Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 37588 2020
Expte. Nº 37588.-
Autos: GUTIERREZ JULIAN C/ EDEN S.A. S/ PRETENSION DE CESACION DE VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA.-
Mercedes, de Agosto de 2020.-ACB
Estos autos caratulados "GUTIERREZ JULIAN C/ EDEN S.A. S/ PRETENSION DE CESACION DE VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA", expediente Nº 37588, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 10/14 se presenta el Sr. Julián Gutiérrez con el patrocinio letrado de la Dra. María Julia Massolo, promoviendo formal demanda de amparo contra la EDEN S.A. por cuanto entiende ha vulnerado sus derechos constitucionales a la salud y a gozar de un ambiente sano y una vivienda digna.
Manifiesta que, habiendo adquirido de la Municipalidad de Chivilcoy un lote de terreno ubicado en la esquina de Hijas de la Misericordia y Calle 24 para construir su primera vivienda, días antes del inicio de la acción constató en el mismo la existencia de dos columnas y dos pozos paralelos listos para instalarlas en lo que sería la vereda de su casa.
Realizadas las averiguaciones del caso pudo saber que se trataba de una obra de EDEN S.A. para la futura colocación del transformador que se encontraba en aquel momento en un terreno lindero al suyo. Sostiene que tales transformadores son peligrosos para la salud y el medio ambiente.
Aunque manifiesta desconocer el tipo de transformador que se instalaría, menciona que los refrigerados con PCB y/o PCT están prohibidos por ley 25.670 de presupuestos mínimos para la protección del medio ambiente por ser cancerígenos. Asimismo, sostiene que el resto de aceites que los reemplazan también son considerados peligrosos para la salud.
Por otra parte, hace saber que el lugar elegido para su colocación obstruiría una futura entrada de su garaje, a la vez que resultaría peligroso para los albañiles y demás trabajadores de la construcción en caso que quisiera construir una planta alta.
En función de tales antecedentes es que cursó carta documento a EDEN S.A. para que suspenda la colocación de las mencionadas columnas y transformador, la cual no fue contestada por la requerida. Entiende que tal falta de respuesta vulnera además el derecho al libre acceso a la información pública ambiental.
Requiere del magistrado una medida cautelar a fin de que se ordene a EDEN S.A. suspender la colocación del transformador mencionado y cualquier otra obra con dicho fin hasta tanto se produzcan las pruebas ofrecidas.
Solicita que se corra traslado de la demanda a la Municipalidad de Chivilcoy y al Delegado del Defensor del Pueblo en Chivilcoy a fin de que consideren la posibilidad de entablar una acción colectiva por la afección al medio ambiente de los vecinos de la ciudad y exigir a la demandada una solución que no perjudique a ningún otro habitante.
Funda en derecho, ofrece prueba y finalmente peticiona.
II. A fs. 16/18 el Sr. Juez previniente, titular del Juzgado en lo Correccional N° 4 de esta ciudad de Mercedes, rechazó la acción de amparo y la cautelar requerida en la misma, por exceder palmariamente el marco del instituto del amparo, al que caracteriza como remedio excepcional de estricta interpretación.
Sostiene que la acción de amparo es remedio idóneo para subsanar una grosera turbación de los derechos humanos constitucionales, por lo que si tal lesión no es clara, explícita, palmaria fáctica y legalmente, la acción de amparo no es la vía correcta para resolver el reclamo.
A su vez, no encuentra que la actora haya arrimado elementos que permitan tener por acreditada una situación dañosa de una magnitud o irreparabilidad tal que habilite el procedimiento.
En función de tales dichos es que rechaza la acción promovida y la medida cautelar solicitada en ella, ordenando el archivo de la causa.
III. Apelado que fuera el rechazo de la acción, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la sentencia apelada, aunque ordenó que la causa no fuera archivada, sino que se remitiera a este Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes para su trámite.
IV. Allegada que fuera la causa a este Juzgado, la actora readecuó su reclamo, formalizándolo en los términos del inciso 5 del art. 12 CPCA, es decir, como pretensión de cesación de vía de hecho, por cuanto entendió que la demandada EDEN S.A. arbitrariamente había colocado un transformador y postes de cableado eléctrico en el terreno de su propiedad, impidiéndole la construcción de su futura vivienda y vulnerando derechos constitucionales a la salud y a gozar de un ambiente sano y de vivienda digna.
