Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78981
A.78.981 "AGUERREBERE JOSE LUIS Y OTROSC/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - EMPL. PUBLICO -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD E INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Maidana dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, desestimó los recursos de apelación interpuestos por los coactores patrocinados por el doctor Villalba y los coactores representados por el doctor Spinsanti y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se desestimó la pretensión deducida en autos (v. sent. de fecha 17-V-2022).
Para así decidir, en lo que aquí interesa, consideró que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general que contienen los escritos de expresión de agravios no reunían los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (cfr. arts. 56, CCA y 260, CPCC).
Puntualizó que los apelantes se limitaron a expresar su discrepancia sin precisar, con el debido sustento fáctico y jurídico, las razones que pudieren provocar el reexamen de la cuestión tratada y resuelta en primera instancia, a fin de verificar la configuración de error en el juzgamiento.
En ese orden destacó que las formulaciones realizadas no rebatían la motivación del decisorio cuestionado y su sustento central, quedando entonces incólume frente a los embates efectuados.
No obstante ello, luego abordó el tratamiento de los recursos, pronunciándose respecto a los agravios relativos a la procedencia de la vía intentada, al alcance de la potestad de reconducción de los jueces y por último a la viabilidad de la acción de daños y perjuicios.
En torno al primer reproche, sostuvo que no se hallaban configurados los recaudos necesarios para declarar la admisibilidad de la acción declarativa de certeza promovida.
En este punto concluyó que la parte actora confundió la determinación y liquidación de sus haberes pensionarios, su actualización y el régimen aplicable a cada uno de ellos, por lo que no existía incertidumbre respecto a la normativa aplicable y al momento a partir de cuándo ha de aplicarse la ley 13.364.
Respecto al segundo planteo, desestimó la reconducción al considerar que en la especie no correspondía abordar ni resolver cuestiones no planteadas en la demanda, por cuanto en el escrito de inicio reformulado los demandantes manifestaron que interponían una pretensión declarativa de certeza e indemnizatoria, expresando de modo indubitable y terminante que no se deducía una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos.
Finalmente, rechazó el agravio vinculado a la viabilidad de la acción de daños y perjuicios consignada en la demanda, ello sin perjuicio de la decisión en punto a la prescripción, conforme la ley especial aplicable, al no acreditarse la incertidumbre ni los presupuestos sobre los cuales se esgrime en el caso la responsabilidad del Estado.
II. Contra tal pronunciamiento, por un lado, los coactores Juan Agustín Coghlan y Hugo Abel Carpio interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 5-VI-2022, 8:30:48 p.m.).
Por el otro, el apoderado de José Luis Aguerrebere, Marta Azucena Caminos, Luis Eduardo Arrambide, Luis Felipe Lo Valvo, Jorge Alberto Behocaray, Carlos José Silvestre, Adalberto Néstor Di Paola, Héctor Carlos Acciardi, Oscar Alberto Altamonte, Roberto Fermín Mato, Antonio Héctor Kalaizic, Héctor Galasso, Isidoro Roberto Aragón, Miguel Ángel Bálsamo, Carlos Alberto Posse, Raúl Iván Policani, Juan Carlos Pauluzzi, Juan Carlos Martínez De Castilla, Luis Mangieri, Tomás Daquino Lipollis, José Luis Lazzarini, Benito Jorge Koen, María Julia Formanek, Lindor Osvaldo Costanzo, Omar Carlos Conderanne, Amadeo Ernesto Barberio, Héctor Alberto Tesei, Julio Alberto Ledesma, Vicente Cayetano Genova, Rosa Graciana Genova, Ana María Fernández, Santiago Eduardo Carbone, Conrado Alberto Scapellato y Carlos Alberto Posee, dedujo recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 7-VI-2022, 8:18:17 a.m.), siendo todos concedidos por la Cámara mediante resolución de fecha 31-VIII-2023.
III. Mediante los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad interpuestos por los señores Juan Agustín Coghlan y Hugo Abel Carpio, se denuncia la omisión en el análisis de los agravios vertidos en el recurso de apelación, aplicación errónea de la ley 11.761 y del art. 12 del Código Contencioso Administrativo, como así también vulneración de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y también el principio de progresividad que emerge de los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Alegan asimismo arbitrariedad.
Indican que el a quo al resolver sólo se limita a remitirse a lo decidido por la sentencia de primera instancia, sin examinar los agravios expuestos en la apelación.
