Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72903
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.903, "Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires c/ Dirección General de Cultura y Educación s/ Pretensión cesación vía de hecho administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia del señor juez de primera instancia del mismo fuero y departamento judicial, que había hecho lugar a la pretensión articulada.
Disconforme con aquel pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 263/273 vta.), el cual fue concedido por el tribunal actuante (v. fs. 284 y vta.).
Dictada la providencia de autos, agregado el memorial de la parte demandada y encontrándose los autos en estado de pronunciar sentencia, se suspendió el llamado de autos para resolver y se ordenó una medida para mejor proveer (v. fs. 300 y vta.).
Reanudado el llamamiento de autos para resolver (v. fs. 313) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Al hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata revocó la sentencia del señor juez de primera instancia, del mismo departamento judicial, que había acogido la pretensión de cesación de vías de hecho, ordenando a la Dirección General de Cultura y Educación provincial a que en un plazo de treinta días realizara la convocatoria a elecciones para cubrir los cargos de representantes docentes ante los Tribunales de Clasificación previstos en el art. 40 y siguientes de la ley 10.579.
Para así decidir, el voto de la mayoría del tribunal inferior expresó que la parte actora carecía de legitimación activa para plantear esa pretensión.
Manifestó que sobre las condiciones de legitimación de las asociaciones sindicales para habilitar el debate judicial de los derechos o intereses legítimos de sus afiliados, cabía sostener el criterio plasmado en otros casos resueltos por ella (causas CCALP n° 8.813 y CCALP n° 9.533), de conformidad con lo reglado en el art. 31 inc. "a" de la ley 23.551.
Sostuvo que la materia litigiosa, acotada al derecho de los docentes a elegir a sus representantes en los Tribunales de Clasificación y al interés legítimo de ser elegidos, no revelaba la legitimación que procuraba sostener la entidad gremial demandante, pues el objeto de la acción correspondía a la esfera individual de los afectados, aun cuando pudiera proyectarse a un universo indeterminado de destinatarios.
Apuntó que la particular condición de los afectados los colocaba en el lugar excluyente de ejercicio de las acciones judiciales, que así se perfilaban a través de su situación individual y, simultáneamente, de titularidad difundida entre todos aquellos en condiciones legales para votar y ser elegidos.
Recordó que si bien el art. 31 inc. "a" de la ley 23.551 confería a la entidad sindical el derecho de defender y representar a sus afiliados, no lo era menos que ello no autorizaba la extensión del mandato y la actuación en juicio con relación a derechos subjetivos o sobre situaciones de afectación común y titularidad indiferenciada en la que el trabajador deba acreditar una condición de afectación actual para exigir el comportamiento debido de la Administración Pública como empleadora.
Adujo que en tal marco, no encontraba legitimación suficiente en la entidad para accionar en nombre de los derechos de sus afiliados, sin contar con expresa declaración de voluntad en tal sentido, acreditada en los autos.
Agregó que, de otra manera, el objeto judicial quedaría limitado al mero cumplimiento de la ley, lo que impedía la conformación de un caso judicial.
Concluyó que, como lo sostuviera en un precedente cuyo criterio de solución veía aplicable, aun con sustanciales diferencias entre el perfil de ambas demandantes, en uno y otro caso, era dable señalar que se correspondía con un sano criterio de prudencia en la labor jurisdiccional evitar el despliegue de esa actividad estatal frente a planteos que escapaban al estándar mínimo de habilitación que suponía la presencia efectiva de una controversia (causa CCALP n° 10.613).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la entidad actora sostiene que la Cámara ha violado los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, aplicables en virtud de los arts. 49, 59 inc. "a" y 77 del Código Contencioso Administrativo, al fallar sobre una cuestión que no fue sometida al señor juez de primera instancia ni constituyera objeto de agravio, configurándose un supuesto de violación del principio de congruencia, del debido proceso y el derecho de defensa.
A su vez, esgrime que el citado tribunal ha aplicado erróneamente el art. 31, inc. "a" de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, de manera tal que el fallo recurrido le ocasiona un grave perjuicio en cuanto vulnera el derecho de los trabajadores docentes -respecto de los cuales reivindica su derecho de representación sindical- a participar en la vida institucional de la Dirección General de Cultura y Educación, integrando los Tribunales de Clasificación de conformidad con lo reglado en la ley 10.579.