Actualizó el relato de los hechos antes expuestos, con la inclusión del trámite de la acción de amparo antes intentada, su rechazo y remisión a conocimiento del suscripto, y el accionar de la demandada en cuanto procedió a colocar el transformador con sus respectivas columnas, y los reclamos por él formulados ante OCEBA.
V. Ordenado el traslado de la acción, se presenta la demandada a contestar la misma mediante presentación electrónica de fecha 06/11/2019 efectuada por la Dra. Melisa Gorga, apoderada de la prestataria demandada, solicitando el rechazo en todos sus términos, con costas.
Ello, en tanto entiende que no se verifica la arbitrariedad o ilegitimidad en el obrar de EDEN S.A. que habilite la acción intentada.
Completa los antecedentes de la causa traída a conocimiento, mencionando que el terreno comprendido entre la calle Henry Bell, Avda. de Tomasso y las calles Ramón Biaus e Hijas de la Misericordia pertenecía a la firma Terraza Hnos. S.A., y en el mismo se hallaba instalado un transformador, a nivel y protegido con una jaula, que permitía abastecer de energía a la firma mencionada.
Adquirido que fuera el mencionado terreno por parte del Municipio de Chivilco, se practicó división y mensura del mismo, comercializando la mencionada Municipalidad los lotes resultantes mediante el Plan Familia Propietaria (Decr. 807/95).
Así las cosas, con fecha 26/01/2018 la administración local solicitó por nota a EDEN S.A. la remoción del transformador referido con motivo en la división, mensura y venta de los lotes, a la vez que, por nota separada, solicita la elaboración del proyecto de obra necesario para abastecer la demanda eléctrica prevista por el loteador.
Menciona entonces que tras la evaluación técnica correspondiente se informó la obra eléctrica necesaria y se acordó que la misma fuera incluida en el plan de inversiones de EDEN, lo que permitiría a los compradores de los lotes que accedieran al servicio de energía eléctrica domiciliaria, a la vez que sostiene que las obras a ser realizadas en la red eléctrica redundarían en la mejora del servicio prestado a los usuarios vecinos del loteo.
Sostiene la debida observancia de la normativa vigente en la materia en la realización del plano original confeccionado por la oficina técnica, emplazándose en su consecuencia el mencionado transformador sobre la línea municipal del cordón, respetando la distancia a la línea de edificación.
Resalta que no existe utilización del terreno de propiedad privada del actor, a la vez que no existe restricción administrativa alguna respecto de la utilización del espacio público para la instalación de redes eléctricas.
Apoyándose en jurisprudencia y doctrina que entiende aplicables, sostiene la inexistencia de vía de hecho alguna que habilite la acción intentada por la contraria, a la vez que no encuentra ilegalidad en la actividad y accionar desplegado por la prestadora del servicio público.
En lo que hace a este último punto, refiere que la distribución y provisión de energía eléctrica es un servicio público, por lo que la actividad de la demandada, en su carácter de concesionaria del servicio, se encuentra estrictamente regulada por la Ley 11.769 y su reglamentación por Decreto 1208/97 (Anexo II Contrato de Concesión Provincial), en donde se determina que la concesionaria tendrá derecho a hacer uso y ocupación de los lugares integrantes del dominio público provincial o municipal, incluso su subsuelo y espacio aéreo, que fuesen necesarios para la colocación de las instalaciones para la prestación del servicio público (art. 20 Contrato Concesión Provincial).
Por su parte, señala que, para el caso de obras que no incorporen nuevas extensiones de red o casos de remodelación de líneas y/o centros de transformación existentes, o casos de nuevas ampliaciones o extensiones destinadas a la función de baja tensión, así como las instalaciones de rebaje de media tensión a baja tensión, la norma prevé que no es necesaria la autorización de la autoridad competente (art. 2 Res. 477/00 de la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires -DEBA).
Concluye entonces que la obra eléctrica, que sostiene se encuentra en la etapa final de ejecución bajo el estricto cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad establecidas por la reglamentación vigente, emplazada en la zona de espacio público definido, cumple con los parámetros establecidos en el contrato de concesión que regula la actividad, y redunda en importante beneficio de la comunidad toda.
Finaliza haciendo mención al tratamiento que hiciera el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) a la denuncia efectuada por la aquí actora, requiriéndole a EDEN S.A. la información pertinente en uso de sus facultades de fiscalización y verificación de la actividad.