Aducen que la Cámara desconoce que la ley vigente al momento que obtuvieron su jubilación es la 5.678, por lo que no resulta aplicable a sus beneficios la ley 11.761, la que fuera derogada por la ley 13.364 modificada por la ley 13.873 que establece que el derecho a las prestaciones se regirá por la ley vigente a la fecha del cese de la actividad.
Señalan que, a su vez, el Tribunal de Alzada omite abordar de modo integral la pretensión de índole mixta esgrimida en el escrito de demanda, vulnerando de ese modo el art. 12 del Código Contencioso administrativo.
Refieren que promovieron una acción declarativa de certeza respecto a la liquidación de sus haberes previsionales conforme las leyes 13.364 y 13.873, el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la aplicación de la ley 11.761 y solicitaron el cobro del retroactivo. Explicaron que todo ello fue peticionado en los puntos XI, XII y XXII del escrito postulatorio reiterado en la apelación.
Aseveran que la Cámara incurre en un exceso de rigor formal al examinar sólo la pretensión declarativa de certeza sin atender a lo demás requerido, pese a la facultad de reconducción de los jueces, afectando tal proceder la tutela judicial continua y efectiva receptada en el art. 15 de la Constitución provincial y por esta Corte provincial en diversas causas que citan. También denuncian vulnerado el debido proceso adjetivo resguardado por el art. 18 de la Constitución nacional y diversos tratados internacionales sobre derechos humanos.
También sostienen que el fallo en crisis ha ignorado el art. 1067 del Código Civil, entonces vigente, a fin de analizar la prescripción atinente a la responsabilidad estatal por su actividad lícita.
Por último añaden que la Cámara, al decidir como lo hizo, inobservó el principio de no regresividad contemplado en los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
III.1. Las impugnaciones traídas no pueden ser abordadas, en atención a la deficiente técnica recursiva y la fundamentación promiscua de los mencionados remedios extraordinarios (arts. 279 y 299, CPCC; 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-).
Tal caracterización queda evidenciada cuando la parte recurrente en el objeto de su presentación electrónica de fecha 5-VI-2022 (v. acápite I.1.) anuncia la interposición de los recursos de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley y, al pretender fundarlos (v. acápite III), lo realiza con los mismos argumentos para ambos remedios. De tal modo, se incumple con la carga de demostrar con claridad y precisión los agravios que a cada uno corresponden.
En efecto, esta Corte ha sostenido que son de tal manera distintas las fuentes de los medios de impugnación a que se refieren los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 299 del Código Procesal Civil y Comercial y, por su parte, el art. 279 de este último, que el hecho de pretender fundarlos en los mismos argumentos o entrelazándolos -salvo supuestos excepcionales que en el caso no concurren- es inadmisible (conf. doctr. causas A. 70.566, "Vergara", resol. de 23-XII-2009; A. 70.842, "Rodriguez" resol. de 28-X-2010; C. 118.559, "Martinez", resol. de 19-III-2014; C. 118.222, "Sala", resol. de 9-IV-2014; Rc. 118.270, "Ramirez", resol. de 20-XI-2014; Rc. 119.988, "Miguel", resol. de 22-XII-2015; Rc. 120.375, "Echenique", resol. de 2-III-2016; A. 77.606, "Olalde", resol. de 1-VI-2023)).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (conf. doctr. causas A. 70.335, "Zárate", resol. de 7-VI-2010; A. 74.537, "Mendoza", resol. de 17-VII-2017; A. 76.743, "Nuñez", resol. de 25-V-2021; A. 77.606, cit., e.o.), tal como sucede en el caso.
Es que los recursos extraordinarios tienen exigencias técnicos-formales propias, de insoslayable cumplimiento, que la Suprema Corte no puede dejar de lado, pues de lo contrario se infringen las normas de carácter constitucional y legal que los sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279 y 299, CPCC; doctr. causas A. 75.448, "Weis", resol. de 17-X-2018; A. 76.743 y 77.606 cits.).
III.2. Consecuentemente, se deben desestimar los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley incoados por los señores Juan Agustín Coghlan y Hugo Abel Carpio, atento la insuficiencia que portan y haber sido promiscuamente interpuestos (arts. 279 y 299, CPCC; 60, CCA; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
IV.1. El apoderado de los restantes demandantes citados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16 y 28 de la Constitución nacional; 11 y 39 inc. 3 de su par provincial; 3 del Código Civil y la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente principalmente de las causas B. 57.842, "Antonetti" (pto. V del voto del doctor Pettigiani, párrs. 4 y 5) y B. 63.442, "Larroque" (pto. VIII). Asimismo, aduce la transgresión de los principios de progresividad, razonabilidad y congruencia.