En cuanto al quebrantamiento del principio de congruencia, expresa que la Cámara no solo introdujo en el tratamiento de la apelación una cuestión que no fue debatida en primera instancia, sino que, además, dicha cuestión fue consentida en su momento por la demandada, quien no impugnó su legitimación, ni al tiempo de contestar la demanda ni en su propio escrito de apelación.
Agrega que cuando el fallo profiere que no se revela la legitimación de la entidad sindical en el derecho de los docentes a elegir representantes para los Tribunales de Clasificación ni en el interés legítimo a ser elegidos, en virtud de que el objeto de la acción se ubicaría en la esfera individual de los afectados, aun cuando pudiera proyectarse hacia un universo indeterminado de docentes, o cuando enuncia que si bien el art. 31, inc. "a" de la ley 23.551 le confiere la potestad de defender y representar a sus afiliados, no autoriza la extensión del mandato en juicio cuando se controvierten derechos subjetivos o cuando se verifican situaciones de afectación común y titularidad indiferenciada en la que el sujeto deba acreditar una condición de afectación actual, para exigir el comportamiento debido de la Administración Pública como empleadora, de modo sorpresivo -repite que tales cuestiones no fueron tratadas en la oportunidad procesal correspondiente- resulta vulnerada en su perjuicio la garantía del debido proceso y su derecho de defensa.
Reitera que dado que tales tópicos no fueron discutidos en la instancia por su contraparte, así como tampoco introducidos en su recurso de apelación, quedaría claro que la Cámara sentenció más allá de los márgenes del conflicto traído a su conocimiento.
Cita el voto de la mayoría cuando declara que se pronuncia "...más allá de cuanto informan las posiciones recíprocas de las partes y la consigna de la sentencia apelada concerniente a la inexistencia de debate sobre la legitimación de la parte actora...", en cuanto resulta demostrativo de que la Cámara no limitó su competencia decisoria a los planteos de las partes y lo que fuera materia de agravio en el recurso de apelación, violando así lo previsto en el art. 34, inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que es deber de los jueces fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes, en el principio de congruencia; y lo reglado en el art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial que dispone que la sentencia se dictará por mayoría, debiéndose examinar en ella las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravio.
Continúa expresando que lo reseñado, respecto a la imposibilidad de abordar la cuestión de la legitimación, fue dicho en el voto de la minoría, por lo que considera que el a quo ha vulnerado las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, sustentados en el art. 18 de la Constitución nacional, en razón de que no tuvo oportunidad procesal de argumentar a favor de su legitimación pues la introducción del asunto por el citado tribunal fue repentina.
Luego plantea la violación del art. 31 de la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales. Aquí señala que su personería gremial y su inscripción gremial le confieren la potestad de actuar con relación a los docentes de todos los niveles, especialidades y modalidades en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la actividad docente comprendida en la ley 10.579 (Estatuto del Docente de la Prov. de Bs. As.).
Asevera que la norma sobre entidades sindicales le confiere el derecho exclusivo de defender y representar, ante los empleadores y el Estado, los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, que tal prerrogativa se desprende de la personería gremial que posee y que nunca fue puesta en cuestión ni por la demandada ni en la sentencia de primera instancia.
Precisa que el error del Tribunal de Alzada deriva de considerar que la actora reclamó por derechos individuales de los docentes siendo que lo hizo respecto a derechos colectivos de los nombrados. Y ello es así en virtud de que la pretensión de que se convoque a elecciones para cubrir los cargos de los Tribunales de Clasificación alcanza a todos los docentes en forma indeterminada e indivisible.
Afirma que lo demandado importa una cuestión que hace a la institucionalidad del sistema educativo y no puede entenderse limitado a un interés individual ni patrimonial de cada uno de los docentes que, en tal sentido, estaría comprometido un interés general.
