Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75471
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata caratulada "Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Declarativa de Certeza", es competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicar la mencionada causa ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC), dándosele entrada por el sistema informático.
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del CPCC -arts. 683 y 688- (doctr. causa B. 68.179 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 20-IV-2005), con apercibimiento de tener a la demanda por no presentada.
B.75.471 “COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROV. DE BS. AS. C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA. ----CUESTION DE COMPETENCIA---“
La Plata, 17 de octubre de 2018.
I. El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires promovió acción declarativa de certeza contra la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de obtener un pronunciamiento judicial que haga cesar, según alega, el estado de incertidumbre respecto de cuáles son los recursos que deberían transferirse a dicha institución y a partir de qué momento debería realizarse dicha transferencia dispuesta en los artículos 31 y 32 de la ley 15.030.
II. Las presentes actuaciones se iniciaron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata. Su jueza a cargo se declaró incompetente en la primera oportunidad, al reputar que de la lectura del objeto de la pretensión se persigue la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 31 y 32 de la ley 15.030, por considerarlos violatorios de principios y normas constitucionales, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la competencia originaria de esta Corte (cfr. art. 161, inc. 1 Const. prov.). Por ello, la magistrada entendió, que correspondía el conocimiento de la presente, en instancia originaria a este Tribunal, ordenando la remisión de los actuados (fs. 38 y vta.).
III.1. El asunto en tratamiento -más allá del motivo por el que fuera remitido- exige dirimir si la presentación nominada como acción declarativa de certeza de los artículos de -"transferencia de recursos"- pertenece a la competencia atribuida con carácter originario a esta Suprema Corte para decidir acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinadas normas locales, por tratarse en rigor de una causa contemplada en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial.
2. Tal como ya ha entendido esta Corte en distintos precedentes, se encuentra afectada la jurisdicción original del Tribunal (art. 161 inc. 1, Const. prov.; doctr. causas B. 68.048 "Asesor General de Gobierno", res. de 20-X-2004; B. 68.179 "Gobernador", res. de 20-IV-2005; art. 21, ley 7.166), de orden público e improrrogable (doctr. causa I. 1.431 "Federación Patronal", sent. de 16-VIII-1994, Acuerdos y Sentencias 1994-III-422).
Mediante la acción incoada por la parte actora, se persigue la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 31 y 32 de la ley 15.030 como fundamento de la pretensión tendiente a remover un estado de incertidumbre que se alega configurado en torno a la transferencia de recursos al nuevo Colegio sosteniendo que las mencionadas disposiciones violentan artículos de rango constitucional (arts. 40 y 41, Const. prov.).
De todo lo cual se sigue la adscripción de la contienda al contenido material enunciado en el art. 161 inc. 1 ya citado, norma que claramente atribuye jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia para "conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes...".
Asimismo, el art. 684 del Código Procesal Civil y Comercial establece un plazo de caducidad de treinta días para la promoción de dicha acción -cuando ésta posea un contenido marcadamente patrimonial-, principio del que se exceptúan las controversias de carácter institucional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 685 del mencionado código adjetivo, entre las que cabe ubicar a la presente controversia, toda vez que tiene por objeto dilucidar una cuestión relativa a la organización de un Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires.
3. En suma, correctamente interpretada la acción deducida ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata, pertenece el conocimiento de esta Corte en instancia originaria, corresponde declarar la competencia de este Tribunal para entender en los autos que han dado lugar al presente pronunciamiento (art. 161 citado; doctr. causas I. 67.769 "Bernasconi", res. de 12-V-2004; B. 68.030 "Bernal", res. de 13-X-2004; B. 68.070 "Zendri", res. de 24-XI-2004; B. 68.179 "Gobernador", res. de 20-IV-2005; B. 68.349 "Tamborenea", res. de 21-IX-2005; I. 68.554 "Orgambide", res. de 3-V-2006).
4. Ahora bien, siendo una atribución del órgano jurisdiccional calificar el alcance de las pretensiones de las partes y determinar el régimen procesal que le es aplicable, cabe reconducir la demanda entablada por el accionante, al trámite previsto en los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 y 36 inc. 2, CPCC.; doctr. causas B. 64.229, res. de 13-IX-2002; I. 67.986, res. de 6-X-2004 y B. 75.278 "Asoc. Protec. Consumidores", res. de 29-VIII-2018, entre otras; C.S.J.N. in re "Provincia de Santiago del Estero c/ Estado Nacional", fallos 307:1381), confiriéndole a la parte actora un plazo razonable en atención a las circunstancias de la causa para que adecuen a las normas arriba citadas sus respectivas presentaciones (art. 155, segundo párrafo, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial de La Plata caratulada "Colegio de Ingenieros de la Prov. de Bs. As. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Declarativa de Certeza", es competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicar la mencionada causa ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC), dándosele entrada por el sistema informático.
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del CPCC -arts. 683 y 688- (doctr. causa B. 68.179 "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", res. de 20-IV-2005), con apercibimiento de tener a la demanda por no presentada.
Regístrese y ofíciese a la magistrada interviniente, para su conocimiento.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ne-So-Ge
Reg. Nº 485
Fin de la sentencia