Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78976
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.976, "Vera, Natalia Roxana c/ Ministerio de Salud s/ pretensión cesación vía de hecho administrativa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, admitió la pretensión promovida por la señora Natalia Roxana Vera contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (v. sent. de 14-III-2023).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 5-IV-2023, 11:37:19 a.m.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fecha 24 de agosto de 2023.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 7-XII-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La entonces jueza titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la pretensión de cesación de vía de hecho deducida por la señora Natalia Roxana Vera contra el Ministerio de Salud -Hospital Zonal General Mariano y Luciano de la Vega- (v. sent. de fecha 23-II-2022).
Para así decidir, encontró configurada la vía de hecho administrativa (art. 109, dec. ley 7.647/70) al no existir una decisión administrativa que declara la cesantía de la actora, y como derivación lógica de ello, condenó al mencionado nosocomio al cese inmediato de la separación en el cargo y a abonarle a la agente los salarios y adicionales dejados de percibir con más sus intereses.
Con relación al reintegro de las sumas dejadas de abonar a consecuencia de dicho accionar la magistrada interviniente entendió que resultaba absurdo exigir a la actora que interponga una nueva acción para obtener la restitución de sus haberes cuando se verificó, en este mismo proceso, el obrar ilegítimo, ello con el consiguiente dispendio inútil de actividad jurisdiccional, y con el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias.
Al respecto, expresó que: "pretender restringir el cauce procesal a la orden de cese no se aviene ni con el sentido común ni con la más básica de las comprensiones del principio de economía procesal, máxime cuando fue una cuestión oportunamente introducida por la actora en su postulación, de la que tuvo conocimiento la demandada y pudo ejercer su defensa (arg. art. 18, CN, 15, CP, 8, CADH; conf. CCALP, causas citadas y las referenciadas por la propia Alzada en 'Brandi', a saber: CCALP en causas n° 6954, 'Galizia Vilardel', sent. del 13-XI-08; N° 9077; 'Roldán', del 24-IV-09; N° 13.677, 'Currone', del 19-III-13; n° 17.240, 'Gómez', del 25-VI-15; n° 17.304, 'Delage', del 7-VII-16 y n° 22.511, 'Poggio', del 14-VI-18)" (último párrafo del pto. III de la sent. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento la representación fiscal interpuso recurso de apelación (v. presentación electrónica de fecha 16-III-2022), que la Cámara departamental del fuero, por mayoría, desestimó.
II.1. Para resolver de ese modo, coincidieron en que en el caso bajo estudio se había configurado una vía de hecho administrativa al no haberse dictado un acto con arreglo a lo previsto en el art. 85 y concordantes de la ley 10.430 que declarase la cesantía del agente por abandono de cargo.
Descartaron lo alegado por la Fiscalía, en el sentido de que la agente ya había sido intimada a reincorporarse en su lugar de trabajo con readecuación de tareas conforme lo señalado por la junta médica, en tanto la declaración de cesantía con motivo del abandono de cargo requería del acto emanado de autoridad competente (art. 109 y concs., dec. ley 7.647/70), así como su posterior notificación, en tanto requisito insoslayable de eficacia (arts. 110, 112 y concs., ley cit.). Aclarando expresamente que la omisión del dictado de aquel "fulmina" la ejecución directa de la interrupción en el pago de los haberes de la actora ante el incumplimiento de los mencionados requisitos, establecidos en la Constitución y en la ley -arts. 109 in fine citado y 15 de la Constitución provincial- (v. fs. 6, sent.).
En esa línea el Tribunal de Alzada consideró, confirmando lo decidido por la jueza interviniente, que debía limitarse inmediatamente la actuación de la administración en tanto la potestad para disponer la baja de la agente exigía los soportes jurídicos necesarios para no convertir el ejercicio de una atribución en una vía de hecho lesiva de los derechos del administrado (arts. 15, Const. prov.; 103, 109, 110 y concs., ley de procedimiento administrativo).
II.2. Con relación al cuestionamiento relativo a la improcedencia de los haberes que la sentencia ordenó reintegrar, el voto que concitó la mayoría, confirmó la condena de primera instancia, con fundamento en dos razones: i) por un lado ponderó que la pretensión incluyó el reclamo del retroactivo, el cual tuvo su debida sustanciación como parte integrante de la litis y ii) por otro, consideró que la Fiscalía de Estado no logró desarticular ante el Tribunal de Alzada lo decidido en primera instancia en relación a dicho reintegro, como lógica y razonable derivación de la configuración de la vía de hecho administrativa. Sostuvo que de lo contrario quedaría sin remedio la afectación material de un derecho, circunstancia que no podría convalidarse frente a un planteo expreso.
