Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75503
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.503, "Asociación por los Derechos Civiles y otra c/ Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Mancini, Carral .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de grado que desestimara la pretensión anulatoria promovida por las asociaciones demandantes respecto de la resolución de fecha 28 de abril de 2010 dictada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que dispuso la entronización de la imagen de la Virgen de Luján en el Salón de los Pasos Perdidos (v. fs. 307/317 vta.).
Contra dicho pronunciamiento, quienes promovieron la demanda interpusieron recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 341/368) el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 370/371.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 374/411 vta.), dictada la providencia de autos para resolver, agregadas las memorias de las partes (v. escritos electrónicos de fechas 2-V-2019, 11:19:32 a.m. y 3-V-2019, 03:04:44 a.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la parte actora contra la sentencia de grado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento recurrido que, a su turno, había desestimado la pretensión anulatoria promovida por la Asociación por los Derechos Civiles y la Asociación Civil Ateos Mar del Plata respecto de la resolución de fecha 28 de abril de 2010 —dictada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires— que dispuso la entronización de la imagen de la Virgen de Luján en el Salón de los Pasos Perdidos (v. fs. 307/317 vta.).
Para así decidir, por mayoría, realizó las siguientes consideraciones:
I.1. Tras reseñar el contenido de la sentencia de primera instancia y los agravios planteados en el recurso de apelación, precisó que las demandantes —en el marco de la pretensión anulatoria esgrimida— peticionaron que se ordene a la demandada el retiro de la imagen mencionada y que, en lo sucesivo, se abstenga aquella de instalar cualquier tipo de símbolo religioso en los espacios públicos del edificio donde ejerce sus funciones.
Señaló que la anulación de la mentada resolución —adoptada por unanimidad de los miembros presentes de la Legislatura local— había sido solicitada por las actoras al considerar que la referida entronización lesionaba los principios de libertad de culto, de conciencia, de igualdad y no discriminación.
I.2. Sostuvo que los agravios formulados por las apelantes no exponían motivos suficientes y debidamente comprobados que condujeran a la nulidad del acto impugnado, pues solo consistían en la exposición de un criterio disímil al asumido por el magistrado de la instancia de origen, basados en meras divergencias subjetivas, sin trasuntar ello una crítica concreta y razonada del fallo (v. fs. 312).
I.3. Luego, refirió que el marco jurídico del tema debatido converge en los arts. 2, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución nacional; 12, 13 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, 18, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros tratados internacionales sobre derechos humanos que aseguran la libertad de conciencia y religiosa.
Puso de resalto que la cuestión debatida versaba en la presencia de símbolos religiosos en edificios públicos, lo que supone una temática que no admite una respuesta única para todas las coyunturas posibles, por lo que debía efectuarse un análisis diligente y puntual.
Consideró así que se trata de una materia compleja en virtud del modelo de Estado receptado por la Constitución nacional, que si bien prevé el sostenimiento del culto católico apostólico romano y alude a dicha creencia tanto en el preámbulo como en varios de sus dispositivos, no adopta sin embargo una religión oficial ni suprime las cuestiones religiosas de la vida pública.
Al examinar los fundamentos de la resolución que dispuso la exhibición de la aludida imagen, expresó que allí se destacó muy especialmente el lugar preponderante que ocupa la Virgen de Luján en la historia de nuestro país; en particular, sobre la cercanía que con ella mantuvieron diversos héroes patrios (como Manuel Belgrano y José de San Martín, e.o.) constituyendo así, uno de los símbolos en los que se reconocían los argentinos.
En base a ello, indicó que "algunos símbolos religiosos pueden llegar a adquirir significados que exceden la cuestión espiritual para pasar a revestir connotaciones históricas, lazos culturales, envolviendo sentidos artísticos, etcétera. Esto es, más allá o bien al lado de la connotación religiosa, con un sentido vinculado a datos históricos objetivos, tal y como se lo expresó en los fundamentos del acto. Hay una faz que lo vincula a un culto, y otra, que lo asocia a las circunstancias relativas al patrimonio cultural, en ambos casos sin connotaciones de índole subjetiva" (fs. 313).
Sobre la base de tales consideraciones, entendió que el rol que la Cámara de Diputados le asignó a la entronización de la imagen de la Virgen de Luján representa —al menos en parte— el arraigo histórico y social de dicho símbolo en la historia de la Nación Argentina.
