Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76983
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.983, "Toledo, Marcelo Horacio contra Ministerio de Seguridad. Pretensión cesación de vía de hecho administrativa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó lo resuelto por la jueza de primera instancia que -a su turno- había admitido la pretensión promovida por el señor Marcelo Toledo contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 10-XII-2020, en el sistema Augusta).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 1-II-2021, 18:29:13 p.m., en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de 21-X-2021, en el sistema Augusta), agregado el memorial de la parte actora (v. escrito en soporte electrónico de 4-XI-2021, 1:25:28 p.m., en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Mediante la acción entablada, el señor Marcelo Toledo solicitó se lo reincorpore a sus tareas, se ordene el pago de sus haberes y se le restituya la cobertura médica del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
Relató que mediante decreto 1.544, de 30 de diciembre de 2014, fue designado, a partir del 1 de marzo de 2014, en el cargo de Asesor de Gabinete del Subsecretario de la Subsecretaría de Coordinación y Logística Operativa del Ministerio de Seguridad (v. fs. 166/167).
Indicó que, con posterioridad, y mediante decreto 881 de 16 de septiembre de 2015, fue designado como Director de Automotores de la Subsecretaría de Coordinación y Logística Operativa, a partir del 4 de febrero de 2015 (v. fs. 169/171).
Afirmó que en el mes de abril del año 2016 se suprimió el pago de su salario y se lo desafectó de la cobertura médica asistencial, luego de haber padecido un accidente cerebro vascular (ACV) declarado el 12 de mayo de 2015.
Explicó que la situación descripta configuró una vía de hecho, ilegítima y arbitraria, carente de acto administrativo que la avale.
II. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata -a su turno- admitió la pretensión deducida.
Para así decidir, centró la cuestión controvertida en determinar si el cese laboral del actor, a partir del mes de abril de 2016, con la consecuente falta de pago de sus haberes y la desafiliación al sistema de salud, configuró una actuación material irregular del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, carente de sustento normativo.
En esa inteligencia, afirmó que el cese en el pago de los haberes y la interrupción de la cobertura de salud en efecto constituyeron una operación material de la Administración que no tuvo un acto administrativo que la avale.
Entendió que la situación descripta cercenó derechos individuales del demandante, tales como el derecho a la propiedad y al trabajo (arts. 17, Const. nac. y 31 y 39, Const. prov.), situación que se vio agravada por su estado de salud, sin siquiera haberse evaluado su incapacidad laboral y, eventualmente, su cese por tal motivo.
En consecuencia, ordenó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a que cese en la conducta material incurrida, reconociendo los salarios dejados de percibir por Toledo desde el mes de abril de 2016 y ordenando su inmediata cobertura de salud.
Asimismo, dispuso que a los importes establecidos debería adicionársele el correspondiente interés, desde que cada suma se devengó y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561; 616 a 624, Cód. Civ. -t.o. ley 340- y 768, según ley 26.994; doctr. causa B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016).
Advirtió que dicho reconocimiento tendrá eficacia hacia atrás -desde el momento de esa afectación- toda vez que existió una relación que se vio vulnerada por un obrar ilegítimo de la Administración en el pasado; señalando que, por la aplicación - mutatis mutandi - de la doctrina sentada por este Tribunal para los supuestos de cesantías anuladas, el reclamo de remuneraciones devengadas constituía un pedido implícito de resarcimiento.
Por último, impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA).
III. Apelada la sentencia por la Fiscalía de Estado a fs. 318/321, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso deducido y confirmó la sentencia de grado (v. sent. de 10-XII-2020, en el sistema Augusta).
III.1. Para así decidir, luego de analizar los agravios esgrimidos por la apelante, el Tribunal de Alzada sostuvo que la cuestión controvertida se circunscribía a dilucidar si la resolución 1.187 del Ministerio de Seguridad, de 7 de julio de 2015 (v. fs. 123), que le asignó funciones de Director de Automotores a otro agente a partir del 1 de junio de 2015, basta para considerar que no se configuró una vía de hecho administrativa, en el entendimiento de que se trataría de un "acto implícito" que le otorgaría un soporte jurídico formal al cese del actor.
