Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 48154
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. Viviana Bernadina Vallejos y, en consecuencia, ordenar a la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, que disponga su inmediata designación en el cargo de portera, asignado en acto público de fecha 16/08/2024, garantizando su toma de posesión.
2A tal fin, ofíciese -cuya confección estará a cargo de la interesada- al domicilio electrónico que la demandada posee en el RDE de la SCBA, ello previa caución juratoria que deberá prestar la accionante, debiendo ser remitida en los términos del art. 5° del Anexo Único del Ac. 4039 SCBA.-
3No mediando expresa oposición de la contraparte, impongo las costas por su orden (cfme. art. 51 inc. 1° últ. parte CPCA.).-
Estos autos caratulados "VALLEJOS VIVIANA BERNARDINA c/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN) Y OTRO/A S/ PRETENSIÓN CESACIÓN VÍA DE HECHO ADMINISTRATIVA" (Expte. Nº 48154), que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo y de los que;
1. Que con fecha 30/10/024, la Sra. Viviana Bernadina Vallejos, por su propio derecho y con el patrocinio letrado de la Dra. Verónica Rivero, promovió acción de cesación de vía de hecho administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación, la Dirección de Salud Ocupacional y el Consejo Escolar de Marcos Paz).
Solicita que se haga efectiva la designación en el puesto de trabajo que le fuera asignado en acto público de fecha 16/08/2024 -por el Consejo Escolar de Marcos Paz- para el cual se encuentra completamente apta, conforme lo informado por el SECLAS, por su médico particular (Dr. Alfredo S. Bissoni), por el Jefe Sección Reumatología IREP (Dr. Gustavo Citera), y por la Dirección de Análisis y Promoción de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en fecha 09/09/2024. Para el caso del que el cargo allá sido ocupado, se le adjudique un cargo de similares características, en atención a que cumple con todos los requisitos legales y administrativos necesarios para dicho puesto.
Relata la actora que su designación fue realizada de manera válida y legítima, siendo incluida en el listado prioritario de personas con discapacidad, conforme lo dispone la Ley Provincial 10.592 y su Decreto Reglamentario 1149/90, ya que cuenta desde el 03/05/2018, con su Certificado Único de Discapacidad emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en razón de anormalidades de la marcha y de la movilidad (Artritis Reumatoide Seropositiva).
En cuanto a los antecedentes del caso, menciona que en el año 2022 se anotó en el Listado Básico de Discapacitados Aspirantes de Prestación de Servicios de la Dirección General de Cultura y Educación, el cual, para la designación de los cargos, se tiene en cuenta el puntaje que tenga cada aspirante. Ese año la actora se encontraba primera en el listado, y al liberarse una vacante, se presenta al acto público realizado el día 11/03/2022. El Consejo Escolar de Marcos Paz la designa en el cargo vacante y posteriormente comienza el proceso de verificación de sus capacidades laborativas; esto concluye con la resolución de la Dirección de Salud Ocupacional que la considera no apta para el cargo designado, por no encontrarse en condiciones físicas para realizar las tareas del puesto.
Que en el año 2023 se vuelve a inscribir en el listado, es así que en fecha 12/08/2024 se habilita un nuevo puesto de trabajo, por lo que el Consejo Escolar de Marcos Paz se comunica para convocarla al acto público. La Sra. Vallejos se presenta al acto el 16/08/2024 y es designada en el cargo vacante por estar primera en el listado y cumplir con los requisitos correspondientes, siendo el cargo a cubrir "portera de la escuela PP N° 5" (fs. 40 de la documental aportada por actora). Vuelve a comenzar el proceso mencionado en el SECLAS (Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad). En fecha 05/09/2024 se le realiza una entrevista por videollamada a los fines de expedir el dictamen, del cual surge que "fue diagnosticada en el 2011, ya que presentaba dolores en articulaciones y mucha fatiga; que en el 2022 comenzó tratamiento y que observó notables mejoras en su salud; en la actualidad no presenta dolores ni malestares, como así tampoco rigidez articular. Por otro lado, relata que puede hacer fuerza, y hasta sale a correr y caminar a diario". El SECLAS concluye su dictamen estipulando que la Sra. Vallejos se encuentra en condiciones de ser designada para el puesto propuesto de portera.
Posteriormente, el 09/09/2024, la Dirección de Análisis y Promoción del Empleo, toma intervención y concluye que la Sra. Vallejos se encuentra en condiciones de ser designada dentro del marco de la Ley. Días después, el 18/09/2024, la Dirección de Salud Ocupacional, al igual que en el año 2022, resuelve considerarla no apta para el cargo designado, lo que la actora considera una decisión arbitraria e infundada, siendo que además, la resolución no fue acompañada de fundamentos médicos válidos, contradiciendo los informes favorables emitidos por otros organismos.