Trascribió los motivos que con mayor claridad justifican esa medida, a saber: "Con este acto, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, reconoce [...] qué es la Virgen de Luján. Para los creyentes; Patrocinio y acompañamiento; y para aquellos que no comparten la fe: la simbología y la tradición. Desde este día, ella custodiará y velará los pasos en esta Casa, en la cual está representado todo el pueblo de la región bonaerense...".
Juzgó así que, al disponer la cuestionada entronización, los legisladores ponderaron no solo lo que representaba la figura de la Virgen de Luján para quienes profesan la religión católica; sino también, la trascendencia que asume respecto de quienes no adoptan dicha fe, al ser interpretada como un símbolo histórico popular del país.
Concluyó así que la decisión encontraba fundamento en razones atendibles, sin que en ella se observara una discriminación arbitraria lesiva al principio de igualdad, o al derecho de quienes profesan otras religiones o no practican ninguna.
I.4. Por otra parte, consideró que la circunstancia de que la aprobación de la resolución no estuviera precedida de observaciones ni de un amplio debate como argumentan los demandantes, en modo alguno podía conducir a invalidarla. En tal sentido, advirtió que "el funcionamiento y las prácticas propias a través de las cuales la Cámara de Diputados ejercita sus facultades y funciones administrativas -mientras no conlleve un accionar ilegítimo debidamente acreditado- constituye un ámbito propio de dicho poder del Estado".
Conforme el marco descripto, entendió que los apelantes no habían logrado demostrar —con el grado de suficiencia requerido— que la resolución controvertida quebrantara los derechos que se aducen vulnerados. Sobre el particular, se detuvo en señalar que los dos elementos probatorios sobre los que se apoyó la pretensión (de un lado, la encuesta sobre creencias y actitudes religiosas de la sociedad argentina elaborada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas —CONICET—; y del otro, el dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo —INADI— sobre la presencia de figuras religiosas en edificios públicos), no aportaban elementos decisivos en el sentido pretendido por los actores.
En cuanto al primero de ellos, que analiza las relaciones entre la religión y la estructura social en la Argentina, haciendo hincapié en las creencias y actitudes religiosas traducidas en datos estadísticos, la Cámara juzgó que más allá del interés que pudiera despertar, no aportaba evidencias directas con la aptitud de acreditar la ilegitimidad de la resolución adoptada por los miembros de la Cámara de Diputados.
Lo propio concluyó en relación al restante elemento de convicción invocado en la demanda; pues, a pesar de la conclusión a la que arribó el INADI (sostenida en la dimensión subjetiva de la problemática planteada) en el mentado instrumento, se reconoció al mismo tiempo allí que para objetar la exhibición de símbolos religiosos en edificios públicos se debería comprobar un daño o menoscabo a los derechos de las personas que no profesan la religión referida, comprobación —en la apreciación vertida en la sentencia en crisis— que es prácticamente imposible a nivel objetivo y que caería necesariamente en un estricto nivel casuístico. Concluyó así que el aludido dictamen, no daba cuenta de una violación concreta a los derechos debatidos en este litigio.
De allí que, con base en lo expresado, concluyó en la falta de atingencia de la prueba, con las variables que dan contorno a la solución del caso.
I.5. Desde otro andarivel, advirtió que la alusión a la "tradición" que expresa la sentencia de primera instancia no fue utilizada como un argumento para considerar válida la medida en autos, sino que ese fragmento vinculado a la cultura histórica nacional tuvo por objeto poner en evidencia el cumplimiento del requisito de la adecuada motivación de la resolución administrativa cuestionada. Esto es —señaló el Tribunal de Alzada— "dotar de contenido, argumentos y razones al acto administrativo". Con ese apoyo argumental, concluyó que "independientemente de que cada intérprete pueda alcanzar sus propias y particulares conclusiones (de acuerdo a sus posicionamientos y criterios personales) en punto a la conveniencia de la medida, ello no guarda relación con la inconstitucionalidad, nulidad o irrazonabilidad de dicha decisión".