Ratifica que cuando la ley 10.579, en su art. 41, apartado I, inc. "b", dice que los Tribunales Centrales de Clasificación estarán integrados -entre otros miembros- por dos representantes docentes elegidos por voto secreto y obligatorio del personal docente titular, provisional y suplente, elegido por cargo o especialidad, convocado en oportunidad de constituirse el Tribunal, se trata de un derecho público subjetivo del estamento docente en su conjunto, derecho que pertenece a todos pues lo ejerce el cuerpo docente en su conjunto y no es posible dividirlo.
Subraya que en función de ello su legitimación es patente, toda vez que se refiere a la defensa de un interés colectivo.
En este sentido, critica la decisión del tribunal inferior cuando declara que el objeto de la acción exhibe su fuente en la esfera individual de los afectados y seguidamente se contradice al reconocer que ello ocurre "...aún cuando su proyección se informe hacia un universo indeterminado de destinatarios (los docentes)".
Entiende que de esa forma la Cámara demuestra su contradicción ya que, primero, considera que se trata de derechos individuales y luego se refiere a un universo (indeterminado) de docentes, lo que denota la idea de un colectivo.
Puntualiza que, en el caso, tanto la Administración como la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) se han reconocido como partes contrarias de un conflicto que tiene actualidad y que explica la voluntad de someterse al proceso. Que lo que la Cámara hizo fue devolvérselo a los litigantes sin resolución y fuera del marco en que el litigio fuera planteado en la justicia, imposibilitando que opere la plena vigencia del estado de derecho reflejado en la práctica de democracia interna que debería lograrse mediante la participación de los docentes en los ámbitos de la Dirección General de Cultura y Educación provincial establecidos por la ley.
Por todo ello, pide que se revoque la sentencia de cámara y se confirme la de primera instancia.
III. En su memorial, la demandada sostiene la improcedencia del recurso por insuficiente. Agrega que el fallo atacado no adolece de vicios que tornen procedente su revocación, así como tampoco los agravios esgrimidos por la actora revisten entidad jurídica sustancial.
Apuntala la decisión del a quo en cuanto a la falta de legitimación de su contraparte y expresa que lo decidido no viola el principio de congruencia dado que conforme doctrina de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -que cita-, los planteos referidos a este recaudo pueden ser abordados aun de oficio.
Dice que el sentenciante no está obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones sino solo en aquellas que resulten conducentes para decidir el asunto, así como tampoco se encuentra atado a lo resuelto por el señor juez de grado ni a lo acordado por las partes.
Luego abunda en que en autos no se está frente a un reclamo que responda a derechos sindicales o colectivos propios de las entidades gremiales, sino frente a derechos puramente individuales y patrimoniales de terceros que no se han presentado en la causa ni confirieron autorización para el juicio.
Refuerza esta idea con una alusión llamativa, dado que no guarda relación alguna con la cuestión discutida en este caso, al señalar que los derechos individuales y patrimoniales en juego en autos refieren a la "devolución de descuentos en haberes salariales", por lo que solo corresponden a sus titulares y no a la entidad sindical.
En este plano insiste que el límite impuesto por el Tribunal de Alzada tiende a evitar que prospere una acción iniciada por litigantes altruistas, que solo tienen un interés ideológico en el resultado del pleito toda vez que defienden intereses ajenos de terceros que no se los han delegado expresamente.
En esta caracterización acerca de que se encontrarían en juego intereses individuales de los docentes, insiste en la necesidad de contar con el consentimiento expreso por escrito de aquellos.
Por lo dicho, entiende que el recurso no puede prosperar y pide que así se resuelva.
IV. A fs. 300, el Tribunal dispuso suspender el llamado de autos para resolver y solicitar informe a la Administración en relación con las cuestiones ventiladas en la causa.
Entre ellas, la integración actualizada de los Tribunales de Clasificación Centrales y Descentralizados, el estado de vigencia de los mandatos de los miembros electos por el personal docente y toda otra información relacionada con la convocatoria electoral con relación a dichos organismos; todo ello en el marco de lo establecido en la ley 10.579.
V. Que habiéndose adjuntado mediante presentación electrónica actuaciones administrativas vinculadas al litigio, se reanudó el llamado de autos para resolver.
VI. El recurso prospera.
Considero que el planteo referido a la violación del art. 31 inc. "a" de la ley 23.551 (Ley de Asociaciones Sindicales) por parte de la Cámara interviniente debe tener acogida en función de las razones que seguidamente expondré.
