de la prueba testimonial rendida en el proceso, consideró acreditado el sostén económico que el excónyuge le brindaba a la actora mediante un aporte mensual de un porcentaje de sus haberes hasta la fecha de su fallecimiento.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en esta ciudad, por mayoría, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado.
II.1. Para así decidir indicó que el marco legal aplicable establece en el art. 43 inc. "a" que "el derecho a pedir pensión móvil corresponderá desde el día inmediato posterior al fallecimiento del afiliado y se otorgará en el siguiente orden y concurrencia, con las exclusiones que expresamente se mencionan: a) A la viuda o al viudo...". Paralelamente señaló que el art. 47 inc. "a" establece que "no tendrán derecho a pensión las siguientes personas: a) El cónyuge del afiliado que estuviere divorciado por su culpa o por culpa de ambos, excepto cuando tiene reserva de alimentos judicialmente reconocida".
Destacó que a la fecha del fallecimiento del causante los cónyuges se encontraban divorciados legalmente por mutuo acuerdo en presentación conjunta en los términos del art. 215 del Código Civil entonces vigente.
Sostuvo que, sin perjuicio de los agravios esgrimidos por la representación fiscal relativos a la violación del régimen legal aplicable y a la incorrecta valoración de la prueba producida en autos, en el presente caso la parte actora aportó suficientes elementos probatorios para reconocerle el beneficio pensionario derivado del fallecimiento del Suboficial Mayor Roberto Carlos Badolato.
Consideró acreditadas las prestaciones y aportes efectuados por el causante para la manutención de la señora Carrillo, sin perjuicio de la ausencia de reserva alimentaria judicialmente reconocida.
Ponderó la prueba testimonial y coincidió con la apreciación que de ella efectuara el juez de primera instancia.
Entendió que, en un análisis integral que requiere la valoración de las probanzas agregadas en autos, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las particulares circunstancias fácticas de la causa, el a quo ha realizado una tasación de la prueba conforme con el principio de la sana crítica, es decir, con patrones jurídicos y máximas de experiencia que determinan libremente su juicio (conf. doctr. arts. 384 y 474, CPCC y 77, CCA).
Explicó que en la especie están en juego derechos inherentes a la protección integral de la familia amparados en el art. 14 bis de la Constitución nacional y en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Recordó, con cita en precedentes de este Tribunal, que el sistema de previsión social tiene como finalidad esencial la protección del afiliado y su grupo familiar ante el acaecimiento de las contingencias de vejez, invalidez o muerte; y que el derecho a pensión procura salvar el desequilibrio económico que produce la muerte de alguno de los miembros económicamente activos de la familia, por lo que en la interpretación de las normas que regulan el acceso a esta clase de beneficios previsionales se requiere un máximo de prudencia en casos en que su inteligencia pueda llevar a la pérdida de un derecho por parte de aquellos a quienes las leyes han querido proteger o beneficiar.
Desde esa perspectiva tomó en cuenta que, tanto la equidad como un correctivo de la justicia rigurosamente legal y los principios generales del derecho previsional, deben ser colocados en un rango superior a los términos de las leyes previsionales que contengan soluciones particulares.
Con los elementos probatorios adunados tuvo por acreditado que el causante asistía económicamente a la parte actora y, por ende, cumplidos los recaudos exigidos por la ley 13.236.
II.2. Por otra parte, desestimó el agravio relacionado con el modo de calcular los haberes devengados desde el fallecimiento del causante teniendo en consideración el monto actual de la prestación, más un interés del 6% anual hasta el dictado de la sentencia, toda vez que consideró que lo resuelto se ajusta al criterio adoptado por esta Suprema Corte en materia de actos administrativos ilegítimos en materia de empleo público (conf. causas B. 60.558, "González", sent. de 6-XI-2019 y A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019) y que la propia Cámara departamental ha aplicado en materia previsional.
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 1-IV-2022, 11:39:17 a.m. en el sistema Augusta) en el que denuncia que el Tribunal de Alzada ha violado el art. 47 inc. "a" de la ley 13.236 que excluye del beneficio de pensión al cónyuge divorciado que no haya hecho expresa reserva de alimentos.
Reprocha también la condena de pagar los haberes devengados a valores actualizados, vulnerando la prohibición de indexar establecida en la ley federal 23.928 y su modificatoria 25.561. Alega vulneración de la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa A. 74.360, "APOC", sentencia de 29-XII-2020.
III.1. En relación al primer agravio, la representación fiscal destaca que la situación fáctica de la actora se encuentra regida por el art. 47 inc. "a" que excluye del derecho a pensión al cónyuge del afiliado que estuviere divorciado por su culpa o culpa de ambos, excepto cuando tiene reserva de alimentos judicialmente reconocida.