En esa línea, ponderó que la designación del señor Toledo mediante el decreto 881 en el cargo de Director de Automotores en los términos de los arts. 107, 108 y 109 de la ley 10.430 y la ausencia de un acto administrativo que disponga su cese, configura una vía de hecho administrativa, según lo previsto en los arts. 12 inc. 5 y 21 del Código Contencioso Administrativo.
Entendió que la sentencia recurrida no padecía error de juzgamiento, en la medida que consideró acreditada la actuación material irregular del Ministerio de Seguridad al haber limitado las funciones del actor sin un acto jurídico formal que le sirva de sustento.
III.2. En relación al agravio planteado en subsidio, referente a que la jueza de primera instancia se habría extralimitado en el alcance de la condena al reconocer los salarios caídos, sostuvo que -oportunamente- la demandada había ejercido su derecho de defensa al contestar la demanda, procurando se desestime el reclamo retroactivo de haberes devengados (v. fs. 118/122 vta.) y que la jueza se había expedido tanto a favor de la configuración de una vía de hecho, como respecto a la devolución de los haberes dejados de percibir, indicando que ese aspecto había sido desarticulado en esa instancia de Alzada, en tanto el representante fiscal únicamente se limitó a mencionar que el reconocimiento retroactivo excedía el ámbito de la acción intentada y que, además, ya se había abonado a otros agentes por el mismo cargo.
Es así que el tribunal consideró que, en el contexto fáctico y jurisprudencial expuesto, no habiendo la Fiscalía de Estado expresado otros agravios que permitan desvirtuar las consideraciones desarrolladas en el pronunciamiento y en virtud del principio de congruencia que impide pronunciarse sobre capítulos no propuestos por las partes (arts. 266, 277 y concs., CPCC), correspondía confirmar el acogimiento de la pretensión de inicio con idéntico alcance al concedido por la jueza de la anterior instancia.
Así estimó, en consecuencia, que el obrar de la Administración constituyó -tal como lo calificó la magistrada de primera instancia- una actuación material carente de juricidad (art. 109, dec. ley 7.647/70 y doctr. de esta Corte) e impuso las costas de la instancia a la apelante vencida (art. 51, CCA).
IV. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 109 del decreto ley 7.647/70 y 12 inc. 5, 21 y 50 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo.
Alega, asimismo, la violación de la doctrina legal emergente de los precedentes "Chacur" y "Henen". Por último, denuncia absurdo.
IV.1.a. En primer término, sostiene que el fallo impugnado transgrede lo normado por el art. 109 del decreto ley 7.647/70 y la doctrina legal de las causas "Chacur" y "Henen", en relación a la configuración de una vía de hecho administrativa.
Señala que yerra el Tribunal de Alzada al considerar que el cese del actor carecía de un respaldo jurídico formal, toda vez que el mismo surgiría de la resolución que designó a otro agente en el mismo cargo que el actor ocupaba.
Afirma que no hubo ausencia de acto administrativo sino, en todo caso, un procedimiento irregular de la Administración o un acto viciado en el elemento forma, circunstancias que habilitarían una pretensión anulatoria o de reconocimiento de derechos -conforme art. 12 incs. 1 y 2 del Código Contencioso Administrativo-, pero que de manera alguna se configuraría una vía de hecho administrativa.
En ese sentido, sostiene que la Administración mediante la resolución 1.187, de 7 de julio de 2015, procedió a designar a otro agente en el cargo que ocupaba el señor Toledo, con lo cual limitó implícitamente su desempeño en aquel.
Sostiene que ello, contrariamente a lo afirmado en las instancias ordinarias, impide la configuración de una vía de hecho administrativa.
IV.1.b. Paralelamente, se agravia de que la Cámara haya considerado que no habían sido debidamente rebatidos -en el recurso de apelación- los fundamentos dados por la jueza de primera instancia para resolver como lo hizo (v. pto. V.1.f., recurso en tratamiento).
IV.2. En otro orden, denuncia que la sentencia atacada se apartó de las previsiones del Código Contencioso Administrativo al ordenar una condena patrimonial en el marco de una pretensión de cesación de vía de hecho administrativa, obligando al Fisco al pago retroactivo de los haberes.