Es por todo lo anteriormente relatado que sostiene la inexistencia de vulneración alguna a los derechos constitucionales del actor, por lo que reitera su solicitud de rechazo de la acción intentada por la actora.
Ofrece la prueba de la que intenta valerse, funda en derecho y peticiona.
VI. Transitada la etapa de prueba conforme lo dispuesto en el auto de fecha 26/11/2019, se llama autos para sentencia con fecha 08/07/2020, y
I. La actora solicita la cesación de la vía de hecho que entiende configurada con el accionar de la demandada EDEN S.A., la que habría instalado un transformador y columnas de tendido eléctrico en el terreno de propiedad de la accionante, vulnerando su derecho de propiedad e impidiéndole la construcción de su vivienda, a la vez que afectando el medio ambiente y el derecho a la salud, por el contenido de PCBs en el mencionado transformador.
II. Por su parte la prestadora del servicio eléctrico sostiene la legitimidad de su accionar con base en la legislación que regula su actividad y los antecedentes de hecho que expone e intenta probar con la documental allegada a su escrito de responde.
III. Resulta del caso destacar la respuesta aportada por la Municipalidad de Chivilcoy al oficio librado en autos, en la que el Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio manifiesta haber requerido factibilidad de suministro de energía eléctrica y alumbrado público mediante nota de fecha 03/10/2017, que no se manifestó por parte del Municipio restricción o impedimento algunos para la ejecución de la obra, que la ochava cedida corresponde al espacio público municipal, y que el uso del espacio público por parte de EDEN S.A. para el emplazamiento de las instalaciones necesarias para la prestación del servicio no contraviene ninguna disposición municipal (ver respuesta adjunta a presentación electrónica de fecha 17/12/2019).
IV. El principio de legalidad impone globalmente que toda actividad administrativa, y consecuentemente todos los actos de la administración, estén subordinados a una norma habilitadora, y es recogido por nuestro ordenamiento en el art. 109 del Dec. Ley 7647/70. La ilicitud, entonces, queda configurada cuando el obrar administrativo quebranta tal principio y promueve operaciones materiales restrictivas o cercenadoras de derechos y garantías individuales.
Al diferenciar los actos administrativos, a los que caracteriza como las decisiones, declaraciones o manifestaciones de voluntad o de juicio, de los hechos administrativos, que configura como actuaciones materiales u operaciones técnicas realizadas en ejercicio de la función administrativa, el Dr. Gordillo sostiene con acierto que "si bien generalmente los hechos son ejecución de actos (en cuanto dan cumplimiento o ejecución material a la decisión que el acto implica), ello no siempre es así y pueden presentarse actos que no sean ejecutados o hechos realizados sin una decisión previa formal" (Gordillo, Agustín, "Tratado de derecho administrativo y obras selectas", Tomo III, Capítulo III, 10ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2011).
La nota distintiva de la vía de hecho está dada por la irregularidad en el comportamiento material de la administración, el que podrá derivarse de la irregularidad per se en el actuar administrativo, como de la irregularidad grosera y patente del acto administrativo que le dio origen al actuar.
Asumiendo la prexistencia de un acto administrativo válido, la irregularidad del comportamiento material administrativo podrá provenir, entonces, de la discordia indudable entre el acto administrativo de origen y la ejecución material, o de las modalidades de ejecución.
Tales principios rectores fueron recogidos y tratados largamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales, destacándose lo dicho por el Máximo Tribunal provincial al sostener que "La vía de hecho, a la par que desprovisto de título jurídico que lo justifique, es un obrar que afecta o vulnera derechos individuales (o de "los particulares", como refiere el citado art. 109 del dec. ley 7647/1970). En ello radica su condición esencial: una actuación administrativa material y ofensiva, realizada sin los necesarios soportes jurídico-formales." (SCBA LP B 64200 S 27/11/2002 y SCBA LP B 65047 S 28/02/2007).
En el caso de autos, aún cuando en principio y en la especie, la empresa concesionaria no se encuentra sujeta a las exigencias procedimentales a las que sí deben responder, al momento de expresar su voluntad, los órganos provinciales (art. 1 dec. ley 7647/70; art. 68 dec. 2479/04 reglamentario de la ley 11.769), inequívocamente su condición de concesionaria de un servicio público provincial la deja sometida a los principios de derecho público que rigen su relación con los usuarios, con motivo de la efectivización de la prestación.