En apoyo de su pretensión, presenta un dictamen favorable del Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SECLAS) del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, emitido en fecha 05/09/2024, en el cual se concluye que la actora se encuentra en condiciones plenas de desempeñar el cargo propuesto. Asimismo, acompaña dictámenes médicos en los que se certifica su aptitud física.
En relación a los antecedentes normativos, indica que la inclusión de personas con discapacidad en el empleo público está regulada por: El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho al trabajo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Ley 26.378 y dotada de jerarquía constitucional mediante Ley 27.044, la cual establece la obligación del Estado de adoptar medidas para garantizar el acceso al trabajo en igualdad de condiciones. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuyo artículo 36 inc. 5 obliga al Estado provincial a garantizar la rehabilitación, capacitación e inclusión laboral de las personas con discapacidad. La Ley Provincial 10.592, que dispone que al menos el 4% de los cargos en el ámbito del empleo público provincial deben ser ocupados por personas con discapacidad que cumplan con los requisitos establecidos para cada puesto.
2. Peticiona además, el dictado de una medida cautelar innovativa en atención a la gravedad y urgencia del caso, a los fines de que se ordene a la demandada, arbitre los medios necesarios para la designación -de la Sra. Vallejos- en el cargo antes mencionado y se haga efectiva la toma de posesión, a los fines de comenzar a trabajar y percibir el sueldo mientras tramita la presente acción. Manifiesta que se configuran los recaudos exigidos por la ley ritual para admitir la procedencia de esta medida cautelar.
En lo que a la verosimilitud del derecho respecta, remite a todas disposiciones constitucionales, internacionales y legales mencionadas en la presente acción.
Asimismo, en referencia al peligro en la demora, manifiesta que se configura en la posibilidad de que otra persona adquiera un derecho sobre el puesto de trabajo denegado a la actora, y esta vea frustrado una vez más su derecho a trabajar, sin saber cuándo se habilitará una nueva vacante que le permita volver a concursar por un puesto de trabajo.
Como corolario, y a fin de que se le otorgue la cautelar peticionada, propone se tome como contracautela, caución juratoria.
3. Que con la providencia de fecha 12/11/2024, se ordena requerir a la parte demandada, produzca informe en el plazo de 5 días acerca de los antecedentes y fundamentos, acompañando las constancias técnicas que justifiquen la decisión administrativa de fecha 18/09/2024. Se efectúan las notificaciones por Secretaria, mediante oficio a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en fecha 13/11/2024 -notificado en fecha 15/11/2024-, y a la Fiscalía de Estado mediante cédula electrónica en fecha 13/11/2024 -notificada en fecha 15/15/2024-.
4. Que mediante presentación electrónica de fecha 25/11/2024 se presenta el Dr. José María Torres, en su carácter de Apoderado del Fisco Provincial, manifestando que fue solicitado mediante expediente GDEBA, el informe correspondiente. En fecha 27/11/2024 se presenta el Dr. Pablo Guidi, en su carácter de Apoderado del Fisco Provincial, constituyendo un nuevo domicilio electrónico.
5. Que en presentación de fecha 28/11/2024, la Sra. Vallejos, a través de su letrada patrocinante, manifiesta que el plazo dispuesto en el despacho de fecha 12/11/2024 se encuentra vencido y que la requerida no ha cumplido con lo ordenado -producción del informe y acompañar las constancias documentales que justifiquen la decisión administrativa-, y atento al carácter alimentario de lo peticionado en el libelo de inicio, solicita se dé curso a la medida cautelar.
1. Que en esta instancia el accionante requiere una medida cautelar tendiente a "que se arbitre los medios necesarios para la designación de la Sra. Viviana Bernardina Vallejos en el cargo ofrecido y haga efectiva su toma de posesión, a los fines de comenzar a trabajar y sea devengado el sueldo correspondiente mientras tramita la presente acción".
Por su lado, el representante fiscal, no ha acompañado el informe cautelar requerido en el despacho de inicio, pese haber manifestado -en oportunidad de intervenir en carácter de tal- que fue solicitado. Que tampoco ha realizado lo ordenado en el despacho inicial, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
2. Abordando el tema en cuestión, reparo en que el Código Contencioso Administrativo señala los requisitos que el peticionante deberá cumplimentar para la obtención de la medida cautelar peticionada: a) la verosimilitud del derecho con relación al objeto del proceso; b) la existencia de posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho (peligro en la demora); c) que la medida peticionada no afectare gravemente el interés público (cfme. art. 22 CPCA.).
