Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 75815
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005). Luego de adecuada la postulación o vencido el término fijado para ello, vuelvan los autos al Acuerdo para el tratamiento de la medida cautelar requerida.
B.75.815 "GOYENECHE JUAN DOMINGO C/ MUNICIPALIDAD DE MERLO S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA. CUESTION DE COMPETENCIA—"
La Plata, 26 de junio de 2019.
I. Juan Domingo Goyeneche promovió acción declarativa de certeza en los términos del art. 12, inc. 4, del CCA ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón, con el objeto de obtener un pronunciamiento de invalidez constitucional de la ordenanza 5492/17, por la cual se estableció una tasa por los "servicios de alumbrado público común o especial, limpieza y conservación de la vía pública prestada por la comuna" (v. fs. 49 vta.). Solicitó, asimismo, se disponga una medida cautelar de no innovar que impida que la Municipalidad de Merlo trabe medidas precautorias o inicie procedimientos ejecutivos en su contra aplicando la normativa impugnada.
Al respecto, cabe señalar que la titular de ese organismo declaró su incompetencia y remitió las actuaciones a este Tribunal, por entender que la cuestión planteada se encuadraba en la acción prevista en el art. 161, inc. 1, de la Carta magna local.
II. El actor pretende en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación que la justicia ordinaria declare la inconstitucionalidad de la referida ordenanza, por entender que se encuentra vulnerado el principio de legalidad y el derecho de propiedad, al establecer un tributo irrazonable y confiscatorio, que afecta el principio de capacidad contributiva y resulta incompatible con la ley 23.548.
Siendo así, el caso es propio de la jurisdicción originaria que a esta Suprema Corte le confiere el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y que reglan los arts. 683 y sigs. del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014); atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018).
III. Por consecuencia, radícase la causa ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias (arts. 7, 8 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y procédase a la recaratulación de las actuaciones (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Atento a ello, confiérase al actor un plazo de diez (10) días para que adecue su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerlo por no presentado (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005). Luego de adecuada la postulación o vencido el término fijado para ello, vuelvan los autos al Acuerdo para el tratamiento de la medida cautelar requerida.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados de esta Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC), y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005). Luego de adecuada la postulación o vencido el término fijado para ello, vuelvan los autos al Acuerdo para el tratamiento de la medida cautelar requerida.
Regístrese, notifíquese y comuníquese al juzgado que previno, para su conocimiento.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
HÉCTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 305
Fin de la sentencia