Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77906
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.906, "Svensson, Eduardo Norberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión cesación vía de hecho administrativa. RIL" , con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Natiello .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata declaró inadmisibles los recursos deducidos tanto por la actora como por la demandada, al considerarlos presentados fuera de término (v. resol. de fecha 22-XII-2021).
Disconformes con ese pronunciamiento, ambas partes interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fechas 4-II-2022, 10:58:34 hs. y 7-II-2022, 09:30:41 hs.), que fueron concedidos (v. resol. de fecha 24-II-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 22-VI-2022), agregada la memoria de la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2022, 10:56:27 hs.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar, parcialmente, a la demanda de cesación de vía de hecho deducida por el señor Eduardo Norberto Svensson contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ordenándole a este último restituir al actor en sus tareas laborales y abonarle los salarios ilegítimamente retenidos. Ello, por considerar que la causal de abandono del cargo empleada para separarlo del puesto se seguía ventilando en un sumario disciplinario, restando todavía emitir el acto administrativo que le pusiera fin (v. sent. de fecha 6-IX-2021).
Ambas partes apelaron el pronunciamiento.
Los respectivos recursos fueron sustanciados siguiendo lo previsto en los arts. 56 y 58 del Código Contencioso Administrativo (ley 12.008, con sus reformas) y, conforme con lo allí reglado, el magistrado de grado los tuvo por interpuestos en tiempo y forma (v. proveído de fecha 20-IX-2021).
II. Sin embargo, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata declaró inadmisibles a ambos, por reputarlos extemporáneos (v. resol. de fecha 22-XII-2021).
II.1. Tras aclarar de modo inicial que como Tribunal de Alzada era juez exclusivo del recurso ordinario, entre cuyas facultades estaban las de constatar si la pieza fue interpuesta en término, si la resolución es o no apelable, o incluso si quien recurre está legitimado para hacerlo, recordó que resultaban aplicables a la acción de cesación de vía de hecho administrativa (art. 12 inc. 5, CCA) -por expresa remisión- las disposiciones del proceso sumarísimo previstas en el art. 496 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 21 inc. 2, CCA), rito seguido en esta causa conforme el proveído de fecha 4-V-2021.
II.2. Sobre esa base, tildó de contradictoria la conducta adoptada por el juez de primera instancia, quien había acudido pendularmente a las normas del Código Procesal Civil y Comercial y del Código Contencioso Administrativo: las del primero para regular el grueso del trámite procesal; las del segundo únicamente para de allí tomar el plazo para apelar de diez días y conceder ambos recursos.
Citando precedentes propios sobre el tema, dijo que no correspondía entremezclar regímenes procesales, pues el reenvío efectuado por el ordenamiento contencioso administrativo al civil y comercial incluía necesariamente el del plazo para apelar en el marco del juicio sumarísimo. Y sobre esto, apuntó que el art. 496 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial prevé que todos los plazos serán de dos días, salvo disposición especial.
II.3. En ese entendimiento, advirtió que las partes fueron notificadas electrónicamente de la sentencia definitiva el lunes 6-IX-2021, perfeccionándose la comunicación el martes posterior, 7-IX-2021 (conf. Ac. 3845/17 SCBA). Por lo que el vencimiento del plazo para apelar ocurrió el día 10-IX-2021, dentro de las primeras cuatro horas (arg. arts. 124, CPCC; 77, CCA).
Por ende, concluyó que como los recursos de apelación fueron presentados los días 16-IX-2021 y 17-IX-2021, ambos habían sido deducidos extemporáneamente (v. resol. de fecha 22-XII-2021).
III. Disconforme, la parte actora se agravia principalmente por la aplicación que se hizo del plazo de dos días previsto en el art. 496 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial para ordenar los tiempos del recurso ordinario (v. escrito electrónico de fecha 7-II-2022, 09:30:41 hs.).
III.1. Denuncia que la resolución denegatoria impugnada vulnera las garantías y los principios consagrados en los arts. 17, 18, 19 y 28 de la Constitución nacional y 10, 31 y 57 de su par provincial, además de los arts. 77, 56 y concordantes del Código Contencioso Administrativo. También alega absurdo.
En ese sentido, hace notar que, conforme al referido art. 77, el ordenamiento procesal civil y comercial es de aplicación supletoria en el marco de esta materia cuando no existiere una norma expresa que estableciese un plazo determinado, circunstancia que -asevera- no acontece en lo atingente al recurso de apelación, en tanto que el art. 56 del Código Contencioso Administrativo fija claramente el plazo para deducirlo (de diez días), debiendo haberse priorizado esta disposición.
