Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 25475 2018
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la pretensión articulada por las actoras María Inés Álvarez, Silvina Andrea Alday; María Alejandra Baldetti, María Soledad Frías, María De Los Ángeles Losauro, María Soledad Mauro, Martina Ravello, Daniela Soledad Romano y María Verónica Tabossi Benítez.-
2Imponer las costas por su orden (art.51 inc.2 CPCA, texto ley 14437).
3Regular los honorarios del Dr. Enrique Omar Sanchez en la cantidad de 25 JUS -Acuerdo SCBA 3871- a la que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y su modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts. 1, 2, 10, 15, 44 inc, b) dec. ley 8904; Acuerdo SCBA 3871/17). Ello, en merito a que las tareas profesionales fueron realizada en su totalidad bajo la vigencia del Dec. Ley 8904/77 (SCBA, "MORCILLO", I-73016 del 8/11/17).
Expte. Nº 25475.-
Autos: ALVAREZ MARIA INES Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - EMPL.PUBLICO.-
Mercedes, de Marzo de 2018.-ES
Estos autos caratulados "ALVAREZ MARIA INES Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE MERCEDES S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - EMPL.PUBLICO", expediente Nº 25475, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 91/95 se presenta ante el Tribunal de Trabajo n° 1, el Dr. Enrique Omar Sánchez, en nombre y representación de las Sras. María Inés Álvarez, Silvina Andrea Alday; María Alejandra Baldetti, María Soledad Frías, María De Los Ángeles Losauro, María Soledad Mauro, Martina Ravello, Daniela Soledad Romano y María Verónica Tabossi Benítez, a fin de interponer formal demanda declarativa de certeza, contra la Municipalidad de Mercedes.-
Sobre el particular expone que las actoras, se desempeñan como "maestras" en el Jardín Municipal Maternal N° 1 dependiente del municipio de esta ciudad de Mercedes, con una antigüedad que oscila entre los 10 años y 6 años en su empleo.-
Al respecto, refiere que las actividades de estas docentes, se encuadran en lo que dispone el art 24 de la ley 13.688, en cuanto a lo referido a la educación inicial, resaltando que se ocupan de niños pequeños, en la mayoría de los casos, dejados por su padres para que estos concurran a sus trabajos, atendiéndolos durante su permanencia en los jardines, siendo guiados por estas docentes, que estudiaron para poder brindar sus conocimientos adquiridos y volcarlos en los pequeños, con amor, y con verdadera vocación de educadores docentes.-
Arguye que no son simples empleadas "municipales" sino que son "maestras" que se han recibido como tales y se han perfeccionado para la mejor atención de niños de tan corta edad.-
Dice que desde hace varios años, las actoras vienen reclamando su correcto "encuadramiento como docentes" que es la verdadera actividad que cumplen, siendo efectuado este reclamo en forma verbal, hasta que en el mes de febrero del año 2016, cuando enviaron una nota al Intendente Municipal - y la transcriben- en la cual solicitan se las encuadre como trabajadoras docentes. Dice que, ante el silencio a la misma, envían carta documento -al Municipio y a la DIPREGEP-, las que explica fueron rechazadas, para lo que vuelven a enviar otras y, ante la falta de respuesta iniciar la presente acción.-
Comienza un capítulo titulado "contexto legal", en donde plantean que el caso se trata de un encuadramiento previsto en la Ley 23.551, refiriendo que esta cuestión debe ser resuelta por el Poder Judicial, que es quien debe determinar -según dicen- qué convenio colectivo de trabajo les es aplicable.- Luego de ello, transcribe las leyes -a su criterio- al caso aplicables, funda en derecho, ofrece prueba y finalmente peticiona.-
II. Que a fs. 98/100 el Tribunal de Trabajo se declara incompetente, razón por la cual las actuaciones son recibidas en este Juzgado a mi cargo, en fecha 03/04/2017.-
III. A fs. 150/153 se presenta a contestar demanda por el Municipio de Mercedes, el Dr. Luis Alberto Costilla, en su carácter de apoderado, quien inicia su conteste planteando -a su entender- la realidad de los hechos.-
En primer término, dice que la normativa vigente al momento del inicio de la relación de empleo de las actoras con la comuna, resultaba ser la Ley 11.757 -ahora derogada por la Ley 14.656- y que, por ello, los empleados públicos municipales perciben el sueldo que se determine por ordenanza para la categoría correspondiente.-