Arguye que no se encuentra controvertido el divorcio vincular entre el causante y la señora Carrillo y la inexistencia de obligación alimentaria alguna a favor de la actora, cuestión que subsume la cuestión planteada en el sub lite en los términos del art. 47 inc. "a" antes citado.
Expresa que tal circunstancia ha quedado debidamente plasmada en las actuaciones administrativas, las cuales no fueron debidamente analizadas por el Tribunal de Alzada.
Advierte que el voto que concitó la mayoría busca mejorar la situación de la actora para acceder a un beneficio que legalmente no le corresponde, relativizando el recaudo legal que habilitaría el otorgamiento de una pensión cuando exista reserva de alimentos judicialmente reconocida.
Puntualiza que la señora Carrillo, para acceder al beneficio en su situación de divorciada, solo podía acreditar que en el juicio de disolución del matrimonio realizó reserva de alimentos o que los solicitó en vida del causante y le fueron concedidos, circunstancias que no acontecieron en el caso.
Afirma que la parte actora no tenía vínculo alguno con el causante y menos aún de carácter económico.
Destaca que la aplicación de la norma que regula el caso no puede ser soslayada con la invocación de principios protectorios que tienden a neutralizar un supuesto desamparo de la señora Carrillo como consecuencia del fallecimiento de su excónyuge, de quien se encontraba divorciada desde el año 1988.
Con cita de precedentes de este Tribunal señala que si bien las leyes previsionales no deben interpretarse restrictivamente cuando de ello pueda resultar la negativa de un beneficio por ellas reconocido, eso no implica que deba reconocerse como beneficiarios a quienes no se encuentran expresamente contemplados en sus disposiciones. En el mismo sentido, aun cuando en materia de seguridad social el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder para que no se desnaturalicen los fines superiores que informan las normas respectivas -que no son otros que cubrir los riesgos primarios de aquellos que por su edad o estado físico no están en condiciones de proveérselos con su trabajo- no cabe admitir que se realice un criterio de valoración de los hechos o interpretación de las normas aplicables que equivalga a prescindir de sus términos, lo que ocurre cuando se desconoce el texto legal que regula con claridad cuáles son los requisitos que condicionan el otorgamiento o determinación de un beneficio.
III.2 Por otra parte, la recurrente se agravia de la condena a valores actualizados del retroactivo de los haberes pensionarios. Indica que la decisión adoptada al respecto en la causa A. 74.138, "Gelvez", sentencia de 27-XI-2019, se contrapone con la jurisprudencia de la Corte nacional y que dos de los jueces que conformaron aquella mayoría ya no integran este Tribunal provincial.
Alega que, aun luego de las reformas introducidas por el Código Civil y Comercial, en nuestro ordenamiento siguen rigiendo el nominalismo y la prohibición de indexar las deudas dinerarias o actualizar los créditos, en especial cuando estos resulten tarifados con montos líquidos o fácilmente liquidables. Manifiesta que la deuda por salarios caídos discutida en autos es de carácter dinerario y que como tal debe aplicársele lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
Sustenta su agravio en la diferencia entre obligaciones de valor y dinerarias, derivada de lo normado por los arts. 765 y 772 del Código Civil y Comercial y de lo explicado por los autores que cita. Se apoya asimismo en jurisprudencia de la Corte nacional ("Massolo", Fallos: 333:447; "Álvarez", Fallos: 342:1847) y provincial (causas C. 110.849, "Molina", sent. de 26-VI-2013; B. 66.861, "Verchick", sent. de 29-III-2017; A. 74.360, "APOC", sent. de 29-XII-2020; e.o.).
Expresa que cualquier liquidación por créditos salariales debe practicarse sobre la base de los valores nominales que históricamente hubiera correspondido percibir (doctr. art. 619, Cód. Civ.), resultando improcedente el intento de fomentar una indexación encubierta de la obligación dineraria, como si se tratara de una deuda de valor, a precio actualizado.
Por último, señala que el desacierto en el que ha incurrido la Cámara conlleva a una condena exorbitante e irrazonable que desnaturaliza el objeto del proceso, ocasionando un perjuicio al erario público y un enriquecimiento sin causa por parte de la requirente.
IV. Adelanto que en mi opinión el recurso no puede prosperar atento a la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. No es de recibo el agravio relativo a la violación legal denunciada (art. 47 inc. "a", ley 13.236) toda vez que, la recurrente omite impugnar mediante el absurdo los argumentos centrales del voto de la mayoría que confirmó la decisión del juez que previno, en tanto consideró que la prueba producida en autos había sido valorada conforme las reglas de la sana crítica.