Arguye que los arts. 12 inc. 5, 21 y 50 inc. 3 del Código ritual no permiten la imposición de una condena patrimonial, como sí lo admiten los arts. 12 inc. 3 y 20 del mismo cuerpo legal.
Se agravia de que, al confirmar la decisión de grado, la Cámara tuvo que recurrir a una aplicación analógica del art. 73 del Código actuado, el cual regula el alcance que tienen las sentencias favorables en el caso de empleo público, disposición que de modo alguno puede asemejarse a una vía de hecho administrativa.
Aduce que las instancias ordinarias, ante la ausencia de norma que habilite una condena patrimonial, forzaron el texto legal y aplicaron una regla que no es la prevista para este tipo de casos.
Insiste en que la ley es clara en cuanto al alcance que puede tener una sentencia favorable en el marco de la pretensión del art. 12 inc. 5: "La sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir...3) La cesación de la vía de hecho administrativa controvertida..." (art. 50 inc. 3, CCA).
Concluye que, no obstante no haberse configurado una vía de hecho administrativa, la sentencia impugnada no resulta ajustada a derecho toda vez que, sin respaldo en la normativa aplicable y con invocación indebida de una norma prevista para otro tipo de procesos, fijó una condena patrimonial en una pretensión que no lo admite.
Finalmente -para oponerse al progreso de esa parcela de la condena- advierte que el actor no solo no se desempeñó en el cargo por el cual la condena a pagar haberes retroactivos, sino que el mismo ha sido desempeñado por otros agentes quienes han percibido los salarios por dicha función, lo cual implica, en el primer caso, un pago de haberes sin causa y en el segundo, una indebida duplicidad de pagos por el mismo cargo.
IV.3. Por último, advierte que hay una tercera causal que justifica dejar sin efecto la sentencia impugnada y que, aunque no resulte imputable al tribunal, merece tratamiento en el marco de esta vía extraordinaria.
En ese sentido, señala que luego de dictada la sentencia del Tribunal de Alzada, fue informada por el Instituto de Previsión de que el actor, con fecha 18 de febrero de 2018, había solicitado por ante ese organismo previsional el beneficio de jubilación por invalidez, fijando como fecha de cese el día 1 de junio de 2015.
Aduce que esa circunstancia, que fue ocultada por el actor de manera deliberada, resulta de vital importancia, toda vez que guarda relación directa con el tema discutido en autos.
Alega que carece de andamiaje lógico que el actor reconozca que no se hallaba en condiciones de desempeñar un cargo activo y paralelamente se agravie de la limitación impuesta por la Administración a dichas funciones.
Sostiene que el retroactivo previsional solicitado es al 1 de junio de 2015, mientras que la sentencia recurrida condenó al pago retroactivo de haberes en actividad al 1 de abril de 2016, cuestión inadmisible toda vez que implicaría una yuxtaposición de haberes incompatible con lo previsto en el art. 60 del decreto ley 9.650/80.
Plantea que resulta aplicable al caso la doctrina legal sentada por este Tribunal en la causa B. 60.279, "Terzaghi", resolución de 16-XII-2009, en la cual se revisó una sentencia firme y consentida por haberse incorporado al proceso un documento decisivo para la resolución de la causa.
Por lo expuesto, solicita se revoque la sentencia impugnada no solamente por los defectos intrínsecos que posee, sino porque la misma no se ajusta a la realidad del caso.
V. El recurso no prospera atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
V.1. En primer lugar, debo señalar que el impugnante no cumple adecuadamente con la fundamentación de sus agravios en relación a la trasgresión legal que denuncia (art. 109, dec. ley 7.647/70), sino que reproduce ante esta instancia extraordinaria similares argumentos a los expuestos al formular la apelación, los que fueron debidamente tratados y desestimados por la Cámara interviniente de manera contraria a su pretensión. Veamos.
El Tribunal de Alzada, para confirmar lo resuelto por la jueza de primera instancia, consideró acreditada la actuación material irregular del Ministerio de Seguridad al limitar las funciones del actor sin un acto jurídico formal que le sirva de sustento. Para ello, remarcó que no se encuentra controvertida la ausencia de acto administrativo que disponga el cese del actor, lo cual implica -sin más- una vía de hecho administrativa en los términos de los arts. 12 inc. 5 y 21 del Código Contencioso Administrativo.