Desde esa óptica, consideró configurada una vía de hecho en el obrar de la demandada con sustento en el art. 109 de la ley de procedimiento administrativo provincial y la doctrina de esta Corte emergente de las causas que cita.
III. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-IV-2023, 11:37:19 a.m.) respecto de la parcela de la sentencia que confirmó el reconocimiento y reintegro del 100% de los salarios caídos a la parte actora.
En ese orden, denuncia la transgresión de los arts. 12 inc. 5, 21 y 50 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y la violación de la doctrina legal de este Tribunal que emana de los diversos precedentes que en su pieza recursiva menciona.
III.1. En primer lugar, aduce que el voto mayoritario de la Cámara incurre en un error de juzgamiento al reconocer el pago de los salarios caídos que no fueron devengados por ausencia de prestación de tareas por parte de la demandante, ordenando por ello un "pago sin causa", conforme lo dicho por esta Corte en las causas B. 48.157, "Bisiñano", sentencia de 10-XI-1981; B. 48.070, "Pabón Salas", sentencia de 11-VIII-1981; B. 48.455, "Villanueva", sentencia de 8-II-1983; entre otras.
III.2. Luego, con referencia al monto de condena, denuncia que al reconocer el 100% de los salarios caídos el pronunciamiento impugnado se aparta del criterio de esta Corte, si bien en supuestos de cesantía o prescindibilidad, en los que ha fijado el pago de los salarios en un porcentaje de entre el 25% al 35% de los haberes (tal como se desprende de las causas B. 56.550, "Gamboa", sent. de 15-III-2006; B. 55.958, "Morosi de Ferraro", sent. de 26-X-2011; B. 63.247, "Clot", sent. de 19-XII-2012; e.o.).
En ese orden señala que la demandante conforme las directivas de los precedentes que cita de este Tribunal, debió probar la existencia del daño material derivado de la baja ilegítima y no presumirlo. También objeta que dicho porcentaje se reconozca a valores actuales, más intereses.
A todo evento, peticiona que la condena patrimonial sea reducida teniendo en consideración los porcentuales de los haberes establecidos por esta Corte en concepto indemnizatorio por las remuneraciones dejadas de percibir.
III.3. Finalmente, reprocha -tal como lo hiciera al formular el planteo subsidiario en el recurso de apelación- que el fallo en crisis viola los arts. 12 inc. 5, 21 y 50 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo. Agrega, en esta instancia, que también vulnera la doctrina legal que emana de las causas "Chacur" y "Henen" al ordenar una condena patrimonial al Ministerio de Salud en el marco de una pretensión de cesación de vía de hecho, obligando al Fisco a pagar retroactivamente los haberes cuando la norma no lo admite, sin una declaración de inconstitucionalidad que respalde esa solución.
Luego se agravia de que, al confirmar la decisión de grado, la Cámara recurrió a una aplicación analógica del art. 73 del Código Contencioso Administrativo, el cual se refiere a la previa declaración de nulidad del acto de cesantía, disposición que en modo alguno puede asemejarse a una vía de hecho administrativa.
Alega que el Tribunal de Alzada, ante la ausencia de una norma habilitante para imponer una condena patrimonial, forzó el texto legal con sustento en un precepto que no es el previsto para este tipo de casos.
Insiste en que el art. 50 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo es claro en cuanto al alcance que puede tener una sentencia favorable en el marco de la pretensión prevista en el art. 12 inc. 5: "La sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir [...] 3) La cesación de la vía de hecho administrativa controvertida...".
IV. Adelanto que el recurso interpuesto no puede prosperar atento a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
En primer lugar, corresponde señalar que llega firme y consentida a esta instancia extraordinaria la parcela de la sentencia que tuvo por configurada una vía de hecho administrativa, ante la ausencia del dictado de un acto que declarara la cesantía de la actora en el cargo de planta permanente, con arreglo a los art. 85 y concordantes de la ley 10.430.
Ahora bien, la cuestión radica en abordar los agravios planteados por la representación fiscal en torno a la decisión que confirmó el reconocimiento y reintegro del 100% de los salarios caídos a la parte actora, como así también la violación a los arts. 12 inc. 5, 21 y 50 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo en tanto el fallo atacado ordena una condena patrimonial en el marco de una pretensión que -según la quejosa- no lo permitiría.
En lo tocante al pago de la totalidad de los salarios caídos, el fallo impugnado confirmó el criterio adoptado en la sentencia de primera instancia, atendiendo al criterio mayoritario sentado por la propia Cámara en diversas causas en las que interviniera, con las especificaciones señaladas en el punto II.2. de este voto.
Frente a ello, el recurrente reitera e insiste en argumentar acerca de la improcedencia de condenar al pago de salarios caídos como si se tratara de una cesantía ilegítima y, paralelamente, se agravia del alcance de la condena, pues considera que se aparta del criterio de esta Corte sentado para los casos de cesantía o prescindibilidad, en los que ha fijado el pago de los salarios caídos en un cierto porcentaje, que oscila entre el 25% al 35% de los haberes dejados de percibir.
