Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 40546 2022
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la demanda interpuesta por la actora contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.
2Imponer las costas en el orden causado (art. 51 inc. 1 CPCA).
3Atento el resultado del pleito, resta proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes.
Y en razón de no encontrarse determinada base regulatoria alguna en virtud de no involucrar suma pecuniaria la presente acción, corresponde proceder a la justipreciación de los emolumentos profesionales, de conformidad con lo normado en el art. 44 de la norma arancelaria (Ley 14.967). En su consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado del pleito, merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 1, 10, 15, 16, 28 inc. a), 44 inc. a), 51, 54 y cctes. de la norma arancelaria (Ley 14.967), regúlanse los honorarios del DR. RICARDO TOMÁS OLIVEIRA MOYANO (T° X F° 354 C.A.D.J.M.) en su carácter de letrado patrocinante de la parte actora, en la suma equivalente a TREINTA (30) JUS, suma a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes a cargo del obligado al pago (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante -CSJN Fallos 316:1533.
Expte. Nº 40546 .-
Autos:"BAZAN SONIA EMILSE C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION CESACION VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-FC
Estos autos caratulados "BAZAN SONIA EMILSE C/ DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION CESACION VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA", Expte. Nº 40546, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Mediante presentación electrónica de fecha 22 de diciembre de 2021, la Sra. Sonia Emilse Bazán, con el patrocinio letrado del Dr. Ricardo Tomás Oliveira Moyano, inicia la presente pretensión de cesación de vía de hecho administrativa en los términos del art. 12 inc. 5 CPCA y art. 14 de la CN.
Relata los antecedentes que hacen a la acción intentada principiando por mencionar que, a su entender, se han configurado dos vías de hecho por parte de la administración respecto de las cuales, solicita su cese.
Refiere que la primera de ellas consiste en: "... i.- la modificación del cargo que desempeñaba como "Maestra Especializada de Plástica Bidimensional" en la Escuela de Educación Estética n° 1 de San Andrés de Giles, que aparece como inactivo, pasando a revistar como "PB" que correspondería a las horas de plástica de profesores y no de maestro; y la segunda de ellas relativa a: ii.- la disminución en el cargo de Directora de 2da en el que revistaba al cargo de Directora de 3ra...." (textual).
Alega que, la consecuente modificación en los cargos señalados, no ha tenido sustento alguno y que dicha situación ha impactado en el cobro de su salario, los que se han visto disminuidos.-
Arguye que, respecto de la primer vía de hecho denunciada, en el mes de agosto de 2021 limitó una licencia sin goce de haberes que usufructuaba por el cargo de "Maestro Especializado de Plástica Bimensional en la EEE N° 1" de San Andrés de Giles presentando una licencia por enfermedad profesional (remunerada), motivo por el cual, debería haberse reanudado su percepción salarial, cuestión que no fue llevada cabo. Sumado a ello, se modificó su situación de revista transformando su cargo a "PB".-
Alega que dicho error de la administración se encuentra acreditado mediante el Acta 13/21 -acompañada en archivo pdf- donde surge el cambio de cargo, como asimismo, de las capturas de pantallas, donde aparece la creación de un nuevo cargo "PB" en el lugar de la secuencia 27.
Respecto de la segunda via de hecho denunciada, alega que la modificación en el cargo se encuentra suficientemente acreditada con los recibos de haberes de los que surge que, de un mes a otro, resultó "degradada" de categoría sin motivo alguno, lo que también surge acreditado con la impresión de pantalla acompañada.
Que por lo expuesto, considera que hubo una modificación sustancial de su situación de revista por motivos que no tienen ningún respaldo en ninguna norma ni en ningún acto administrativo y dice, son ajenos a las condiciones estipuladas en el nombramiento.
En función de tales antecedentes, es que solicita se dicte la condena en autos, disponiendo la inmediata cesación de las vías de hecho administrativas detalladas, todo ello con expresa imposición de costas.
Funda en derecho, ofrece prueba y finalmente peticiona.
2. Ordenado el traslado de la acción, se presenta la demandada a contestar la misma mediante presentación electrónica de fecha 14 de febrero de 2022, efectuada por el Dr. Pablo Guidi, en su carácter de Abogado Relator de la Fiscalía de Estado Provincial, quien luego de reseñar los dichos de la actora, sostiene la improcedencia de la acción en función de entender que no se configuran las vías de hecho que aduce la accionante.