3. Dentro de ese marco cognoscitivo, en forma previa a tratar los recaudos que hacen a la concesión cautelar y en cuanto a la documental arrimada por la accionante en oportunidad de iniciar la presente acción, resulta del caso poner de resalto que, por el momento, no se encuentra controvertido por la accionada los hechos expuestos, esto en cuanto a la designación de la actora en puesto de trabajo -acto público-, proceso de aptitudes laborativas, dictamen favorable del Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SECLAS), y resolución que la declara "no apta" para el puesto, sin especificar fundamento; tal es así que la demandada no acompaña informe sobre los antecedentes del caso, lo que podría haber sido utilizado para tener una mayor amplitud a la hora de resolver.
A su vez, conforme se desprende de la prueba acompañada por la actora (expediente administrativo fs 60), no surge fundamento alguno de la que resolución que declara a la Sra. Vallejo como "no apta" para la designación del puesto de trabajo. Ese defecto en la motivación del acto, abastece en esta instancia la verosimilitud en el derecho, requerida para el despacho cautelar. Ello así, en tanto impide discernir respecto de la legitimidad y/o razonabilidad de la decisión adoptada (art.108 y su doc. del Dec.ley 7647/70).
4. Ahora bien, sentadas aquellas particularidades fácticas y formales, cabe reparar que, en cuanto a la verosimilitud en el derecho, ha reiterado tanto la jurisprudencia como la doctrina, que la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud (CSJN Fallos 306:2060) añadiendo el Máximo Tribunal que: ".el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad". En este punto, cabe adelantar -siempre dentro del limitado marco cognoscitivo que supone el proceso cautelar- que la medida solicitada por la actora se sustenta sobre bases prima facie verosímiles.
Al respecto, no puedo dejar de señalar que la jurisprudencia del fuero ha recepcionado favorablemente peticiones de idéntico tenor a la presente en situaciones análogas, lo que coadyuva a la decisión que habré de adoptar (cfme. Expte 80962- Bruno Nicolas Gabriel C/ Fiscalia de Estado de la Provincia de Buenos Aires S/ Pretensión restablecimiento O Reconoc. de derechos - Otros Juicio/; JCA 2 - La Plata, sent. de fecha 5/11/2024).
Por lo expuesto y sin que quepa ingresar en el fondo de la cuestión debatida, en tanto importaría un temperamento procesal impropio de esta etapa procesal, se advierte que los elementos arrimados a la causa son suficientes para tener por configurado el recaudo del art. 22 inc 1° ap. "a" del CPCA., es decir la verosimilitud en el derecho.
5. En cuanto al peligro en la demora, este se encuentra acreditado, dado el carácter netamente alimentario del derecho comprometido, como asimismo en el perjuicio que la demora en la tramitación de la pretensión de fondo, podría acarrear a la actora. Así es, que la privación del trabajo designado, por ende, de la remuneración que se percibiría, podría ocasionarle a la Sra. Vallejos un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior.
Sumado a lo expuesto, no puedo dejar pasar por alto que la cuestión trata de la designación y toma de posesión de un puesto de trabajo, con lo que esto conlleva e influye en la situación economía de una persona con discapacidad de 45 años de edad, con un hijo de 18 años de edad -a su cargo-, y que según refiere, no tiene un trabajo en blanco. Bajo tal escenario, entiende el suscripto que se encuentra debidamente acreditado el presupuesto bajo análisis, pues el accionante no ostenta una situación económica que otorgue margen para mantener en el tiempo la disminución que la afecta, lo que justifica la urgencia de la medida.
6. Por último, no se visualiza que el interés público pueda encontrarse comprometido en el caso de autos. La designación solicitada no afecta dicho interés, sino que por el contrario, su cumplimiento contribuye al cupo laboral establecido para personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades. (art. 22 inc 1, ap "c" del CPCA).-
7. Dado el beneficio de litigar sin gastos que, para este tipo de petición ostenta la peticionante, deberá prestar caución juratoria para responder por los daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art.24 inc.3° del CPCA; ley 12.200).-
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los arts. 166 ult. párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; los arts. 22, 23 y 24 de la Ley 12.008; arts. 161, 195 y sig. del CPCC; la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y demás citas legales dadas,
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. Viviana Bernadina Vallejos y, en consecuencia, ordenar a la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, que disponga su inmediata designación en el cargo de portera, asignado en acto público de fecha 16/08/2024, garantizando su toma de posesión.
2. A tal fin, ofíciese -cuya confección estará a cargo de la interesada- al domicilio electrónico que la demandada posee en el RDE de la SCBA, ello previa caución juratoria que deberá prestar la accionante, debiendo ser remitida en los términos del art. 5° del Anexo Único del Ac. 4039 SCBA.-
3. No mediando expresa oposición de la contraparte, impongo las costas por su orden (cfme. art. 51 inc. 1° últ. parte CPCA.).-
REGISTRESE. NOTIFIQUESE.-
Fin de la sentencia