III.2. En otro orden, se queja de que el a quo , al resolver como lo hizo, dejó firme el pronunciamiento de primera instancia que, no obstante acoger la demanda, deliberadamente evitó fijar un interés moratorio respecto de los salarios no abonados por la demandada al no haber sido objeto de petición expresa en la postulación.
Arguye que la omisión de establecer esos accesorios transgrede los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 768, 886 y 871 del Código Civil y Comercial de la Nación y la doctrina legal de esta Corte emergente de diversas causas que cita.
IV. El recurso prospera parcialmente.
IV.1. El art. 21 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo dice respecto a la pretensión de cesación de una vía de hecho que: "A excepción de lo relativo al plazo para la interposición de la demanda, el trámite de esta pretensión se regirá por las disposiciones relativas al proceso sumarísimo previstas en el Código Procesal Civil y Comercial".
Siguiendo esa línea, el art. 321 del Código Procesal Civil y Comercial determina que en el proceso sumarísimo aplicará el procedimiento del art. 496, que aclara lo siguiente:
"La sustanciación se ajustará a lo establecido en los artículos anteriores [referidos al proceso sumario] con estas modificaciones:
1. No será admisible reconvención ni excepciones de previo y especial pronunciamiento;
2. Todos los plazos serán de 2 días, salvo el de contestación de la demanda que será de 5 días y el de la prueba, que fijará el juez;
3. La audiencia de prueba deberá señalarse dentro de los 10 días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo;
4. Sólo serán apelables la sentencia definitiva y las providencias que decreten medidas precautorias. El recurso se concederá en relación y en efecto devolutivo;
5. En el supuesto el artículo 321°, inciso 1, la demanda rechazada únicamente podrá reproducirse si tuviere lugar un nuevo acto, cuya reparación no pueda obtenerse por vía de ejecución de sentencia;
6. El plazo para dictar sentencia será de diez o de quince días, según se tratare de tribunal unipersonal o colegiado".
Como surge de los antecedentes del caso, la Cámara se aferró a lo previsto en el inc. 2 de la norma transcripta, cuando allí habla de que "[t]odos los plazos serán de 2 días". Con esto solo, consideró que el dispositivo al cual se reenviaba contenía una previsión clara y expresa sobre el plazo con el que contaban las partes para interponer sus recursos ordinarios de apelación contra la sentencia, la que desplazaba aquella del art. 56 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, fijado en diez días.
IV.2. Adelanto que la decisión recurrida no se compadece con una interpretación armónica y sistémica de los textos legales involucrados en la especie, además de que afecta sensiblemente el principio pro actione en el contexto de un canal impugnativo que amerita especial consideración, al ser concebido para poner freno a conductas materiales gravemente antijurídicas por parte de las autoridades (conf. art. 109, dec. ley 7.647/70; doctr. causa B. 64.200, "Chacur", sent. de 27-XI-2002; e.o.).
Siendo así, una hermenéutica tendiente a preservar la continuidad de la pretensión en la instancia de apelación, al igual que en el pasado, deviene prudente en estos casos (conf. causa A. 72.193, "El Hage Daoud", sent. de 24-IV-2019).
IV.3. Es de notar que el art. 21 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo, cuando remite al proceso sumarísimo recogido en el Código Procesal Civil y Comercial, lo hace para lo relativo "al trámite".
En lo que acá interesa, el art. 496 del Código Procesal Civil y Comercial se titula "Trámite", donde expresa que "[l]a sustanciación se ajustará a lo establecido en los artículos anteriores", aludiendo a los arts. 484 a 495 sobre proceso sumario, aunque con las excepciones que enumera a lo largo de seis incisos. Ellas básicamente tienen por finalidad concentrar actuaciones o contraer los ya de por sí breves plazos procesales previstos para aquel otro tipo de proceso.
Una es la que empleó la Cámara, cuando lee que "[t]odos los plazos serán de 2 días, salvo el de contestación de la demanda que será de 5 días y el de la prueba, que fijará el juez" (art. 496 inc. 2, CPCC). En la inteligencia de este órgano judicial, "todos los plazos" son, invariablemente, todos, lo que incluye el plazo para deducir el recurso de apelación contra la sentencia.
Pero semejante conclusión está lejos de ser inevitable.