En primer lugar, refiere que la Cámara omitió analizar la ley 11.761 a tenor de las cláusulas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que esa interpretación debe realizarse conforme lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos casos que cita.
Alude a una inconstitucionalidad sobreviniente conforme lo dicho por la Corte Federal en los casos “Badaro” e “Itzcovich” y a la transgresión del principio de progresividad contemplado en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial -al que también se refiriera ese Superior Tribunal en los casos “Sanchez”, “Medina”, entre otros- y del de congruencia, en tanto –asevera- debe mediar una correspondencia entre el contenido de las pretensiones y oposiciones de las partes y el pronunciamiento del órgano judicial.
Solicita se declare la inaplicabilidad de la ley 11.761 y se ordene liquidar sus haberes de acuerdo con las prescripciones de la ley 5.678 que era la que regía al momento en que se jubilaron, ello a tenor de los fundamentos dados por esta Corte en los casos "Martín" y "Gaspes".
Indica que el a quo , al resolver la cuestión, declaró vigente la ley 11.761 para la determinación de su haber jubilatorio y no las leyes que la derogaron (conf. ley 13.364 y su modif. 13.873), aplicando erróneamente el art. 3 del Código Civil, entonces vigente (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Aduce que la Cámara también desconoció el principio de razonabilidad en materia previsional reconocido por este Tribunal en la causa B. 63.442, "Larroque". Cita también la causa "Sánchez", sentencia de 17-V-2005, resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dice que el fallo impugnado, al considerar aplicable a su situación la ley 11.761 y no otras posteriores, más beneficiosas, le produjo un menoscabo patrimonial violando el principio de igualdad consagrado en los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de su par provincial. Ello sería así, en tanto los jubilados bajo dicha norma habrían sufrido una merma sustancial en comparación con otros afiliados pasivos que se retiraron en una fecha distinta y con otro régimen.
Afirma que en materia previsional la ley vigente al cese sólo se refiere a los requisitos que deben cumplirse para que nazca el derecho, pero no para la determinación del régimen jurídico. Por eso insiste con que las nuevas leyes deben aplicarse inclusive a las situaciones jurídicas existentes de conformidad con el anterior art. 3 del Código Civil (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Puntualiza que la sentencia impugnada no comprobó los hechos controvertidos y no ha efectuado una correcta interpretación de la ley 11.761.
Finalmente, alega que el fallo atacado realizó la referencia de causas sin indicar los pasajes o fundamentos que toma de las mismas, no permitiendo efectuar de manera concreta el ataque del pronunciamiento, afectando su defensa.
IV.1.a. El recurso no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812).
La Cámara, en primer lugar, expuso la insuficiencia de la apelación articulada contra la sentencia de primera instancia, concluyendo que tal falencia recursiva resultaba suficiente para sellar la suerte adversa del recurso. Sin perjuicio de ello, abordó el fondo del asunto, ratificando la decisión del juez de origen.
Esta Suprema Corte tiene dicho que analizar la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (doctr. causas A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; A. 72.368, "Cipulli", sent. de 23-XI-2016; A. 74.939, "Sabater", resol. de 4-VII-2018, e.o.), vicio -éste último- que no ha sido invocado ni, en consecuencia, demostrado debidamente.
Siendo ello así, el recurso extraordinario en tratamiento debe ser rechazado toda vez que la recurrente no ha denunciado ni logrado acreditar el vicio lógico de absurdo, ni la consecuente infracción de los arts. 56 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV.1.b. Por lo demás, vale notar que si en orden a la conclusión a la que llegó la Cámara en lo atinente a la insuficiencia de la expresión de agravios lo más apropiado hubiera sido declarar desierto el recurso conforme el art. 261 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. art. 77 inc. 1, CCA), la sola circunstancia de que se hayan agregado consideraciones para ratificar la solución adoptada por el juez de primera instancia, de ninguna forma importa una rectificación de la afirmación de que el memorial de apelación no ha cumplido su función, otorgando firmeza e inmutabilidad a la resolución primigenia en tal segmento (doctr. causas Ac. 90.752, "Politi", sent. de 30-III-2005; C. 96.135, "Santillán", sent. de 12-IX-2007; C. 92.915, "G., M.", sent. de 18-IV-2008; A. 72.633, "P., M.", sent. de 18-X-2017; A. 74.799, "Presa", sent. de 24-VIII-2020 y A. 77.968, "Tesei", resol. de 21-X-2022, e.o.).