IV.1. Por una cuestión de orden metodológico corresponde abordar el tópico relativo a la errónea aplicación de los arts. 12 inc. 5, 21 y 50 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo (v. pto. VII.2 del recurso bajo análisis).
En cuanto a que la pretensión articulada no admite una condena como la determinada en autos, la recurrente omite realizar en esta instancia un juicio crítico de los fundamentos del fallo que reposan en el pedido expreso efectuado por la demandante en el escrito inicial (fs. 35/68), que tuvo debida sustanciación como parte integrante de la litis (fs. 71/77) y, además, en la falta de refutación idónea de los argumentos dados en la sentencia de primera instancia en torno a que el reintegro constituye una consecuencia lógica y razonable de la antijuridicidad de la actuación administrativa; fundamentos que fueran confirmados por el Tribunal de Alzada reforzando la razonabilidad de dicho proceder.
Nótese que la recurrente solo limitó su embate en señalar que el Tribunal de Alzada decidió la cuestión recurriendo a un artículo que se encuentra previsto para otro tipo de procesos (art. 73 del Código Contencioso Administrativo, que regula el alcance que tiene la sentencias favorable en el caso de anulación de una cesantía en el marco del empleo público).
El quejoso confunde el argumento utilizado por el juez que votó en disidencia esta cuestión, siendo una opinión que no forma parte del fallo aquí recurrido. El art. 73 ya citado no ha sido actuado por la Cámara para resolver en el sentido contrario a sus intereses.
Al respecto, esta Corte ha dicho que la transcripción del voto en disidencia, como el que realiza la recurrente, no resulta una técnica idónea para fundar el recurso de inaplicabilidad de ley, ya que de tal modo se dejan incólumes los fundamentos esenciales puestos por la mayoría del tribunal interviniente (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015 y A. 72.031, "Jesus", sent. de 19-X-2016).
Así, no basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre la recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (doctr. causas A. 78.136, "Cisneros", sent. de 12-XII-2024; A. 75.636, "Morales", sent. de 6-XI-2019; A. 78.693, "Marconato", resol. de 6-XII-2019; A. 78.055, "Telez", resol. de 24-X-2023; e.o.).
Es doctrina reiterada de este Tribunal que resulta un requisito ineludible para el éxito de la postulación recursiva la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (doctr. causas A. 71.424, "Gecas", sent. de 3-XII-2014; A. 75.506, "Rojas", sent. de 3-III-2021; A. 75.506, "Di Paola", sent. de 22-IX-2021; A. 75.723, "Minervini", sent. de 25-IV-2022; e.o.), como entiendo que ocurre en el caso.
Con relación al agravio referido a la transgresión de la doctrina legal violada, el recurrente se ha limitado a hacer una mera referencia de los fallos que cree configuran doctrina legal del tema en cuestión.
Al respecto, corresponde recordar que esta Suprema Corte repetidamente ha señalado que la configuración de la violación de la ley o la doctrina legal se manifiesta en el acabado cumplimiento de las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, que exige que el recurrente indique con claridad las normas legales o la doctrina legal infringidas por la decisión cuestionada y precise en qué consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas (doctr. causas A. 74.009, sent. de 9-V-2019; A. 72.831, sent. de 6-XII-2017; A. 75.191, sent. de 7-VIII-2019; A. 74.557, sent. de 21-XI-2018; e.o.).
IV.2. Tampoco merece acogida favorable el agravio relativo a la improcedencia del pago de salarios caídos con base a la falta efectiva de prestación del servicio y el cuestionamiento de la demandada en relación al reintegro en un porcentaje del 100% del sueldo y adicionales dejados de percibir por la demandante.
Aunque el agravio no ha sido formalmente canalizado como una denuncia de violación de la doctrina legal, la recurrente refuta la condena patrimonial y su alcance, con sustento en distintos precedentes de esta Corte que menciona (v. pto. VII.1 del recurso bajo análisis).
Al respecto, corresponde señalar que la mención de antecedentes jurisprudenciales no basta para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no se relacionan aquellos con el supuesto concreto de autos ni media puntualización precisa de su adecuación al litigio, individualizando las normas legales que resultarían infringidas (conf. causa A. 77.480, "Guzmán", sent. de 31-III-2025; e.o.).
V. Por las razones expuestas, atento a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto ha sido insuficiente fundado, corresponde su rechazo (art. 279, CPCC). Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.010; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 279, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2026 20:28:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2026 10:38:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/09/2026 15:54:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2026 11:36:21 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 16/09/2026 12:05:34 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/09/2026 12:08:47 hs. bajo el número RS-97-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia