Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75582
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.582, "Tafura, Maria Consuelo c/ Municipalidad de San Antonio de Areco s/ Pretensión Cesación vía de hecho . Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley " , con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, dejó sin efecto el libramiento de la nueva cédula dirigida a la demandada a fin de notificar la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia (v. fs. 342/346).
Asimismo, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la accionada contra el citado pronunciamiento, por extemporáneo.
Contra ese decisorio, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (escrito en soporte electrónico de fecha 18 de septiembre de 2018, 11:47:47, en el sistema Augusta), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 350/351.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y dejó sin efecto el libramiento de una nueva cédula dirigida a la demandada para notificar la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia (v. fs. 342/346).
Asimismo, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la accionada contra el citado pronunciamiento por extemporáneo.
Para así decidir, en primer lugar, el Tribunal de Alzada analizó el recurso planteado por la parte actora y sostuvo que, al haber arrojado resultado negativo la cédula librada a la Municipalidad de San Antonio de Areco a su domicilio constituido sito en la calle 24 n° 705 casillero 508 de la ciudad de Mercedes, en virtud de los motivos expuestos por el señor oficial notificador en su informe (en el domicilio indicado se constató que existía un edificio de varios pisos y en la planta baja varios locales), quedó configurado el supuesto que aprehende la segunda parte del art. 42 del Código Procesal Civil y Comercial -aplicable por remisión del art. 77 del Código Contencioso Administrativo-.
Puntualizó que conforme a tal previsión legal el domicilio de la demandada quedó constituido en forma automática en los estrados del tribunal y al no haber la accionada consignado nota en el libro de asistencia del Juzgado interviniente, la sentencia se notificó ministerio legis , el primer día de nota posterior a la fecha del informe del señor oficial notificador, de acuerdo a los términos del art. 133 del Código Procesal Civil y Comercial.
Frente a esa situación consideró que la providencia del juez de primera instancia mediante la cual se ordenara a fs. 305, punto II, librar una nueva cédula al posterior domicilio constituido por la comuna carece de efecto.
Luego la Cámara examinó el recurso de apelación deducido por la demandada contra la sentencia de primera instancia.
Sostuvo que, al notificarse dicha parte del citado pronunciamiento el día 23 de febrero de 2018 (cfr. arts. 41, 42 y 133, CPCC) y la pieza recursiva presentarse el día 21 de marzo de 2018 (cfr. cargo de fs. 317), el recurso es extemporáneo, en tanto ha sido interpuesto una vez transcurrido el plazo de diez días que tenía para hacerlo (cfr. arts. 56 inc. 1 y 58 inc. 2, CCA).
II. Contra dicho decisorio la Municipalidad de San Antonio de Areco deduce el recurso extraordinario en tratamiento. Denuncia la violación y/o aplicación errónea de la doctrina legal de esta Corte y alega absurdo (escrito en soporte electrónico de fecha 18 de septiembre de 2018, 11:47:47, en el sistema Augusta).
Expresa, en sentido contrario a lo indicado por el Tribunal de Alzada, que la sentencia de primera instancia se le notificó por la cédula diligenciada al nuevo domicilio constituido que fuera denunciado en forma previa al informe del señor oficial notificador realizado a la primera comunicación cursada que arrojara resultado negativo.
Aduce que ante su presentación por la cual constituyó el nuevo domicilio legal el señor juez de primera instancia ordenó una segunda notificación, por lo que desde que esta se hizo debe computarse el plazo para presentar el recurso de apelación.
Expresa que, sin desconocer la doctrina legal de esta Suprema Corte sobre los arts. 41 y 42 del Código Procesal Civil y Comercial, la Cámara incurre en absurdo al no considerar el escrito mediante el cual constituyera nuevo domicilio procesal presentado con anterioridad al informe del señor oficial notificador.
Finalmente, precisa que si la notificación debió efectuarse en los estrados del juzgado el magistrado tendría que haberlo ordenado expresamente, circunstancia que el Tribunal de Alzada no observó.
III. El recurso extraordinario interpuesto debe prosperar.
La cuestión a dilucidar en esta causa se halla vinculada a establecer a partir de cuándo se ha notificado la demandada de la sentencia de primera instancia, para luego determinar si la apelación deducida contra ese fallo ha sido interpuesta dentro del término legal para hacerlo.