IV.4. Como pude advertir al tratar otras remisiones al proceso civil y comercial (conf. art. 12 inc. 4, CCA, para la acción declarativa de certeza, que remite al art. 322, CPCC), tal cosa no implica que se hayan de trasladar al proceso contencioso administrativo todas las regulaciones establecidas en el ordenamiento de reenvío (v. mi voto, causa A. 72.526, "Hernández", sent. de 15-VIII-2018).
Es de destacar que, bien que en términos genéricos, el art. 77 del Código Contencioso Administrativo supedita la aplicación de la codificación procesal civil y comercial al proceso administrativo a la circunstancia de que no medie incompatibilidad con sus prescripciones (inc. 1). A la vez que realza la preferencia por las normas que, expresamente, fijan plazos procesales para ese último, desplazando las de aquella primera (inc. 2).
IV.5. Con esos lineamientos, si se atiende a la estructura del art. 496 del Código Procesal Civil y Comercial, el precepto se ciñe a regular situaciones concretas que ocurren desde la traba de la litis hasta el dictado de la sentencia definitiva. No avanza mucho más allá de ese punto, limitándose a establecer que dicho acto deberá dictarse dentro de los diez o quince días según el tipo de tribunal -unipersonal o colegiado- (inc. 6), determinando su carácter de apelable (inc. 4). Del recurso de apelación solo dispone que "...se concederá en relación y en efecto devolutivo" (íd.), pero sin comandar plazos especiales.
En ese marco procedimental, imaginado para la primera instancia, la precisión efectuada en el inc. 2 de conformidad con la cual "[t]odos los plazos serán de 2 días, salvo el de contestación de la demanda que será de 5 días y el de la prueba, que fijará el juez", cabe ser interpretada con carácter limitado a los fines de la remisión que hace el Código Contencioso Administrativo, aplicable residualmente a los intersticios procesales que ocurran entre la postulación y la resolución del litigio, a excepción de aquellos hitos regulados distinto.
Una lectura expansiva como la sugerida por la Cámara, extendiendo aquel exiguo plazo al acto de la apelación inclusive, se ve completamente desaconsejada aquí dado su potencial para clausurar la instancia abierta al efecto, frustrando la garantía a la tutela judicial continua y efectiva constitucionalmente consagrada (art. 15, Const. prov.). Ello, como ya puse de resalto, en un tipo de proceso concebido ni más ni menos que para proteger a los particulares de conductas materiales de la Administración que se denuncian como severamente en pugna con el ordenamiento jurídico.
Y no se me escapa que en autos no fueron una, sino ambas partes -incluido el Banco oficial del Estado- quienes se vieron sorprendidas por el efímero plazo al que acudió el Tribunal de Alzada para analizar la admisibilidad de sus recursos, desechando los dos.
IV.6. La apreciación efectuada se corrobora si uno se remonta a las normas que rigen el proceso sumario, a las cuales la misma preceptiva dice que el proceso sumarísimo debe ajustarse como regla y es sobre ellas en lo que innova (art. 496, CPCC).
Allí, nuevamente, se verifica la noción del trámite avanzada anteriormente, al regularse un continuo que comienza con lo atingente a la demanda y su contestación (art. 484), pasando por la reconvención (art. 485), excepciones previas (art. 486) y prueba (arts. 487 a 493), para finalmente concluir con la sentencia (art. 494). Del recurso de apelación solo se aclara contra qué providencias o resoluciones procederá, su efecto, o la posibilidad de tramitarlo por incidente separado en el supuesto de medidas cautelares (íd.).
No es posible hallar en toda esa secuencia disposiciones especiales que, de alguna forma u otra, refieran estrictamente al plazo para recurrir.
IV.7. En definitiva, nada se dice expresamente en el Capítulo I del Título III del Libro II del Código Procesal Civil y Comercial, sobre proceso sumario, acerca de un plazo especial, más abreviado, para recurrir. Por edificarse sobre este último, tampoco cabe concluir que el Capítulo II del mismo Título y Libro, relativo al proceso sumarísimo, haya regulado explícitamente el tema no obstante lo que pudiere desprenderse del art. 496 inc. 2 y la alusión que allí se hace a un plazo genérico de dos días.
De modo tal que, tratándose la acción de cesación de vía de hecho administrativa de un proceso legislado en origen por el Código Contencioso Administrativo, la norma a observar en este aspecto no es otra que su art. 56 inc. 1 y que establece que el plazo para interponer el recurso contra la sentencia definitiva será de diez días.