Desde esta perspectiva debo advertir que la representación fiscal soslaya la invocación del absurdo, único supuesto en virtud del cual este Tribunal, mediando su debida demostración, podría ingresar al análisis y revisión de cuestiones probatorias.
En efecto, el Tribunal de Alzada coincidió con la valoración de la prueba testimonial que efectuó el juez de primera instancia, siendo ello en definitiva una facultad privativa de los magistrados, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de la sana crítica, salvo -como antes señalé- que se denuncie y acredite el vicio del absurdo, circunstancia que no ha ocurrido en el caso.
Así, más allá del acierto o error del fallo, lo determinante para rechazar el agravio desarrollado en el punto VII.1. del recurso en tratamiento es la falta de una impugnación idónea que rebata las conclusiones a las que arribó el Juez de la instancia y que confirmara la Cámara, al valorar las declaraciones testimoniales de la señora Isabel Ferrin Valiño, el señor Carlos Raúl Otero y la hija de la actora y el causante, Victoria María Cristina Badolato, conforme los arts. 375 y 384 del Código Civil y Comercial, al considerar que el señor Badolato asistía económicamente a la señora Carrillo.
No basta a esos fines la genérica mención referida a que la situación fáctica de la parte actora no se subsume en las normas legales para acceder al beneficio, ni la supuesta indiferencia respecto de ella que arrojan las actuaciones administrativas.
Asimismo, este Tribunal ha señalado que la mera discrepancia, tal como evidencia el recurso en la parcela que aquí se analiza, dista de configurar el supuesto excepcional que abre paso a la revisión de las cuestiones de hecho y prueba en esta instancia extraordinaria. Pues en este aspecto, no basta con disentir, sino que es menester poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de esta sede para el examen de tales cuestiones fáctico-probatorias (conf. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-1999; A. 70.133, "Pueblas", sent. de 15-XII-2010; A. 70.318, "Mattano", sent. de 24-VIII-2011; e.o.).
IV.2. No corre mejor suerte el agravio referido a la condena indemnizatoria calculada a valores actuales.
En ese entendimiento debo señalar que la Cámara interviniente -a su turno- rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco, al considerar que el criterio adoptado en la sentencia de primera instancia se correspondía con la doctrina legal de esta Suprema Corte en materia de actos administrativos ilegítimos dictados en el ámbito de la relación de empleo público (conf. causas B. 60.558, "González" y A. 74.138 "Gelvez"), aplicada por ese Tribunal de Alzada (v. causas CCALP n° 24.806, "Ordoñez", sent. de 10-VI-2021; n° 24.205, "Soto", sent. de 2-III-2021; n° 20.783, "Fallocca", sent. de 13-VII-2021), y en casos fallados por la propia cámara en la que estaban en juego derechos de la previsión social (causas CCALP n° 26.146, "Sánchez", sent. de 15-VI-2021 y n° 26.755, "Vilches", sent. de 5-X-2021).
Agregó, asimismo, que en la causa CCALP n° 26.755 "Vilches" se había señalado que "más allá de la naturaleza jurídica de la obligación en cuestión, lo determinante, a los efectos de la aplicación del criterio de cálculo al valor actual de los haberes del cargo respectivo, es que se trata del pago de mensualidades no percibidas oportunamente en virtud del acto administrativo que rechazó ilegítimamente su reconocimiento, razón que justifica la subsunción del caso en los términos de la doctrina legal citada en tanto supone una reparación más cabal del detrimento sufrido por el actor".
Con tal sustento advirtió ajustada a derecho la sentencia de grado en cuanto reconoce las retroactividades a valores actuales, adicionando los intereses calculados desde el 19 de mayo de 2009 y hasta el dictado de la sentencia en el 6% anual, y de allí en adelante, la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a treinta (30) días (conf. doctr. causas A. 74.138, "Gelvez", sent. de 27-XI-2019 y sus citas; C. 120.536 "Vera", sent. de 18-IV-2018; C. 121.134, "Nidera", sent. 3-V-2018 y B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Ahora bien, contra dicho pronunciamiento, el Fisco limita su embate a reiterar argumentos que fueran oportunamente tratados y descartados por el Tribunal de Alzada.
En efecto insiste en la prohibición de indexación de las deudas dinerarias y en la doctrina emergente de la causa A. 74.360, "APOC" (referente a diferencias salariales), pero omite informar cómo dicha normativa y doctrina resultan aplicables en la especie, donde -como se señaló antes- la Cámara condenó al pago de haberes a valores actuales.
Al respecto esta Suprema Corte ha dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobr
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