Tal como señala el recurrente, la Cámara ha incurrido en absurdo al apreciar las constancias de la causa. Veamos.
La primera cédula que fuera cursada a los apoderados de la Municipalidad a su domicilio constituido omitió la individualización del local en el cual debió practicarse (v. fs. 172). El señor oficial notificador informó que: "...actualmente en dicha dirección, existe un edificio de varios pisos y en la planta baja tiene varios locales. Por tal razón, y en virtud del carácter del domicilio en cuestión, es que procedo a devolver la presente, sin diligenciar" (fs. 298/299).
Agregado por el juzgado interviniente el citado informe a la causa (v. fs. 299 vta.), se presenta una nueva apoderada de la Municipalidad accionada y constituye un nuevo domicilio legal (v. fs. 304).
De acuerdo a las constancias mencionadas, se advierte que al no poder ser diligenciada la primera cédula dirigida a la comuna demandada ante la carencia de precisión del domicilio constituido -conforme informe referenciado-, acto seguido la accionada constituyó un nuevo domicilio legal y ante ello el juzgado interviniente ordenó librar una nueva cédula a ese lugar (v. fs. 305), que fue diligenciada el 13 de marzo de 2018 (v. fs. 306/307).
Tales circunstancias impiden la aplicación de los arts. 41, segunda parte y 42, segunda parte del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que el domicilio legal de la demandada no quedó automáticamente constituido en los estrados del juzgado o tribunal tal como lo entendiera la Cámara, lo cual demuestra el absurdo alegado por la recurrente.
Para más, este Tribunal, interpretando las disposiciones del art. 42 del Código Procesal Civil y Comercial, ha sostenido que el cambio de domicilio tiene consecuencias legales para el tribunal desde el momento en que ha tenido conocimiento de tal circunstancia, es decir, desde que debió proveer el pedido, pues la demora en hacerlo no puede redundar en perjuicio para la parte, razón por la cual, cuando el tribunal debe realizar una notificación de oficio, la diligencia debe dirigirse al último domicilio constituido por la parte, aunque no lo hubiere hecho saber a la contraria (doctr. causas Ac. 67.855, "Rescas S.A.C.I.I.A.", sent. de 3-XI-1999 y C. 113.644, "P., I. M.", resol. de 6-VI-2011).
El concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. No cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, etcétera, alcanzan para configurar tal absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, para que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (cfr. doctr. A. 70.001, "Vega", sent. de 8-IX-2010; A. 72.734, "Errocoundo", sent. de 22-XII-2015 y A. 73.244, "Asociación Civil de Jubilados y Pensionados de la Ingeniería de Mar del Plata", sent. de 17-X-2018).
Bajo tales lineamientos, la crítica de la recurrente es eficaz, toda vez que aporta una explicación que visualiza la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera de las constancias de la causa, con entidad suficiente para configurar el mentado vicio descalificante.
De tal modo, conforme a todo lo expuesto, la Cámara no debió tener por constituido el domicilio de la demandada en forma automática en los estrados del juzgado soslayando que la primera cédula no pudo ser diligenciada ante la ausencia de precisiones al detallar el domicilio constituido -no se individualizó el local- así como la presentación de dicha parte -acto seguido al informe del señor oficial notificador- por la cual denunciara un nuevo domicilio legal. Ello fundamentalmente al afectar los derechos de tutela judicial continua y efectiva, defensa en juicio y debido proceso adjetivo máxime si -como en el caso- se trataba de la notificación oficiosa de la sentencia definitiva y, por ende, del derecho de apelar (arts. 10 y 15, Const. prov.; doctr. causa Ac. 67.855, cit.).
En consecuencia, considerando que el 21 de marzo de 2018 se interpuso el recurso de apelación por la demandada contra la sentencia definitiva dentro del plazo legal para hacerlo -ver cédula recepcionada con fecha 13 de marzo de 2018, fs. 306/307-, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la accionada y revocar el pronunciamiento impugnado, debiendo devolver los autos a la Cámara para que, integrada como corresponda, se expida respecto al recurso de apelación deducido por la demandada (v. fs. 311/317 vta.; art. 289 inc. 1, CPCC).