Lo expresado, vale remarcar, es exclusivamente a los fines de desentrañar la articulación entre dicho plexo y el Código Procesal Civil y Comercial, por virtud del art. 21 inc. 2 del primero. Lo que se dice aquí, en principio, no ha de tener efectos por fuera de ese estricto ámbito de vinculación; en supuestos regidos puramente por el segundo ordenamiento; o incluso ante inequívocas directivas fijadas por el juez como director del proceso consentidas por las partes (cosa que, según surge del breve auto de fecha 4-V-2021 que imprimió a las actuaciones el trámite sumarísimo, no hizo precisiones en cuanto al plazo de las apelaciones).
V. Como argumento adicional, no parece razonable que el plazo para recurrir en el marco de dicha acción haya de ser inferior a aquel previsto actualmente para intentar lo mismo en una acción de amparo, cuya ley reglamentaria ha fijado en tres días (conf. art. 17, ley 13.928).
Aunque con capacidad de presentarse como sucedáneas funcionales al ser parangonables en importantes aspectos (v.gr., en cuanto a lo flagrantemente ilegítimo de la conducta a enjuiciarse, o la excepción de agotar la vía administrativa; conf. art. 21 inc. 1, CCA), no puede desconocerse que la pretensión consagrada en el art. 20 inc. 1 del texto fundamental es el remedio más urgente previsto por el constituyente para poner a resguardo el ejercicio de derechos constitucionales prevalentes frente a infracciones manifiestamente arbitrarias, encomendándole a la Legislatura el diseño de un procedimiento breve y de pronta resolución, a la par de facultar a los jueces a acelerar su trámite cuando eso fuere asequible.
Por consiguiente, la fijación de un término de dos días para deducir la apelación en el proceso recogido en el art. 12 inc. 5 del Código Contencioso Administrativo luce incongruente con la regulación para un proceso mucho más apremiante, la cual admite un plazo superior.
VI. En suma: la acción de cesación de vía de hecho administrativa trata de un proceso instaurado por el Código Contencioso Administrativo (art. 12 inc. 5, CCA). El "trámite" al que remite su art. 21 inc. 2 debe entenderse como acotado a una serie de eventos procesales que no necesariamente han de alcanzar la actuación posterior a la sentencia definitiva en lo atingente al plazo para interponer la apelación. En esto prevalece lo expreso del art. 56 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, con el consecuente término de diez días. El plazo de dos días previsto en el art. 496 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial no es aplicable en tal supuesto.
Por tales razones, esta parcela del remedio es procedente (art. 289, CPCC).
VII. En lo tocante a la crítica formulada por el actor en el punto 2 de su pieza, donde alega que la Cámara -al desestimar la apelación- confirmó tácitamente el pronunciamiento de primera instancia en cuanto denegó la fijación de intereses moratorios sobre los salarios adeudados, cabe señalar que se trata de un asunto que, en virtud del resultado favorable al que se arriba en la presente, deberá ser abordado primeramente por el Tribunal de Alzada y, recién luego, podrá eventualmente ser objeto de recurso extraordinario por ante esta Suprema Corte. Mas cualquier pronunciamiento sobre el tópico en esta etapa resulta enteramente inoficioso.
VIII. Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora, dejar sin efecto el pronunciamiento de la Cámara de fecha 22-XII-2021 que declaró inadmisible la apelación deducida con fecha 16-IX-2021 y, en consecuencia, reputarla tempestiva (art. 289 inc. 2, CPCC).
Vuelvan las actuaciones a dicho órgano para lo que hubiere lugar.
Con ese alcance, voto por la afirmativa.
Sin costas, en atención a las circunstancias del caso y la ausencia de contradicción (conf. arts. 60 inc. 1, CCA y 68 seg. párr., CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan, y el señor juez doctor Natiello por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Banco Provincia también dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4-II-2022, 10:58:34 hs.).
Se agravia, igualmente, por el hecho de que la Cámara desestimase su intento revisor, al considerar que había sido deducido una vez expirado el plazo de dos días previsto en el art. 496 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual dijo que gobernaba en la especie.
Confrontando con esa postura, estima aplicables para el examen de admisibilidad del recurso de apelación deducido en autos las disposiciones específicas establecidas en los arts. 55 al 58 del Código Contencioso Administrativo. En atención a ello, sostiene que la vía ha sido deducida en término legal. Aduce paralelamente que el fallo es arbitrario y absurdo.
Explica que no es necesario acudir al ordenamiento procesal civil y comercial por no existir un vacío legislativo en torno al recurso de apelación, con motivo de que el Código Contencioso Admini
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.