Por tal razón, y en virtud de los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso en tratamiento (arts. 279, CPCC; 31 bis, cit.).
IV.2. Por otra parte, el apoderado de los referidos coactores mediante el recurso extraordinario de inconstitucionalidad se agravia sosteniendo que el a quo , al resolver, omitió la aplicación del caso "Badaro" fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por ende, no interpretó la ley 11.761 conforme a la doctrina federal constitucional de índole previsional.
Alega que impugna el cuerpo legal mencionado en orden a la forma de liquidar los haberes jubilatorios y no respecto a la vigencia de la ley al tiempo del cese, y tal planteo debió ser analizado por la Cámara a tenor de lo previsto en los códigos de fondos, Constitución nacional, leyes del mismo orden y la normativa local.
IV.2.a. El remedio no prospera.
Esta Corte tiene dicho que por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad solo se puede cuestionar la validez de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos locales frente a disposiciones de la Constitución de la Provincia (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 299, CPCC; doctr. causas Q. 71.994, "Zara Argentina S.A.", resol. de 4-VII-2012; Q. 71.952, "Lardelli", resol. de 1-VIII-2012; Q. 72.011, "Bernuzzi", resol. de 2-V-2013; A. 71.833, "Papi", sent. de 12-III-2014; A. 71.776, "Cementos Avellaneda S.A.", sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Ello no acontece en autos.
Ni el juez de primera instancia ni la Cámara interviniente abordaron la validez constitucional de la ley 11.761. Esto mismo, con motivo de que el Tribunal de Alzada se expidió en primer lugar sobre la insuficiencia de la pieza recursiva, tal como se indicara en el punto anterior.
Luego agregó consideraciones respecto a la ausencia de los extremos legales requeridos para la procedencia de la pretensión declarativa de certeza promovida por los demandantes (arts. 12 inc. 4, CCA y 322, CPCC), al alcance de la potestad de los jueces de reconducir la acción deducida en autos, desestimando el empleo de aquella en el caso y, por último, se refirió a la inviabilidad de la acción indemnizatoria articulada.
En tales condiciones, falta un requisito indispensable para la admisibilidad del remedio, cual es que exista decisión del juzgador de última instancia relativa a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad en un confronte con las normas de la Constitución local (doctr. causas Ac. 81.951, "Cejas", sent. de 19-IX-2001; Ac. 96.164, "Fiscalía de Estado", sent. de 8-II-2006; Q. 72.011, cit.; A. 76.003, “Buceta Diaz”, sent de 14-II-2022, e.o.).
Por otra parte, no resultan audibles por este conducto los cuestionamientos vinculados con la invalidez de la sentencia en sí misma en cuanto, a criterio del recurrente, la interpretación de la ley 11.761 debió efectuarse conforme a los códigos de fondo, la Constitución nacional y el ordenamiento local.
Sobre tal aspecto, esta Corte ha señalado reiteradamente, tanto frente a recursos de nulidad como en el caso de recursos de inconstitucionalidad, que los agravios vinculados con supuestos errores de juzgamiento resultan ajenos a la vía intentada y son propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (doctr. causas A. 71.403, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Leroux", sent. de 29-III-2017; A. 74.245, "Alba", sent. de 17-X-2018; A. 75.697, "Bidone", sent. de 27-VIII-2020; e.o.).
Por lo expuesto, ante el incumplimiento de las cargas técnicas exigibles, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto debe ser rechazado (arts. 299 y concs., CPCC; 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad incoados por los señores Juan Agustín Coghlan y Hugo Abel Carpio, atento a que han sido promiscua e insuficientemente fundados (arts. 279, CPCC; 60, CCA; 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). Las costas se imponen a los recurrentes vencidos (arts. 60 inc.1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, 289 in fine y 303 in fine, CPCC).
II. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por José Luis Aguerrebere, Marta Azucena Caminos, Luis Eduardo Arrambide, Luis Felipe Lo Valvo, Jorge Alberto Behocaray, Carlos José Silvestre, Adalberrto Néstor Di Paola,
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