Las costas de la instancia extraordinaria se imponen a la parte actora vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Con este alcance, doy mi voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Discrepo con la solución propuesta por la colega que me precede, pues el recurso articulado por la comuna demandada no alcanza los requisitos de suficiencia exigidos para ingresar a esta instancia casatoria (conf. art. 279, CPCC). Lo explico.
II. Los antecedentes fácticos relevantes de la cuestión controvertida han quedado reseñados en el voto que abre el acuerdo a donde remito por cuestiones de brevedad. En torno a la faz jurídica, cabe señalar que ante el resultado negativo (v. fs. 297) de la cédula en virtud de la cual se notificara la sentencia de grado, la Cámara estimó configurado el supuesto previsto en el art. 42 del Código Procesal Civil y Comercial y consecuentemente señaló que debería tenerse por constituido de forma automática el domicilio del demandado en los estrados del juzgado (v. fs. 344).
Siendo ello así, y por aplicación de lo dispuesto en el art. 133, para el a quo la sentencia quedó efectivamente notificada en fecha 23 de febrero de 2018 (v. tercer párr., fs. 344 vta.). Merced a esta construcción argumental, la interposición del recurso de apelación el día 21 de marzo de 2018 se tuvo por extemporánea (v. fs. 344 vta. y 345, sent. de Cámara).
III. Contra ese pronunciamiento la comuna demandada interpone, mediante presentación electrónica del 18 de septiembre de 2018, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, donde luego de acreditar los requisitos de admisibilidad, relata los detalles salientes del caso, y postula como principal argumento de su embate que constituyó nuevo domicilio antes de que la cédula informada fuera devuelta e incorporada al expediente.
Así endilga el yerro en la decisión de la Cámara por cuanto "...apartándose de las constancias de autos, no considera al momento de resolver, la presentación efectuada por esta parte constituyendo nuevo domicilio, presentada con anterioridad a la devolución por parte del oficial notificador de la cédula informada".
IV. De lo dicho hasta aquí surge palmaria la insuficiencia del recurso, pues como a simple vista se puede apreciar, la comuna se limita a argumentar en paralelo sin cumplir con la carga técnica de demostrar el desacierto de la decisión.
IV.1. En primer lugar, cabe señalar que conforme el cargo de fs. 299 vta. la cédula informada por el oficial notificador fue presentada en el juzgado el día 6 de marzo de 2018; mientras que el escrito en virtud del cual la Municipalidad de San Antonio de Areco constituye nuevo domicilio fue recibido en el órgano judicial un día después, el 7 de marzo de 2018 (v. fs. 304). Ello demuestra a priori la errónea apreciación de la circunstancia fáctica en la que se basa el único argumento del recurso.
IV.2. Sin perjuicio de ello, y aun cuando la constitución del nuevo domicilio por parte de la comuna hubiese sido anterior a la adjunción al expediente de la cédula informada, ello tampoco torcería el destino adverso del recurso, por cuanto el fundamento central de la decisión, más allá de su acierto o error, no ha sido objeto de reproche alguno por parte de la Municipalidad accionada.
Tal como lo señalé al iniciar mi voto, ante el fracaso de la notificación el tribunal estructura un razonamiento lineal donde se tiene por constituido el domicilio en los estrados del juzgado (conf. arts. 41 y 42, CPCC), y consecuentemente se da por notificada por nota la sentencia (conf. art. 133, CPCC).
Esta afirmación no ha merecido reproche alguno por parte del recurrente quien con un argumento -que tal como lo señalé antes no tiene una base fáctica sólida y verídica- se limita a argumentar en paralelo dejando incólume la estructura de la decisión, lo que pone en evidencia la insuficiencia del recurso.
En el caso la recurrente intenta imponer su criterio personal en la interpretación de las normas en las que se han subsumido los hechos, sin lograr demostrar que ha existido una errónea aplicación de la ley o que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente.
Es doctrina de esta Corte que en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Va de suyo, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (doctr. causas A. 69.689, "Gomila", sent. de 30-IX-2009; A. 70.325, "Labarthe", sent. de 26-X-2011; A. 70.134, "Lafforgue", sent. de 11-IV-2011; A. 71.293, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Romero", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
A la luz de los argumentos señalados se sella la suerte adversa de la protesta articulada.