I.6. Advirtió así, que las actoras no han demostrado concreta y precisamente de qué manera la presencia de una imagen de la Virgen de Luján en el Salón de los Pasos Perdidos puede violentar los derechos constitucionales de libertad de conciencia y religión de quienes profesan cultos distintos de la religión católica o no practican culto alguno. Sostuvo así, que la afirmación acerca de que "el mensaje que la misma trasmite, puede no resultar de su agrado" implicaba una conjetura sin respaldo probatorio y que la eventualidad de desagrado que plantean, "no conforma un estado que, por sí, sea suficiente demostración de lesión a garantías y derechos por la impugnada resolución administrativa" (fs. 314 vta.).
El tribunal puso —en suma— especial énfasis en la falta de acreditación de los agravios blandidos por las actoras.
Compartió la conclusión del magistrado de grado en torno a la ausencia de elementos de convicción respecto a que la entronización en sí, constituía un acto de proselitismo que llevara a confundir a los legisladores en sus funciones.
Asimismo, entendió que el impacto que pudiera ocasionar a aquellas personas que no encuentran en el mensaje simbólico alguna representación de sus ideas o creencias, tampoco configuraba un argumento para invalidar la resolución impugnada, pues el acto —adoptado por unanimidad— se apoyó en criterios valorativos adecuados en relación a las circunstancias, y no en la exclusión de otros pareceres o cultos.
Para más, consideró que si bien la imagen se ubicó en un sitio público, pertenecía al interior del edificio de la Legislatura, de modo que el alcance de la disposición se circunscribía a la esfera de la superintendencia de los lugares de asiento de ese poder estatal, en un sector que no era el específico donde sesionaba —ejerciendo sus funciones— la Cámara de Diputados.
Agregó que la exhibición de la figura no extralimitaba a ese edificio, ni proponía su entronización la captación de la atención general a punto de significar un modo de proselitismo religioso. Señaló que tampoco implicó un reproche respecto de otras posturas.
I.7. Entendió que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocada no gravita de un modo sustancial en la cuestión debatida en autos, y menos aún tiene una incidencia positiva en la postura del apelante. Señaló sobre ese particular, que "de las alusiones a la doctrina de ese Tribunal no se deriva -como sostiene el recurso- que el magistrado se hubiera desentendido de las cláusulas constitucionales nacionales sino que, a mayor abundamiento y en apoyo de la postura desarrollada en el decisorio, citó decisiones de aquel tribunal".
Añadió, para más, que el propio libelo de inicio (IV.7. jurisprudencia comparada de tribunales constitucionales e internacionales), buscó apoyo en diversos precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por entender que los fundamentos de aquellas decisiones resultaban de aplicación al presente caso.
I.8. Por último, indicó que no observaba de qué modo la entronización de la imagen de la Virgen de Luján daría origen a la creación de una "categoría sospechosa", que implique clasificaciones basadas en criterios prohibidos. Descartó la aplicación del criterio de la Corte nacional sobre esa temática emergente de la causa "Partido Nuevo Triunfo" —invocada por los recurrentes y en la que se debatiera si la denegatoria del reconocimiento de la personería jurídica política implicaba un trato discriminatorio—; señalando en esa y la restante jurisprudencia citada en apoyo de la pretensión, importantes diferencias en plataforma fáctica y jurídica respecto de la suscitada en esta controversia.
II. Disconforme con dicho pronunciamiento, las actoras interponen recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. fs. 341/368). Denuncian que la sentencia del Tribunal de Alzada convalida una resolución emitida por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que viola los arts. 2, 14 y 16 de la Constitución nacional; 7, 8, 9 y 11 de su par provincial; 1.1. y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.1. y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
II.1. Tras relatar los antecedentes del caso, formulan sus agravios en el siguiente orden de consideraciones:
II.1.a. En primer lugar hacen un prolegómeno acerca de su legitimación, para luego ingresar directamente en la fundamentación del recurso. En este aspecto refieren a que la imagen de la Virgen posee un innegable significado confesional, y que el argumento de la Cámara en torno a que dicha figura posee un carácter que "excede lo espiritual", carece de sustento. Cita en apoyo de su postura el "Caso de los crucifijos" de la República Federal de Alemania.
II.1.b. Alega que la sentencia de Cámara muestra un claro apartamiento del carácter no confesional del Estado Argentino (v. fs. 353 vta.).
Para ello, reitera argumentos postulados en las instancias anteriores, transcribe debates de la Asamblea Constituyente respecto del art. 2 de la Constitución federal, y cita jurisprudencia de la Corte nacional, donde —según lo entiende— se estableció el carácter no confesional de nuestro país.