Alega, en cuanto a la primer vía de hecho administrativa denunciada, que aquél episodio ha devenido abstracto por haber sido acogido el reclamo por parte de la autoridad administrativa con anterioridad al inicio del presente proceso.
Así las cosas, refiere que del Acta N° 13/21 -adjunta por la actora en su escrito de inicio- la que fuera labrada con fecha 22 de octubre de 2021, se desprende que se dio respuesta al reclamo de la peticionante, por parte de la representante de la Federación de Educadores Bonaerenses, expresando que se trató de un error por cuanto, el Director a cargo del establecimiento educativo, omitió oportunamente rectificar los datos en el sistema; disponiéndose al efecto las acciones pertinentes para rectificarlo haciendo cesar entonces, la conducta material denunciada.
Concluye entonces que la primera parcela, se encuentra satisfecha con la decisión de corregir el error.
Luego -en cuanto a la segunda de las vías de hecho administrativas alegadas- arguye no encontrarse acreditada su configuración, puesto que las constancias acompañadas, no justifican los extremos invocados.-
Continúa con un desarrollo doctrinario y jurisprudencial del instituto de la vía de hecho administrativa, apuntando que el mismo tiene por objetivo remover el actuar material de la administración, actuar ese que debe desplegarse sin base de sustentación en un acto o en una norma jurídica habilitadora que, en definitiva, desborda las atribuciones que legítimamente ejerce la autoridad administrativa.
En definitiva, concluye que, habiendo devenido abstracto el reclamo impetrado respecto de la primera de ellas y; en virtud de no haberse acreditado en autos que la disminución operada en el sistema informático en el cargo de Directora de 2da a Directora de 3ra haya sido la causa directa de la disminución salarial denunciada respecto de las segunda s, es que debe rechazarse la demanda.-
3. No quedando prueba pendiente de producción -en virtud del desistimiento efectuado con fecha 16/04/2022 por la actora- con fecha 21 de abril de 2022 ingresan las actuaciones a despacho para dictar sentencia y;
1. La actora solicita la cesación de las vías de hecho administrativas que entiende, se hayan configuradas por el accionar de la Dirección General de Cultura y Educación accionada, las que, aduce, provocan una variación en detrimento de su salario como así también vulneran derechos de raigambre constitucional.
Por su parte, el organismo demandado, sostiene la improcedencia de la acción en virtud a los términos y antecedentes de hecho que expone en su escrito de contestación de demanda como, asimismo, intenta probar con basamento a la documental allegada en el escrito de inicio de la accionante.-
Fijadas las postulaciones de las partes, ello determina entonces el marco bajo el cual se desarrollará el presente resolutorio y en su caso, el alcance de la condena.
2. Bajo esta línea objetiva entiendo pertinente señalar, que el principio de legalidad impone globalmente, que toda actividad administrativa, y consecuentemente todos los actos de la administración, estén subordinados a una norma habilitadora, y es recogido por nuestro ordenamiento en el art. 109 del Dec. Ley 7647/70. La ilicitud, entonces, queda configurada cuando el obrar administrativo quebranta tal principio y promueve operaciones materiales restrictivas o cercenadoras de derechos y garantías individuales.
Al diferenciar los actos administrativos, a los que caracteriza como las decisiones, declaraciones o manifestaciones de voluntad o de juicio, de los hechos administrativos, que configura como actuaciones materiales u operaciones técnicas realizadas en ejercicio de la función administrativa, el Dr. Gordillo sostiene con acierto que: "si bien generalmente los hechos son ejecución de actos (en cuanto dan cumplimiento o ejecución material a la decisión que el acto implica), ello no siempre es así y pueden presentarse actos que no sean ejecutivos o hechos realizados sin una decisión previa formal" (Gordillo, Agustín, "Tratado de derecho administrativo y obras selectas", Tomo III, Capítulo III, 10ª edición, Buenos Aires, F.D.A., 2011).
La nota distintiva de la vía de hecho está dada por la irregularidad en el comportamiento material de la administración, el que podrá derivarse de la irregularidad per se en el actuar administrativo, como de la irregularidad grosera y patente del acto administrativo que le dio origen.