V. Por los motivos expuestos en los apartados anteriores, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley, con costas a la demandada en su carácter de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a la solución que propone la señora Jueza doctora Kogan sobre la base de las siguientes consideraciones.
II. A fin de no incurrir en reiteraciones, tal como se describe en la exposición que abre el acuerdo, el señor Juez de primera instancia dictó sentencia el 19 de febrero de 2018 haciendo lugar a la pretensión de la señora Tafura.
Las cédulas obrantes a fs. 296/299, destinadas a notificar a las partes lo decidido en autos fueron confeccionadas por el juzgado interviniente ("Firmado y Notificado Gilda Preiser"). De tal modo, la enviada a la actora cumplió su cometido, en tanto que la restante fue devuelta por el oficial de justicia dando las razones ya referenciadas.
De acuerdo a lo que surge de fs. 172, el apoderado de la Municipalidad de San Antonio de Areco, constituyó domicilio a los efectos legales en calle 24 n° 705, casillero 508, local 3 de la ciudad de Mercedes.
El cotejo de la señalada dirección con la individualizada en la fs. 298 arroja la falta de indicación del local donde debía materializarse la diligencia, aspecto que precisamente fue motivo de observación por el funcionario a cargo de la notificación. Eso y no otra cosa es lo que se informó a fs. 299.
III. De tal forma, advierto una notable desinterpretación y relevancia de dicho extremo, más aún cuando se pretenden hacer efectivas las directivas de los arts. 41 y 42 del Código Procesal Civil y Comercial, con las consecuencias fijadas en el art. 133 del mismo cuerpo procesal.
IV. En definitiva y atento a las circunstancias referidas, no encuentro elemento alguno que haya provocado el supuesto legal que la Cámara interviniente consideró operado para desembocar en la notificación en los estrados del tribunal.
Por lo expuesto y demás razones concordantes vertidas en el sufragio de la doctora Kogan, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguida colega que abre el presente Acuerdo, doctora Kogan, permitiéndome formular las siguientes consideraciones complementarias que -entiendo- corroboran el acierto de la propuesta decisoria propiciada.
I. Como bien lo destaca el doctor Genoud en su voto, en el fallo puesto en crisis la Cámara de intervención soslayó un aspecto del trámite notificatorio de la sentencia de mérito a la parte aquí recurrente (fs. 298/300), cual es que en la aludida cédula no se consignó el local al que iba dirigida, conforme sí constaba al constituirse el domicilio procesal (v. fs. 172), lo que motivó la imposibilidad del Oficial de Justicia para hacerla efectiva.
II. Asimismo, aun para el supuesto de que aquello no hubiera ocurrido -como debieron creer los judicantes del Tribunal de Alzada-, la circunstancia de que la mencionada cédula no fuera devuelta e incorporada al expediente sino hasta el 6 de marzo de 2018 (v. fs. 299 vta.), tuvo por efecto postergar la mutación en la forma de la notificación a la parte en los términos de los arts. 41, 42 y 133 del Código Procesal Civil y Comercial, pues mal podría ésta haber conocido el fracaso de aquella notificación en los términos del art. 135 inc. 12 del mismo cuerpo adjetivo.
Dicho en otras palabras, no es la fecha en que el Oficial de Justicia intentó frustradamente la notificación (23 de febrero de 2018) la que establece el cambio de la referida manera de anoticiamiento (de personal o por cédula a por ministerio de la ley), sino la incorporación de tal diligencia al proceso a los fines de que tanto las partes como el juez tomasen conocimiento de la misma y actuaren en consecuencia (art. 15, Const. prov.).
Desde ese andarivel cognoscitivo queda claro que la aquí recurrente se notificó de la devolución de la cédula de fs. 298/300 el día 9 de marzo de 2018, cuando ya el director del proceso había ordenado el libramiento de otra cédula al nuevo domicilio constituido ante el resultado negativo de la anterior (v. fs. 305).
Lo expuesto sin dejar de señalar que aun computando el plazo impugnatorio desde aquella fecha (9 de marzo de 2018) el recurso presentado el 21 de marzo de 2018 era tempestivo, a
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