II.1.c. Argumenta además, que la Cámara de Apelaciones, al defender el acierto de la sentencia de primera instancia, sostuvo que dicho pronunciamiento no utilizó a la tradición como justificativo constitucional de la resolución adoptada por la Legislatura, sino para demostrar que ésta se encontraba adecuadamente fundada (v. fs. 359).
Entienden que ese argumento resulta irrelevante para la solución del litigio, ya que el objetivo de la acción que abre este proceso no es demostrar que la resolución impugnada es nula con arreglo a la Ley de Procedimientos Administrativos, sino que aquella es inconstitucional. Agrega que no está sometido a debate el cumplimiento de las exigencias de motivación del acto administrativo, sino su constitucionalidad. Se agravian porque entienden que ninguno de los argumentos señalados, que consideran esenciales para la solución del litigio, fueron tenidos en cuenta, ni por el magistrado de primera instancia, ni por el Tribunal de Alzada.
En conclusión, esgrime que el argumento de la Cámara relativo a que la imagen referida constituye el sustento espiritual para la mayoría del pueblo argentino es inválido para sostener la constitucionalidad de la resolución atacada, en virtud del modelo de Estado laico que se desprende de los arts. 2 de la Constitución nacional y 9 de su par provincial.
II.1.d. Desde otra perspectiva, argumentan que la circunstancia de que la imagen religiosa haya sido colocada en el interior del edificio de la Legislatura no es un fundamento válido para sostener la constitucionalidad de la resolución impugnada. Explican que es irrelevante dilucidar si fue colocada en un espacio interno o en uno externo, como lo sería la Sala de Sesiones de alguna de las Cámaras Legislativas, ya que lo que importa es que en cualquier caso, se trata del establecimiento donde sesiona el cuerpo legislativo —ícono de la pluralidad de las representaciones del mundo y de la diversidad de ópticas y creencias— y la entronización de modo excluyente en el Salón de Pasos Perdidos, determina un mensaje homogéneo y unívoco a favor de una creencia (v. fs. 360).
II.1.e. Por último, esgrimen que la Cámara interpreta de modo erróneo las previsiones constitucionales en materia de igualdad al desestimar la doctrina de las "categorías sospechosas".
Sostienen que la entronización cuestionada implica una "categoría sospechosa", conforme la doctrina de la Corte federal que fluye del caso "Partido Nuevo Triunfo"; y culminan su exposición considerando aplicable el criterio de dicho Tribunal Superior nacional sobre el "escrutinio estricto", el cual fuera receptado en el precedente "Castillo".
III. El recurso no prospera atento la manifiesta insuficiencia técnica de la que adolece (conf. arts. 279 y 299, CPCC), pues los agravios constitucionales que formula no logran conmover la decisión atacada, ni patentizar que el acto administrativo dictado por la Cámara de Diputados de la Provincia sea contrario a la Constitución provincial.
III.1. No obstante ello, y si bien la falencia recursiva aludida en el párrafo anterior lleva irremediablemente al destino trunco de la pretensión, cabe señalar, siguiendo el orden propuesto en el recurso, que a fs. 353 las accionantes aluden a su legitimación para articular la presente acción por tratarse de bienes colectivos, de conformidad con lo preceptuado por el art. 43 de la Constitución.
Claramente ni la legitimación para estar en juicio, ni la aptitud de representación colectiva de las asociaciones ha sido puesta en crisis en el fallo de la Cámara, y de tal modo no han formado parte de la decisión cuya revisión se pretende en esta instancia extraordinaria.
Los señalamientos de esa alzada en torno a la ausencia de agravio, no se refieren a la naturaleza individual o colectiva del reclamo, ni a la titularidad de un derecho de las demandantes; por el contrario, encuentran sentido en la falta de acreditación y demostración de un agravio específico —ya sea este individual o colectivo— para quienes profesan otros cultos diferentes al católico o no practican ninguna religión.
Se advierte así, una clara desinterpretación del dispositivo, merced a lo cual se articula una crítica que no encuentra correlato en una decisión adversa a sus intereses.
III.2. Despejada esta cuestión preliminar, he de ingresar al tratamiento de los desarrollos dirigidos a refutar el modo en que fue resuelta la cuestión sustancial abordada por el Tribunal de Alzada.
Como q
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.