VI.1. Ceñido estrictamente al cuestionamiento de la legitimación de la entidad sindical para representar los intereses de los docentes provinciales -sin que ello importe irrumpir sobre aspectos sustanciales de la pretensión-, que en razón de la ley 10.579 están llamados a integrar los Tribunales de Clasificación y/o de elegir a sus representantes, la recurrente sostiene que las potestades que se derivan tanto de su personería gremial (n° 1.659) como de su inscripción gremial (n° 2.012), le otorgan plenas facultades de representación en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires del personal docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación.
Tal afirmación la cimenta en lo establecido en el art. 31 de la ley 23.551, que reputa violado por la sentencia de cámara, y que, sostiene, afirma la representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores por parte de los sindicatos legalmente habilitados por la autoridad de aplicación para desempeñarse en el marco de determinada actividad profesional.
Acusa al a quo de tergiversar los términos de dicha representación al suponer que se estarían reclamando derechos individuales de los docentes cuando en verdad se trata de derechos caracterizados como colectivos, toda vez que es irrefutable que la pretensión de convocatoria a elecciones de los Tribunales de Clasificación alcanza a todos los docentes en forma indeterminada e indivisible.
En el mismo sentido, agrega que el reclamo carece de contenido patrimonial, más bien hace a la institucionalidad del sistema educativo en la Provincia y, desde la perspectiva del sector que representa, se trata de un derecho público subjetivo del estamento docente en su totalidad, derecho que pertenece a todos y no se puede dividir dado que lo ejerce el cuerpo de educadores en su conjunto.
Ratifica que resulta desacertado por parte del Tribunal de Alzada la mención de que en autos se discutirían derechos que son entendibles en el marco de la esfera individual de los afectados pues, como lo ha demostrado, tratándose en verdad de la defensa de un interés colectivo, su legitimación, en virtud de las potestades que otorga el régimen sindical, es clara y manifiesta.
Y puntualiza que tal afirmación se infiere del propio pronunciamiento del tribunal interviniente en voto de la mayoría cuando, de manera contradictoria, señala que se trataría de intereses individuales aun cuando su proyección se informe hacía un universo indeterminado de destinatarios.
VI.2. La Ley de Asociaciones Sindicales entiende que la acción sindical, como la llevada adelante por la actora, está dirigida a remover los obstáculos que dificulten la realización plena del trabajador, la que resulta factible de concretarse a partir del reconocimiento de la potestad de defender el interés de los trabajadores, entendido como aquello que se relaciona con el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, lo que indudablemente guarda relación directa con la tarea que los Tribunales de Clasificación tienen asignada por ley en el marco de la actividad docente provincial (arts. 2, 3, 5 inc. "d", 23 y 31, ley 23.551; 40 y sigs., ley 10.759).
Ello se completa con la atribución del derecho a realizar toda actividad lícita en defensa del interés de los trabajadores, como indubitablemente lo es una acción judicial de este tenor, así como el de peticionar, y más específicamente el de defender y representar ante el Estado (y los empleadores) los intereses individuales y colectivos de aquellos (ley 23.551, arts. cits.).
La ley 10.579, en su art. 40 y siguientes, regula las funciones e integración de los Tribunales de Clasificación, en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación, que actuarán para cada rama de la enseñanza, cuyos cargos de base se cubran por ingreso en la docencia, con relación al personal docente titular, titular interino, provisional y suplente.
Ahora bien, estas disposiciones revelan que, en el marco institucional de la gestión de la educación estatal en la Provincia, la participación del colectivo docente a través de la elección de representantes para la integración de los Tribunales de Clasificación, por voto secreto y obligatorio, resulta relevante. También lo es la índole de las cuestiones alcanzadas por las competencias de estos órganos.
Es decir, no parece razonable -en estas circunstancias- restringir la representación -la legitimación procesal en su caso- de la entidad gremial para actuar o reclamar medidas que hacen a las condiciones de acceso y desarrollo de la tarea docente en un ámbito público-estatal como es el de la Dirección General de Cultura y Educación.
VI
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.