En el particular caso de la prestación de un servicio público, la normativa en que se sostiene la actividad tiene por norte la supremacía del interés público sobre el interés privado, y la necesidad de evitar que particulares carentes de sentido social traben la acción estatal de satisfacer las urgentes necesidades colectivas, sin que ello implique avasallar de un modo intolerante los derechos individuales (nunca absolutos, sino siempre sujetos a reglamentación).
V. Del acotado marco de conocimiento que caracteriza la vía elegida por la actora para dar curso a su reclamo, surgen elementos que me llevan a la convicción de no asistir razón al reclamante en autos. Ello, por cuanto el actuar de la empresa prestadora aparece fundado y desarrollado en el marco de lo establecido por la Ley 11.769, el Decreto 1208/97, el Contrato de Concesión Provincial y demás legislación aplicable.
Como lo ha expresado la Suprema Corte Provincial, toda actuación administrativa ha de ser realizada con el necesario soporte jurídico-formal, el cual "(...) De ordinario, dicho título o fundamento jurídico (art. 109 cit.) ha de identificarse con -y reside en- un acto administrativo previo (Garrido Falla, Fernando, "El objeto del recurso contencioso administrativo", en V.A. "Tribuna sobre la reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa", Jesús González Pérez, Director, Madrid, 1997, ps. 99, 110). Esto se explica porque el ordenamiento suele deferir a la administración pública el desarrollo, reglamentario, aplicativo y ejecutivo, de las determinaciones generales de la ley. De allí que, en ausencia de tal decisión justificadora, el obrar material puede engendrar supuestos incluidos en el enunciado descrito en el citado art. 109 de la ley procedimental" (SCBA "Chacur, Analía C y otros c/Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo", B 64200, 27/11/2002).
Sin embargo, en esa misma oportunidad, preciso que " (...) Mas, en ocasiones, el efecto reputado lesivo deriva ex lege y su imposición no se supedita a un acto habilitador ulterior a la sanción de esa norma. Entonces, el comportamiento de ejecución tiene el alcance derivado de la vigencia o la mera implantación práctica de la disposición legal." (causa "Chapur" cit v. voto Dr. Soria).-
En autos, el obrar contra el que se rebela la actora, forma parte del conjunto de supuestos mencionados por la Suprema Corte de Justicia en este ultimo párrafo, por cuanto la instalación ha sido realizada en virtud de un fundamento jurídico que le sirve de título suficiente -ope legis-, razón por la cual no le son predicables las notas inherentes a la vía de hecho.
En definitiva, en el caso "el efecto reputado lesivo deriva ex lege y su imposición no se supedita a un acto habilitador ulterior a la sanción de esa norma. Entonces, el comportamiento de ejecución tiene el alcance derivado de la vigencia o la mera implantación práctica de la disposición legal" (Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo Mar del Plata, La Bella S.A. C/ OSSE-Obras Sanitarias Soc del Estado Mp S/ Pretensión Cesación Vía de Hecho Administrativa, 05/11/2015).
VI. Nótese, por su parte, que la actora no probó que el obrar cuestionado (esto es, la instalación del transformador y las columnas de tendido eléctrico) violentara la norma que le servía de fundamento, ni aún las que determinan el modo de prestación del servicio público, no desplegando actividad probatoria alguna que sustenten los dichos en los que funda su pretensión, al menos en un grado tal que permita al suscripto considerar que el hecho alegado se haya configurado del modo en que menciona.
El problema, en esta parcela, radica entonces en el onus probandi, es decir, la carga probatoria para la procedencia de la acción, que comprende el hecho motivo de la causa y al nexo causal. En este sentido, se ha expresado que "...En todo proceso de daños, siempre debe el pretensor detenerse y precisar no solo la existencia de un daño probado, alcance y valoración cuantitativa, sino también que toda su extensión sea la consecuencia directa del hecho dañoso" (Julia E. Gandolla, Las Cargas Probatorias. Importancia en el Proceso. Aspecto Constitucional. Revista de Derecho de Daños. La prueba del Daño. T.I Ed. Rubinzal-Culzoni).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también ha hecho aplicación de los principios precedentemente apuntados, diciendo que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).
Reafirmando lo anterior, el Máximo Tribunal Provincial sostuvo que "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente, incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración (SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).
VII. En definitiva, y en el marco acotado de conocimiento propio de la vía intentada, encuentro correcto el accionar de la pr
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