Expone que el Municipio, ejerce sus facultades discrecionales en total consonancia con la ordenanza presupuestaria vigente, que fija el régimen salarial aplicable al personal municipal, poniendo de resalto que, el Municipio de Mercedes nunca adhirió al régimen escalafonario provincial estatuido en materia de carrera docente, como así tampoco al régimen salarial allí establecido.-
Afirma que el sueldo en el ámbito municipal, se determina por ordenanza para la categoría correspondiente a cada agrupamiento, y que el Estatuto aprobado por la Ley 11.757, que regulaba el régimen del Personal de la Administración Pública Municipal no contenía normas específicas relativas a la actividad docente.-
Aduce que el personal municipal que realiza tareas en el ámbito del Jardín Municipal Nº1, se encuentra alcanzado por el Régimen de Empleo Municipal (Ley 14.656) que resulta ser el marco aplicable, toda vez que el hecho que la Municipalidad haya decidido garantizar la educación gratuita y laica para los niños de 45 días a 3 años, no muta la condición de agentes municipales de las actoras.-
Dice que resulta inadmisible la posibilidad en el caso de que el Municipio pueda ceder -en favor de una paritaria a nivel provincial- la potestad de determinar la escala remuneratoria de parte de su personal, puesto que admitir tal hipótesis significaría que el presupuesto municipal podría verse permanentemente desbordado por incrementos provinciales, en tanto la fijación del presupuesto de gastos y recursos es una facultad indelegable de la Administración Municipal.-
Refiere, en cuanto la pretensión de las actoras de un encuadramiento con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo, que no estamos en presencia de un contrato de trabajo regido por el derecho privado sino en materia de empleo público, es decir una situación totalmente regulada por el derecho público y sus principios.-
Finalmente expone que, pretender las actoras ser encuadradas en el gremio de la enseñanza privada, conlleva la transformación de su preexistente situación escalafonaria en el ámbito comunal como agentes municipales, lo que resulta inadmisible.-
Seguidamente, ofrece prueba y finalmente peticiona.-
IV. Una vez producidas las pruebas ordenadas en la audiencia de fecha 10/10/2017 y presentados los alegatos por las partes -ver fs. 158/159-, se llama -en 27/10/2017- autos para sentencia y;
1. Que de los términos de la pretensión articulada, se extrae que las actoras reclaman un "encuadramiento como docentes", en virtud de la labor que ejercen en el Jardín Maternal n° 1 perteneciente a la Municipalidad de Mercedes. En concreto, y de los hechos expuestos, se desprende que el encuadramiento peticionado, lo es a los efectos de que se produzca una "equiparación salarial" respecto de los docentes que ejercen sus funciones en el ámbito provincial.-
Por su parte, el Municipio expone que el personal municipal que realiza tareas en el ámbito del Jardín, se encuentra alcanzado por el Régimen de Empleo Municipal (Ley 14.656) que resulta ser el marco aplicable, diciendo además, que el hecho que la Municipalidad haya decidido garantizar la educación gratuita y laica para los niños de 45 días a 3 años, no muta la condición de agentes municipales de las actoras.-
2. Que en atención a los planteos expuestos, la cuestión a dilucidar resulta ser si corresponde una equiparación salarial de los docentes del Jardín Municipal a los docentes que ejercen sus funciones en el ámbito provincial, o por el contrario, estas deben continuar bajo el régimen municipal bajo el cual a la fecha se encuentran insertas.-
Al respecto, ya entrando en el análisis de la cuestión, considero oportuno relevar las normas invocadas por las actoras, por las cuales consideran que debe hacerse lugar a su petición.-
Así las cosas, y dentro de lo que denominan "contexto legal", refieren que existen dos tipos de encuadramientos, previstos en la Ley 23.551 -Ley de asociaciones sindicales-: el sindical y el convencional, diciendo que en el caso lo pretendido es el real encuadramiento sindical al gremio de la enseñanza privada.-
Refieren que el Estado tiene una responsabilidad indelegable respecto de la Educación, en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 19 tercer párrafo de la Constitución Nacional, citando respecto de la Provincia de Bs. As., los arts. 198 y 200 inc. 4 de la misma.-
