Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 74946
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que el caso es propio de su competencia originaria (art. 161. inc. 1, CP).
II. Radicar la causa en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, donde se procederá a su recaratulación (art.34 inc.5, CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de quince días para que la adecue al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del C.P.C.C. -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada en caso de incumplimiento (art. 34 inc.5, ap. "b", CPCC).
IV. Mediante oficio, comunicar esta resolución al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores.
B.74.946 "AGUIRRE JORGE ALBERTO Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA. --CUESTION DE COMPETENCIA---"
La Plata, 16 de mayo de 2018.
I.1. En estos autos los señores Jorge A. Aguirre, Celina del Rosario Aguirre, Nicanor Martín Aguirre, Nelva González Zanoni Cecilia González Zanoni, promueven una acción declarativa de certeza, en los términos del artículo 322 del CPCCN contra la Provincia de Buenos Aires y las municipalidades de La Plata y Pinamar, con el objeto de que se disipe el estado de incertidumbre en el que aducen encontrarse a raíz de las exigencias de las demandadas de imponerles tributos que consideran de "dudosa constitucionalidad", para mantener incólumes los principios contenidos en los artículos 16, 17, 28 y 31 de la Constitución Nacional, así como los postulados de la le de coparticipación federal.
Así, piden que se declare la inconstitucionalidad de ordenanzas dictadas por los municipios de La Plata y Pinamar y disposiciones del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (fs. 43/65).
I.2. La demanda se dedujo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 65).
Al evacuar la vista que se le confiriera, la Procuradora Fiscal dictaminó que la causa no correspondía a la competencia originaria de la Corte federal (fs.68/71).
A su vez, la Corte Suprema resolvió que, en tanto resultaba imprescindible a efectos de resolver las pretensiones expuestas la dilucidación de puntos de derecho público provincial, la afectación de derechos que se invoca debía ser examinada en primer término por las autoridades de la provincia, dado que no se efectúa un planteo exclusivamente federal, sin que obste a ello el hecho de que los actores invoquen la violación de cláusulas constitucionales que garantizarían los derechos que se denuncian como lesionados, pues la nuda violación de garantías de tal naturaleza, provenientes de autoridades de provincia, no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal. Por tales fundamentos, el Alto Tribunal decidió declarar que el caso no era de su competencia originaria (fs. 71/72).
I.3. Transcurrido más de un año de dictada la resolución referenciada en el párrafo anterior, los actores presentaron un escrito requiriendo que el expediente fuera remitido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Dolores (fs. 74), por lo que las actuaciones fueron enviadas a ese órgano jurisdiccional por un Secretario de la Corte Suprema "... sin perjuicio de lo que pudiere decidir el juez a quien le corresponda la causa respecto a la competencia." (fs.75).
I.4. Antes de que el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Dolores se expida sobre la cuestión planteada, uno de los coactores presentó un escrito titulado "Aclara. Solicita", en el que manifestó que "...la precedente acción solo debe entenderse dirigida contra el Municipio de Pinamar, con respecto a la tasa motivo de demanda, solicitando se recaratule" (fs. 80).
Al decidir sobre la competencia, el juez del Fuero Contencioso Administrativo señaló, luego de recordar el objeto de la acción promovida, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 161 de la CP, esta Suprema Corte ejerce jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos y que, según las normas del CPCC reglamentarias de esa atribución, la demanda debe ser deducida dentro de un plazo determinado, vencido el cual se considerará extinguida la competencia originaria de esta Corte.
Como de la lectura de la demanda no surge que se efectúe ningún planteo respecto de acto administrativo alguno ni se cuestiona ningún acto de aplicación de las normas cuya constitucionalidad se controvierte, sobre la base de un precedente de este Tribunal que consideró emitido ante supuestos de hecho prácticamente idénticos, consideró que el caso comprometía la competencia originaria de esta Corte, se declaró incompetente para entender en las actuaciones y las remitió al Tribunal (fs. 82/84vta.).
I.4. Luego de que las actuaciones fueran remitidas a esta Corte, los actores presentaron ante el juzgado un escrito electrónico en el que advirtieron que había quedado sin resolver la presentación que efectuaran a fs. 80 -que, como quedó visto, fue hecha por uno solo de los accionantes-, donde se pidió recaratular el expediente conforme el objeto de la acción declarativa reconducido hacia la Municipalidad de Pinamar y la tasa respectiva, explayándose luego sobre los alcances del control de constitucionalidad difuso en los casos en los que existe cuestión federal y sobre el concepto de "acto de determinación en ciernes" en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el petitorio requirieron "tener por presentado el recurso de revocatoria y apelación en subsidio en tiempo y forma" (fs. 86/88).
Con posterioridad, efectuaron los actores otra presentación electrónica (fs. 90), en la que se agraviaron del hecho de que el juez de primera instancia, antes de adquirir firmeza su decisión, se desprendió de las actuaciones, a su juicio en forma indebida, en franca transgresión a la garantía de la defensa en juicio.
I.5. Esas dos presentaciones electrónicas fueron resueltas por el juez mediante la decisión agregada a fs. 91vta./92, remitida a esta Corte mediante oficio. Alli, rechazó el recurso de revocatoria por no encontrar motivos que justifiquen apartarse de lo decidido y, con relación al recurso de apelación, recordó que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata tiene firmemente establecida una doctrina según la cual, contra las resoluciones que declaran la incompetencia no es admisible el recurso de apelación, por lo que así declaró al deducido por los actores.
II. En razón de las sucesivas presentaciones de la parte actora que, indudablemente, tienen por efecto limitar la pretensión expuesta primigeniamente, esta ha quedado circunscripta a la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas 4175/2012, 4239/2013, 4531/2014 y el artículo 117 de la ordenanza 3602/2003 de la Municipalidad de Pinamar.
Tal declaración, según lo argumentado por los demandantes, es pretendida en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación.
Siendo así, el caso es propio de la jurisdicción originaria que a esta Suprema Corte le confiere el art. 161 inc. 1º de la Constitución de la Provincia, y que reglan los artículos 683 y siguientes del C.P.C. y C., atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causa B. 71.250, "Necochea Entretenimientos S.A.", res. del 1-XII-2010 y sus citas), motivo por el cual no resultan plausibles las argumentaciones vertidas en la presentación obrante a fs. 86/88.
Por consecuencia, así corresponde declararlo, radicar la causa ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 7, 8, doctr. art. 352 inc. 1º del C.P.C. y C.), donde se procederá a su recaratulación (art. 34 inc. 5º ap. "b" del C.P.C.C.).
Atento a ello, en tanto las presentaciones efectuadas en autos no han sido hechas de conformidad con las normas que regulan la competencia originaria de esta Suprema Corte, deberá conferirse a los actores un plazo de quince días para que las adecuen al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del C.P.C.C. -arts. 683 al 688- (doctr. causas B. 68.179 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. del 20-IV-2005 y B 72.507, "Sociedad de Fomento de Cariló", res. del 2-V-2013), con apercibimiento de tenerlas por no presentadas en caso de incumplimiento (art. 34 inc.5, ap. "b", CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que el caso es propio de su competencia originaria (art. 161. inc. 1, CP).
II. Radicar la causa en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo, donde se procederá a su recaratulación (art.34 inc.5, CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de quince días para que la adecue al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del C.P.C.C. -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada en caso de incumplimiento (art. 34 inc.5, ap. "b", CPCC).
IV. Mediante oficio, comunicar esta resolución al titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Dolores.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Pe-dLa-Ne-Ko
Reg. Nº 171
Fin de la sentencia