Asumiendo la preexistencia de un acto administrativo válido, la irregularidad del comportamiento material administrativo podrá provenir, entonces, de la discordia indudable entre el acto administrativo de origen y la ejecución material, o de las modalidades de ejecución.
Tales principios rectores fueron recogidos y tratados largamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales, destacándose lo dicho por el Máximo Tribunal provincial al sostener que: "La vía de hecho, a la par que desprovisto de título jurídico que lo justifique, es un obrar que afecta o vulnera derechos individuales (o de "los particulares", como refiere el citado art. 109 del dec. ley 7647/1970). En ello radica su condición esencial: una actuación administrativa material y ofensiva, realizada sin los necesarios soportes jurídico-formales." (SCBA LP B 64200 S 27/11/2002 y SCBA LP B 65047 S 28/02/2007).
3. Del acotado marco de conocimiento que caracteriza la vía elegida por la actora para dar curso a su reclamo y examinados los hechos relatados por aquella en el escrito de demanda, bajo las pautas hermenéuticas precedentemente referenciadas, surgen elementos que me llevan a la convicción de no asistir razón a la reclamante de autos.
3.1. En ese camino y respecto de la primer parcela invocada por la actora, esto es la modificación en el cargo de "Maestra Especializada de Plástica Bidimensional" a la situación de revista como "PB", recuerdo lo dicho en el despacho cautelar de fecha 09/03/2022, ocasión en la que sostuve que: "... el escenario puesto en conocimiento del suscripto en el marco de la acción intentada resulta poco claro, lo que sumado al escaso material probatorio aportado, pues la accionante no ha siquiera aportado los recibos oficiales, que -reitero- evidencien el menoscabo sufrido en el salario, me conduce a concluir que la situación planteada, requiere a los fines de su resolución, de un mayor debate y prueba que el previsto en la presente etapa...". Y cumplimentado el tránsito hasta esta instancia de resolución definitiva, el panorama en principio relevado en la instancia cautelar, no ha cambiado.
En efecto, siguiendo el derrotero que precede, reparo en que la carga de la prueba -en cabeza de la actora- no ha sido merecedora de suficiente interés por parte de aquella, y digo esto puesto que, por un lado, no solo no se advierte la configuración de la vía intentada, sino que tampoco ha quedado acreditado -como condición esencial- cual ha sido el impacto y la afectación de los derechos, en este caso la disminución del salario, que la accionante ha denunciado como sustento de la acción.
Y digo ello pues, conforme surge de las constancias de la causa, la conducta que la actora denuncia sin sustento alguno, en definitiva, obedeció a un error en la carga de datos por parte de la administración, lo que quedó evidenciado en el Acta N° 13/21. En dicho documento surge, que el Director del Establecimiento Educativo omitió rectificar los datos en el sistema informativo, situación respecto de la cual la actora ha tenido cabal conocimiento, pues en definitiva fue quien la aportó a estos autos.
De manera tal que, al momento de incoar la presente acción, la actora no solo estaba en conocimiento del error sino también a qué obedecía. A su vez, en la citada Acta, quedo plasmada la decisión expresa y concreta por parte de la autoridad administrativa de cesar en la conducta material denunciada.
Es bajo este escenario que la actora, aún cuando estaba en conocimiento de tal error de la administración, lo que no ha logrado acreditar -siquiera sumariamente- a lo largo del derrotero de los presentes actuados, es justamente la persistencia de la administración en la conducta denunciada, y menos aún como y de qué manera, han sido afectados sus derechos patrimoniales.
En definitiva, no queda más que asistir razón a la demandada cuando expresa que la primera circunstancia apuntada por la actora, como sustento de la acción intentada, no luce configurada.
En síntesis, la pretensión incoada ha quedado desprovista de todo sustento documental alguno, pues, la accionante, no ha desplegado actividad probatoria que respalde los dichos en los que funda su pretensión, por cuanto no ha activado la prueba ofrecida, desistiendo de su producción, y tal circunstancia conduce al suscripto a concluir que el hecho alegado no ha quedado configurado del modo que menciona.
Zanjada esta primera parcela habré de pronunciarse respecto de la restante vía invocada.