Contra esta parcela de la sentencia impugnada, la recurrente insiste con repasar los elementos del acto administrativo y señalar la virtualidad de la resolución 1.187 (agregada a fs. 123) para limitar implícitamente las funciones del actor en el cargo de Director de Automotores; argumentos estos que fueron ya esgrimidos por la recurrente en su apelación contra la sentencia de primera instancia, sosteniendo que -a su juicio- no se configuró en el caso una vía de hecho administrativa en los términos previstos por el art. 109 de la ley de procedimiento administrativo provincial.
Como surge de lo expuesto, llega incólume a esta instancia lo debatido, en tanto no fue debidamente atacado por la recurrente, quien omitió realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en el fallo, que demuestren la errónea aplicación o violación de las normas legales denunciadas (arts. 109, dec. ley 7.647/70 y 12 inc. 5, 21 y 50 inc. 3, CCA). Por el contrario, limitó su embate a insistir, en esta instancia extraordinaria, en que no se configuraron las vías de hecho, en tanto el acto surgiría implícito de la formal designación de otro agente en el mismo cargo, desentendiéndose así de la verdadera línea argumental que funda el fallo.
A ese respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente -para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
Resulta un requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.269, "Zamparolo", sent. de 10-VIII-2016; A. 70.865, "De Francesco", sent. de 3-V-2017; A. 74.506, "Cornes", sent. de 18-X-2017; e.o.), como entiendo que ocurre en el caso.
V.2. No corre mejor suerte el reproche relativo al alcance de la condena que ordena el pago de los salarios dejados de percibir por el actor, a partir del mes de abril de 2016.
En este tópico el Tribunal de Alzada admitió la pretensión con el alcance concedido por la jueza de primera instancia, toda vez que consideró que el recurrente limitó su embate recursivo a reproducir los mismos argumentos que fueran tratados y rechazados en la sentencia impugnada -no siendo por tal motivo atendibles- agregando que el principio de congruencia le impedía pronunciarse sobre otros posibles agravios que no habían sido propuestos por las partes.
La recurrente -ahora en instancia extraordinaria- delimita el reproche a insistir en que el trámite procesal de la pretensión deducida en autos consiste en lograr la cesación de una vía de hecho (arts. 12 inc. 5 y 21, CCA) y no admite una condena patrimonial, denunciando -por tanto- un supuesto exceso jurisdiccional en los alcances y extensión de la condena.
Como surge de lo expuesto, tal crítica se desentiende de lo postulado por la Cámara para rechazar el embate (esto es que los agravios propuestos ya habían sido debidamente atendidos y rechazados por la sentencia de grado sin aportar nuevos elementos que habiliten su revisión) e insiste en reproducir ante esta instancia extraordinaria los mismos argumentos que fueron rechazados, sin acreditar que la forma en la que fueron desplazados sus agravios ante el Tribunal de Alzada es el resultado de una interpretación absurda del escrito recursivo.
En este sentido, corresponde recordar que para su revisión ante esta Suprema Corte debió denunciarse la absurda interpretación de los escritos postulatorios, la que debe ser acompañada de una adecuada demostración de tal vicio -no siendo suficiente su mera denuncia-, el cual ha sido definido como un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas, postulados o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables (doctr. causas A. 71.560, "Aguirre", sent. de 28-XII-2016 y A. 73.073, "Araya", sent. de 28-XI-2018), lo que no ha sido acreditado en la especie.
V.3. Por último, no es de recibo el agravio que la representación fiscal desarrolla en el punto V.3. de su pieza recursiva, relativo al hecho nuevo denunciado ante el Tribunal de Alzada (ref. la solicitud del actor del beneficio previsional por incapacidad con fecha de cese retroactiva al 1-VI-2015, v. presentación electrónica de 29-XII-2020).
En primer lugar, he de advertir que el hecho nuevo fue denunciado con posterioridad a que el Tribunal de Alzada dictara sentencia (v. sent. de Cámara de 10-XII-2020), habiendo -por tanto- agotado su competen
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