Por otra parte, citan el art. 2 de la Ley 13.047, referido a un registro de establecimientos de enseñanza y clasificación de establecimientos educativos que el Poder Ejecutivo deberá llevar a cabo.-
Finalmente, cita también a la LCT, al art. 11 de la Ley de Educación Nacional, y la Resolución 8/2013 de CGEP.-
3. Al respecto, cabe destacar que, si bien las normas mencionadas, están dirigidas a regular los derechos vinculados a aquellos individuos que se encuentran sujetos al sistema educativo o bien a los derechos de que gozan los trabajadores en general, en modo alguno puede concluirse de que las mismas indubitablemente alcancen, en su aplicación, a las trabajadoras aquí actoras, en el sentido de modificar los términos en que actualmente se desarrolla su relación jurídica laboral.-
En efecto, la normativa invocada por las accionantes no avala una postura que excluya a aquellas de los principios dispuestos en la Ley 14656 -Régimen Marco de Empleo Municipal-
Ello así pues la naturaleza de la función desplegada por las actoras -aún con título habilitante para realizar sus funciones en cualquier jurisdicción-, no habilita (sin norma que así lo faculte) a una equiparación como la reclamada. Es que si así fuera, cualquier actividad profesional ejercida en el ámbito comunal (verbigracia: enfermería) habilitaría al agente de que se trate, a reclamar su equiparación ante la existencia de un convenio laboral en jurisdicción provincial, los mismos derechos para sí, que en la órbita estatal superior.-
Asimismo, la comuna tampoco ha adherido al Régimen Estatutario Docente Provincial, como tampoco se ha dictado, en ese ámbito, una ordenanza local que fijara un régimen especial para los docentes involucrados. Y ninguna de las normas traídas por las agentes en su escrito inicial, garantizan un derecho en esta especie, que aún de existir, debe armonizar con los principios que abastecen la autonomía municipal.- ( art. 123 Constitución Nacional)
5. Tampoco puede verificarse en el caso de autos, una situación análoga a la prevista en la Ley 9.347 de Municipalización de funciones y servicios provinciales que active los derechos reconocidos para aquella precisa oportunidad, esto es que el personal docente comprendido en la Ordenanza Gral. 282, tenga idéntica retribución a la que percibía el personal docente que prestaba servicios en el Estado Provincial, puesto que, tal como indicaba aquella norma, se trataba de personal perteneciente al ámbito de la Provincia de Bs. As. y no a un Municipio.-
En atención a los argumentos expuestos, es que entiendo que la equiparación peticionada por las docentes aquí actoras, no puede ser atendible, razón por lo cual, no cabe más que rechazar la presente demanda.-
POR ELLO, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, jurisprudencia y doctrina citados, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 166 último párrafo y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 12 inc.4°, 51 y cctes. del CPCA (ley 12.008 y sus modif.); art. 163, 384 y cctes. CPCC; y demás normas legales citadas;
1. Rechazar la pretensión articulada por las actoras María Inés Álvarez, Silvina Andrea Alday; María Alejandra Baldetti, María Soledad Frías, María De Los Ángeles Losauro, María Soledad Mauro, Martina Ravello, Daniela Soledad Romano y María Verónica Tabossi Benítez.-
2. Imponer las costas por su orden (art.51 inc.2 CPCA, texto ley 14437).
3. Regular los honorarios del Dr. Enrique Omar Sanchez en la cantidad de 25 JUS -Acuerdo SCBA 3871- a la que se deberá adicionar el 10% en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y su modificatorias) y en su caso, el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo (arts. 1, 2, 10, 15, 44 inc, b) dec. ley 8904; Acuerdo SCBA 3871/17). Ello, en merito a que las tareas profesionales fueron realizada en su totalidad bajo la vigencia del Dec. Ley 8904/77 (SCBA, "MORCILLO", I-73016 del 8/11/17). NOTIFIQUESE a sus beneficiarios y a los obligados a su pago con los recaudos del art. 54 de la Ley 14.967 y en los domicilios que en cada caso corresponda.-
No correspondiendo -salvo que acrediten no estar comprendidos en la normativa de los arts. 203 y 274 L.O.M., y Dec. Ley 8838/7-, la regulación de los honorarios del letrado apoderado del Municipio demandado, conforme a la imposición de costas que precede.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº.........../2018.-
Honorario regulados registrados bajo el Nº ......../2018.-
Fin de la sentencia