3.2. Siguiendo el lineamiento que precede, y respecto de la segunda vía de hecho, cuya base del agravio deviene en la disminución salarial acaecida por el cambio en el cargo, reitero el limitado e insuficiente material probatorio arrimado por la interesada.
En detalle, luce de la documental aportada por la actora, únicamente una serie de "prints de pantalla del sistema informático" que no alcanzan a vislumbrar en el marco de la acción intentada, la alteración en la percepción de los ingresos, ante la falta de recibos que permitan confrontar la situación alegada.
El problema en esta parcela, al igual que en la tratada precedentemente, radica entonces en el onus probandi, es decir, la carga probatoria para la procedencia de la acción. La acreditación de la situación fáctica alegada como fundamento de la pretensión, resulta una carga de quien sustenta su reclamo (arts. 375 de C.P.C.C) la que, a la luz de las constancias de autos, no se encuentra en grado mínimo, satisfecha.-
Recuerdo entonces, que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también ha hecho aplicación de los principios apuntados, diciendo que en el proceso contencioso administrativo el actor debe probar las circunstancias que alega en favor de su pretensión y la carga probatoria pesa sobre el particular atendiendo la presunción de legitimidad que rodea los actos administrativos (cfr. SCBA, B54572 "Maragua S.A." del 22-4-1997).
Reafirmando lo anterior, el Máximo Tribunal Provincial sostuvo que "La omisión probatoria del accionante limita el alcance de la decisión final del Tribunal, ya que teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y que la posibilidad de probar los hechos justificativos de la pretensión es particularmente amplia, siendo admisible todos los medios probatorios previstos por la ley ritual mientras esta no los excluya expresamente, incumbe ineludiblemente al actor la carga de demostrar la realidad de la situación de que hace mérito para respaldar su petición, no solo por el carácter de tal, sino por la presunción de legitimidad de que goza la actividad de la administración (SCBA, b 58926 "Bintana", del 29-10-2003; SCBA, B 58170 "Alvarez Santos" del 13-9-2006; SCBA, B 60964 "Armengol" del 23-5-2007).
De tal modo, el escenario final que revela la causa, no permite avanzar en dirección a un resultado positivo de lo aquí reclamado por la accionante y en ese sentido lo habré de decidir.
4. En cuanto a las costas del proceso, en atención a los extremos fijados en el inciso 2° del art. 51 C.P.C.A., aquellas deben ser soportadas por su orden.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 12 inc. 5°, 51, 77 y cctes. del CPCA (LEY 12.008 y sus modif.), art. 375, 384 y cctes. CPCC y demás citas legales dadas;
1. Rechazar la demanda interpuesta por la actora contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia. 2.- Imponer las costas en el orden causado (art. 51 inc. 1 CPCA).
3. Atento el resultado del pleito, resta proceder a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes.
Y en razón de no encontrarse determinada base regulatoria alguna en virtud de no involucrar suma pecuniaria la presente acción, corresponde proceder a la justipreciación de los emolumentos profesionales, de conformidad con lo normado en el art. 44 de la norma arancelaria (Ley 14.967). En su consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, el resultado del pleito, merituando los trabajos realizados de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 1, 10, 15, 16, 28 inc. a), 44 inc. a), 51, 54 y cctes. de la norma arancelaria (Ley 14.967), regúlanse los honorarios del DR. RICARDO TOMÁS OLIVEIRA MOYANO (T° X F° 354 C.A.D.J.M.) en su carácter de letrado patrocinante de la parte actora, en la suma equivalente a TREINTA (30) JUS, suma a las que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes a cargo del obligado al pago (Ley 6716 y sus modificatorias) y el IVA en cuanto correspondiere a la situación particular del profesional actuante -CSJN Fallos 316:1533. NOTIFIQUESE a sus beneficiarios y a los obligados a su pago con los recaudos del art. 54 de la Ley 14.967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.
En relación al letrado Apoderado de la Fiscalía de Estado, atento a lo dispuesto en el art. 18 del Dec. Ley 7543, no corresponde regular sus honorarios.-
Se notifica directamente el presente en el domicilio electrónico del/la:
Dr. Pablo Guidi (representante de la Fiscalía de Estado) en [email protected] .-
A tal fin, se transcribe para su conocimiento el art. 54 de la ley 14967.-
ARTICULO 54: Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.
Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
REGISTRESE.-
Fin de la sentencia