Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77296
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en el caso no se encuentra comprometida su competencia originaria y radicar electrónicamente las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº9 del Departamento Judicial de La Plata, a los efectos de la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sgtes, CPCC).
B.77.296 “AIMAR DE VIGEZZI CRISTINA ALICIA C/ REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA PCIA DE BS AS S/ PRETENSION DECLARATIVA DE CERTEZA - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. La señora Cristina Alicia Aimar de Vigezzi promovió una pretensión declarativa de certeza contra el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que se declare la inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad de la Disposición Técnico Registral nº17/2016 del organismo provincial, la que, según alega, al implementar -de conformidad con la ley 27.271- un plazo de 35 años en lo relativo a la conservación de los efectos registrales de gravámenes hipotecarios, le impediría esgrimir el carácter de propietaria del inmueble cuya nomenclatura catastral especifica como Circunscripción II, Sección D, Manzana 74, Parcela 8, Partida Inmobiliaria 28.131, Matrícula 35.941, del Partido de Avellaneda.
Manifiesta que, con el ánimo de adquirir el mencionado inmueble, suscribió en el año 2019 un boleto de compraventa pero que, sin embargo, al tiempo de escriturar, el notario a cargo de dicha operación le informó, a los efectos de proseguir con el acto traslativo de dominio, que debía hacerse cargo de dos hipotecas que se habían constituido en el año 1998 bajo el régimen del derogado Código Civil y que actualmente figuraban inscriptas en el asiento registral del inmueble en cuestión.
Aduce que el criterio adoptado por el organismo provincial se contrapone con disposiciones de índole constitucional (cfr. arts. 14, 16, 17 y 28, Const. nac.), al aplicar retroactivamente el plazo que prevé la ley 27.271 en su artículo 24, circunstancia que, a su vez, se ve agravada en el caso por haber caducado uno de los gravámenes antes de la entrada en vigencia de dicho precepto.
En atención a ello, solicita que el ente registral demandado arbitre todas las medidas necesarias "...para inscribir la cancelación, por caducidad, del asiento registral" (conf. escrito postulatorio de fecha 10-XII-2021).
II. En su presentación inicial, sobre la base de la cláusula del art. 166, quinto párrafo, de la Constitución provincial, la actora afirmó que el caso era propio del fuero contencioso administrativo y que, en razón del territorio, correspondía a los juzgados del Departamento Judicial de La Plata por ser allí donde la autoridad administrativa tiene su sede principal (véase punto II de la demanda).
De ahí que las actuaciones fueran adjudicadas al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°4 de aquella jurisdicción departamental.
Poniendo de resalto que el caso era uno de aquellos alcanzados por la regla de exclusión prevista en el artículo 4 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- y, por tanto, materia regida por el derecho privado, la titular del organismo, invocando distintos precedentes de esta Corte, se declaró incompetente para intervenir en el litigio (cfr. resol. electrónica de fecha 28-XII-2020).
Previo sorteo de la Receptoría General departamental, los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del mencionado Departamento Judicial.
El juez a cargo de ese tribunal se negó a asumir la competencia que se le había asignado, no por entender que el asunto era propio de la competencia de la jueza que previno, sino por considerar que la acción corresponde al conocimiento originario que le otorgan los artículos 161 inciso 1 de la Carta local y 683 del Código Procesal Civil y Comercial a esta Suprema Corte de Justicia (ver sent. interlocutoria de fecha 23-VI-2021, obrante en el expediente electrónico).
Siendo así, después de que la reclamante interpusiera contra ese resolutorio un recurso de apelación ante el juez en lo civil y comercial y de que éste decidiera no darle trámite, quedó configurada una contienda de competencia la cual, por su tenor, tras ser elevada a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de este Tribunal, fue radicada -finalmente- en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo para ser dirimida (conf. proveído electrónico de fecha 12-VIII-2021).
III. El caso no es propio de la competencia originaria que al Tribunal le asigna el art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia.
Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019 y B 76.969, "Juzgado de Faltas de Saladillo", res. de 16-VI-2021, e.o.).
En el caso, la pretensión de sentencia meramente declarativa no persigue, como objeto exclusivo y primordial, la declaración de inconstitucionalidad de una norma en esas condiciones. En efecto, la Disposición Técnico Registral nº17/2016, claramente es cuestionada en el escrito inicial por haber decidido el órgano demandado aplicarla a la situación jurídica en la que se encuentra la demandante, quien pretende escriturar el dominio de un inmueble sobre el que, de acuerdo al criterio expresado por el Registro de la Propiedad Inmueble, pesan dos hipotecas, una de las cuales habría caducado antes de que entrara a regir la aludida Disposición y la otra se habría constituido con antelación a la vigencia de la ley en cuya virtud aquélla se dictó.
Así, el objeto primario de la acción es que se declare que la Disposición Técnico Registral n° 17/2016 no resulta aplicable al caso y, subsidiariamente, que se decrete su inconstitucionalidad.
Por lo tanto, como se dijo, la competencia del Tribunal para decidir en forma originaria acerca de la inconstitucionalidad de normas locales, no se encuentra afectada en este supuesto (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sgtes., CPCC; doctr. causa B. 76.806, "Laborde", resol. de 19-III-2021 y sus citas).
VI. En razón de las consideraciones expuestas, corresponde que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 del Departamento Judicial de La Plata siga interviniendo en el asunto, pues más allá de si con su actuación aceptó o no tácitamente su competencia, ella se encuentra comprometida en función del objeto de la demanda y la doctrina aplicable al asunto (doctr. causas B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 75.761, "Berthold", resol. de 22-V-2019; B. 76.165, "García", resol. de 13-XI-2019; B. 76.725, "Municipalidad de Almirante Brown", resol. de 23-II-2021, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en el caso no se encuentra comprometida su competencia originaria y radicar electrónicamente las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº9 del Departamento Judicial de La Plata, a los efectos de la prosecución de su trámite (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683 y sgtes, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SC 921/21).
Suscripto por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2021 19:39:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2021 20:26:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/10/2021 08:31:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 19:49:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 20:08:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/10/2021 20:13:39 hs. bajo el número RR-742-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia